Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 26 de Noviembre de 2019, expediente FCT 013000799/2010/CA001

• Fecha de Resolución: 26 de Noviembre de 2019
• Emisor: CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES Expte. N° FCT 13000799/2010/CA1 En la ciudad de Corrientes, a los veintiséis días del mes de noviembre del año dos mil

diecinueve, estando reunidos los Sres. jueces de la Excma. Cámara Federal de

Apelaciones, D.. M.G.S. de Andreau, S.A.S. y Ramón Luis

González, asistidos por la Sra. Secretaria de Cámara, Dra. C.O. de Terrile,

tomaron conocimiento del expediente caratulado: “A., J.G.c. s/

Acción Mere Declarativa de Inconstitucionalidad”, Expte. N° FCT 13000799/2010/CA1,

procedente del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad.

Efectuado el sorteo a los efectos de determinar el orden de votación, resultó el siguiente:

D.. Selva A.S., M.G.S. de Andreau y R.L.G..

SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA DRA. SELVA A.S.

DICE, CONSIDERANDO:

1. Que la parte demandada interpone dos recursos de apelación: a) A fs. 40/49 y

   vta., contra el pronunciamiento que decretó medida cautelar ordenando a la demandada

   suspenda la aplicación y ejecutoriedad de la Res. 884/06 respecto de la actora hasta tanto

   se resuelva la cuestión de fondo; y b) a fs. 59/63 y vta. para impugnar el fallo que declaró

   la inconstitucionalidad de la aplicación al caso particular de la resolución de Anses 884/06,

   hizo lugar a la acción promovida por la parte actora, y ordenó a la demandada se abstenga

   de aplicar la resolución citada y toda otra resolución general o particular que implique la

   restricción a la situación existente al 25/10/06 en relación al beneficio provisional, declaró

   el derecho de la actora a percibir el haber jubilatorio previo cumplimiento de las demás

   exigencias; impone costas a la demandada y regula honorarios a los abogados

   intervinientes.

   Fecha de firma: 26/11/2019 Alta en sistema: 06/12/2019 Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA Firmado por: C.O.G. DE TERRILE, SECRETARIA DE CAMARA #8283254#250576867#20191125081427744 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES 2. En relación al recurso de apelación incoado contra la sentencia de fondo, el

   recurrente lo funda manifestando en primer término la inadmisibilidad de la vía de la

   acción autónoma declarativa tanto de certeza de derecho como de inconstitucionalidad, por

   ser una medida de excepción prevista en el artículo 322 y siguientes del CPCCN, que para

   ser receptada debe existir un estado de incertidumbre sobre la existencia, alcance o

   modalidad de una relación jurídica, un interés jurídico del accionante por esa falta de

   certeza y que no exista otro medio legal para poner fin a ese estado de incertidumbre. Dice

   que la actora no puede interpretar que le asiste razón cuando la legislación expresamente

   no la encuadra.

   Agrega que el acto o la omisión deben afectar derechos con arbitrariedad o

   ilegalidad manifiesta y que es doctrina de nuestro más Alto Tribunal que este tipo de

   acción no es viable en el caso de cuestiones que requieran mayor debate y prueba o cuando

   la naturaleza del asunto exija aportar al pleito mayores elementos de convicción.

   Sostiene que la constitucionalidad de las normas de emergencia social y de las

   políticas de inclusión previsional y armonización de derechos, no puede ser cuestionada en

   el caso concreto de autos, ya que los Decretos 1451/2006 y la Resolución Nº 884/2006 no

   cercenan los derechos instaurados por la Ley 25994 sino que reglamentan la misma.

   Explica que en el marco de la emergencia social, el objetivo de la inclusión de aquellos

   adultos vulnerables que no gozaren de otro beneficio, justificó la adopción de medidas

   excepcionalísimas con el objeto de flexibilizar los requisitos de acceso a las prestaciones al

   extremo de posibilitar que aún aquellos que jamás aportaron a la seguridad social puedan

   jubilarse, pero que dicho objetivo ya ha sido cumplimentado con la Ley 25994 y los

   Decretos antes mencionados.

   Determina que, teniendo en cuenta las disponibilidades económicas, financieras y

   operativas, el organismo reencauzó la política de inclusión social, sin que exista ninguna

   discriminación. A., que con el dictado de la resolución en cuestión no se violó la

   garantía de igualdad ante la ley porque no caben dudas que no es igual la situación de

   quien percibe algún tipo de pensión, retiro militar o cualquier otro beneficio que aquel que

   no lo hace. Considera que no se verifica lesión al derecho de propiedad, toda vez que la

   única diferencia es la forma de saldar la deuda en concepto de aportes no realizados que,

   de manera alguna puede ser interpretada como un ataque a derechos constitucionales.

   Fecha de firma...