Apuro y diferencias para avanzar con un régimen penal empresario

 
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En un último recurso para evitar que naufrague un eventual acuerdo con la empresa Odebrecht, el Ministerio de Justicia, la Oficina Anticorrupción (OA) y la Procuración del Tesoro rediseñan por estas horas el proyecto de ley que enviaron el año pasado al Congreso, que establece un régimen penal para empresas que cometan delitos de corrupción. Sin embargo, el apuro que exhibe el Gobierno se toparía con serios reparos de los legisladores, incluso del propio oficialismo.

La iniciativa en elaboración se presentaría como la legislación marco que hoy carece nuestro país para casos como el de Odebrecht, que confesó haber pagado coimas en la Argentina por 35 millones de dólares durante la era kirchnerista y que ahora pretende llegar a un acuerdo con el Poder Ejecutivo y el Ministerio Público que le garantice que no será perseguido penalmente por la Justicia a cambio de detallar quiénes fueron los funcionarios que recibieron los sobornos. La ley del arrepentido por casos de corrupción, sancionada el año pasado, no resulta suficiente porque no permite la renuncia a la acción penal en ninguna circunstancia. A lo sumo ofrece una reducción en la pena.

Aquí está el nudo de la cuestión. El Gobierno insistirá en incluir en la nueva iniciativa la figura del "colaborador eficaz", la cual estaba presente en la versión original enviada a la Cámara de Diputados en octubre pasado. Sin embargo, los legisladores, que hace un mes arrancaron el debate del tema en las comisiones de Legislación Penal y de Legislación General, rechazan esta figura. Básicamente porque permite que la persona jurídica (en este caso la empresa) se beneficie con la suspensión de la persecución penal a cambio de cooperar con información a la Justicia, información que revele "datos precisos, útiles y comprobables para el esclarecimiento de los hechos, la identificación de sus autores o partícipes y/o el recupero del producto o las ganancias del delito".

Este nuevo proyecto contemplará, además, una cláusula que permitiría que este régimen penal empresario pueda aplicarse de manera retroactiva. En buen romance, una cláusula que habilitaría que la ley, una vez sancionada, calce retroactivamente para el caso Odebrecht, cuya investigación se halla diversificada en distintas causas y juzgados.

En rigor, el Poder Ejecutivo, al enviar el proyecto de responsabilidad penal empresaria al Congreso, jamás imaginó que...

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