Sentencia de Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, 30 de Abril de 2013 (caso Argañaraz, Martín José S/ Excarcelación (Ppal. “marti, Rodrigo”) 437/12)

Fecha de Resolución:30 de Abril de 2013
 
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Poder Judicial de la Nación N° 85 /13-Penal/Int. Rosario, 30 de abril de 2013.-Visto, en Acuerdo de la Sala “B”, el expediente N° FRO94005313-P “ARGAÑARAZ, Martín José s/ Excarcelación (ppal. “Marti, Rodrigo”)437/12”, (N° 029/13 del Juzgado Federal N° 2 de la ciudad de Santa Fe), del que resulta que:Vienen los autos a conocimiento del Tribunal en virtud del recurso de apelación interpuesto por la Defensora Pública Oficial, Dra. Judit Didier, en ejercicio de la defensa técnica de Martín José Argañaraz (fs. 31/36) contra la Resolución N° 09/13 (fs. 26/29 vta.), mediante la cual se dispuso denegar la excarcelación a favor del imputado.Concedido dicho recurso (fs. 37), los autos se elevaron a la Alzada (fs. 42). Radicados en esta Sala “B” (fs. 43), la defensa del imputado mantuvo el recurso incoado en baja instancia (fs. 44). Fijada la audiencia oral para USO OFICIALinformar, se puso en conocimiento de las partes la opción por la modalidad escrita establecida en la Acordada N° 166/11 de este Tribunal (fs. 46). Presentados por la defensa los escritos agregados a fs. 44 y 48, el Fiscal General acompañó en su oportunidad, la minuta sustitutiva del informe in voce (fs. 50/51). Labrada el acta pertinente (52), los autos quedaron en estado de ser resueltos.El Dr. Toledo dijo:1°) La defensa dice que el juez de grado no expresóconcretamente los motivos por los cuales su asistido podría entorpecer la investigación o fugarse en caso que se conceda la excarcelación peticionada.Agrega que la existencia de peligro procesal en una causa determinada no puede presumirse.Señala que en la resolución recurrida se ha invertido la carga de la prueba, exigiendo al imputado que pruebe la ausencia del riesgo procesal,cuando, a su entender, ello es tarea del juzgador. Cita jurisprudencia a su respecto.Sostiene que en la resolución en crisis no se analiza en profundidad el arraigo aportado por Argañaraz. Según su criterio, resultaría poco probable que su asistido intente profugarse, refiere a su arraigo familiar, en tanto su esposa está embarazada y a cargo de sus hijos menores.Esgrime que los argumentos esgrimidos por el a-quo para denegar la excarcelación de su pupilo ha sido la pena en expectativa conforme a la calificación legal escogida en el auto de procesamiento. Critica la valoración de la prueba efectuada por el instructor y considera que ha ignorado las normas procesales referidas a la libertad personal durante la tramitación del proceso en función de la Constitución Nacional y los Tratados sobre Derechos Humanos.Refiere al arraigo patrimonial de su defendido.Agrega que no resulta necesario probar el tiempo que el imputado vive en su domicilio, máxime cuando se ha acompañado escritura a nombre de un familiar suyo lo que sería una prueba más de su arraigo familiar.Menciona doctrina y jurisprudencia en relación a que las medidas cautelares de coerción personal deben ser dictadas con el máximo de prudencia.Formula reserva de derechos.2°) Esta Sala “B” ha resuelto en reiteradas oportunidades denegar el beneficio de la excarcelación solicitado cuando no se presenten los presupuestos exigidos en los artículos 316 y 317 del CPPN. Interpretando,asimismo, que el examen relativo a la peligrosidad procesal -contemplado en el artículo 319 del CPPN- sólo debe hacerse cuando la excarcelación resulte procedente de acuerdo a dichas reglas (Acuerdos Penales Interlocutorios Nros.116/08, 134/08, 135/08, y 146/08, 318/10, 141/11, 63/12, 36/13, entre otros).La Cámara Nacional de Casación Penal dictó el Acuerdo N° 1/08 -Plenario N° 13- en autos “Díaz Bessone, Ramón Genaro s/ Recurso de Inaplicabilidad de Ley”, pronunciándose en sentido diferente al que lo venía haciendo este Tribunal. Ello así, conforme lo dispone el artículo 10 de la Ley 24.050, dada la obligatoriedad de dicho fallo plenario para esa Cámara, así como para las Cámaras de Apelaciones, Tribunales Orales, y para todo otro órgano jurisdiccional que dependa de ellas, corresponde ajustar el presente pronunciamiento a los términos de aquella sentencia plenaria.Poder Judicial de la Nación La doctrina sentada en el plenario de mención dispuso que” no basta en materia de excarcelación o eximición de prisión para su denegación la imposibilidad de futura condena de ejecución condicional, o que pudiere corresponderle al imputado una pena privativa de la libertad superior a ocho años (Arts. 316 y 317 del C.P.P.N.), sino que deben valorarse en forma conjunta con otros parámetros tales como los establecidos en el Art. 319 del ordenamiento ritual a los fines de determinar la existencia de riesgo procesal”.3°) Conforme lo expresado se entiende que la única exégesis posible que cabe dar a la presunción iuris tantum del Art. 316 C.P.P.N. es aquella que no torna directamente inoperantes sus disposiciones.La doctrina ha sostenido que, aun cuando las reglas establecidas en el Art. 316, Código de rito atinentes a la gravedad del hecho -medida por su penalidad- constituyen una presunción flexible de fuga o entorpecimiento, debe USO OFICIALadmitirse que se trata de una presunción fuerte y el Estado puede hacerla valer previo efectuar una verificación de ciertos indicadores de riesgo procesal (ver Sandro, Jorge A., "Condiciones de la prisión procesal. Caso ‘Cromagnon’",publicado en LL 2005-C-638 del 2/6/2005, p. 1).En favor de esta opinión, es imprescindible mencionar que la consideración de la magnitud de la pena en expectativa como pauta de evaluación del encierro preventivo fue especialmente reconocida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, afirmando que "la seriedad del delito y la eventual severidad de la pena son dos factores que deben tenerse en cuenta para evaluar la posibilidad de que el procesado intente fugarse para eludir la acción de la justicia. Sin embargo, tampoco resultan...

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