La discriminación y la arbitrariedad como arma

La relación entre el gobierno nacional y las provincias continúa signada por el intento de la Casa Rosada de mantener sometidos a los mandatarios distritales a partir de las crecientes necesidades de financiamiento de estos últimos y del desmesurado poder que le confiere al poder central el manejo discrecional y arbitrario de los recursos públicos.Desde hace algunas semanas, los gobernadores de las provincias de Chubut, Neuquén, Río Negro y Mendoza vienen denunciando que sus distritos han sido discriminados por el gobierno nacional, al no ser incluidos en el último proceso de refinanciación de deudas provinciales con la Nación, como represalia por su oposición a la reforma de la ley de hidrocarburos que impulsa la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por otros motivos, de índole política, la provincia de Córdoba, gobernada por José Manuel de la Sota, también ha quedado al margen de aquel plan de facilidades.Si bien el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, aclaró que la renegociación de las deudas de las provincias que no fue tratada recientemente quedó para "una segunda etapa", no deja de resultar más que sugestivo que los distritos que expresan sus diferencias con determinadas políticas del gobierno nacional sean siempre los primeros postergados en cualquier acuerdo con el Estado nacional. Una vez más, aparece la confusión entre Estado y Gobierno, y entre Gobierno y partido, como si los principios del republicanismo y del federalismo fueran letra muertaen nuestra Constitución nacional.La misma política de discriminación y arbitrariedad se viene aplicando desde el poder central en los programas de asistencia social que administran algunos municipios. En tal sentido, intendentes bonaerenses que manifestaron su adhesión al Frente Renovador, que lidera el precandidato presidencial Sergio Massa, denunciaron que el Ministerio de Trabajo de la Nación está vehiculizando planes laborales por medio de la agrupación kirchnerista Unidos y Organizados, en lugar de hacerlo por medio de las oficinas de empleo de sus municipios. Los jefes comunales bonaerenses de San Miguel, Joaquín de la Torre; de Mercedes, Carlos Selva; de Almirante Brown, Daniel Bolettieri, y de Hurlingham, Luis Acuña, figuran entre quienes denunciaron esa práctica, que favorece con fondos públicos el crecimiento de la estructura kirchnerista en la mayor provincia del país.La discriminación entre provincias se ha extendido a la construcción de obras públicas. En este caso, a la importancia de la...