Argentina, despierta

Resulta ilusorio hablarle de libertades o de derechos humanos a quien vive permanentemente con miedo, frente al salvajismo que caracteriza hoy a la delincuencia en vastas zonas del país, y mucho más a quienes son víctimas del tráfico de drogas, que desde hace años ha dejado a la Argentina muy lejos del mote de país de tránsito.Preocupados por el sostenido aumento en el consumo de estupefacientes, por la presencia cada vez mayor de laboratorios clandestinos para su producción y por las guerras entre integrantes de bandas dedicadas a su comercialización, por sólo mencionar algunas de las cuestiones ligadas al narcotráfico, los empresarios agrupados en la Asociación Cristiana de Dirigentes de Empresas (ACDE) convocaron a un foro con el objetivo de aportar una visión nacional e internacional sobre el avance de este delito en América latina y en la Argentina en particular. Para ello, invitaron a Jaime Bermúdez, ex canciller de Colombia durante los dos últimos años de la presidencia de Alvaro Uribe, y al juez federal en lo penal económico Claudio Gutiérrez de la Cárcova.Bermúdez, tras referirse a la dura experiencia colombiana, citó los reportes de la Organización de las Naciones Unidas que "indican presencia de laboratorios de droga en la Argentina, Chile, Venezuela y Ecuador" y que muestran un gran incremento de la producción en Perú y en Bolivia. Destacó que los índices de criminalidad vinculados con el delito de la droga que hoy registran El Salvador, Honduras y Guatemala son los de Colombia hace 20 años: 68 muertos por cada 100.000 habitantes". En cuanto al consumo, Bermúdez dijo que "muestra índices alarmantes en la Argentina, Venezuela y Chile, que llegan a niveles análogos a los de los Estados Unidos" y que "sabemos el impacto que tiene esto en materia de crimen".El ex canciller aseveró también que, aunque es cierto que hay oferta porque hay demanda, es una falacia pretender responsabilizar a los que consumen y que la única forma de avanzar de modo contundente contra el narcotráfico es con una política integral que ataque toda la cadena; esto es, el lavado de activos, el tráfico de armas y el comercio de precursores químicos, con una legislación local e internacional. En referencia a la capacidad corruptora...