Sentencia de CAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B, 12 de Mayo de 2022, expediente FRO 055178/2018/CA002

Fecha de Resolución12 de Mayo de 2022
EmisorCAMARA FEDERAL DE ROSARIO - SALA B

1 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO-SALA B

Civil/Def.

Visto, en Acuerdo de la Sala “B” integrada el expediente Nº FRO

55178/2018 caratulado “ARABOLAZA, A.J. y otro c/ AFIP y otro s/

AMPARO LEY 16.986”, proveniente del Juzgado Federal Nº 1 de la ciudad de Rosario, del que resulta:

  1. -Se elevó la causa para resolver el recurso de apelación que interpuso y fundó el representante de la Administración Federal de Ingresos Públicos-Dirección General Impositiva (fs. 148/160 y vta.) contra la sentencia del 29 de octubre de 2020 que resolvió hacer lugar a la acción de amparo interpuesta por A.J.A. y R.O.S., y en consecuencia ordenó a la AFIP y a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia de Santa Fe que se abstuvieran de realizar descuentos por impuesto a las ganancias sobre los haberes previsionales del actor y devolvieran las retenciones efectuadas por tal concepto sobre sus haberes jubilatorios, conforme los argumentos expuestos en los considerandos, e impuso las costas de la instancia a las demandadas (fs.

    141/147).

    Concedido el recurso, contestados los agravios y elevado el expediente, se dispuso la intervención de la Sala “B”, ordenándose el pase al acuerdo.

  2. - Expresó el representante de la AFIP-DGI que le agravió la sentencia por cuanto hizo lugar a la acción de amparo, siendo que la cuestión en trato requería un proceso en el que se garantice un mayor debate y prueba de las partes, por lo que la vía elegida no resultaba la adecuada para dirimir el litigio.

    Citó jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que consideró

    aplicable.

    Agregó que no se había cumplimentado con el reclamo administrativo previo, es decir, que no se había agotado la vía administrativa que da paso a la instancia judicial previsto por el artículo 81 de la Ley 11.683.

    Consideró que es la actora quien debía alegar y probar el agravio irreparable que sustenta el amparo y debió acreditar que no existieron otras vías Fecha de firma: 12/05/2022

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: A.G., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: A.P., JUEZ DE CAMARA

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    idóneas para tutelar su presunto derecho. Advirtió que en el caso tampoco se había demostrado este extremo.

    Remarcó que la aplicación del impuesto no afectaba las condiciones de vida ni el bienestar de la persona, como tampoco –dijo- se había acreditado que afectara una parte sustancial de los haberes del actor y menos que resultara confiscatorio.

    Advirtió que en el caso tampoco se trataba en realidad de la aplicación o no de la regla de proporcionalidad, porque ello referería a una materia estrictamente previsional regulada en la ley provincial Nº 6.915 y aquí –

    dijo- se trataba de una cuestión meramente tributaria, relativa al pago de un impuesto nacional como era el Impuesto a las Ganancias que debía resolverse conforme a la legislación pertinente.

    Sostuvo que había que acudir al plexo normativo vigente en la materia y entonces la Acordada 20/1996 de la C.S.J.N. constituía un punto de partida. Indicó que dicha A. consagró una exención y por lo tanto quién se encontraba comprendido en ella no debía tributar ni en actividad ni en pasividad,

    así –agregó- solucionaba la cuestión empleando un concepto jurídico abierto, que debía ser llenado en cada caso conforme el contenido de la legislación local.

    Señaló que en el ámbito santafesino, la Ley Provincial N° 11.196

    es la que definía la cuestión al determinar quién es y quién no es funcionario judicial, refiriéndose al tema en el artículo 2.

    Indicó que es preciso acudir además a la ley 11.196

    complementada con la ley 13.178, que modificó la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia de Santa Fe, creó la figura del Juez Comunitario de las Pequeñas Causas que pasó a ser a partir de la entrada en vigencia de la ley 13.178 Juez de Primera Instancia.

    En resumen, entendió que para determinar si alguien quedaba comprendido en la Acordada 20/1996 de la C.S.J.N. debía evaluarse primero si era funcionario judicial o no (definido en la Ley 11.196), si no lo era, no quedaría comprendido. En segundo lugar comprobar si, siendo funcionario judicial, su remuneración era equiparable o no a la de un Juez de Primera Instancia,

    Fecha de firma: 12/05/2022

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: A.G., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: A.P., JUEZ DE CAMARA

    3 Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE ROSARIO-SALA B

    debiendo aclararse que antes de la entrada en vigencia de la Ley 13.178

    correspondía a un Juez de Primera Instancia de Circuito, y después de la vigencia de dicha ley (agosto 2011) a un Juez Comunitario de las Pequeñas Causas.

    Concluyó que si la situación del sujeto no encuadraba en la Acordada 20/1996 debió considerarse alcanzado por el impuesto a las ganancias y no exento en relación a este, siendo indiferente si le retenían o no en actividad.

    Analizando la situación de los sujetos a los que no se les retenía,

    adujo que entraba a jugar la Acordada 56/1996 de la C.S.J.N., a la que adhirió la C.S.J.S.F. mediante Acta 31/2000, consagrándose una deducción y no una exención.

    Refirió que tales A. constituyen la aplicación de la hipótesis del art. 82 inc. e) de la Ley del Impuesto a las Ganancias, es decir,

    deducción de mayores gastos derivados del ejercicio de la función lo que significaba que era netamente funcional y que, desaparecida la condición que la justificaba desaparecía el derecho a computar la deducción.

    Sintetizó que había quedado acreditado que el cargo que desempeñaba el actor al momento de su jubilación (Jefe de Despacho) no resultaba equiparable a la categoría de “Juez Comunitario de las Pequeñas Causas” (denominación anterior “Juez Comunal”) por tratarse de una categoría presupuestaria inferior. Por tanto, agregó, no era de aplicación la Acordada 20/96

    y tampoco se le aplicaba la Acordada 56/95 por no encontrarse más en actividad.

    Expresó además que la accionante no había desarrollado argumentos ni había pretendido demostrar que el artículo 79 inciso c) de la ley 20.628 configurara en el caso concreto un agravio constitucional, lo que autorizaría a apartarse de la norma.

    Respecto del dictado de la Ley N° 27.346 entendió que la nueva normativa en modo alguno implicaba la ratificación del erróneo criterio antes sostenido por el magistrado.

    Indicó que a los fines de fijar el alcance de la expresión “en la medida que hayan estado sujeto al pago del impuesto” contenida en el inciso c)

    del artículo 79, cabía recurrir al debate y explicación al que arribaron los Fecha de firma: 12/05/2022

    Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

    Firmado por: A.G., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: A.P., JUEZ DE CAMARA

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    legisladores en ocasión de considerar qué tratamiento correspondía otorgar a las jubilaciones en el marco de la reforma.

    Por ello concluyó que con posterioridad a la reforma fiscal aludida y conforme al pensamiento del legislador, las jubilaciones se encontrarían gravadas en el monto que exceda la deducción específica establecida por el artículo 23 de la ley del impuesto en trato, esto es, los seis haberes mínimos garantizados, definidos en el artículo 125 de la ley N° 24.241.

    Argumentó entonces que las jubilaciones obtenidas por los empleados del Poder Judicial, Nacional y Provincial cuyos sueldos no fueran iguales y superiores a los de un Juez de Primera Instancia con anterioridad a la reforma introducida a la ley del tributo por la ley N° 27.346, se encontraban sujetas a tributación, toda vez que dichos sujetos no eran beneficiados por ninguna franquicia fiscal, concedida por ley del gravamen y su reglamentación, ni por A.J., nacionales y provinciales.

    Tachó de arbitraria la sentencia por fundamentación aparente, por resultar incongruente, dado que no derivaba razonablemente del derecho vigente,

    constándose un claro desenfoque con las expresas constancias de la causa.

    Señaló que de proceder la devolución, se tomaran en cuenta los principios y plazos de prescripción que regían la materia tributaria.

    En cuanto al interés solicitó que se aplicaran las resoluciones 314/2004 y 598/19 y se computaran desde la fecha de interposición de la demanda.

    Por último se agravió de la imposición de costas a su parte.

    El Dr. A.P. dijo:

    1. ) Corresponde en primer lugar tratar el agravio relativo a la procedencia del amparo, y en ese sentido, cabe advertir que la presente se encuentra regulada por la Ley 16.986 y receptada en el art. 43 de la Carta Magna.

      La norma citada dispone que: “Toda persona puede interponer acción expedita y rápida de amparo, siempre que no exista otro medio judicial más idóneo, contra todo acto u omisión de autoridades públicas o de particulares, que en forma actual o inminente, lesione, restrinja, altere o amenace, con arbitrariedad o Fecha de firma: 12/05/2022

      Firmado por: J.G.T., JUEZ DE CAMARA

      Firmado por: E.I.V., JUEZA DE CAMARA

      Firmado por: A.G., SECRETARIA DE CAMARA

      Firmado por: A.P., JUEZ DE CAMARA

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