Anexo

• Autor: Patricia Cóppola
• Cargo del Autor: Profesora de Filosofía del Derecho e Introducción al Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba
• Páginas: 145-147

ANEXO

Posteriormente a la redacción de esta evaluación, el 26

de noviembre de 2002, por ley 9061 se declaró a la Provincia de

Córdoba en estado de emergencia judicial, otorgándole un

plazo de vigencia hasta el día 12 de julio de 2003.

Por igual término se suspende la vigencia de las leyes 8802,

que creó el Consejo de la Magistratura, y 9051, modificato-

ria de las leyes 8802 (Consejo de la Magistratura), 8435 (Ley

Orgánica del Poder Judicial), 7982 (Asistencia Jurídica Gra-

tuita) y 7826 (Ley Orgánica del Ministerio Público Fiscal).

Esta declaración de estado de emergencia judicial obe-

dece, según el texto de la propia ley, a la paralización del

Consejo de la Magistratura “en orden al cumplimiento de

sus funciones dado el vacío legal originado por los Autos

Nº Cuarenta y Seis y Cuarenta y Siete del Tribunal Superior

de Justicia dictados el 31 de octubre de 2002 y el día 12 de

noviembre de 2002 respectivamente, en los que se ordenó ‘la

suspensión de la aplicación de los arts. 5, 6 in fine, 10, 11, 14,

15, 16, 17, 18 y 20 de la ley 9051’, toda vez que las normas

sustituidas por los artículos citados, se encuentran deroga-

das por lo dispuesto en su art. 22, lo cual conlleva la consi-

guiente imposibilidad material de cubrir en tiempo propio

las vacantes que se originarán a raíz del masivo acogimiento

al nuevo régimen previsional por parte de magistrados, fis-

cales y funcionarios”.

La ley 9051, del 25 de octubre de 2002, entre otras refor-

mas importantes, introduce la ratificación en sus respecti-

vos cargos de los funcionarios judiciales que revestían en

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