Aplicación de astreintes contra el Estado. A propósito del reciente fallo de la CSJN 'Bernardes

AutorPablo J. Majul
Páginas1-9
Majul, Aplicación de astreintes contra el Estado
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Aplicación de astreintes contra el Estado*
A propósito del reciente fallo de la CSJN “Bernardes”
Por Pablo J. Majul
1. Introducción
Recientemente la Corte Suprema ha ratificado su postura1 en el marco de un
nutrido debate que se viene desarrollando en la doctrina2 desde la sanción de la ley
26.944 de responsabilidad del Estado (en adelante, LRE)3 respecto a si dicha norma
habilita la aplicación de astreintes (sanciones conminatorias) contra el Estado4, sus
agentes y funcionarios.
El máximo tribunal, a nuestro modo de ver, realiza una correcta diferenciación
–apelando al análisis teleológico y desde la naturaleza jurídica de los conceptos– entre
las llamadas “sanciones disuasivas” y las “sanciones conminatorias”. En este trabajo
no ahondaremos en dichas conceptualizaciones porque la doctrina sobre el tema es
vasta, profusa y fácilmente accesible.
Por otro lado, un punto que nos parece más que interesante y no puede ser
soslayado cuando se analizan las decisiones de la Corte; es el referente a las herra-
mientas interpretativas utilizadas por dicho órgano judicial como último intérprete de
* Bibliografía recomendada.
1 CSJN, 3/3/20, “Bernardes, Jorge A. c/ENA Ministerio de Defensa s/amparo por mora de la Ad-
ministración”. La Corte ha admitido su procedencia en reiteradas ocasiones. Así, ha señalado que “las
astreintes suponen una sentencia condenatoria que impone un mandato que el acreedor no satisface
deliberadamente, y procuran vencer la resistencia del renuente mediante una presión psicológica que
lo mueva a cumplir, de ahí que los jueces han de graduarlas con la intensidad necesaria para doblegar
la porfía del obligado” (Fallos, 320:186; 324:3041; ent re otros). Otros, como el doctor Sánchez Torres,
señaló que del análisis del debate parlamentario de la ley 26.944 surge que se utilizó indistintamente
los términos “sanción pecuniaria disuasiva” o “astreintes”, identificándolos.
2 La doctrina iuspublicista argentina se ha inclinado por la posibilidad de la aplicación de astrein-
tes contra el Estado y sus funcionarios, atento a que no traducen sino el carácter ejecutorio de las
sentencias judiciales (Ver en ese sentido: Hal perín, David A., La acción de amparo por mora de la
Administración, en Tawil, Guido S. (dir.), “Derecho procesal administrativo”, Bs. As., Abeledo-Perrot,
2011, p. 833; Sagüés, Néstor P., Derecho procesal constitucional. Acción de amparo, Bs. As., Astrea,
2009, p. 614; Balbín, Carlos F., Manual de derecho administrativo, Bs. As., 2011, p. 556; entre otros).
3 Sancionada por el Congreso Nacional el 2/7/14 y publicada en el BO el 8/8/14.
4 Recordemos que el sistema federal sobre el cual se estructura el régimen administrativo en el
territorio del país, que instituye un derecho administrativo particular por cada Estado que conforma la
república (sea la Nación, las provincias e incluso los municipios en su acotado cerco de competencias),
induce a que el caso que aquí analizaremos se ciña únicamente al marco de responsabilidad del Estado
nacional; sin perjuicio de las provincias que se hayan adherido a dicha norma. Tampoco escapa al
suscripto que el fallo que aquí trataremos se incrusta –fiel al régimen “monista” que se adoptó desde la
reforma de la Constitución en 1994– en la llamada “teoría de los precedentes” a través de la cual se
instauró un sistema que delinea una pauta interpretativa de obligatorio acatamiento en el que “carecen
de fundamento las sentencias de los tribunales inferiores que se apartan de los precedentes de la Corte
sin aportar nuevos argumentos que justifiquen modificar la posición sentada por el Tribunal, en su ca-
rácter de intérprete supremo de la Constitución Nacional y de las leyes dictadas en su consecuencia”
(Fallos, 307:1094; 303:917; 329:4360; 323:555; entre muchos otros).

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