Ley antiterrorista, nueva forma de extorsión oficial

Las amenazas ya no alcanzan. Los aprietes e intimidaciones de todo orden con los cuales el Gobierno silenció por años a la mayoría de los empresarios, y elevó a la heroicidad civil a los pocos que hicieron frente al escarnio público promovido desde el más alto estamento del Estado cada vez que alguien se atrevió a advertir las consecuencias de políticas sin rumbo cierto, se han convertido en pólvora mojada, inútil. La situación económica general habla por sí misma y todos saben que la teatralización del caso Griesa es el último componente, y no precisamente el primero, de una dirección infortunada sobre la que el Gobierno se negó a escuchar cuantas advertencias se le habían formulado, en general de forma privada, a fin de evitar represalias.Como quien quiere tapar el sol con una mano, con el fin de desligarse de cualquier responsabilidad en la severa crisis moral, social y económica actual, la presidenta de la Nación adjudicó la quiebra de la empresa gráfica Donnelley a una "maniobra" contra el país que apunta a "generar un clima de temor" en la población. De inmediato, anunció que promoverá la aplicación de la tan cuestionada ley antiterrorista contra esa compañía.Este anuncio presidencial, sumado al impulso oficial de un proyecto tendiente a modificar la ley de abastecimiento para posibilitar un mayor intervencionismo estatal en el sector privado, no hará más que aumentar la incertidumbre y desalentar inversiones productivas, en momentos en que la economía atraviesa un proceso inflacionario y, a la vez, recesivo, que está provocando suspensiones y despidos en distintas actividades.La ley antiterrorista, sancionada a fines de 2011 por iniciativa del kirchnerismo, ha incorporado al Código Penal nuevos artículos para penalizar acciones definidas con tan alto grado de generalidad, que permitiría criminalizar un gran universo de conductas aunque nada tengan de terroristas.Desde un principio, hemos advertido sobre los peligros que encerraba esta norma, que aumenta las penas de todos los delitos que se cometan con "la finalidad de aterrorizar a la población" o de "obligar a las autoridades públicas a realizar un acto o abstenerse de hacerlo".La ley en cuestión pareció haber sido sancionada precisamente con la intención de emplear su laxitud para presionar, extorsionar, perseguir o castigar a quienes no comulgan con el Gobierno o se oponen a algunas de sus medidas.El primer antecedente del mal empleo de esta norma se produjo meses atrás en Santiago del Estero...