Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 31 de Agosto de 2020, expediente CNT 006316/2017/CA001

Fecha de Resolución31 de Agosto de 2020
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA V

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA V

Expte. nº 6316/2017/CA1

Expte. nº 6316/2017/CA1

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 84.398

AUTOS: “ARANCIVA, G.A.C. NACIONAL DE

SERVICIOS SOCIALES PARA JUBILADOS Y PENSIONADOS s/ DESPIDO”

(JUZGADO Nº 19).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Capital Federal de la República Argentina, a los 31 días del mes de agosto de 2020 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y LA DOCTORA BEATRIZ E.

FERDMAN dijo:

  1. Contra la sentencia dictada a fs. 189/204, que en lo principal admitió la acción por despido, se alzan ambas partes a mérito de las presentaciones recursivas glosadas a fs. 206/207 (actora) y a fs. 208/213 (demandada), escrito éste último que mereciera réplica de la contraria a fs. 215/220. Asimismo, a fs. 207 y 212 vta. ambas representaciones letradas apelan por bajos y por altos la regulación de los honorarios profesionales.

  2. Por una cuestión de orden metodológico trataré los agravios articulados por las partes en el orden que expondré a continuación, comenzando por el primer agravio introducido por la accionada que se encuentra dirigido a cuestionar la decisión de grado por la cual se reconoció que el demandante estuvo vinculado con la demandada el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y P. a través de un vínculo laboral subordinado.

    En el caso, se discute si entre las partes existió o no una relación laboral de carácter dependiente. El actor refirió en el escrito de demanda que prestó servicios profesionales para el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y P. como médico de cabecera desde el 1º de octubre de 2003 en los lugares,

    días y horarios que describe, mediante la suscripción de contratos de locación de servicios a los que califica como fraudulentos, pues ocultaban el vínculo dependiente Fecha de firma: 31/08/2020

    Firmado por: L.M.D., SECRETARIO DE CAMARA 1

    Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

    invocado. En ese marco, y en aras de obtener la regularización de la relación en los términos de la Ley de Contrato de Trabajo y de la Ley 24.013, formalizó el reclamo el 16 de noviembre de 2016 y que ante la negativa cerrada del vínculo laboral se consideró

    despedido con fecha 25 de noviembre de 2016, por lo que inició el presente reclamo.

    En su responde, la accionada explicó que se desdibujó la realidad de los hechos, buscando confundir al sentenciante al amparo de los especiales beneficios de la ley laboral, invocando una falsa relación dependiente y pretendiendo ser acreedor de sumas que no le corresponden. Refirió que el actor ha sido un prestador médico de los tantos que fueron contratados para dar cobertura a los afiliados, sin configurarse las notas típicas de un contrato de trabajo.

    El juez de grado, merituando las declaraciones testimoniales rendidas por M.C.C.C. (fs. 56/58), D.E.K. (fs. 59), L.M.A. (fs. 75) y por F.D. De Feo (fs. 84) -, consideró que en el presente caso, se acreditó plenamente la existencia de la relación laboral invocada pues los deponentes fueron precisamente, médicos de cabecera que dieron cuenta del poder disciplinario ejercido por el Instituto en orden al cumplimiento de los horarios y en la operatoria de los consultorio, con capacidad para sumariar al personal. El sentenciante destacó además la exclusividad dentro del horario destinado a los pacientes de P.; la subordinación frente a las órdenes impartidas y la prestación personal e infungible que caracteriza al contrato de trabajo. Finalmente, enfatizó que los contratos de locación de servicios que fueron suscriptos, resultan inoponibles al actor en virtud del principio de irrenunciabilidad que impera en la materia, que priva de efectos a tales instrumentos. En definitiva, el juez que me precede concluyó que en el caso no fue desvirtuada la presunción legal contemplada por el art. 23 de la L.C.T., configurándose una relación laboral dependiente en el marco de la Ley de Contrato de Trabajo.

    Tal conclusión motivó los agravios de la parte demandada quien sostiene al respecto, que el actor estuvo vinculado a través de un contrato de prestación de servicios profesionales (contrato de locación de servicios) que no puede ser confundido con una relación de naturaleza laboral. Explica que si bien el sentenciante otorgó fuerza convictiva a las declaraciones testimoniales instadas por la parte actora, en el caso no interpretó acertadamente tales dichos, que a criterio del apelante, descartan que el accionante mantuviera un vínculo laboral con el Instituto demandado, destacando que la prestación de servicios gozaba de independencia técnica y que nadie les impartía directivas, que no existía exclusividad por cuanto podía ser reemplazado por otro profesional que brindara los servicios contratados por el Instituto así como también que la atención médica se materializaba en una estructura edilicia y organizacional ajenos al Fecha de firma: 31/08/2020

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    Firmado por: L.M.D., SECRETARIO DE CAMARA

    Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: B.E.F., JUEZ DE CAMARA

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    SALA V

    Instituto. Asimismo, señala que las facturas emitidas por el accionante ni siquiera eran correlativas, lo que revela que el actor cobraba honorarios profesionales de acuerdo a los servicios prestados. Enfatizó que en la vinculación no se daba el carácter “intuitae personae “, propio de las relaciones laborales tal como lo exige el art. 37 de la L.C.T. y que el actor asumía los riesgos y costos de su propia estructura (consultorio y personal).

    Delimitado de este modo el primer agravio planteado por la demandada, deviene relevante subrayar que, reconocida la prestación de servicios del actor como médico de cabecera, coincido con el sentenciante a quo en que resulta de aplicación al caso la presunción contenida en el art. 23 de la LCT que, como es sabido establece a favor de quien efectúa el servicio, la presunción de existencia de un contrato de trabajo, " (…)

    salvo que por las circunstancias, las relaciones o causas que lo motiven se demostrase lo contrario". La norma establece que esta presunción operará aun cuando se utilicen figuras no laborales para caracterizar el contrato "y en tanto que por las circunstancias no sea dado calificar de empresario a quien presta el servicio".

    Frente a ello, luego de evaluar a la luz de las reglas de la sana crítica (cfr. art. 386

    del C.P.C.C.N.) y las probanzas de la causa me anticipo a señalar que coincido con la resuelto en la instancia anterior, en la medida en que el Instituto demandado no logró

    desactivar la presunción establecida por dicha norma legal, por cuanto ninguna prueba idónea produjo a fin de acreditar que A. hubiera actuado como médico en forma autónoma o que asumiera el riesgo por los actos médicos que cumplía para la demandada, ni menos aún que el vínculo que uniera a las partes se fundara en una locación de servicios Por el contrario, la prueba testimonial rendida a instancias del actor a fs. 56/58, fs. 59, fs. 75 y fs. 84, especialmente la declaración rendida por F.D. De Feo resulta muy ilustrativa al respecto, pues el testigo, quien se desempeñó

    como médico de cabecera en las mismas condiciones en las que lo hizo A.,

    manifestó que "todos los médicos de cabecera cobraban igual a través de una caja de ahorro que P. le haciaa abrir en Banco Nación y que mensualmente presentaban un recibo a P. y P. le depositaba la plata (...) que las ordenes de trabajo se las daba P., que lo sabe porque es el mismos trabajo que hacia el testigo. Que P. auditaba de forma mensual todo el trabajo que ellos tenían que reportar en forma mensual todo lo actuado a través de planilla de estadista,y P. envía auditorias en forma regular para chequear los horarios de atención las historias clínicas y consultorios (...) Que el sistema de capitas que los médicos de cabecera tenían asignado de acuerdo a las horas de consultorio que atendían un numero fijos de pacientes y les pagaban una cápita o monto de dinero que el P. les asignaba, del monto de esa capita sacaba los gastos de alquiler de consultorio por ejemplo. Que no se podía Fecha de firma: 31/08/2020

    Firmado por: L.M.D., SECRETARIO DE CAMARA 3

    Firmado por: G.L.C., JUEZ DE CÁMARA

    Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA

    Firmado...

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