ART: un accidente laboral se resolvió en menos de tres meses

Sólo entre enero y febrero -mientras se debatía en el Congreso la nueva ley de ART- ingresaron a los tribunales laborales cerca de 15.000 nuevos juicios por accidentes de trabajo, en un sistema que ya tiene en stock 300.000 casos y los tribunales están al borde del colapso. Es que los litigios de este fuero, según una estimación oficial, tardan cerca de tres años para resolverse.

Sin embargo, el pasado viernes 7 de este mes comenzó a funcionar el nuevo sistema de homologación de acuerdos previsto por la nueva norma tras la reforma legal, y se arribó a la primera resolución de un caso por vía administrativa, evitando el paso por los tribunales.

Es un victoria para el Gobierno, que, en respuesta a los reclamos de los empresarios de distintos sectores, impulsó una nueva ley de aseguradoras de riesgos del trabajo (ART), que prevé -con el tiempo- una rebaja de las elevadas alícuotas que pagan las empresas privadas por ese servicio, en un contexto de alta litigiosidad. La idea es que, de este modo, bajen, al menos en parte, los altos costos laborales no salariales por los que reclaman, entre otros sectores, los industriales.

El primer caso se trató de una indemnización por tres millones de pesos pagados a una viuda que perdió a su marido en un accidente de trabajo sufrido in itinere, es decir, en el camino a su empleo.

El viernes 7, las partes expresaron su conformidad, según pudo saber LA NACION, tras una audiencia de acuerdo. Ese mismo día se ordenó que el monto estuviera a disposición de la mujer en un plazo de cinco días.

Detalles del caso

De acuerdo con la información a la que accedió LA NACION, el trabajador murió a fines de enero, tras lo cual su familia inició el trámite de cobro del seguro en la ART.

El 29 de marzo se abrió el expediente en la Comisión Médica N° 10 de la ciudad de Buenos Aires y se dio inicio al proceso de homologación, sobre la base de la propuesta de convenio para reparar el daño derivado del accidente laboral, que fue remitida por la aseguradora del trabajador.

La esposa, que eligió el camino administrativo y no el legal, recibió la ayuda directa de un abogado provisto por la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el ente oficial que regula esta actividad.

Todo el trámite, incluido ese servicio, fue gratuito, gracias a las modificaciones que impulsó el Congreso. El 4 del actual, una vez reunida toda la documentación y llenados los requisitos, se convocó a las partes a la audiencia de acuerdo para el viernes...