Arrodillar al sector privado, la fórmula del Estado kirchnerista

No son casos aislados. Ya hay circulación comunitaria, se podría decir, en varios sectores de la economía. Hay un modus operandi. Un patrón. Quizás, a pesar de las críticas por insustancialidad hacia el Gobierno, hasta haya un plan. Las herramientas son diversas: congelar precios o transformarlos en tarifas, o quizá simplemente obstaculizar la operación a quienes no presentan un socio local. El ahogo regulatorio deriva en crisis, como la que vive la salud privada. Fogoneada por decisiones oficiales, esa debacle de rentabilidad tiene un correlato político: más presencia del Estado o de sus amigos.

En plena pandemia, con más de 85.000 muertes, Cristina Kirchner volvió a pedir una reforma del sistema de salud. El proyecto que propone La Cámpora, según leen en el sector privado, llevaría a una "PAMIzación", como lo que ocurrió en Santa Cruz, donde todo quedó bajo la órbita estatal.

"Vamos a tener que repensar todo el sistema de salud. Las prepagas no saben dónde colocar a la gente", dijo la vicepresidenta, pese a que muchos de los políticos "caen" en el sistema privado que prepagas y obras sociales sostienen. "Los financiadores (prepagas) tienen caja", alertan entre prestadores, que ponen el ojo en el flujo más que en el stock.

Las prepagas dicen estar quebradas. ¿La causa? La imposibilidad de cubrir con los aumentos autorizados por el Gobierno sus costos en medio de la crisis del coronavirus y una inflación creciente. Es entonces, sin poder solventar sueldos de médicos, camilleros y enfermeros, cuando el cristinismo plantea inmiscuirse en el sistema. La Casa Rosada lo resistió: vale recordar el sainete del 31 de diciembre: en menos de 24 horas, una suba autorizada en el Boletín Oficial por el entonces ministro de Salud, Ginés González García, de 7% a las prepagas fue suspendida también en el Boletín Oficial por -supuestamente- Alberto Fernández.

Eso se replica en otros sectores de la economía tan veloz como la variante Delta. El caso más conocido es el energético. Las tarifas congeladas del gas y la electricidad movilizan cambios de manos empresariales hacia aquellos "expertos en mercados regulados" cuya rentabilidad depende de la mano negociadora de subsidios. Edenor es el caso testigo con el desembarco de Vila, Manzano y Filiberti.

Algo similar ocurre en el mundo de las telecomunicaciones. Fernández convirtió el precio (libre) en tarifa (regulada). Hace unas semanas, un aumento que el Enacom (cercano a Massa) había autorizado con un...