Los métodos antiterroristas especiales son ineficaces e ilegales

Autor:Martin Scheinin
Cargo:Professeur de droit international public à l’université européenne de Florence (Italie) et à l’Åbo Akademi (Finlande). Rapporteur spécial du Conseil des droits de l’homme de l’ONU.

Extracto del informe del relator especial de Derechos Humanos de la ONU sobre la lucha antiterrorista

En su informe al Consejo de los Derechos Humanos de la ONU, Martin Scheinin ha examinado la coordinación antiterrorista que aplican, tanto la OTAN como la Organización de Cooperación de Shangai. Scheinin señala las múltiples violaciones de los derechos humanos cometidas por las agencias de información y pone de manifiesto que Estados Unidos, Reino Unido, Rusia y China no pueden fingir ignorarlas cuando se perpetran a su demanda por Estados «subcontratistas». De esto se deduce que dichas superpotencias y sus responsables antiterroristas pueden ser procesados por la justicia internacional. El Relator Especial también señala que al recabar informaciones obtenidas por sus colegas por medio de la tortura, las agencias de información, en realidad, han acumulado datos a menudo erróneos que nunca tienen valor jurídico y, por lo tanto, son ineficaces.

Los poderes reforzados concedidos a las agencias de información y la necesidad de mecanismos previos de responsabilidad

En términos generales, la función principal de las agencias de información es detectar las amenazas potenciales para la seguridad nacional, incluidas las amenazas terroristas, reuniendo datos 1 e informaciones sin alertar a las personas vigiladas y utilizando diversas técnicas especiales de investigación como la vigilancia secreta, la interceptación y control de comunicaciones (electrónicas), registros secretos de locales o bienes y utilización de agentes infiltrados. Esas técnicas de investigación son recursos que los Estados pueden utilizar eficazmente para luchar contra el terrorismo internacional 2. Su justificación se puede ver en la obligación positiva de los Estados con respecto al derecho internacional de los derechos humanos, de tomar medidas preventivas para proteger a las personas cuyas vidas o seguridad se sabe o se supone que pueden estar amenazadas por actuaciones criminales de otras personas, incluidos los terroristas 3.

1. Un marco legislativo para las técnicas especiales de investigación

Un primer elemento indispensable para obligar a los Estados y sus agencias de información a rendir cuentas de sus actos consiste en establecer un marco legislativo, a la vez específico 4 y completo, que defina las atribuciones de las agencias de información y precise sus competencias especiales. Sin ese marco, los Estados no podrán cumplir sus obligaciones de acuerdo con los tratados internacionales relativos a los derechos humanos ni garantizar el disfrute efectivo de los derechos fundamentales 5. Se puede encontrar un ejemplo de mejor práctica en las detalladas disposiciones que regulan cada una de las técnicas de investigación que pueden utilizar los servicios de información holandeses 6.

Los enfoques que siguen los Estados para definir las medidas y las técnicas que requieren una decisión judicial varían un poco según el alcance y la fuerza de los derechos constitucionales reconocidos en el Estado concernido, y especialmente en función del alcance del derecho a la intimidad 7. Se puede considerar que el simple hecho de crear una ficha de registro personal, temática o relacionada con una organización, no crea problemas de derechos humanos si existe la sospecha de que alguien prepara una acción terrorista 8

Sin embargo, en este sentido, el Relator Especial señala que las informaciones recogidas por la «información estratégica» (es decir, las informaciones obtenidas por las agencias de información con fines estratégicos) no se deben utilizar en los procesos ante los tribunales si no hay un control judicial de las medidas que afectan a las personas identificadas nominalmente. El Relator Especial considera preocupante que en diferentes tribunales la línea de demarcación entre esas informaciones estratégicas y los elementos de prueba se ha difuminado en beneficio de diversas formas de «imperativos de seguridad nacional». Es necesario que las autoridades judiciales aprueben una técnica de investigación especial para que los resultados obtenidos por medio de dicha técnica se puedan admitir por los tribunales como elementos de prueba.

Los Estados pueden recurrir a ciertas medidas preventivas, como vigilancia secreta o interceptación y control de las comunicaciones, a condición de que sean medidas puntuales y se ejecuten con una orden judicial si existen motivos razonables y suficientes y si algunos hechos relacionados con el comportamiento de un individuo justifican la sospecha de que está preparando un atentado terrorista. Este trámite preventivo basado sobre la información pretende anticipar más que esquivar los procedimientos judiciales y puede ofrecer un medio apropiado, razonable y proporcionado para identificar los riesgos o precisar las sospechas que pesan sobre una persona sospechosa de preparar un acto terrorista. Sin embargo, los Estados deben saber que la primera frase del párrafo 1 del artículo 14 del Pacto Internacional relativo a los derechos civiles y políticos es aplicable en toda materia jurisdiccional y exige que se respete el principio fundamental del derecho a un proceso justo 9.

Aunque no existe una norma general en el derecho internacional que prohíba o limite expresamente la búsqueda de informaciones, es imprescindible que los Estados aclaren los «criterios de limitación» que pueden llevar a una agencia de información a meterse en todo tipo de acciones, susceptibles de atentar contra los derechos humanos, que van de la extracción de conocimientos a partir de datos hasta actuaciones clandestinas 10. Si se precisan con claridad los poderes concedidos por la ley a las agencias de información, también se hará mejor la distinción entre las tareas de éstas y las de los órganos encargados de hacer que se respeten las leyes. A falta de esas distinciones claras, el marco de responsabilidad resultará mal definido y se creará el riesgo de que los poderes especiales se utilicen en situaciones ordinarias en las que la población no está expuesta a una amenaza grave 11.

2. Los criterios de obtención de informaciones: los problemas de la extracción de conocimientos a partir de datos y de compartir los datos

Las agencias de información cada vez utilizan más la extracción de conocimientos a partir de datos (en inglés «data mining») cruzando varias bases de datos en función de ciertas variables, lo que difumina la línea divisoria entre una vigilancia dirigida aceptable y una vigilancia masiva problemática y asimilable a una injerencia arbitraria o ilegal en la vida privada. En efecto, la extracción de conocimientos a partir de datos conlleva un riesgo intrínseco de «inclusión excesiva» (búsqueda de informaciones porque podrían utilizarse, no con un objetivo preciso), en la medida en que las capacidades técnicas que ofrece este método pueden incitar a quienes lo utilizan a ampliar la definición de lo que se considera sospechoso.

En este sentido, el Relator Especial reitera sus recomendaciones sobre la cuestión del establecimiento de perfiles raciales o étnicos 12. Aunque la extracción de conocimientos a partir de datos no está prohibida en sí misma, no debe incluir variables que atenten contra el derecho a la no discriminación. El programa de extracción de conocimientos a partir de datos para el «análisis de la psicología», que se saca de documentos no estructurados generados por personas en Internet, de opiniones y de quien hace la síntesis a fin de establecer un perfil terrorista, método aparentemente utilizado por las agencias de información en Alemania, Canadá, China, Estados Unidos, Israel, Singapur y Taiwán 13, no debe desembocar en la privación de libertad de las personas o en su inscripción en «listas de vigilancia» que pueden plantearles problemas para viajar en avión, efectuar operaciones bancarias o trabajar en aeropuertos o en lugares donde se utilizan sustancias radiactivas, como los hospitales.

Además de los problemas frecuentes vinculados con la mala calidad de los datos, que pueden estar mal registrados, mal interpretados u obsoletos cuando se crean a partir de otras bases de datos 14, es muy preocupante que se pueda identificar a personas inocentes como terroristas potenciales 15. Para el Relator Especial, esos posibles defectos en la recogida de datos son tanto más inquietantes en cuanto que se facilita el intercambio de datos personales entre las agencias de información y los órganos encargados de garantizar el respeto de las leyes, tanto a nivel nacional como en un marco bilateral o multinacional, como el de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) o la Organización de Cooperación de Shangai.

Para una mejor práctica en general, el Relator Especial invita a los Estados miembros a adoptar las legislaciones que recuperan los principios fundamentales en materia de protección de datos, establecidos en documentos como «Principios y directrices para la reglamentación de ficheros personales informatizados», adoptados por la Asamblea General en su resolución 45/95 16. El primero de dichos principios dice: «Los datos relativos a las personas no se deberán obtener o tratar con ayuda de procedimientos ilegales o desleales, ni se utilizarán para fines contrarios al objetivo y los principios de la Carta de las Naciones Unidas 17. Esto implica la obligación, para todos los Estados miembros, de promover y respetar los derechos humanos. El Relator Especial señala que las posibilidades de derogación de los principios de exactitud (artículo 2), de finalidad (artículo 3) o de acceso (artículo 4) deberán interpretarse en un sentido estricto...

Para continuar leyendo

Solicita tu prueba