Con apoyo del FPV, el Gobierno logró en Diputados dar media sanción a la ley del arrepentido

En Brasil, la delación de un ex director de Petrobras, devenido en arrepentido cuando la justicia constató su participación en el caso de corrupción más escandaloso de ese país -conocido como operación Lava Jato-, provocó la detención de una treintena de políticos, funcionarios y empresarios del más alto nivel.

¿Será José López, el ex secretario de Obras y Servicios Públicos del kirchnerismo, el arrepentido argentino que revele el entramado de corrupción con la obra pública que investiga la Justicia? ¿Hablará López, hoy detenido por intentar esconder casi nueve millones de dólares en un monasterio? Ambos interrogantes sobrevolaron el debate de ayer en la Cámara de Diputados. Nadie anticipó una respuesta, pero en lo que sí coincidieron los legisladores es en que la Justicia contará con la herramienta adecuada: una ley del arrepentido para casos de corrupción. Ayer, la Cámara de Diputados apuró su tratamiento y le dio media sanción casi por unanimidad.

Al cierre de esta edición, la Cámara baja también avanzaba a toda velocidad en otro proyecto anticorrupción: el que establece la extinción de dominio, que permite que aquellos bienes de origen ilícito puedan ser recuperados por el Estado sin necesidad de una condena previa de la persona acusada. Esta iniciativa, a diferencia de la del arrepentido, generaba objeciones serias en la oposición. "Es inconstitucional porque viola el derecho de propiedad consagrado en la Constitución", alegaban en el kirchnerismo.

Pactos de silencio

El apoyo fue contundente: 194 votos positivos frente a cinco negativos. Salvo los bloques de izquierda y el diputado kirchnerista José Ciampini, las restantes bancadas -incluido el Frente para la Victoria (FPV)- votaron a favor.

"Con esta ley se abre la posibilidad de que algunos pactos de silencio sean rotos", exaltó la diputada Gabriela Burgos (UCR), presidenta de la Comisión de Legislación Penal.

En líneas generales, la iniciativa -que se basó en un anteproyecto de la Oficina Anticorrupción- propone beneficiar con una reducción en su pena a todo aquel imputado que brinde información "precisa, útil y verosímil" que le permita a la Justicia avanzar en una investigación. No podrán acogerse a esta figura aquellos funcionarios susceptibles al proceso de juicio político (como el presidente, los ministros del Poder Ejecutivo o los jueces que integren la Corte Suprema); tampoco podrá aplicarse en las causas sobre delitos de lesa humanidad.

"El objetivo es lograr que las...