Análisis del fallo 'BG Group PLC V. Republic of Argentina' dictado por la Corte Suprema de los Estados Unidos de América: ¿todos los caminos conducen a Roma?
| Autor | Valerio de Oliveira Mazzuoli - Diego Luis Alonso Massa |
| Cargo | Profesor Adjunto de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Universidad Federal de Mato Grosso - UFMT (Brasil). Posdoctorado en Ciencias Jurídico-Políticas (Universidad Clásica de Lisboa-Portugal). Doctor summa cum laude en Derecho Internacional (Universidad Federal de Rio Grande do Sul-Brasil). Magíster en Derecho ... |
| Páginas | 193-232 |
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JURISPRUDENCIA
ANÁLISIS DEL FALLO “BG GROUP PLC V. REPUBLIC OF
ARGENTINA” DICTADO POR LA CORTE SUPREMA DE
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA: TODOS LOS
CAMINOS CONDUCEN A ROMA?*
ANALYSIS OF THE JUDGEMENT “BG GROUP PLC V. REPUBLIC OF
ARGENTINA” ISSUED BY THE SUPREME COURT OF THE UNITED
STATES OF AMERICA: ALL ROADS LEAD TO ROME?
Valerio de Oliveira Mazzuoli** - Diego Luis Alonso Massa***
Sumario: 1. Introducción; 1.1. La controversia; 1.2. Objeto del estudio -
2. Análisis de los fundamentos del voto de la mayoría; 2.1. Objeto de
la decisión judicial: ¿Acuerdo de arbitraje internacional o tratado in-
ternacional?; 2.2. ¿Aplicación de presunciones judiciales de derecho
interno en relación con un tratado internacional?; 2.3. Consideracio-
nes sobre las implicancias del principio de Kompetenz-Kompetenz;
2.4. La condición relativa al consentimiento: desinterés maniesto
por la aplicación de las normas de interpretación de los tratados de
la Convención de Viena de 1969 - 3. Análisis del voto en disidencia;
3.1. Crítica razonada del voto de la mayoría; 3.2. Consideraciones crí-
ticas sobre el exceso formalismo terminológico del voto de la mayoría;
3.3. ¿Decisión a mitad de camino? - 4. Fundamentos disociados de las
* Trabajo recibido el 16 de noviembre de 2014 y aprobado para su publicación el 17 de diciem-
bre del mismo año.
** Profesor Adjunto de Derecho Internacional Público en la Facultad de Derecho de la Univer-
sidad Federal de Mato Grosso - UFMT (Brasil). Posdoctorado en Ciencias Jurídico-Políticas (Uni-
versidad Clásica de Lisboa-Portugal). Doctor summa cum laude en Derecho Internacional (Uni-
versidad Federal de Rio Grande do Sul-Brasil). Magíster en Derecho Internacional (Universidad
Estadual Paulista, campus de Franca (Brasil). Miembro de la Sociedad Brasileña de Derecho Inter-
nacional y de la Asociación Brasileña de Constitucionalistas Demócratas. Abogado y Asesor Jurídico.
E-mail: mazzuoli@ufmt.br
** Abogado - Universidad de Buenos Aires. Magíster en Relaciones Internacionales (con es-
pecialización en Derecho Internacional) (Institut des Hautes Études Internationales, Université de
Genève (Suiza)). Asesor jurídico en cuestiones jurídicas relativas al arbitraje internacional y pro-
piedad intelectual. Ex-funcionario internacional - Organización Internacional del Trabajo - OIT
(Ginebra, Suiza), UNCITRAL, Naciones Unidas (Viena, Austria), Organización Mundial del Comer-
cio (Ginebra, Suiza). Especialización de Derecho de la Propiedad Intelectual, Universidad Austral
(Buenos Aires). Especialización en derecho de los negocios internacionales, Universidad de Bue-
nos Aires. E-mail: diego.luis.alonso@outlook.com
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reglas internacionales y transnacionales: una contradictio in terminis
autorizada?; 4.1. Complementariedad del derecho internacional pú-
blico y del derecho transnacional del arbitraje; 4.2. Expectativas de las
partes:¿qué función cumplen en un tratado internacional del inversio-
nes? - 5. Conclusión - 6. Referencias bibliográcas.
1. Introducción
El 5 de marzo de 2014, la Corte Suprema de los Estados Unidos decidió, por 7 votos
contra 2, que la Argentina debía pagar a la sociedad británica de exploración y dis-
tribución de gas natural, BG Group, la suma de 185,3 millones de dólares estadouni-
denses en concepto de indemnización por la decisión adoptada por el Gobierno Ar-
gentino de congelar los precios de las tarifas de gas en 2002. Es de destacar que esta
decisión no ha pasado inadvertida, ni en el ámbito del derecho internacional público
ni en el del derecho transnacional del arbitraje.
Esta controversia debe ser objeto de un análisis minucioso -especialmente en lo
que atañe a los fundamentos jurídicos sobre los que se basó la Corte Suprema- para
que de ese modo se puedan lograr avances en el debate sobre cuáles son los derechos
y obligaciones de los Estados y las personas físicas y/o jurídicas de carácter privado, a
la hora de interpretar una disposición de un tratado bilateral de inversiones, celebrado
entre dos Estados, habida cuenta de que es este el objeto principal del presente artículo.
1.1. La controversia
En 2003, la sociedad BG Group consideró que había sufrido perjuicios como con-
secuencia de la promulgación por parte del Gobierno Argentino de una serie de nor-
mas que violarían las disposiciones del Convenio concluido entre el Reino Unido (en
donde se encuentra la casa matriz de BG Group) y la Argentina, el 11 de diciembre de
1990, sobre la promoción y protección de inversiones (en lo sucesivo, el “Convenio”
o el “Tratado”) (1). En particular, BG Group alegó que la nueva legislación argentina
violaba las disposiciones del Tratado por las que se prohíbe la “expropiación” de las
inversiones y se establece que cada Estado otorgará un “trato justo y equitativo” a los
inversores de la otra parte (2).
Ese mismo año, BG Group dio inicio a un arbitraje internacional con el n de obte-
ner una indemnización por los perjuicios que le habría causado la promulgación de la
(1) Denominación ocial: Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno
del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y la Protección de Inver-
siones. Si se desea consultar la versión en lengua española, véase: Ley Nº 24184 (
mecon.gov.ar/infolegInternet/anexos/0-4999/582/norma.htm>). Si se desea consultar la versión
en lengua inglesa, véase: United Nations - Treaty Series (1994), p. 46.
(2) Véase el Art. 2. 2: “Las inversiones de inversores de cada Parte Contratante recibirán en toda
ocasión un tratamiento justo y equitativo y gozarán de protección y seguridad constante en el territorio
de la otra Parte Contratante. Ninguna Parte Contratante perjudicará de alguna manera con medidas
injusticadas o discriminatorias la gestión, mantenimiento, uso, goce o liquidación en su territorio de
las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante. Cada Parte Contratante observará todo com-
promiso que haya contraído con relación a las inversiones de inversores de la otra Parte Contratante”.
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normativa argentina que imponía un congelamiento de las tarifas gas. Luego, las partes
nombraron árbitros y escogieron la ciudad de Washington, DC, como sede del arbitraje.
A pesar de que la Argentina argumentó que BG Group inició un proceso arbitral sin
observar la prescripción que impone, como primera medida, la sustanciación del recla-
mo en sede judicial del Estado receptor (en adelante, “la prescripción relativa a la sus-
tanciación del reclamo en sede judicial”), vale decir, ante un tribunal argentino, lo cierto
es que, la propia Argentina, cuando en 2003 BG Group intentó iniciar un proceso arbitral
sobre la base del art. 8 del Tratado, aceptó participar en el proceso de designación de
los árbitros y de jación de la sede del arbitraje (que se prosiguió en Washington, D C).
En 2007, el tribunal dictó un laudo denitivo, en el cual se resolvió que la conducta
observada por la Argentina (de aceptar el nombramiento de árbitros, etc.) suponía
haber renunciado a la prescripción del tratado por el que se impone la sustanciación
del reclamo en sede judicial del país receptor, para que luego solo de ese modo (y
transcurridos 18 meses desde la incoación de la acción judicial respectiva) fuese po-
sible iniciar un arbitraje internacional. Ello es así porque en el art. 8) 2) b) del tratado
bilateral de inversiones se establece una excepción a la obligación de tener que incoar
una demanda en sede judicial de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la
inversión, a saber, cuando la Parte Contratante y el inversor de la otra Parte Contratan-
te decidiesen (expresa o tácitamente) recurrir a la vía arbitral, que fue precisamente lo
que ocurrió en el caso objeto de análisis. Así, el tribunal arbitral llegó a la conclusión
de que sería “absurdo” e “ir razonable” (3) obligar a un particular, en tales circunstan-
cias, a iniciar una demanda en sede judicial del país receptor, para que solamente así
(y luego de transcurridos 18 meses desde la iniciación de la demanda) fuese posible
iniciar el proceso de arbitraje.
En cuanto al fondo, nalmente, el tribunal arbitral condenó a la Argentina a pagar
a la sociedad BG Group la suma de 185,3 millones de dólares estadounidenses en con-
cepto de indemnización por daños y perjuicios.
En marzo de 2008, ambas partes (BG Group y la Argentina) realizaron sendas pre-
sentaciones ante el Tribunal del Distrito de Columbia: BG Group a los efectos de con-
rmar el laudo arbitral, fundándose en la Convención sobre el Reconocimiento y la
Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva York, 10 de junio de 1958), y
Ley de Arbitraje Federal (Federal Arbitration Act); y la Argentina, para que se anulase
el laudo arbitral, sobre la base de que los árbitros que carecían de competencia para
resolver la controversia.
(3) Véase “BG Group Plc. v. e Republic of Argentina”, Laudo denitivo (24 de diciembre de
2007), p. 50, párr. 147: “Sin embargo, en lo atinente a la interpretación del tratado,” el Art. 8 2) a) i) no
puede interpretarse como un obstáculo absoluto e insalvable que impida recurrir a la vía arbitral. Si el
país receptor obstruye u obstaculiza la posibilidad de recurrir a sus propios tribunales, toda interpre-
tación que se haga de esa situación conducirá a un resultado absurdo e irrazonable, tal como se prevé
en el Art. 32 de la Convención de Viena [sobre el derecho de los tratados, de 1969], al permitir al Estado
receptor sustraerse de manera unilateral al proceso arbitral, que ha sido el mecanismo que ha impul-
sado la transición de un sistema de protección diplomática basado en criterios políticos a un meca-
nismo de solución de controversias entre Estados y personas físicas y/o jurídicas de carácter privado”.
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El Tribunal del Distrito de Columbia hizo lugar a la pretensión de BG Group y
rechazó la petición de la Argentina, conrmando así la validez del laudo arbitral. La
República Argentina interpuso un recurso de apelación contra dicha sentencia ante
el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia, el cual, a su vez, re-
vocó la decisión del Tribunal de Distrito, declarando así la nulidad del laudo arbitral
en cuestión. El Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de Columbia sostuvo
que era válido el argumento aducido por la Argentina en el sentido de que BG Group
debería haber incoado una demanda ante los tribunales competentes argentinos (y
esperado dieciocho meses a partir del inicio de dicha acción judicial), pues sólo así,
podría haber iniciado un proceso de arbitraje internacional. Por consiguiente, el Tri-
bunal de Apelaciones declaró la nulidad del laudo arbitral.
BG Group, por su parte, disintió con la decisión adoptada por el Tribunal de Apela-
ciones, por lo que interpuso un recurso ante la Corte Suprema de los Estados Unidos, que
aceptó conocer de la causa, “dada la importancia que reviste la cuestión para el arbitraje
comercial internacional” (4). Así, según el razonamiento del voto de la mayoría, la cuestión
planteada ante la Suprema Corte consistía en “decidir a quién le compete -en primer lugar-
(al tribunal o al árbitro) la responsabilidad de interpretar y aplicar la prescripción estable-
cida en el Art.8 relativa a la sustanciación del reclamo en sede judicial del país receptor” (5).
Sin embargo, esa visión un tanto limitada de la controversia, en cierta medida, es puesta
en tela de juicio por el voto en disidencia, al intentar encuadrar el análisis de la cuestión
controvertida más bien en torno a determinar si se estaba frente a una oferta unilateral y
permanente de arbitraje prevista en el marco de un tratado bilateral de inversiones o de
una simple cuestión de arbitrabilidad (en la acepción estadounidense del término) (6).
1.2. Objeto del estudio
Tal como se señala en la mayoría de los comentarios al fallo objeto de análisis, la
Corte Suprema de los Estados Unidos parece adoptar una posición favorable al arbi-
(4) Véase, “BG Group Plc. v.Republic of Argentina” núm. 12-138, 572 U.S. (5 de marzo de 2014).
p. 5: “Dada la importancia que reviste la cuestión para el arbitraje comercial internacional, se con-
cede la petición”.
(5) Ídem, p. 6.
(6) Sabido es que la noción de arbitrabilidad en el derecho estadounidense presenta caracte-
rísticas propias que la diferencian del sentido que, en el derecho continental europeo, y en la gran
mayoría de los sistemas jurídicos, se le otorga al término arbitrabilidad. Así, mientras la doctrina
mayoritaria coincide en armar que la arbitrabilidad es principalmente una condición de validez
de la convención de arbitraje, en el derecho estadounidense el término arbitrability tiene un ám-
bito de aplicación mucho más amplio. En efecto, en dicho contexto, el concepto de arbitrabilidad
comprende, además del consentimiento que las partes deben prestar para recurrir al arbitraje, el
ámbito de aplicación personal de la convención de arbitraje (es decir, qué personas se encuentran
sujetas a un acuerdo de arbitraje), también denominado “substantive arbitrability” y la observancia
de determinadas prescripciones previas, para estar facultado a iniciar un proceso arbitral, lo que se
conoce como “procedural arbitrability”. Por último, cabe mencionar que el concepto de arbitrability
también comprende el ámbito de aplicación material (vale decir, qué materias pueden someterse
a arbitraje), en donde por n dicha concepción de la arbitrabilidad encuentra un denominador
común con la noción de arbitrabilidad de la gran mayoría de los ordenamientos jurídicos.
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traje internacional al rechazar la tesis esgrimida por la Argentina en el sentido de que
los árbitros habrían rebasado los límites de su competencia al declararse competentes
para conocer del proceso arbitral que iniciara BG Group sin haber cumplido previa-
mente con la prescripción relativa a la sustanciación del reclamo en sede judicial del
país receptor (es decir, la Argentina).
Así, según la opinión mayoritaria de los comentaristas, esta decisión de la Corte
Suprema de los Estados Unidos representaría un hito importante en favor del arbi-
traje, incluido naturalmente el arbitraje en materia de inversiones internacionales,
así como una interpretación que contribuiría a esclarecer determinadas cuestiones
relativas a la arbitrabilidad (7) y a rearmar el principio de Kompetenz-Kompetenz
en el derecho estadounidense, puesto que en dicha decisión se sugiere que la incor-
poración del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para
el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) en el Art. 8) 2) b) y 8) 3) a) y b) del
Tratado bilateral de inversiones entre el Reino Unido y la Argentina (8), presupone el
fortalecimiento del principio de que los árbitros pueden resolver cuestiones relativas
a su propia competencia. No obstante, como se analizará más adelante, la incorpo-
ración del Reglamento citado corresponde a otro supuesto que nada tiene que ver
con el analizado en la controversia examinada por la Corte Suprema estadounidense,
puesto que dicho Reglamento se aplica en caso de que el Estado receptor y el inversor
convengan expresamente en recurrir a la vía arbitral, que no es precisamente lo que
ocurrió en el presente caso. Por último, no podemos dejar de señalar que toda la in-
terpretación realizada por la Corte Suprema estadounidense se basa, principalmente,
en precedentes de arbitrajes internos, omitiendo analizar los precedentes en materia
de arbitraje internacional, y más concretamente, en materia de inversiones interna-
cionales, máxime cuando el principal argumento utilizado por la Corte para aceptar
la causa consistió en la “importancia que reviste la cuestión para el arbitraje comercial
internacional” (9).
Si bien celebramos toda decisión judicial en la que se adopte una posición clara a
favor del arbitraje, tal vez mediante una aplicación tácita del principio de derecho del
(7) En realidad, la Corte Suprema utiliza la oportunidad que ofrece este caso para precisar una
vez más que los árbitros son competentes para dirimir las cuestiones relativas a la procedural arbi-
trability, sin que esa decisión sea examinada en cuanto al fondo por los jueces, y que las cuestiones
de substantive arbitrability deben ser decididas por los jueces, para así evitar que las partes puedan
verse forzadas a recurrir al arbitraje, si así no lo hubiesen acordado.
(8) Véase “BG Group Plc. v. Republic of Argentina”, cit., p. 14 (Voto de la mayoría): “Así pues, en
el mismísimo tratado se autoriza a recurrir a instituciones administradoras de arbitrajes interna-
cionales, en cuyos reglamentos se dispone que los árbitros serán competentes para interpretar este
tipo de disposiciones. Art. 8 3) (en el que se establece que las partes pueden acordar someter una
controversia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI) o a
árbitros que se designarán de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI,)); en el mis-
mo sentido, Reglamento de la CNUDMI, Art. 23) 1)) (rev. ed. 2010 ) (‘Art. 23) 1)): El tribunal arbitral
estará facultado para decidir acerca de su propia competencia’)”.
(9) Véase “BG Group Plc. v. Republic of Argentina”, cit., p. 5.
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arbitraje transnacional (10) denominado favor arbitrandum (11), también es válido se-
ñalar que ello no debe hacerse a cualquier costo, especialmente si tal posición trae apa-
rejada la no aplicación de normas claras y precisas del derecho internacional público,
en general, y del derecho de los tratados, en particular. En efecto, en el análisis realizado
por la Corte Suprema se prescinde de la aplicación de las normas relativas a la inter-
pretación de los tratados, previstas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los
Tratados, de 1969 (12). Así pues, podría considerarse que ese desinterés por la aplica-
ción de normas de derecho internacional público en un terreno como el del arbitraje de
inversiones, que constituye el ámbito común, por excelencia, en que los sistemas jurídi-
cos internacional y transnacional interactúan, no contribuye a fortalecer la articulación
que debe existir entre estos (13), ni a armonizar el derecho transnacional del arbitraje,
incluido naturalmente, el arbitraje de inversiones, en detrimento de los esfuerzos que a
tales efectos vienen desplegando jueces de diferentes Estados, árbitros provenientes de
los más diversos sistemas jurídicos y numerosas organizaciones internacionales, cuyo
mandato consiste en la armonización y/o uniformización del derecho mercantil inter-
nacional, incluido el Reglamento de la CNUDMI sobre la Transparencia en los Arbitra-
jes entre Inversionistas y Estados en el marco de un Tratado (14).
(10) En el presente ensayo se parte de la premisa de que se acepta la existencia de un sistema
jurídico transnacional, diferente del sistema jurídico nacional y del internacional, puesto que toda di-
gresión, por más acotada que fuera, sobre tal problemática, rebasaría los límites del presente ensayo.
(11) Así, el principio rector más importante del arbitraje internacional que se ha desarrollado
en las últimas décadas es el principio de favor arbitrandum, que no es más que la extrapolación a
nivel transnacional de una fuerte tendencia doctrinal, jurisprudencial y normativa en favor de la
ampliación de los limites a los que puede verse confrontado el arbitraje como método de resolu-
ción de conictos por excelencia. Véase, en este sentido, HANOTIAU, Bernard, “L’arbitrabilité et la
favour arbitrandum: un réexamen”, Journal de droit international, n. 4, oct.-dez. 1994, p. 899; “Par
l’eet d’une politique générale de faveur envers l’arbitrage, l’ordre public recule et la compétence
de l’arbitre s’arme. Toute l’é volution du droit de l’arbitrage international moderne tend en eet à
reconnaître la compétence de l’arbitre dans les domaines touchant à l’ordre public. Le principe de-
vient la validité de la convention d’arbitrage et l’exception la nullité pour contrariété à l’ordre public”.
(12) Sobre la interpretación de los tratados de conformidad con la Convención de Viena de
1969, véase, MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev., actual. y ampl. Río de
Janeiro: Forense, 2014, p. 263-281.
(13) Véase en este sentido, GAILLARD, Emmanuel, “L’ordre juridique arbitral: réalité, utilité et
spécicité”. Conférence commémorative John E.C. Brierley. McGill Law Journal, vol. 55, 2010, p. 906-
907: “(…) le droit international et le droit de l’arbitrage ont aujourd’hui un territoire commun, celui de
la protection d’investissements internationaux, qu’elle s oit ou non fondée sur un traité. (…) Les rela-
tions privées relevant des transactions internationales (y compris celles qui impliquent l'État agissant
en tant que commerçant ou en tant que contrepartie d’un investisseur opérant sur son territoire) ont
le même besoin que les relations entre États d’être appréhendées par une vision dépassant la pers-
pective de chaque droit interne ou se contentant de constater la dispersion des solutions des ordres
juridiques nationaux. Plutôt que dans une logique de concurrence, l’ordre juridique arbitral et l’ordre
juridique international devraient pouvoir s’articuler dans une logique de complémentarité”.
(14) Véase por ejemplo, el Reglamento de la CNUDMI sobre la transparencia en los Arbitrajes
entre Inversionistas y Estados en el marco de un Tratado, de re ciente aprobación, (fecha de entrada
en vigor: 1º de abril de 2014), disponible en:
arbitration/2014Transparency.html>.
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En el presente ensayo trataremos de demostrar que una postura que favorezca
al arbitraje a ultranza, en detrimento de las normas de derecho internacional gene-
ral, puede terminar teniendo repercusiones negativas en el ámbito internacional y/o
transnacional, en cuyo marco interactúan tanto Estados soberanos como personas
jurídicas (físicas o de existencia moral). Por consiguiente, nos proponemos, dentro
de los acotados límites del presente artículo, analizar la decisión de la Corte desde un
punto de vista lo más amplio posible, que comprenda tanto al derecho internacional
público como al derecho transnacional del arbitraje, ponderando así los benecios y
las desventajas de centrar la atención en un solo aspecto de la gran variedad de nor-
mas jurídicas de los sistemas jurídicos nacional, internacional y transnacional que
están en juego en este tipo de procesos.
En efecto, se procurará demostrar que la cuestión que debió concitar la mayor aten-
ción de la Corte Suprema no gira en torno a la arbitrabilidad de la controversia ni a la
aplicación del principio de Kompetenz-Kompetenz, sino más bien a determinar cuál es
la naturaleza jurídica, desde el punto de vista del derecho internacional general, de una
disposición relativa al arbitraje prevista en un tratado bilateral de inversiones. A este res-
pecto, adherimos en gran medida a las reexiones del voto en disidencia, emitido por
el Juez Roberts (véase infra), al tiempo que trataremos de profundizar dicha línea de ra-
zonamiento mediante la formulación de diversas hipótesis que nos permitan dilucidar
si tales disposiciones relativas al arbitraje, cuando se encuentran sujetas a condiciones,
como en el caso objeto de examen, constituyen o no un acuerdo de arbitraje.
En última instancia, la interrogante a la que trataremos de responder consiste en
saber si posiciones contrapuestas, como las expresadas en el voto mayoritario y en
el voto en disidencia, pueden conciliarse para así jerarquizar aun más la institución
del arbitraje a nivel internacional y/o transnacional, o si tales razonamientos siguen
caminos paralelos que nunca se cruzarán para conuir en un denominador común.
2. Análisis de los fundamentos del voto de la mayoría
Antes de pasar a analizar los fundamentos en los que se basó el voto de la mayo-
ría, ha de vericarse lo establecido en el Art. 8) 1) y 2), del Tratado, celebrado el 11
de diciembre de 1990, entre el Gobierno del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda
del Norte y el Gobierno de la República Argentina para la promoción y protección de
inversiones (15), que es la disposición en torno a la cual giró la controversia entre BG
Group y la Argentina: Así, en dicho artículo se dispone lo siguiente:
“Artículo 8º
Solución de controversias entre un inversor y el Estado receptor
1) Las controversias relativas a una inversión que surjan, dentro de los términos de este Con-
venio, entre un inversor de una Parte Contratante y la otra Par te Contratante, que no sean
dirimidas amistosamente, serán sometidas a solicitud de cualquiera de las partes en la con-
troversia a decisión del tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio la
inversión se realizó.
(15) Cit. nota 1.
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2) Las controversias arriba mencionadas serán sometidas a arbitraje internacional en los si-
guientes casos:
a) a solicitud de una de las partes, en cualquiera de las circunstancias siguientes:
i) cuando, luego de la expiración de un plazo de dieciocho meses contados a partir del
momento en que la controversia fue sometida al tribunal competente de la Parte
Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, dicho tribunal no haya emiti-
do una decisión denitiva;
ii) cuando la decisión denitiva del tribunal mencionado haya sido emitida pero las
partes continúen en disputa;
b) cuando la Parte Contratante y el inversor de la otra Parte Contratante así lo hayan con-
venido (…)”.
En primer lugar, cabe destacar una vez más, que la disposición citada forma parte
de un tratado internacional entre dos potencias extranjeras (el Reino Unido y la Ar-
gentina). Ello signica que no se trata de un instrumento internacional entre personas
físicas y/o jurídicas de carácter privado, sino entre dos personas jurídicas de derecho
público. Por otra parte, todo lo que se reere a la interpretación de dicha cláusula
convencional debe basarse en las normas sobre la interpretación de los tratados que
guran en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969 (Art. 31
a 33), que también son válidas, para los Estados que no raticaron dicha convención,
como los Estados Unidos, al tratarse de una costumbre internacional cristalizada en
una norma de carácter convencional (16).
Como se desprende de la lectura del texto, las controversias relativas a una inver-
sión realizada por un inversor de una Parte Contratante (en este caso, el BG Group,
sociedad constituida en el Reino Unido) y la otra Parte Contratante (en este caso, la
Argentina), solo podrán someterse a arbitraje internacional, a solicitud de una de las
partes, cuando i) luego de la expiración de un plazo de dieciocho meses contados a
partir del momento en que la controversia fue sometida al tribunal competente de
la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó la inversión, dicho tribunal no haya
emitido una decisión denitiva, o ii) cuando la decisión denitiva del tribunal men-
cionado haya sido emitida pero las partes continúen en disputa (Art. 8) 2) a) i) y ii). Sin
embargo, en el Art. 8) 2) b) del Tratado se establece una excepción a la prescripción
relativa a la sustanciación del reclamo en sede judicial del Estado receptor: cuando la
Parte Contratante y un inversor de la otra Parte Contratante así lo decidan, vale decir,
cuando de común acuerdo, recurran a la vía arbitral, en cuyo caso, la prescripción
relativa a la sustanciación previa del reclamo en sede judicial prevista en el Art. 8) 2)
a) i), ya no sería exigible.
Esas son, por lo tanto, las premisas jurídicas, establecidas libremente por el Reino
Unido y la Argentina en el Tratado celebrado el 11 de diciembre de 1990, sobre las
cuales la Corte Suprema de los Estados Unidos se basó para dictar la sentencia de fe-
cha 5 de marzo de 2014 en la causa “BG Group plc v. Republic of Argentina”.
Una vez que se comprendieron estas cuestiones preliminares, entonces, podemos
pasar a analizar la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, con sus acier-
(16) A este respecto, véase. MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados, op.cit. p. 41.
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tos y desaciertos, especialmente, en vista de la importancia que reviste el arbitraje
internacional como método de resolución de controversias en la actualidad.
2.1. Objeto de la decisión judicial: ¿acuerdo de arbitraje internacional o
tratado internacional?
Cabe señalar que el voto de la mayoría en la sentencia dictada por la Corte Supre-
ma fue emitido por el juez Breyer, y son los argumentos allí expresados los que serán
objeto de análisis en los párrafos subsiguientes. Este magistrado presentó la cuestión
que debía dirimirse en los siguientes términos:
“A n de responder a la interrogante planteada, este tribunal, en un principio,
tratará el documento que tiene ante sí como si se tratase de un contrato corriente
entre personas físicas y/o jurídicas de carácter privado. En caso de que fuese así, en-
tonces llegamos a la conclusión de que la cuestión debe ser dirimida por los árbitros.
Acto seguido, pasamos a determinar si el hecho de que el documento en cuestión es
un tratado supone un cambio fundamental en el presente análisis. Sin embargo, la
conclusión a la que llegamos es que ello no conlleva ningún cambio”.
Ante todo, cabe señalar que no se comprende muy bien cómo el magistrado pue-
de partir de la premisa de que un tratado internacional es equiparable a un contrato
entre personas físicas y/o jurídicas de carácter privado. Así pues, resulta obvio que si
se parte de una premisa tan equivocada como esa, la conclusión a la que se llegará; y
el Juez Roberts, en su voto en disidencia, al cual también adhirió el Juez Kennedy (17),
no dejó de poner en evidencia ese detalle, será también totalmente equivocada, para
no decir carente de todo sustento jurídico. Si se tratase de un contrato personas fí-
sicas y/o jurídicas de carácter privado, los árbitros estarían habilitados para decidir
la cuestión, como efectivamente sucedió, rechazando la necesidad de recurrir, como
primera medida, a un tribunal competente argentino para luego poder iniciar el pro-
ceso arbitral, motivo por el cual el Tribunal de Apelaciones del Circuito del Distrito de
Columbia no podría haber revocado la decisión del Tribunal de primera instancia que
había conrmado el laudo arbitral por el que se condenó a la Argentina a pagar 185,3
millones de dólares estadounidenses a BG Group (18). Sin embargo, dado que no se
trata de un contrato, sino por el contrario, de un verdadero tratado internacional que
se encuentra vigente entre dos Estados soberanos, la conclusión a la que habría de
llegarse debería ser completamente opuesta: la decisión del Tribunal de Apelaciones
que revoca el decisorio del Tribunal de primera instancia, que conrmó el laudo, es
válida; dado que el laudo no fue conrmado judicialmente, sobre la base de la Con-
vención de Nueva York de 1958 y de la Ley Federal de Arbitraje, la Argentina se en-
(17) Véas e, “BG Group plc v. Republic ofArgentina”, cit.; voto en disidencia del Juez Roberts, p. 1-2.
(18) Véase, “BG Group Plc. v. Republic of Argentina”, cit., p. 14: “Así, la interpretación y aplica-
ción de la prescripción relativa a la sustanciación del reclamo en sede judicial del Estado receptor,
corresponde, en primer lugar, a los árbitros. E l Tribunal de apelaciones no podrá revisar la decisión
de los árbitros mediante un nuevo examen de fondo. Por el contrario, la revisión judicial deberá
tener debidamente en cuenta lo decidido por aquellos”.
202
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
contraría exenta de realizar el pago que se ordena en el laudo, a menos que BG Group
iniciase una demanda ante un tribunal argentino y, trascurridos 18 meses de incoada
dicha acción, dé inicio a un nuevo proceso arbitral internacional.
Conviene observar, una vez más, que la sociedad BG Group sólo pudo iniciar un
proceso arbitral para solicitar una indemnización por los perjuicios sufridos, porque
dos Estados soberanos, a saber, el Reino Unido y la Argentina, le conrieron esa ven-
taja por el hecho de ser una sociedad constituida una de las Partes Contratantes (el
Reino Unido). A priori, esa posibilidad de recurrir a un proceso arbitral no habría exis-
tido, si esos dos Estados soberanos no hubiesen celebrado el Tratado.
No era en absoluto necesario, que la Corte Suprema, para dirimir la cuestión
planteada, expresase que trataría el documento que tenía ante sí como si “fuese” un
contrato entre personas físicas o jurídicas de carácter privado. Hubiese bastado con
comprobar que en el Art. 8) 2) b) del Tratado, se autoriza a una Parte Contratante y a
un inversor de la otra Parte Contratante a decidir (expresa o tácitamente) recurrir a la
vía arbitral, que fue lo que en cierto modo sucedió en este caso, puesto que, BG Group
requirió el inicio de un proceso arbitral en 2003 y la Argentina, al menos tácitamente,
aceptó dicha solicitud, dado que participó en el nombramiento de los árbitros y con-
vino en que la ciudad de Washington, DC, fuese la sede de arbitraje. De este modo, la
Argentina, según nuestro entender, “no exigió el cumplimiento” de la cláusula según
la cual “[l]as controversias arriba mencionadas serán sometidas a arbitraje internacio-
nal (...) a) a solicitud de una de las partes (...) i) cuando, luego de la expiración de un
plazo de dieciocho meses contados a partir del momento en que la controversia fue
sometida al tribunal competente de la Parte Contratante en cuyo territorio se realizó
la inversión, dicho tribunal no haya emitido una decisión denitiva” (Art. 8) 2) a) i).
Tampoco era necesario haber utilizado algunos argumentos doctrinales -erróneos
para el caso objeto de examen, puesto que la cuestión versaba sobre de un tratado
entre Estados soberanos y no sobre un contrato entre personas físicas o jurídicas de
carácter privado- en el sentido de que la observancia de los mecanismos de índole
procedimental que guran en un acuerdo de arbitraje (o en un acuerdo bilateral de
inversiones) por lo general no constituye un requisito previo de carácter procedimen-
tal, así como que tales cláusulas imponen una pesada carga a la parte que intenta
iniciar un proceso arbitral, contando con bajas probabilidades de llegar a un acuerdo
respecto de la controversia. Por otra parte, cabe señalar que las partes deben cumplir
las disposiciones de un tratado, sin que sea necesario aducir que no constituyen un
“requisito previo de carácter procedimental”, o que tales cláusulas imponen “una pe-
sada carga para una parte”, etc. Cabe señalarlo una vez más: el acuerdo entre el Reino
Unido y la Argentina no es un acuerdo de arbitraje, sino un tratado internacional entre
dos Estados soberanos, cuyas normas son obligatorias, entre otras normas, en virtud
de la primera parte del Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tra-
tados de 1969 (19).
(19) Cita literal: “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como
justicación del incumplimiento de un tratado”.
203
Jurisprudencia
2.2 ¿Aplicación de presunciones judiciales de derecho interno en relación con
un tratado internacional?
Otra crítica de la que puede ser objeto la decisión de la Corte Suprema de los Es-
tados Unidos se relaciona con la aplicación por parte de dicho Tribunal de presuncio-
nes judiciales basadas en decisiones de derecho interno para dirimir una cuestión que
atañe a un tratado internacional. Ello sucede en varios países, aunque no puede ser
una constante en las decisiones de una Corte Suprema. Las cuestiones relacionadas
con el derecho de los tratados han de resolverse de conformidad con las normas del
derecho internacional público, en especial, de la Convención de Viena sobre el Dere-
cho de los Tratados de 1969, convención esta que, a pesar de no tener valor jurídico en
los Estados Unidos como derecho convencional, habida cuenta de que aún no ha sido
raticada por dicho país, sí puede hacerse valer como una norma de derecho consue-
tudinario en materia de tratados, como así lo reconoce el propio Departamento de
Estado de los Estados Unidos (20).
Sin embargo, el Juez Breyer, no lo entendió de ese modo y procedió a aplicar las
presunciones establecidas en el ordenamiento jurídico interno de los Estados Unidos,
aunque el objeto de la controversia se relacionase con un tratado internacional, al
expresar que:
“Cuando se pide a un tribunal federal, como sucede en las presentes actuacio-
nes, que interprete esa intención en el marco de un proceso en el que una parte pre-
tende anular y la otra conrmar un laudo dictado en virtud de la Ley de Arbitraje
Federal (Federal Arbitration Act), dicho tribunal deberá aplicar, normalmente,
las presunciones establecidas en la legislación estadounidense” [sin cursivas en el
original].
Tan solo cabe recordar, que las partes al solicitar tanto la conrmación como la
nulidad del laudo arbitral, también fundaron sus argumentos en la Convención so-
bre el Reconocimiento y la Ejecución de las Sentencias Arbitrales Extranjeras (Nueva
York, 10 de junio de 1958), la cual pasó, según parece, a tener menos valor que la Ley
de Arbitraje Federal (Federal Arbitration Act), a pesar de que es mediante esa conven-
ción que se autoriza a aplicar la legislación interna para resolver cuestiones relativas a
la arbitrabilidad de la controversia.
No sería para nada censurable la utilización de presunciones establecidas en la
legislación interna estadounidense si se tratara de dirimir una controversia relativa
a un contrato entre personas físicas y jurídicas de carácter privado, porque incluso
a la luz del Art. III de la Convención de Nueva York de 1958, “cada uno de los Es-
tados Contratantes reconocerá la autoridad de la sentencia arbitral y concederá su
ejecución de conformidad con las normas de procedimiento vigentes en el territorio
donde la sentencia sea invocada, con arreglo a las condiciones que se establecen en
(20) A este respecto, véase la información que gura en: U.S. Department of State, Diplomacy in
Action, en: . El sitio Web fue visitado por última
vez el 11.09.2014.
204
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
los artículos siguientes.” [Sin cursivas en el original]. Es evidente que, Corte Suprema
al haber partido de una premisa falsa, a saber, que el documento objeto de análisis
debe ser analizado como si fuese un contrato entre personas físicas y/o jurídicas de
carácter privado, no pudo llegar a una conclusión correcta. De ello se desprende que,
la armación que se realiza en el voto de la mayoría, sobre la base del fallo Sullivan
v. Kidd, 254 U.S. 433 (1921), en el sentido de que “los tratados deben interpretarse de
conformidad con los principios que rigen la interpretación de los contratos”, carece de
sentido; si fuese así no existiría toda una sección - la Sección tercera de la Parte III - de
la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, dedicada a la “Interpreta-
ción de los Tratados” (Arts. 31 a 33).
En este orden de ideas, cabe señalar que la Corte decide rechazar el argumento de
la Argentina en el sentido de que los árbitros excedieron sus atribuciones al resolver
que el Decreto del Poder Ejecutivo por medio del cual se establecía una suspensión de
los procesos judiciales por un plazo de 180 días conducían necesariamente a un resul-
tado “absurdo e irrazonable”, y por lo tanto, exoneraban a BG Group del cumplimiento
de la prescripción relativa a la sustanciación del reclamo en sede judicial del Estado
receptor. En efecto, la Corte sostiene que:
“Si bien este Tribunal no tendría necesariamente que interpretar que esas me-
didas tornan el requisito de agotamiento de recursos internos “absurdo e irrazona-
ble”, al mismo tiempo, no podemos armar que las resoluciones de los árbitros es-
tán prohibidas por el Tratado. Así, los árbitros no ‘se apartaron de la interpretación
y aplicación del acuerdo’ ni de ninguna otra manera ‘impusieron efectivamente
‘su propia justicia.’ Véase Stolt-Nielsen S. A. v. AnimalFeeds Int’l Corp., 559 U. S.
662, 671 (2010) (en donde se resolvió que solo cuando un árbitro realiza un acto
semejante “‘el laudo que dicte podrá no tener fuerza ejecutoria’ (con cita del fallo
Major League Baseball Players Assn. v. Garvey, 532 U. S. 504, 509 (2001) (decisión
unánime)).”
Sin embargo, ha de señalarse la contradicción en la que incurre la Corte Suprema
en su razonamiento al conrmar la decisión del Tribunal Arbitral -que a su vez, se
basa en el Art. 32 de la Convención de Viena- a partir de precedentes jurispruden-
ciales en los que no está en juego la interpretación de un tratado ni de normas de
aplicación inmediata (lois de police) de un Estado soberano. Por otra parte, también
cabe destacar que ni el Tribunal Arbitral ni la Corte citan correctamente el Art. 32
b) de la Convención de Viena, muy probablemente por inadvertencia, o tal vez por-
que su citación correcta podría menoscabar la solidez de sus argumentos. En efecto,
los árbitros aplican el Art. 32) b) de la Convención de Viena, omitiendo al citar di-
cha disposición el término (adverbio) “maniestamente” que calica a los adjetivos
“absurdo e irrazonable” (21). Cabría preguntarse, pues, si dicha omisión no supone
una desvirtuación del espíritu de la disposición objeto de análisis. La introducción del
(21) Para obtener mayores detalles sobre la interpretación del Art. 32 de la Convención de Vie-
na sobre el Derecho de los Tratados, véase, MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados,
cit., p. 269-272.
205
Jurisprudencia
término “maniestamente” presupone que el juez o, en su caso, el árbitro encargado
de analizar la disposición de que se trate debe tan solo realizar un examen escueto,
superuo de la cuestión para poder llegar a la conclusión de que una determinada
interpretación de una disposición de un tratado conducirá a un resultado “absurdo e
irrazonable”. Por el contrario, la eliminación del término “maniestamente” conlleva
un análisis más profundo de la cuestión, que es lo que sucedió en el marco del laudo
arbitral. Así, los árbitros, para poder llegar a la conclusión de que la aplicación del De-
creto del Poder Ejecutivo núm. 214/2002, que tenía como nalidad limitar el acceso a
la vía judicial por un plazo de 180 días, conduciría a un resultado absurdo e irrazona-
ble debieron realizar un examen pormenorizado de las implicancias del mismo. Sin
embargo, también podría argüirse que la suspensión de los procesos judiciales por
un plazo de 180 días, en el marco de un plazo mucho mayor, como es el previsto en el
Art. 8 2) a) i) del tratado bilateral de inversiones entre el Reino Unido y la Argentina,
que se extiende por 18 meses, no conduce a un resultado “maniestamente” absurdo
e irrazonable, máxime tratándose de la interpretación de normas de emergencia del
Estado receptor. En cualquier caso, nos parece acertado reparar en las implicancias
que trae aparejadas la omisión del adverbio “maniestamente” en la interpretación
de la cuestión, puesto que esta constituye el elemento central para desentrañar la ver-
dadera naturaleza jurídica de la prescripción relativa a la sustanciación del reclamo
en sede judicial del Estado receptor, para luego poder iniciar un proceso arbitral. Sin
embargo, la Corte Suprema no solo pasó por alto dicha omisión, sino que también la
convalidó, soslayando así la importancia de realizar una correcta interpretación de las
normas de la Convención de Viena relativas a la interpretación de los tratados, lo que
podría calicarse, por lo menos, de paradójico.
2.3. Consideraciones sobre las implicancias del principio de Kompetenz-
Kompetenz
Tal como lo expresamos anteriormente, celebramos que, según la opinión de cier-
ta corriente doctrinaria, la Corte Suprema a través de la decisión objeto de análisis,
haya contribuido a fortalecer, aunque de forma indirecta, el principio de Kompetenz-
Kompetenz en el derecho estadounidense. En efecto, el fortalecimiento de dicho prin-
cipio se produciría como consecuencia de que en el voto de la mayoría se sostuvo que
la incorporación del Reglamento de arbitraje de la CNUDMI en el tratado, presupon-
dría que los árbitros serán competentes para decidir cuestiones como la que se exa-
mina en el presente caso, a saber, cuáles son las consecuencias de la inobservancia de
la prescripción del Art. 8 2) a) i) del Tratado. A ese respecto, la Corte Suprema decidió
que:
“Así pues, en el mismísimo tratado se autoriza recurrir a instituciones admi-
nistradoras de arbitrajes internacionales, en cuyos reglamentos se dispone que los
árbitros serán competentes para interpretar este tipo de disposiciones. Art. 8 (3)
(en el que se establece que las partes pueden convenir en someter una contro-
versia al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones
(CIADI) o a árbitros que se designarán de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI)); en el mismo sentido, Reglamento de la CNUDMI, Art. 23 1) (rev. ed.
206
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
2010 ) (‘Ar t. 231): El tribunal arbitral estará facultado para decidir acerca de su pro-
pia competencia’); Convenio CIADI, Reglamento y Reglas, Art. 41 1) (ed. 2006) (‘El
tribunal resolverá su propia competencia’). Cf. Howsam, supra, pág. 85 (en donde
se tiene debidamente en cuenta la incorporación por las partes del Código de Ar-
bitraje de la Asociación Nacional de Empresas de Corretaje en Valores Mobiliarios
(National Association of Securities Dealers’ (NASD) Code of Arbitration) al con-
trato, en el que se estipulaba una competencia de similares características, como
prueba de que la intención de las partes era que los árbitros tuviesen competencia
para “interpretar y aplicar las reglas relativas a los plazos del NASD)”.
Sin embargo, la referencia que realiza la Corte Suprema al Art. 8) 3) del Tratado no
contribuye a la dilucidación de la cuestión controvertida en estas actuaciones. Ha de
señalarse que dicha disposición se relaciona con el Art. 8) 2) b) del Tratado en el que se
prevé la vía arbitral para el supuesto en que las partes así lo hayan convenido. Empero,
las partes no celebraron ningún acuerdo al respecto. Por ende, esa cláusula no es apli-
cable, y parecería que nada aporta su análisis a la resolución de la verdadera cuestión
controvertida. Por el contario, el análisis que realiza la Corte Suprema de las consecuen-
cias jurídicas que traen aparejadas la incorporación, por referencia, del Reglamento de
Arbitraje de la CNUDMI, sirve para reforzar su decisión de no apartarse de las presun-
ciones habituales en materia de arbitraje (interno) establecidas en precedentes como el
citado fallo “Howsam”. Por consiguiente, de ello se sigue que la supuesta rearmación
del principio de Kompetenz-Kompetenz solo alcanzaría a casos de arbitraje interno, lo
que no es censurable en absoluto, pero poco parece contribuir a la resolución de un
caso de arbitraje de inversiones entre un Estado soberano y un persona física o jurídica
de otro Estado. Tal vez, hubiese sido más conveniente rearmar tal principio en el mar-
co de otra causa en la que no se dirimiese una cuestión relativa a un arbitraje de inver-
siones. En ese sentido, es de destacar que existen varios precedentes jurisprudenciales
estadounidenses sobre la cuestión de la incorporación de reglamentos de arbitraje y sus
consecuencias jurídicas, de modo que la Corte podría haber pasado por alto el análisis
de esa cuestión, que no resulta pertinente al caso que nos ocupa (22).
(22) Véase en este sentido, los siguientes fallos en los que prácticamente todas los tribunales
de apelaciones que analizaron el tema consideraron que la incorporación del Reglamento de la
American Arbitration Association (AAA) constituye una prueba clara e inequívoca de que las par-
tes convinieron en someter a arbitraje la cuestión relativa a la arbitrabilidad. Véase, Petrofac, Inc.
v. DynMcDermott Petroleum Operations Co., 687 F.3d 671, 675 (5th Cir. 2012); Fallo v. High-Tech
Inst., 559 F.3d 874, 878 (8th Cir. 2009); Qualcomm Inc. v. Nokia Corp., 466 F.3d 1366, 1373 (Fed. Cir.
2006); Terminix Int'l Co. v. Palmer Ranch LP, 432 F.3d 1327, 1332 (11th Cir. 2005); Contec Corp. v.
Remote Solution Co., 398 F.3d 205, 208 (2d Cir. 2005). Un solo tribunal de apelaciones ha llegado a
una conclusión opuesta, a saber: Riley Mfg. Co. v. Anchor Glass Container Corp., 157 F.3d 775, 777
& n.1, 780 (10th Cir. 1998). En el Reglamento de Arbitraje de la AAA gura una disposición relativa
a la competencia que es similar a la establecida en el Art. 21 1) del Reglamento de Arbitraje de la
CNUDMI, y casi idéntica a la prevista en el Art.23 1) Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI. Las
conclusiones a las que llegaron el Tribunal del Segundo Distrito y del Circuito de Washington, DC,
relativas a la incorporación del Reglamento de Arbitraje de la CNUDMI guardan coherencia con las
opiniones mayoritarias sobre los efectos de la incorporación del Reglamento de Arbitraje de la AAA
en un convenio arbitral.
207
Jurisprudencia
2.4. La cond ición relativa al consentimiento: desinterés maniesto por la
aplicación de las normas de interpretación de los tratados de la Convención
de Viena de 1969
La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados es uno de los pocos tra-
tados en el mundo que tiene valor jurídico -bien como tratado, bien como costumbre
internacional cristalizada en una norma convencional- incluso para los Estados que
aún no la hayan raticado (23).
Estados Unidos rmó la Convención de Viena de 1969, el 24 de abril de 1970, pero
aún no la ha raticado (24). En efecto, en el Art. 18) a) de la Convención se estable-
ce que “[u]n Estado deberá abstenerse de actos en virtud de los cuales se frustren el
objeto y el n de un tratado, a) si ha rmado el tratado o ha canjeado instrumentos
que constituyen el tratado...”. Ello signica que con la rma de un tratado ya surgen
obligaciones para los Estados signatarios en el período comprendido entre su rma y
la futura raticación del mismo. Se trata de una obligación que los tribunales internos
deben conocer pero, lamentablemente, parece que no es así. Este argumento, sumado
al hecho de que la Convención se aplica en los Estados también como norma consue-
tudinaria cristalizada, hace suponer que para resolver una cuestión jurídica relacio-
nada con un tratado internacional no se puede conferir preeminencia a la legislación
interna de un Estado por sobre las disposiciones relativas al derecho de los tratados,
reconocidas por la sociedad internacional en su conjunto, como lo son las normas
establecidas en la Convención de Viena sobre el derecho de los Tratados.
Este maniesto desinterés por la aplicación de las normas de interpretación de los
tratados previstas en la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados de 1969
no parece resultar de utilidad para una Corte Suprema cuando debe decidir una cues-
tión relacionada con un tratado internacional. Es evidente que la legislación nacional
no ha sido concebida para resolver cuestiones sobre tratados, puesto que las normas
elaboradas por la comunidad internacional en su conjunto tienen un carácter mucho
más democrático y participativo, sobre todo si se trata de la Convención de Viena de
1969, que representa, en muchos aspectos, la costumbre internacional cristalizada en
materia de tratados internacionales.
A nuestro juicio, tampoco puede considerarse correcto el argumento que adujo
la Corte Suprema en el sentido de que “la prescripción relativa a la sustanciación del
reclamo en sede judicial del Estado receptor constituye una condición de naturaleza
esencialmente procedimental - una norma relativa a la tramitación de reclamos que
determina el momento oportuno en que puede iniciarse un proceso arbitral” (25),
en virtud del cual la interpretación de ese tipo de prescripciones corresponde que la
realicen, en primer término, los árbitros (y no así, los jueces).
(23) Véase, MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados, cit., p. 41.
(24) Véase, Vienna Convention on the Law of Treaties, Status as at: 20.09.2014. Puede consul-
tarse en: .
(25) Véase, “BG Group Plc. v. Republic of Argentina”, cit., p. 9.
208
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
La cuestión no debería haberse resuelto a partir de la inferencia de que se trataba
de una condición “de carácter eminentemente proce dimental”, puesto que cuando se
prevén tales condiciones en el marco de un tratado, también son fundamentalmente
obligatorias para los Estados Partes. La cuestión que se plantea en este contexto es la
siguiente: de conformidad con el Art. 8) 2) b) del Tratado, al ponerse de acuerdo las
partes en recurrir a un proceso arbitral, ¿deviene abstracta la prescripción estableci-
da en Art. 8) 1) de sustanciar el reclamo, en primer lugar, en sede judicial del Estado
receptor? Así, bien podría argüirse que fue precisamente eso lo que ocurrió entre la
Argentina y la sociedad BG Group; en efecto, cuando esta última inició el proceso arbi-
tral en 2003, la Argentina habría aceptado tal acto, tanto es así que participó en la de-
signación de los árbitros y en la selección de Washington, DC, como sede del arbitraje,
renunciando de ese modo a la cláusula general de admisibilidad relativa al arbitraje.
Como puede apreciarse, en el marco de la decisión objeto de análisis, no revis-
te importancia determinar si se trata de una condición “de carácter eminentemente
procedimental” o no. Así, cabe preguntarse cuáles serían los cambios que acarrea el
hecho de que efectivamente se trate de una condición de esa naturaleza. Es a todas
luces evidente que las disposiciones de un tratado entre las Partes Contratantes son
obligatorias (26). Lo que no advierte la Corte Suprema de los Estados Unidos es que
en el propio tratado se encuentra la solución al problema, si se toma en consideración
la disposición expresa del Art. 8) 2) b). A nuestro entender, hubiese bastado con inter-
pretar el tratado a la luz del Art. 31) 1) de la Convención de Viena de 1969, en el que
se establece que “[u]n tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido
corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y
teniendo en cuenta su objeto y n.” Así pues, si el objeto y n del tratado entre el Reino
Unido y la Argentina consistía en “crear condiciones favorables para un aumento de
las inversiones por parte de los inversores de un Estado en el territorio del otro Esta-
do” (27), parece evidente que el Estado Parte puede renunciar a la cláusula general
de admisibilidad prevista en el Art. 8) 1), cuando este “y el inversor de la otra Parte
Contratante así lo hayan convenido” (Art. 8) 2) b).
La cuestión, en denitiva, si se interpreta correctamente el tratado bilateral de
inversiones entre el Reino Unido y la Argentina, habría de resolverse de la siguiente
manera: mediante la disposición prevista en el Art. 8) 2) b) se permite que una de las
Partes Contratantes y un inversor de la otra Parte Contratante convengan espontánea-
mente (expresa o tácitamente) en someter la controversia a arbitraje, sin que sea ne-
cesario que previamente se sustancie el reclamo en sede judicial del Estado receptor
como condición de admisibilidad del arbitraje, en aplicación del principio transna-
cional de favor arbitrandum. Al actuar de ese modo, la Parte Contratante y el inversor
de la otra Parte Contratante se comprometen a delegar en los árbitros la competencia
para dirimir la controversia de que se trate.
(26) Véase, el Art. 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados.
(27) Véase el Convenio entre el Gobierno de la República Argentina y el Gobierno del Reino Uni-
do de Gran Bretaña e Irlanda del Norte para la Promoción y la Protección de Inversiones, cit. nota 1.
209
Jurisprudencia
Si bien la Corte Suprema de los Estados Unidos ha llegado, por coincidencia, a
la misma conclusión, el camino recorrido no fue el correcto desde un punto de vista
jurídico. Cabría preguntarse entonces: ¿todos los caminos conducen a Roma? La res-
puesta sería armativa, pero no se puede dejar de resaltar que algunos caminos son
jurídicamente correctos, y otros no. Ir a Roma por la ruta adecuada, es lícito; ir a Roma
de contramano, no es lo más adecuado desde una perspectiva jurídica. Un tribunal
debe centrar su atención no solo en llegar a la solución justa, sino también hacerlo
sobre la base de un razonamiento jurídicamente correcto. En el caso que nos ocupa,
hubiese bastado con leer e interpretar correctamente el cristalino Art. 8) 2) b) del tra-
tado entre el Reino Unido y la Argentina para llegar, a nuestro entender, a esa decisión.
3. Análisis del voto en disidencia
El juez Roberts, presidente del Corte Suprema de los Estados Unidos, a cuyo voto
adhirió el Juez Kennedy, emitió el voto en disidencia. Por lo tanto, resulta conveniente
analizar dicho voto sobre la base de las críticas que allí se expresan respecto del voto
de la mayoría. Aun cuando el voto en disidencia se basa en fundamentos más adecua-
dos que los del voto de la mayoría, estimamos que dicho voto transitó solamente la
“mitad de camino”, como veremos más adelante (véase Sección 3.3, infra).
3.1. Crítica razonada del voto de la mayoría
En el voto en disidencia, reiteramos, se exponen argumentos más adecuados, a
nuestro parecer, que los expuestos en el voto de la mayoría, sobre todo porque el Juez
Roberts comprende que el documento que la Corte Suprema tiene ante sí es un tra-
tado celebrado entre Estados soberanos, y no así, un acuerdo de arbitraje, tanto más
cuanto que los inversores ni siquiera son partes en dicho instrumento internacional
(como realmente no podrían serlo al tratarse de acto convencional). De hecho, en los
primeros párrafos del voto en disidencia, se ironiza sobre la decisión a la que se llegó
en el voto de la mayoría, al subrayarse lo siguiente:
“Lo que esta Corte “tiene ante sí,” no es naturalmente un instrumento que pue-
da caracterizarse en absoluto de esa manera [vale decir, un contrato corriente en-
tre personas físicas y/o jurídicas de carácter privado]. Por el contrario, no se trata
sino de un tratado concertado entre dos naciones soberanas: el Reino Unido y la
Argentina. Ningún inversor es parte en el acuerdo. [...] No es de extrañar que, tras
haber comenzado a transitar por el camino equivocado, el voto de la mayoría lle-
gue al lugar equivocado” (28).
La observación, como ya se señaló anteriormente, es pertinente. En efecto, no se
alcanza a comprender las razones por las cuales la mayoría de la Corte Suprema de los
Estados Unidos entendió que el instrumento que tenían delante de sí era un contrato.
Como ya lo adelantamos, hubiese bastado con leer el instrumento para darse cuenta
de que se trataba de una norma convencional, es decir, de un tratado internacional de
inversiones, en cuyo Art. 8 se prevé simplemente la posibilidad de recurrir a la vía ar-
(28) Véase, “BG Group Plc. v. Republic of Argentina”; voto en disidencia del Juez Roberts, p. 1.
210
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bitral, siempre que se cumplan determinados requisitos, nada más que eso. Así, es so-
bre la base de esta premisa que la Suprema Corte de los Estados Unidos debería haber
dirimido la cuestión en examen, y no partiendo de la idea falsa e incongruente de que
se trataba de un contrato entre personas físicas y/o jurídicas de carácter privado que,
incluso, debía ser interpretado de conformidad con las normas internas de ese país.
3.2. Consideraciones críticas sobre el exceso formalismo terminoló gico del
voto de la mayoría
En otro orden de ideas, cabe señalar que la decisión del voto de la mayoría gira
en torno a dilucidar si el Art. 8) 2) a) i) constituye una condición relativa al consen-
timiento que debe prestar la Argentina para poder recurrir a la vía arbitral o si se trata
de una condición de carácter procedimental (una norma relativa a la tramitación de
reclamos). Así, esa “caracterización” de la disputa solo sirve para poder aplicar los
precedentes estadounidenses de carácter interno que establecen que cuando se trata
de una “condición relativa al consentimiento” son los jueces quienes tienen compe-
tencia -en primer lugar- para decidir la cuestión y cuando se trate de una “condición
de carácter procedimental” es entonces a los árbitros a quienes incube decidir -en
primer lugar- esa cuestión. Es por ello, que en el voto de la mayoría se llega a la con-
clusión que para tratarse de una condición relativa al consentimiento, las Partes (29)
deberían haber utilizado expresamente dicha palabra: “consentimiento” (30), y ante
(29) Respecto de la utilización de la palabra “Partes” en el Art. 8) 2) a) i y ii) nos permitimos
hacer una pequeña digresión. Debe ponerse de relieve que se utiliza el término “Partes” y no así
las “Partes Contratantes” como en el Art. 8. 2) b). Ello se debe a que en el primer caso, no se trata
de un acuerdo de arbitraje sino solamente de una “oferta unilateral permanente” (ciñéndonos a
los términos utilizados por el Juez Roberts en su voto en disidencia) que ambos países realizan
a persona “determinable”, vale decir, a una persona física y/o jurídica del Estado receptor. Por
lo tanto, no tendría sentido referirse concretamente al término “consentimiento” en esa etapa
previa a la formación del contrato, en donde solo existe una oferta, puesto que se sobreentiende
que el acuerdo de arbitraje solo quedará perfeccionado cuando la otra “Parte” preste su consen-
timiento a la oferta inicial, en los mismos términos en que fue formulada. Es de destacar, que en
el Art. 8) 2) b) se utiliza el término “Parte Contratante” e inversor, puesto que en este supuesto se
hace referencia a la posibilidad concreta de que el Estado receptor y el inversor (determinable)
convengan en recurrir a la vía arbitral. Por consiguiente, la presunción de derecho interno esta-
dounidense no corresponde exactamente a la situación que las Partes Contratantes previeron en
el Art. 8) 2) a) i).
(30) Véase “BG Group plc v. República Argentina”, cit., p. 3 (Resumen de las actuaciones - en
relación con el voto de la mayoría): “Empero, habida cuenta de que en el presente Tratado no se
dispone que la prescripción relativa a la sustanciación del reclamo en sede judicial del país receptor
(en lo sucesivo “la prescripción relativa a la sustanciación del reclamo en sede judicial”) sea una
condición que presuponga “prestar consentimiento” para el inicio de un proceso arbitral, el tribu-
nal no debe precisar cuál sería el efecto que tendría una prescripción en tal sentido. Así, el tribunal
no tiene por qué no limitarse a resolver que, ante la inexistencia, en el marco de un tratado, de una
disposición que indique que la intención de las partes ha sido conferir una delegación de autoridad
diferente, se aplica el razonamiento habitual en materia de interpretación. Págs. 10 a 13. […] En el
Tratado no gura disposición alguna que indique que la intención de las partes se contrapone a las
presunciones habituales respecto de quién debe decidir las cuestiones relativas al “criterio míni-
mo” para la procedencia o no del arbitraje. Tanto la redacción como la estructura de la prescripción
211
Jurisprudencia
su ausencia, la Corte decide que se trata de una cuestión puramente procedimental
que debe ser dirimida -en un primer momento- por los árbitros.
Sin embargo, el Juez Roberts, en su voto en disidencia, advierte esta cuestión al
armar que no existe razón alguna para que deba gurar una designación tan eviden-
te como “condición relativa al consentimiento”, puesto que la Corte, por lo general, no
exige que existan “palabras mágicas” en los tratados (31).
De lo precedentemente expuesto se desprende que, la atención del voto de la ma-
yoría parece más centrada en lograr que las relaciones jurídicas dimanantes de un tra-
tado internacional encuadrasen en las presunciones internas del derecho estadouni-
dense del arbitraje, que en analizar la cuestión desde una perspectiva transnacional o
verdaderamente internacional como lo amerita la causa objeto del presente análisis.
3.3. ¿Decisión a mitad de camino?
En el voto de la disidencia, a su vez, tampoco se advirtió que en el Art. 8) 2) b) del
tratado se permite que el inversor de un Estado Contratante y el otro Estado Contra-
tante podrá recurrir al arbitraje, independientemente de sustanciar el reclamo en sede
judicial del Estado receptor, sin que sea necesario esperar 18 meses a partir del mo-
mento en que se inició la controversia en sede judicial del Estado en cuyo territorio se
realizó la inversión.
Según lo expresado en el voto en disidencia, ello solo sería posible si el consen-
timiento se obtuviese “por medio de un acuerdo especíco” (32). Sin embargo, esto
no es así, puesto que en el Art. 8) 2) b) se prevé solamente que se podrá recurrir a la vía
arbitral “cuando la Parte Contratante y el inversor de la otra Parte Contratante así lo
hayan convenido”. Así, cabría preguntarse si ha de observarse alguna forma especíca
para la celebración de dicho acuerdo. Sin embargo, en la disposición objeto de análisis
se hace referencia a un acuerdo de partes, por lo que este puede ser expreso o tácito.
Como se puede constatar, en el voto en disidencia, se formuló un razonamiento
correcto en lo que atañe a la comprensión de que se está ante un tratado entre Estados
soberanos, y no ante un acuerdo de arbitraje entre personas físicas o jurídicas de ca-
rácter privado. En realidad, el tratado permite que se realice una “concesión” respecto
de la posibilidad de recurrir a la vía arbitral de conformidad con las condiciones en él
enumeradas, a saber: cuando se agotan los recursos internos, sin éxito, o cuando las
partes (el inversor y el Estado en el que se realizó la inversión) convienen en someter
la controversia a un proceso arbitral (que es lo que ocurrió en este caso, si bien la Ar-
establecida en el Art. 8 indican claramente que se trata de una condición procesal previa al inicio
de un proceso arbitral.
(31) Véase “BG Group plc v. Republic of Argentina”, cit., p. 3 (Voto de la disidencia), p. 6-7: “Sin
embargo, no existe razón alguna para considerar que deba exigirse una designación tan evidente
de dicha condición relativa al consentimiento, habida cuenta de que esta Corte, por lo general, no
exige que guren “palabras mágicas” en los tratados. Medellín v. Texas, 552 U. S. 491, 521 (2008)”.
(32) Ídem; voto en disidencia del Juez Roberts, p. 5.
212
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
gentina, en su contestación, sin que le asistiese la razón, negó que el tribunal arbitral
fuese competente conocer de la controversia).
En la medida que en el voto de la disidencia no se percibe la dicultad concreta
que establece el Art. 8) 2) b) del Tratado, se llega a la conclusión de que “le incumbe a
un tribunal judicial, y no a un árbitro” la competencia para resolver la cuestión, lo que
también resulta incorrecto. Por lo tanto, a pesar de haber mejorado sustancialmente
su razonamiento en comparación con el del voto de la mayoría, y de haber compren-
dido de más adecuadamente los conceptos jurídicos sobre los que gira la controversia,
el voto en disidencia transitó solamente la “mitad del camino”. Según nuestro parecer,
lo correcto habría sido entender que la facultad para recurrir a la vía arbitral provino
de la voluntad de las partes (es decir, del inversor y del Estado en cuyo territorio se
realizó la inversión), según reza el Art. 8) 2) b) del tratado bilateral de inversiones. A
pesar de que la Argentina, como se señaló, haya negado la “competencia” del tribunal
arbitral, lo cierto es que, dicho país, se mostró, de alguna manera, de acuerdo en re-
currir a la vía arbitral en el año 2003 y hasta participó en la selección de los árbitros y
en la selección de la sede del arbitraje, Washington DC, de lo que puede colegirse que
aceptó, si bien de forma indirecta, la facultad establecida en el Art. 8) 2) b) del Tratado.
4. Fundamentos disociados de las normas internacionales y transnacionales:
¿Una contraditio in terminis autorizada?
Como ya lo adelantamos a lo largo del presente artículo, los fundamentos que sir-
ven de sustento al fallo en análisis (tanto los expuestos en el voto de la mayoría, y en
cierta medida también, en el voto en disidencia) presuponen, a nuestro entender, una
contradicción en sí misma. En efecto, la aseveración de que un presunto acuerdo de
arbitraje es equiparable a un tratado internacional no constituye sino una contradic-
ción en sí misma. No obstante, esa contradicción parece verse autorizada por el n
último que persigue: otorgarle a la controversia planteada ante la Corte un encuadre
jurídico tal que permita la aplicación de las presunciones habituales en materia de
arbitraje basada en una miríada de precedentes jurisprudenciales, entre los que des-
tacan, First Options (33) y Howsam (34).
4.1. Complementariedad del derecho internacional público y del derecho
transnacional del arbitraje
Nadie podría soslayar el hecho de que, en los últimos tiempos, la interacción del
orden jurídico internacional y el orden jurídico transnacional ha venido cobrando cada
vez mayor visibilidad y robustez. Esa reexión es especialmente válida para la clase de
controversias como la planteada en el caso objeto de análisis. En efecto, la controversia
de la que conoció la Corte Suprema se originó en un pedido de anulación (por la parte
condenada) y de ejecución (por la parte vencedora) de un laudo denitivo dictado por
un tribunal arbitral ad hoc, formulados ante el Poder Judicial del país en el que se pro-
(33) Véase “First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan”, 514 U. S. 938, 942 (1995).
(34) Véase “Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc.”, 537 U. S. 79, 84 (2002).
213
Jurisprudencia
siguió el arbitraje (Estados Unidos de América), de conformidad con el Reglamento de
Arbitraje de la CNDUMI, versando la controversia sobre un arbitraje de inversiones en el
marco de un tratado bilateral de inversiones. Así pues, resulta palpable la interacción de
múltiples sistemas jurídicos en el marco de esta conjunto de decisiones y apelaciones.
La interrelación de los tres sistemas jurídicos es más que evidente. Más que eviden-
te también tendría que ser la aplicación armonizada de los principios dimanantes de
tales sistemas jurídicos que en los que conuyen normas de interpretación del derecho
internacional general, del derecho de los tratados (Convención d de Viena de 1969), las
normas de derecho transnacional del arbitraje y, en cierta medida, las normas proce-
sales del ordenamiento jurídico nacional en donde se dictan decisiones sobre el lau-
do y se interponen apelaciones. Sin embargo, en el presente caso se advierte que las
normas del ordenamiento jurídico interno tuvieron prevalencia absoluta por sobre las
normas internacionales y transnacionales, que en realidad, serían las más adecuadas
para resolver correctamente la cuestión planteada. Tales normas, además de haber sido
concebidas para dilucidar casos como el que nos ocupa, también comportan una extra-
polación de principios generales de derecho derivados de una gran cantidad de orde-
namientos jurídicos nacionales, entre los que se encuentran los de las Partes Contratan-
tes. Así pues, el desinterés por su aplicación al caso en análisis también menoscaba el
razonamiento de la Corte, que no obstante ello, llegó a una decisión acertada, pero por
el camino equivocado, abriendo así la puerta a que otros Tribunales inferiores se hagan
eco de la mecánica subyacente a tal razonamiento y lo apliquen en casos similares, con
el riesgo de que tal vez lleguen a un resultado equivocado.
4.2. Expectativas de las partes : ¿Qué función cumplen en un tratado interna-
cional de inversiones?
En otro orden de ideas, centramos ahora nuestra atención en un elemento esen-
cial en todo acuerdo de arbitraje, ya sea interno o internacional, a saber, las expectati-
vas de las partes. Como primera medida, deberíamos procurar saber si ese elemento,
que cumple una función crucial en el marco de un arbitraje entre personas físicas o
jurídicas, puede también revestir importancia para contribuir a una correcta interpre-
tación del Art. 8) 2) a) i) del tratado bilateral de inversiones entre el Reino Unido y la
Argentina.
De conformidad con el razonamiento expuesto en el voto de la disidencia, al que
adherimos plenamente en lo que atañe a esta cuestión concreta, parecería que dichas
expectativas no podrían cumplir una función muy relevante, ya que aún no se habría
perfeccionado el convenio arbitral. Por consiguiente, la frase “expectativas de las par-
tes” en este caso concreto, debería modicarse para así signicar “expectativas de las
Partes Contratantes”, vale decir, del Reino Unido y la Argentina. Siguiendo esta línea de
razonamiento, los precedentes jurisprudenciales citados en el voto de la mayoría (35)
tal vez revestirían importancia si la controversia versase sobre el Art. 8) 2) b) en el que sí
(35) Véase “BG Group plc v. República Argentina”, cit., p. 10 (Voto de la mayoría): Air France v.
Saks, 470 U. S. 392, 399 (1985); Wright v. Henkel, 190 U. S. 40, 57 (1903).
214
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
se prevé que las Partes en un contrato de arbitraje (vale decir, una Parte Contratante y el
inversor de la otra Parte Contratante) hayan convenido en recurrir a la vía arbitral. Pero
tal como también lo explica, incluso el Procurador General (de los Estados Unidos de
América), “la prescripción relativa a la sustanciación de un reclamo en sede judicial del
Estado receptor pued[e] ser ‘una condición por parte del Estado para prestar su consen-
timiento a n de celebrar un acuerdo de arbitraje’”.
Ahora bien, la decisión plasmada en el voto de la mayoría de rechazar el dictamen
del Procurador General, y de sostener que “[e]n general, un tratado es un contrato, si
bien celebrado entre naciones [...] [El énfasis ha sido añadido] [de modo que] su inter-
pretación consiste normalmente, como sucede con la interpretación de los contratos,
en determinar la intención de las partes” (36), no resultaría de gran utilidad para in-
terpretar el Art. 8) 2) a) i), en torno al cual gira el fallo objeto de análisis, puesto que,
como ya lo explicásemos, en este artículo el concepto de “partes” hace referencia a las
Partes Contratantes (el Reino Unido y la Argentina). Ello se debe a que mediante dicho
artículo no se perfecciona un acuerdo de arbitraje, sino que se formula una oferta uni-
lateral y permanente en favor de las partes “determinables” (o sea, los inversores de
algunos de los dos Estados soberanos), que solo dará lugar a un convenio de arbitraje,
una vez que dicha oferta haya sido aceptada por el inversor determinable, luego de
haber cumplido con las prescripciones o condiciones en él establecidas. Por consi-
guiente, las expectativas de las partes en este contexto no pueden servir de base para
interpretar un artículo de un tratado bilateral de inversiones, menos aun cuando el n
último de dilucidar la intención y/o expectativas de las partes conlleva la interpreta-
ción de un contrato (en este caso, de arbitraje) que nunca se perfeccionó.
5. Conclusión
La decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, del 5 de marzo de 2014,
recaída en las actuaciones “BG Group plc v. Republic of Argentina”, fue correcta: el ar-
bitraje entre BG Group y la Argentina fue declarado válido, conrmándose la condena
a pagar 185,3 millones de dólares. Sin embargo, como se ha demostrado a lo largo
del presente artículo, los fundamentos expresados la Corte Suprema de los Estados
Unidos en sustento de su decisión son totalmente erróneos. De hecho, en dicha de-
cisión, además de haberse confundido un contrato con un tratado internacional, por
una parte, y el derecho interno con el derecho internacional, por la otra, también se
presentaron fundamentos totalmente disociados de los principios y normas rectores
de las relaciones internacionales y transnacionales contemporáneas, de manera que
la decisión “correcta” de la Corte Suprema de los Estados Unidos no fue más que una
simple coincidencia, como sería si se hubiese dictado ciñéndose a las normas que el
derecho internacional, en general, y el derecho de los tratados, en particular, imponen
para la resolución de cuestiones similares.
¿Todos los caminos conducen a Roma? En el caso de “BG Group plc v. Republic of
Argentina” el camino seguido por la Corte Suprema de los Estados Unidos condujo al
(36) Ibid.
215
Jurisprudencia
resultado esperado, pero de una manera confusa y equivocada, a excepción, en parte,
del voto disidente emitido por el juez Roberts, al cual adhirió el Juez Kennedy. Así,
cabe señalar que varios caminos pueden conducir a Roma, empero, algunos son jurí-
dicamente correctos, y otros no. Ir a Roma por el camino correcto, es lícito; ir a Roma
en contramano, no es jurídicamente aceptable. Un tribunal debe realizar los mayores
esfuerzos para llegar a la solución correcta siempre por la vía adecuada desde un pun-
to de vista jurídico, en especial, cuando se trata de una Corte Suprema.
6. Referencias bibliográcas
GAILLARD, Emmanuel. “L’ordre juridique arbitral: réalité, utilité et spécicité”. Conférence com-
mémorative John E. C. Brierley. McGill Law Journal, vol. 55, 2010, p. 892-907.
HANOTIAU, Bernard, “L’arbitrabilité et la favour arbitrandum: un réexamen”. Journal de droit inter-
national, n. 4, oct.-dez. 1994, p. 899-966.
MAZZUOLI, Valerio de Oliveira. Direito dos tratados. 2. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Fo-
rense, 2014.
SCHREUER, Christoph. Consent to arbitration (Cap. 21). In: Muchlinski, Peter; Ortino, Federico
& Schreuer, Christoph (eds.). e Oxford Handbook of International Investment Law. Oxford:
Oxford University Press, 2008, p. 830-867.
DICTAMEN: CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR THE
DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT
No. 12-138.
Tribunal: SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
Fecha: Argued December 2, 2013—Decided March 5, 2014
Asunto: “BG GROUP PLC v. REPUBLIC OF ARGENTINA”
An investment treaty (Treaty) between the United Kingdom and Ar gentina authorizes a party
to submit a dispute “to the decision of the competent tribunal of the Contracting Party in whose
territory the investment was made,” i.e., a local court, Art. 8(1); and permits arbi tration, as relevant
here, “where, after a period of eighteen months has elapsed from the moment when the dispute
was submitted to[that] tribunal…, the said tribunal has not given its nal decision,” Art. 8(2)(a)(i).
Petitioner BG Group plc, a British rm, belonged to a consortium with a majority interest in Metro-
GAS, an Argentine entity awarded an exclusive license to distribute natural gas in Buenos Aires. At
the time of BG Group’s investment, Argentine law provided that gas “tar is” would be calculated
in U. S. dollars and would be set at levels sucient to assure gas distribution rms a reasonable
return. But Argentina later amended the law, changing (among other things) the calculation basis
to pesos. MetroGAS’ prots soon became losses. Invoking Article 8, BG Group sought arbitration,
which the parties sited in Washington, D. C. BG Group claimed that Argentina’s new laws and prac-
tices violated the Treaty, which forbids the “expropria tion” of investments and requires each nation
to give “fair and equi table treatment” to investors from the other. Argentina denied those claims,
but also argued that the arbitrators lacked “jurisdiction” to hear the dispute because, as relevant
here, BG Group had not com plied with Article 8’s local litigation requirement. e arbitration panel
concluded that it had jurisdiction, nding, among other things, that Argentina’s conduct (such as
also enacting new laws that hin dered recourse to its judiciary by rms in BG Group’s situation) had
excused BG Group’s failure to comply with Ar ticle 8’s requirement.
On the merits, the panel found that Argentina had not expropriated BG Group’s investment but
had denied BG Group “fair and equitable treatment.” It awarded damages to BG Group. Both sides
216
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
sought re view in federal district court: BG Group to conrm the award under the New York Conven-
tion and the Federal Arbitration Act (FAA), and Argentina to vacate the award, in part on the ground
that the arbitrators lacked jurisdiction under the FAA. e District Court conrmed the award, but
the Court of Appeals for the District of Co lumbia Circuit vacated. It found that the interpretation
and applica tion of Article 8’s requirement were matters for courts to decide de novo, i.e., without
deference to the arbitrators’ views; that the cir cumstances did not excuse BG Group’s failure to com-
ply with the re quirement; and that BG Group had to commence a lawsuit in Argen tina’s courts and
wait 18 months before seeking arbitration. us, the court held, the arbitrators lacked authority to
decide the dispute.
Held:
1. A court of the United States, in reviewing an arbitration award made under the Treaty, should
interpret and apply “threshold” provi sions concerning arbitration using the framework developed
for in terpreting similar provisions in ordinary contracts. Under that framework, the local litigation
requirement is a matter for arbitra tors primarily to interpret and apply. Courts should review their
in terpretation with deference. Pp. 6-17.
(a) Were the Treaty an ordinary contract, it would call for arbi trators primarily to interpret
and to apply the local litigation provi sion. In an ordinary contract, the parties determine
whether a par ticular matter is primarily for arbitrators or for courts to decide. See, e.g.,
Steelworkers v. Warrior & Gulf Nav. Co., 363 U. S. 574, 582. If the contract is silent on the
matter of who is to decide a “threshold” question about arbitration, courts determine the
parties’ intent using presumptions. at is, courts presume that the parties intended courts
to decide disputes about “arbitrability,” e.g., Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., 537 U. S.
79, 84, and arbitrators to decide dis putes about the meaning and application of procedural
preconditions for the use of arbitration, see id., at 86, including, e.g., claims of “waiver, de-
lay, or a like defense to arbitrability,” Moses H. Cone Me morial Hospital v. Mercury Constr.
Corp., 460 U. S. 1, 25, and the satisfaction of, e.g., “ ‘time limits, notice, laches, [or] estoppel,’
” How s am, 537 U. S., at 85. e provision at issue is of the procedural va riety. As its text
and structure make clear, it determines when the contractual duty to arbitrate arises, not
whether there is a contractu al duty to arbitrate at all. Neither its language nor other langua-
ge in Article 8 gives substantive weight to the local court’s determinations on the matters
at issue between the parties. e litigation provision is thus a claims-processing rule. It is
analogous to other procedural provisions found to be for arbitrators primarily to interpret
and ap ply, see, e.g., ibid., and there is nothing in Article 8 or the Treaty to overcome the
ordinary assumption. Pp. 7-9.
(b) e fact that the document at issue is a treaty does not make a critical dierence to this
analysis. A treaty is a contract between nations, and its interpretation normally is a matter
of determining the parties’ intent. Air France v. Saks, 470 U. S. 392, 399. Where, as here,
a federal court is asked to interpret that intent pursuant to a motion to vacate or conrm
an award made under the Federal Arbi tration Act, it should normally apply the presump-
tions supplied by American law. e presence of a condition of “consent” to arbitration in
a treaty likely does not warrant abandoning, or increasing the complexity of, the ordinary
intent-determining framework. See, e.g., Howsam, supra, at 83-85. But because this Trea-
ty does not state that the local litigation requirement is a condition of consent, the Court
need not resolve what the eect of any such language would be. e Court need not go
beyond holding that in the absence of lan guage in a treaty demonstrating that the parties
intended a dierent delegation of authority, the ordinary interpretive framework applies.
Pp. 10-13.
(c) e Treaty contains no evidence showing that the parties had an intent contrary to the or-
dinary presumptions about who should decide threshold arbitration issues. e text and
structure of Article 8’s litigation requirement make clear that it is a procedural condition
precedent to arbitration. Because the ordinary presumption applies and is not overcome,
217
Jurisprudencia
the interpretation and application of the provi sion are primarily for the arbitrators, and
courts must review their decision with considerable deference. Pp. 13-17.
2. While Argentina is entitled to court review (under a properly deferential standard) of the ar-
bitrators’ decision to excuse BG Group’s noncompliance with the litigation requirement, that review
shows that the arbitrators’ determinations were lawful. eir con clusion that the litigation provision
cannot be construed as an abso lute impediment to arbitration, in all cases, lies well within their in-
terpretative authority. eir factual ndings that Argentina passed laws hindering recourse to the
local judiciary by rms similar to BG Group are undisputed by Argentina and are accepted as valid.
And their conclusion that Argentina’s actions made it “absurd and unrea sonable” to read Article 8
to require an investor in BG Group’s posi tion to bring its grievance in a domestic court, before arbi-
trating, is not barred by the Treaty. Pp. 17-19.
BREYER, J., delivered the opinion of the Court, in which SCALIA, THOMAS, GINSBURG,
ALITO, and KAGAN, J. J., joined, and in which SO-TOMAYOR, J., joined except for Part IV-A-1.
SOTOMAYOR, J., led an opinion concurring in part. ROBERTS, C. J., led a dissenting opinion, in
which KENNEDY, J., joined.
Opinion of the Court
BG GROUP PLC, PETITIONER V. REPUBLIC OF ARGENTINA
ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR
THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT
March 5, 2014
JUSTICE BREYER delivered the opinion of the Court.
Article 8 of an investment treaty between the United Kingdom and Argentina contains a dispu-
te-resolution provision, applicable to disputes between one of those nations and an investor from
the other. See Agreement for the Promotion and Protection of Investments, Art. 8(2), Dec. 11, 1990,
1765 U. N. T. S. 38 (hereinafter Treaty).e provision authorizes either party to submit a dispute “to
the decision of the competent tribunal of the Contracting Party in whose territory the investment
was made,” i.e., a local court. Art. 8(1). And it provides for arbitration “(i) where, after a period of
eighteen months has elapsed from the moment when the dispute was submitted to the competent
tribunal …, the said tribunal has not given its nal decision; [or] “(ii) where the nal decision of the
afore mentioned tribunal has been made but the Parties are still in dispute.” Art. 8(2)(a).
e Treaty also entitles the parties to agree to proceed directly to arbitration. Art. 8(2)(b).is
case concerns the Treaty’s arbitration clause, and 2 BG GROUP PLC v. REPUBLIC OF ARGENTINA
Opinion of the Court specically the local court litigation requirement set forth in Article 8(2)(a).
e question before us is whether a court of the United States, in reviewing an arbitration award
made under the Treaty, should interpret and apply the local litigation requirement de novo, or with
the deference that courts ordinarily owe arbitration decisions. at is to say, who—court or arbi-
trator—bears primary responsibility for interpreting and applying the local litigation requirement
to an underlying controversy? In our view, the matter is for the arbitrators, and courts must re view
their determinations with deference.
I
A. In the early 1990’s, the petitioner, BG Group plc, a British rm, belonged to a consortium that
bought a majority interest in an Argentine entity called MetroGAS. MetroGAS was a gas distribu-
tion company created by Argentine law in 1992, as a result of the government’s privatization of its
state-owned gas utility. Argentina distributed the utility’s assets to new, private companies, one of
which was MetroGAS. It awarded MetroGAS a 35year exclusive license to distribute natural gas in
Buenos Aires, and it submitted a controlling interest in the company to international public tender.
BG Group’s consortium was the successful bidder.
218
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
At about the same time, Argentina enacted statutes providing that its regulators would calculate
gas “taris” in U. S. dollars, and that those taris would be set at levels sucient to assure gas distri-
bution rms, such as MetroGAS, a reasonable return.
In 2001 and 2002, Argentina, faced with an economic crisis, enacted new laws. ose laws chan-
ged the basis for calculating gas taris from dollars to pesos, at a rate of one peso per dollar. e ex-
change rate at the time was roughly three pesos to the dollar. e result was that MetroGAS’ prots
were quickly transformed into losses. BG Group believed that these changes (and several others)
violated the Treaty; Argentina believed the contrary.
B. In 2003, BG Group, invoking Article 8 of the Treaty, sought arbitration. e parties appointed
arbitrators; they agreed to site the arbitration in Washington, D. C.; and between 2004 and 2006,
the arbitrators decided motions, received evidence, and conducted hearings. BG Group essentially
claimed that Argentina’s new laws and regulatory practices violated provisions in the Treaty for-
bidding the “expropriation” of investments and requiring that each nation give “fair and equita-
ble treatment” to investors from the other. Argentina denied these claims, while also arguing that
the arbitration tribunal lacked “jurisdiction” to hear the dispute. App. to Pet. for Cert. 143a-144a,
214a-218a, 224a-232a. According to Argentina, the arbitrators lacked jurisdiction because: (1) BG-
Group was not a Treaty-protected “investor”; (2) BGGroup’s interest in MetroGAS was not a Treaty-
protected “investment”; and (3) BG Group initiated arbitration without rst litigating its claims in
Argentina’s cour ts, despite Article 8’s requirement. Id., at 143a-171a. In Argentina’s view, “failure
by BG to bring its grievance to Argentine courts for 18 months renders its claims in this arbitration
inadmissible.” Id., at 162a. In late December 2007, the arbitration panel reached a nal decision.
It began by determining that it had “jurisdiction” to consider the merits of the dispute. In support
of that determination, the tribunal concluded that BG Group was an “investor,” that its interest in
MetroGAS amounted to a Treaty-protected “investment,” and that Argentina’s own conduct had
waived, or excused, BGGroup’s failure to comply with Article 8’s local litigation requirement. Id., at
99a, 145a, 161a, 171a. e panel 4 BG GROUP PLC v. REPUBLIC OF ARGENTINA pointed out that in
2002, the President of Argentina had issued a decree staying for 180 days the execution of its courts’
nal judgments (and injunctions) in suits claiming harm as a result of the new economic measures.
Id., at 166a-167a. In addition, Argentina had established a “renegotiation process” for public service
contracts, such as its contract with MetroGAS, to alleviate the negative impact of the new economic
measures. Id., at 129a, 131a. But Argentina had simultaneously barred from participation in that
“process” rms that were litigating against Argentina in court or in arbitration. Id., at 168a-171a.
ese measures, while not making litigation in Argentina’s courts literally impossible, nonetheless
“hindered” recourse “to the domestic judiciary” to the point where the Treaty implicitly excused
compliance with the local litigation requirement. Id., at 165. Requiring a private party in such cir-
cumstances to seek relief in Argentina’s courts for 18 months, the panel concluded, would lead to
“absurd and unreasonable result[s].” Id ., at 166a.
On the merits, the arbitration panel agreed with Argentina that it had not “expropriate[d]”
BG Group’s investment, but also found that Argentina had denied BG Group “fair and equitable
treatment.” Id., at 222a-223a, 240a- 242a. It awarded BG Group $185 million in damages. Id., at 297a.
C. In March 2008, both sides led petitions for review in the District Court for the District of
Columbia. BG Group sought to conrm the award under the New York Convention and the Federal
Arbitration Act. See Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards,
Art. IV, June 10, 1958, 21 U. S. T. 2519, T. I. A . S. No. 6997 (New York Convention) (providing that a
party may apply “for recognition and enforcement” of an arbitral award subject to the Convention);
9 U. S. C. §§204, 207 (providing that a party may move “for an order conr ming [an arbitral] award”
in a federal court of the “place designated in the agreement as the place of arbitration if such place
is within the United States”). Argentina sought to vacate the award in part on the ground that the
arbitrators lacked jurisdiction. See §10(a)(4) (a federal court may vacate an arbitral award “where
the arbitrators exceeded their powers”).
e District Court denied Argentina’s claims and conrmed the award. 764 F. Supp. 2d 21 (DC
2011); 715 F. Supp. 2d 108 (DC 2010). But the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit
219
Jurisprudencia
reversed. 665 F. 3d 1363 (2012). In the appeals court’s view, the interpretation and application of Ar-
ticle 8’s local litigation requirement was a matter for courts to decide de novo, i.e., without deference
to the views of the arbitrators. e Court of Appeals then went on to hold that the circumstances did
not excuse BG Group’s failure to comply with the requirement. Rather, BG Group must “commence
a lawsuit in Argentina’s courts and wait eighteen months before ling for arbitration.” Id., at 1373.
Because BG Group had not done so, the arbitrators lacked authority to decide the dispute. And the
appeals court ordered the award vacated. Ibid.
BG Group led a petition for certiorari. Given the importance of the matter for international
commercial arbitration, we granted the petition. See, e.g., K. Vandevelde, Bilateral Investment Trea-
ties: History, Policy& Interpretation 430-432 (2010) (explaining that dispute resolution mechanisms
allowing for arbitration are a “critical element” of modern day bilateral investment treaties); C. Du-
gan, D. Wallace, N. Rubins, & B. Sabahi, Investor-State Arbitration 51-52, 117-120 (2008) (referring
to the large number of investment treaties that provide for arbitration, and explaining that some
also impose pre arbitration requirements such as waiting periods, amicable negotiations, or ex-
haustion of local remedies).
II
As we have said, the question before us is who —court or arbitrator— bears primary respon-
sibility for interpreting and applying Article 8’s local court litigation provision. Put in terms of
standards of judicial review, should a United States court review the arbitrators’ interpretation
and application of the provision de novo, or with the deference that courts ordinarily show ar-
bitral decisions on matters the parties have committed to arbitration? Compare, e.g., First Op-
tions of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U. S. 938, 942 (1995) (example where a “court makes up its
mind about [an issue] independently” because the parties did not agree it should be arbitrated),
with Oxford Health Plans LLC v. Sutter, 569 U. S. ___, ___ (2013) (slip op., at 4) (example where a
court defers to arbitrators because the parties “‘bargained for’” arbitral resolution of the question
(quoting Eastern Associated Coal Corp. v. Mine Workers, 531 U. S. 57, 62 (2000))). See also Hall
Street Associates, L. L. C. v. Mattel, Inc., 552 U. S. 576, 588 (2008) (on matters committed to
arbitration, the Federal Arbitration Act provides for “just the limited review needed to maintain
arbitration’s essential virtue of resolving disputes straightaway” and to prevent it from becoming
“merely a prelude to a more cumbersome and time-consuming judicial review process” (internal
quotation marks omitted)); Eastern Associated Coal Corp., supra, at 62 (where parties send a
matter to arbitration, a court will set aside the “arbitrator’s interpretation of what their agreement
means only in rare instances”).
ºIn answering the question, we shall initially treat the document before us as if it were an ordinary
contract between private parties. Were that so, we conclude, the matter would be for the arbitrators.
We then ask whether the fact that the document in question is a treaty makes a critical dierence.
We conclude that it does not.
III
Where ordinary contracts are at issue, it is up to the parties to determine whether a particular
matter is primarily for arbitrators or for courts to decide. See, e.g., Steelworkers v. Warrior & Gulf
Na v. C o., 363 U. S. 574, 582 (1960) (“[A]rbitration is a matter of contract and a party cannot be re-
quired to submit to arbitration any dispute which he has not agreed so to submit”). If the contract
is silent on the matter of who primarily is to decide “threshold” questions about arbitration, courts
determine the parties’ intent with the help of presumptions. On the one hand, courts presume that
the parties intend courts, not arbitrators, to decide what we have called disputes about “arbitrabili-
ty.” ese include questions such as “whether the parties are bound by a given arbitration clause,”
or “whether an arbitration clause in a concededly binding contract applies to a particular type of
controversy.” Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., 537 U. S. 79, 84 (2002); accord, Granite Rock
Co. v. Teamsters, 561 U. S. 287, 299-300 (2010) (disputes over “formation of the parties’ arbitration
agreement” and “its enforceability or applicability to the dispute” at issue are “matters … the court
must resolve” (internal quotation marks omitted)). See First Options, supra, at 941, 943-947 (court
should decide whether an arbitration clause applied to a party who “had not personally signed” the
220
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
document containing it); AT&T Technologies, Inc. v. Communications Workers, 475 U. S. 643, 651
(1986) (court should decide whether a particular labor-management layo dispute fell within the
arbitration clause of a collective-bargaining contract); John Wiley & Sons, Inc. v. Livingston, 376 U.
S. 543, 546-548 (1964) (court should decide whether an arbitration provision survived a corporate
merger). See generally AT&T Technologies, supra, at 649 (“Unless the parties clearly and unmistaka-
bly provide otherwise, question of whether the parties agreed to arbitrate is to be decided by the
court, not the arbitrator”).
On the other hand, courts presume that the parties intend arbitrators, not courts, to decide dis-
putes about the meaning and application of particular procedural preconditions for the use of arbi-
tration. See Howsam, supra, at 86 (courts assume parties “normally expect a forum-based decision
maker to decide forum-specic procedural gateway matters” (emphasis added)). ese procedural
matters include claims of “waiver, delay, or a like defense to arbitrability.” Moses H. Cone Memorial
Hospital v. Mercury Constr. Corp., 460 U. S. 1, 25 (1983). And they include the satisfaction of “‘pre-
requisites such as time limits, notice, laches, estoppel, and other conditions precedent to an obli-
gation to arbitrate.’” Howsam, supra, at 85 (quoting the Revised Uniform Arbitration Act of 2000 §6,
Comment 2, 7 U. L. A. 13 (Supp. 2002); emphasis deleted). See also §6(c) (“An arbitrator shall decide
whether a condition precedent to arbitrability has been fullled”); §6, Comment 2 (explaining that
this rule reects “the holdings of the vast majority of state courts” and collecting cases).
e provision before us is of the latter, procedural, variety. e text and structure of the pro-
vision make clear that it operates as a procedural condition precedent to arbitration. It says that a
dispute “shall be submitted to international arbitration” if “one of the Parties so requests,” as long as
“a period of eighteen months has elapsed” since the dispute was “submitted” to a local tribunal and
the tribunal “has not given its nal decision.”Art. 8(2). It determines when the contractual duty to
arbitrate arises, not whether there is a contractual duty to arbitrate at all. Cf. 13 R. Lord, Williston on
Contracts §38:7, pp. 435, 437; §38:4, p. 422 (4th ed. 2013) (a “condition precedent” determines what
must happen before “a contractual duty arises” but does not “make the validity of the contract de-
pend on its happening” (emphasis added)). Neither does this language or other language in Article
8give substantive weight to the local court’s determinations on the matters at issue between the par-
ties. To the contrary, Article 8 provides that only the “arbitration decision shall be nal and binding
on both Parties.” Art. 8(4). e litigation provision is consequently a purely procedural requirement
—a claims— processing rule that governs when the arbitration may begin, but not whether it may
occur or what its substantive outcome will be on the issues in dispute.
Moreover, the local litigation requirement is highly analogous to procedural provisions that
both this Court and others have found are for arbitrators, not courts, primarily to interpret and to
apply. See Howsam, supra, at 85 (whether a party led a notice of arbitration within the time limit
provided by the rules of the chosen arbitral forum “is a matter presumptively for the arbitrator,
not for the judge”); John Wiley, supra, at 555-557 (same, in respect to a mandatory pre arbitration
grievance procedure that involved holding two conferences). See also Dialysis Access Center, LLC
v. RMS Lifeline, Inc., 638 F. 3d 367, 383 (CA1 2011) (same, in respect to a pre arbitration “good
faith negotiations” requirement); Lumbermens Mut. Cas. Co. v. Broadspire Management Servs.,
Inc., 623 F. 3d 476, 481 (C A7 2010) (same, in respect to a prearbitration ling of a “Disagreement
Notice”).
Finally, as we later discuss in more detail, see infra, at 13-14, we can nd nothing in Article 8
or elsewhere in the Treaty that might overcome the ordinary assumption. It nowhere demonstrates
a contrary intent as to the delegation of decisional authority between judges and arbitrators. us,
were the document an ordinary contract, it would call for arbitrators primarily to interpret and to
apply the local litigation provision.
IV
A. We now relax our ordinary contract assumption and ask whether the fact that the document
before us is a treaty makes a critical dierence to our analysis. e Solicitor General argues that it
should. He says that the local litigation provision may be “a condition on the State’s consent to en-
ter into an arbitration agreement.” Brief for United States as Amicus Curiae 25. He adds that courts
should “review de novo the arbitral tribunal’s resolution of obje ctions based on an investor’s non-
221
Jurisprudencia
compliance” with such a condition. Ibid. And he recommends that we remand this case to the Court
of Appeals to determine whether the court-exhaustion provision is such a condition. Id., at 31-33.
1. We do not accept the Solicitor General’s view as applied to the treaty before us. As a general
matter, a treaty is a contract, though between nations. Its interpretation normally is, like a contract’s
interpretation, a matter of determining the parties’ intent. Air France v. Saks, 470 U. S. 392, 399
(1985) (courts must give “the specic words of the treaty a meaning consistent with the shared ex-
pectations of the contracting parties”); Sullivan v. Kidd, 254 U. S. 433, 439 (1921) (“[T]reaties are to
be interpreted upon the principles which govern the interpretation of contracts in writing between
individuals, and are to be executed in the utmost good faith, with a view to making eective the
purposes of the high contracting parties”); Wright v. Henkel, 190 U. S. 40, 57 (1903) (“Treaties must
receive a fair interpretation, according to the intention of the contracting parties”). And where, as
here, a federal court is asked to interpret that intent pursuant to a motion to vacate or conrm an
award made in the United States under the Federal Arbitration Act, it should normally apply the
presumptions supplied by American law. See New York Convention, Art. V(1)(e) (award may be “set
aside or suspended by a competent authority of the country in which, or under the law of which,
that award was made”); Vandevelde, Bilateral Investment Treaties, at 446 (arbitral awards pursuant
to treaties are “subject to review under the arbitration law of the state where the arbitration takes
place”); Dugan, Investor-State Arbitration, at 636 (“[T]he national courts and the law of the legal
situs of arbitration control a losing party’s attempt to set aside [an] award”).
e Solicitor General does not deny that the presumption discussed in Part III, supra (namely, the
presumption that parties intend procedural preconditions to arbitration to be resolved primarily
by arbitrators), applies both to ordinary contracts and to similar provisions in treaties when those
provisions are not also “conditions of consent.”Brief for United States as Amicus Curiae 25-27. And,
while we respect the Government’s views about the proper interpretation of treaties, e.g. , Abbott v.
Abbott, 560 U. S. 1, 15 (2010), we have been unable to nd any other authority or precedent sugges-
ting that the use of the “consent” label in a treaty should make a critical dierence in discerning the
parties’ intent about whether courts or arbitrators should interpret and apply the relevant provision.
We are willing to assume with the Solicitor General that the appearance of this label in a treaty can
show that the parties, or one of them, thought the designated matter quite important. But that is
unlikely to be conclusive. For parties often submit important matters to arbitration. And the word
“consent” could be attached to a highly procedural precondition to arbitration, such as a waiting
period of several months, which the parties are unlikely to have intended that courts apply without
saying so. See, e.g., Agreement on Encouragement and Reciprocal Protection of Investments, Ar t.
9, Netherlands-Slovenia, Sept.24, 1996, Netherlands T. S. No. 296 (“Each Contracting Party hereby
consents to submit any dispute . . . which they cannot [sic] solve amicably within three months . . .
to the International Center for Settlement of Disputes for settlement by conciliation or arbitration”),
online at www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/besluiten/2006/10/17/slovenia.html
(all Internet materials as visited on Feb. 28, 2014, and available in Clerk of Court’s case le); Agree-
ment for the Promotion and Protection of Investments, Art. 8(1), United Kingdom-Egypt, June
11,1975, 14 I. L. M. 1472 (“Each Contracting Party here by consents to submit” a dispute to arbitra-
tion if “agreement cannot be reached within three months between the parties”). While we leave
the matter open for future argument, we do not now see why the presence of the term “consent”
in a treaty warrants abandoning, or increasing the complexity of, our ordinary intent-determining
framework. See Howsam, 537 U. S., at 83-85; First Options, 514 U. S., at 942-945; John Wile y, 376 U.
S., at 546-549, 555-559.
2. In any event, the treaty before us does not state that the local litigation requirement is a “con-
dition of consent” to arbitration. us, we need not, and do not, go beyond holding that, in the ab-
sence of explicit language in a treaty demonstrating that the parties intended a dierent delegation
of authority, our ordinary interpretive framework applies. We leave for another day the question of
interpreting treaties that refer to “conditions of consent” explicitly. See, e.g., United States-Korea
Free Trade Agreement, Art. 11.18, Feb. 10, 2011 (provision entitled “Conditions and Limitations on
Consent of Each Party” and providing that “[n]o claim may be submitted to arbitration under this
222
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
Section” unless the claimant waives in writing “any right” to press his claim before an “administra-
tive tribunal or court”), online at www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements/korus-
fta/ nal-text; North American Free Trade Agreement, Arts. 1121-1122, Dec. 17, 1992, 32 I. L. M.
643-644 (pro- viding that each party’s “[c]onsent to [a]rbitration” is conditioned on fulllment of
certain “procedures,” one of which is a waiver by an investor of his right to litigate the claim being
arbitrated). See also 2012 U. S. Model Bilateral Investment Treaty, Art. 26 (entitled “Conditions and
limitations on Consent of Each Party”), online at www.ustr.gov/sites/default/les/BIT% 20text%20
for% 20ACIEP%20Meeting.pdf. And we apply our ordinary presumption that the interpretation and
application of procedural provisions such as the provision before us are primarily for the arbitrators.
B. A treaty may contain evidence that shows the parties had an intent contrary to our ordinary
presumptions about who should decide threshold issues related to arbitration. But the treaty before
us does not show any such contrary intention. We concede that the local litigation requirement
appears in ¶(1) of Article 8, while the Article does not mention arbitration until the subsequent
paragraph, ¶(2). Moreover, a requirement that a party exhaust its remedies in a country’s domestic
courts before seeking to arbitrate may seem particularly important to a country oering protections
to foreign investors. And the placing of an important matter prior to any mention of arbitration at
least arguably suggests an intent by Argentina, the United Kingdom, or both, to have courts rather
than arbitrators apply the litigation requirement. ese considerations, however, are outweighed
by others. As discussed supra, at 8-9, the text and structure of the litigation requirement set forth in
Article 8 make clear that it is a procedural condition precedent to arbitration a sequential step that
a party must follow before giving notice of arbitration. e Treaty nowhere says that the provision
is to operate as a substantive condition on the formation of the arbitration contract, or that it is a
matter of such elevated importance that it is to be decided by courts. International arbitrators are
likely more familiar than are judges with the expectations of foreign investors and recipient nations
regarding the operation of the provision. See Howsam, supra, at 85 (comparative institutional ex-
pertise a factor in determining parties’ likely intent). And the Treaty itself authorizes the use of inter-
national arbitration associations, the rules of which provide that arbitrators shall have the authority
to interpret provisions of this kind. Art. 8(3) (providing that the parties may refer a dispute to the
International Centre for the Settlement of Investment Disputes (ICSID) or to arbitrators appointed
pursuant to the arbitration rules of the United Nations Commission on International Trade Law
(UNCITRAL)); accord, UNCITRAL Arbitration Rules, Art.23(1) (rev. 2010 ed.) (“[A]rbitral tribunal
shall have the power to rule on its own jurisdiction”); ICSID Convention, Regulations and Rules,
Art. 41(1) (2006 ed.) (“Tribunal shall be the judge of its own competence”). Cf. Howsam, supra, at 85
(giving weight to the parties’ incorporation of the National Association of Securities Dealers’ Code
of Arbitration into their contract, which provided for similar arbitral authority, as evidence that they
intended arbitrators to “interpret and apply the NASD time limit rule”).
e upshot is that our ordinary presumption applies and it is not overcome. e interpretation
and application of the local litigation provision is primarily for the arbitrators. Reviewing courts
cannot review their decision de novo. Rather, they must do so with considerable deference.
C. e dissent interprets Article 8’s local litigation provision dierently. In its view, the provi-
sion sets forth not a condition precedent to arbitration in an already-binding arbitration contract
(normally a matter for arbitrators to interpret), but a substantive condition on Argentina’s consent
to arbitration and thus on the contract’s formation in the rst place (normally something for courts
to interpret). It reads the whole of Article 8 as a “unilateral standing oer” to arbitrate that Argen-
tina and the United Kingdom each extends to investors of the other country. Post, at 9 (opinion of
ROBERTS, C. J.). And it says that the local litigation requirement is one of the essential “‘terms in
which the oer was made.’” Post, at 6 (quoting Eliason v. Henshaw, 4 Wheat. 225, 228 (1819); empha-
sis deleted).
While it is possible to read the provision in this way, doing so is not consistent with our case
law interpreting similar provisions appearing in ordinary arbitration contracts. See Part III, supra .
Consequently, interpreting the provision in such a manner would require us to treat treaties as wa-
rranting a dierent kind of analysis. And the dissent does so without supplying any dierent set of
223
Jurisprudencia
general principles that might guide that analysis. at is a matter of some concern in a world where
foreign investment and related arbitration treaties increasingly matter.
Even were we to ignore our ordinary contract principles, however, we would not take the
dissent’s view. As we have explained, the local litigation provision on its face concerns arbitration’s
timing, not the Treaty’s eective date; or whom its arbitration clause binds; or whether that arbi-
tration clause covers a certain kind of dispute. Cf. Granite Rock, 561 U. S., at 296-303 (ratication
date); First Options, 514 U. S., at 941, 943-947 (parties); AT&T Technologies, 475 U. S., at 651 (kind of
dispute). e dissent points out that Article 8(2)(a) “does not simply require the parties to wait for
18 months before proceeding to arbitration,” but instructs them to do something—to “submit their
claims for adjudication.” Post, at 8. at is correct. But the something they must do has no direct im-
pact on the resolution of their dispute, for as we previously pointed out, Article 8 provides that only
the decision of the arbitrators (who need not give weight to the local court’s decision) will be “nal
and binding.” Art. 8(4). e provision, at base, is a claims-processing rule. And the dissent’s eorts
to imbue it with greater signicance fall short.
e treatises to which the dissent refers also fail to support its position. Post, at 3, 6. ose
authorities primarily describe how an oer to arbitrate in an investment treaty can be accepted,
such as through an investor’s ling of a notice of arbitration. See J. Salacuse, e Law of Investment
Treaties 381 (2010); Schreuer, Consent to Arbitration, in e Oxford Handbook of International In-
vestment Law 830, 836-837 (P. Muchlinski, F. Ortino, & C. Schreuer eds. 2008); Dugan, Investor-State
Arbitration, at 221-222. ey do not endorse the dissent’s reading of the local litigation provision or
of provisions like it.
To the contrary, the bulk of international authority supports our view that the provision
functions as a purely procedural precondition to arbitrate. See 1 G. Born, International Commer-
cial Arbitration 842 (2009) (“A substantial body of arbitral authority from investor-state disputes
concludes that compliance with procedural mechanisms in an arbitration agreement (or bilateral
investment treaty) is not ordinarily a jurisdictional prerequisite”); Brief for Professors and Practitio-
ners of Arbitration Law as Amici Curiae 12-16 (to assume the parties intended de novo review of the
provision by a court “is likely to set United States courts on a collision course with the international
regime embodied in thousands of [bilateral investment treaties]”). See also Schreuer, Consent to
Arbitration, supra, at 846-848 (“clauses of this kind … creat[e] a considerable burden to the party
seeking arbitration with little chance of advancing the settlement of the dispute,” and “the most
likely eect of a clause of this kind is delay and additional cost”).
In sum, we agree with the dissent that a sovereign’s consent to arbitration is important. We also
agree that sovereigns can condition their consent to arbitrate by writing various terms into their bi-
lateral investment treaties. Post, at 9-10. But that is not the issue. e question is whether the parties
intended to give courts or arbitrators primary authority to interpret and apply a threshold provision
in an arbitration contract—when the contract is silent as to the delegation of authority. We have
already explained why we believe that where, as here, the provision res embles a claims-processing
requirement and is not a requirement that aects the arbitration contract’s validity or scope, we pre-
sume that the parties (even if they are sovereigns) intended to give that authority to the arbitrators.
See Parts III, IV-A and IV-B, supra.
V
Argentina correctly argues that it is nonetheless entitled to court review of the arbitrators’ deci-
sion to excuse BG Group’s noncompliance with the litigation requirement, and to take jurisdiction
over the dispute. It asks us to provide that review, and it argues that even if the proper standard is “a
[h]ighly [d]eferential” one, it should still prevail. Brief for Respondent 50. Having the relevant mate-
rials before us, we shall provide that review. But we cannot agree with Argentina that the arbitrators
“‘exceeded their powers’” in concluding they had jurisdiction. Ibid. (quoting 9 U. S. C. §10(a)(4)).
e arbitration panel made three relevant determinations:
(1) “As a matter of treaty interpretation,” the local litigation provision “cannot be construed as
an absolute impediment to arbitration,” App. to Pet. for Cert. 165a;
(2) Argentina enacted laws that “hindered” “recourse to the domestic judiciary” by those
“whose rights were allegedly aected by the emergency measures,” id., at 165a- 166a; that
224
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
sought “to prevent any judicial interference with the emergency legislation,” id., at 169a;
and that “excluded from the renegotiation process” for public service contracts “any licen-
see seeking judicial redress,” ibid.;
(3) under these circumstances, it would be “absurd and unreasonable” to read Article 8 as re-
quiring an investor to bring its grievance to a domestic court before arbitrating. Id., at 166a.
e rst determination lies well within the arbitrators’ interpretive authority. Construing the lo-
cal litigation provision as an “absolute” requirement would mean Argentina could avoid arbitration
by, say, passing a law that closed down its court system indenitely or that prohibited investors from
using its courts. Such an interpretation runs contrary to a basic objective of the investment treaty.
Nor does Argentina argue for an absolute interpretation.
As to the second determination, Argentina does not argue that the facts set forth by the arbitra-
tors are incorrect. us, we accept them as valid.
e third determination is more controversial. Argentina argues that neither the 180-day sus-
pension of courts’ issuances of nal judgments nor its refusal to allow litigants (and those in arbi-
tration) to use its contract renegotiation process, taken separately or together, warrants suspending
or waiving the local litigation requirement. We would not necessarily characterize these actions
as rendering a domestic court-exhaustion requirement “absurd and unreasonable,” but at the
same time we cannot say that the arbitrators’ conclusions are barred by the Treaty. e arbitrators
did not “‘stra[y] from interpretation and application of the agreement’” or otherwise “‘eectively
“dispens[e]”’” their “‘own brand of . . . justice.’” Stolt-Nielsen S. A. v. Animal Feeds Int’l Corp., 559
U. S. 662, 671 (2010) (providing that it is only when an arbitrator engages in such activity that “‘his
decision may be unenforceable’” (quoting Major League Baseball Players Assn. v. Garvey, 532 U. S.
504, 509 (2001) (per curiam)).
Consequently, we conclude that the arbitrators’ jurisdictional determinations are lawful. e
judgment of the Court of Appeals to the contrary is reversed.
It is so ordered.
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
No. 12-138
BG GROUP PLC, PETITIONER v. REPUBLIC OF ARGENTINA
ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR
THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT
March 5, 2014
JUSTICE SOTOMAYOR, concurring in part.
I agree with the Court that the local litigation require ment at issue in this case is a procedural
precondition to arbitration (which the arbitrators are to interpret), not a condition on Argentina’s
consent to arbitrate (which a court would review de novo). Ante, at 8, 14. Importantly, in reaching
this conclusion, the Court acknowledges that “the treaty before us does not state that the local li-
tigation requirement is a ‘condition of consent’ to arbitration.” Ante, at 12. e Court thus wisely
“leave[s] for another day the question of interpreting treaties that refer to ‘conditions of consent’
explicitly.” Ibid. I join the Court’s opinion on the understanding that it does not, in fact, decide this
issue.
I write separately because, in the absence of this express reservation, the opinion might be
construed otherwise. e Court appears to suggest in dictum that a decision by treaty parties to
describe a condition as one on their con sent to arbitrate “is unlikely to be conclusive” in deciding
whether the parties intended for the condition to be re solved by a court. Ante, at 11. Because this
suggestion is unnecessary to decide the case and is in tension with the Court’s explicit reservation
of the issue, I join the opinion of the Court with the exception of Part IV-A-1.
225
Jurisprudencia
e Court’s dictum on this point is not only unnecessary; it may also be incorrect. It is far from
clear that a treaty’s express use of the term “consent” to describe a precondition to arbitration should
not be conclusive in the analysis. We have held, for instance, that “a gateway dispute about whether
the parties are bound by a given arbitration clause raises a ‘question of arbitrability’ for a court to
decide.” Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., 537 U. S. 79, 84 (2002). And a party plainly cannot be
bound by an arbitration clause to which it does not con sent. See Granite Rock Co. v. Teamsters, 561
U. S. 287, 299 (2010) (“Arbitration is strictly ‘a matter of consent’” (quoting Volt Information Sciences,
Inc. v. Board of Trust ees of Leland Stanford Junior Univ., 489 U. S. 468, 479 (1989)).
Consent is especially salient in the context of a bilateral investment treaty, where the treaty is
not an already agreed-upon arbitration provision between known parties, but rather a nation state’s
standing oer to arbitrate with an amorphous class of private investors. In this setting, a nation-state
might reasonably wish to condition its con s ent to arbitrate with a previously unspecied investor
counterparty on the investor’s compliance with a require ment that might be deemed “purely proce-
dural” in the ordinary commercial context, ante, at 9. Moreover, as THE CHIEF JUSTICE notes, “[i]t
is no triing matter” for a sov ereign nation to “subject itself to international arbitration” procee-
dings, so we should “not presume that any country … takes that step lightly.” Post, at 9 (dissenting
opinion).
Consider, for example, the United States-Korea Free Trade Agreement, which as the Court
recognizes, ante, at 12-13, includes a provision explicitly entitled “Conditions and Limitations on
Consent of Each Party.” Art. 11.18, Feb. 10, 2011. at provision declares that “[n]o claim may be
submitted to arbitration” unless a claimant rst waives its “right to initiate or continue before any
admin istrative tribunal or court . . . any proceeding with respect to any measure alleged to consti-
tute a breach” under another provision of the treaty. Ibid. If this waiver con dition were to appear
without the “consent” label in a binding arbitration agreement between two commercial parties,
one might characterize it as the kind of procedural “‘condition precedent to arbitrability’” that we
presume parties intend for arbitrators to decide. Howsam, 537 U. S., at 85. But where the waiver re-
quirement is ex pressly denominated a “condition on consent” in an interna tional investment treaty,
the label could well be critical in determining whether the states party to the treaty in tended the
condition to be reviewed by a court. After all, a dispute as to consent is “the starkest form of the
question whether the parties have agreed to arbitrate.” Post, at 13. And we ordinarily presume that
parties intend for courts to decide such questions because otherwise arbitrators might “force unwi-
lling parties to arbitrate a matter they reasonably would have thought a judge . . . would decide.” First
Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U. S. 938, 945 (1995).
Accordingly, if the local litigation requirement at issue here were labeled a condition on the
treaty parties’ “con sent” to arbitrate, that would in my view change the anal ysis as to whether the
parties intended the requirement to be interpreted by a court or an arbitrator. As it is, how ever, all
parties agree that the local litigation requirement is not so denominated. See Agreement for the
Promotion and Protection of Investments, Art. 8(2), Dec. 11, 1990,1765 U. N. T. S. 38. Nor is there
compelling reason to suppose the parties silently intended to make it a condi tion on their consent
to arbitrate, given that a local court’s decision is of no legal signicance under the treaty, ante, at 8-9,
and given that the entire purpose of bilateral investment agreements is to “reliev[e] investors of any
concern that the courts of host countries will be unable or unwilling to provide justice in a dispute
between a for eigner and their own government,” Brief for Professors and Practitioners of Arbitration
Law as Amici Curiae 6. Moreover, Argentina’s conduct conrms that the local litigation requirement
is not a condition on consent, for rather than objecting to arbitration on the ground that there was
no binding arbitration agreement to begin with, Argentina actively participated in the constitution
of the arbitral panel and in the proceedings that followed. See Eastern Airlines, Inc. v. Floyd, 499 U.
S. 530, 546 (1991) (treaty interpretation can be informed by parties’ post en actment conduct). (37)
(37) e dissent discounts the signicance of Argentina’s conduct on the ground that Argen-
tina “object[ed] to the [arbitral] tribunal’s jurisdic tion to hear the dispute.” Po st, at 16, n. 2. But there
is a dierence between arguing that a party has failed to comply with a procedural condition in
a binding arbitration agreement and arguing that noncom pliance with the condition negates the
226
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
In light of these many indicators that Argentina and the United Kingdom did not intend the lo-
cal litigation re quirement to be a condition on their consent to arbitrate, and on the understanding
that the Court does not pass on the weight courts should attach to a treaty’s use of the term “con-
sent,” I concur in the Court’s opinion.
ROBERTS, C. J., dissenting.
SUPREME COURT OF THE UNITED STATES
No. 12-138
BG GROUP PLC, PETITIONER v. REPUBLIC OF ARGENTINA
ON WRIT OF CERTIORARI TO THE UNITED STATES COURT OF APPEALS FOR
THE DISTRICT OF COLUMBIA CIRCUIT
March 5, 2014
CHIEF JUSTICE ROBERTS, with whom JUSTICE KENNEDY joins, dissenting.
e Court begins by deciding a dierent case, “initially treat[ing] the document before us as if it
were an ordinary contract between private parties.” Ante, at 6. e “document before us,” of course,
is nothing of the sort. It is instead a treaty between two sovereign nations: the United Kingdom and
Argentina. No investor is a party to the agreement. Having elided this rather important fact for much of
its analysis, the majority nally “relax[es] [its]ordinary contract assumption and ask[s] whether the fact
that the document before us is a treaty makes a critical dierence to [its] analysis.” Ante, at 10. It should
come as no surprise that, after starting down the wrong road, the majority ends up at the wrong place.
I would start with the document that is before us and take it on its own terms. at document
is a bilateral investment treaty between the United Kingdom and Argentina, in which Argentina
agreed to take steps to encourage U. K. investors to invest within its borders (and the United King-
dom agreed to do the same with respect to Argentine investors). Agreement for the Promotion and
Protection of Investments, Dec. 11, 1990, 1765 U. N. T. S. 33 (Treaty). e Treaty does indeed contain
a completed agreement for arbitration—between the signatory countries. Art. 9. e Treaty also
includes, in Article 8, certain provisions for resolving any disputes that might arise between a signa-
tory country and an investor, who is not a party to the agreement.
One such provision —completely ignored by the Court in its analysis— species that disputes
may be resolved by arbitration when the host country and an investor “have so agreed.” Art. 8(2)(b),
1765 U. N. T. S. 38. No one doubts that, as is the normal rule, whether there was such an agreement
is for a court, not an arbitrator, to decide. See First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U. S. 938,
943-945 (1995).
existence of consent to arbitrate in the rst place. Argentina points to no evidence that its objec-
tion was of the consent variety. is omission is notable because Argentina knew how to phrase its
arguments before the arbitrators in terms of consent; it argued separately that it had not consented
to arbitration with BG Group on the ground that BG was not a party to the license underlying the
dispute. See App. to Pet. for Cert. 182a-186a. First Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U. S. 938
(1995), is not to the contrary, as that case held that “arguing the arbitrability issue to an arbitrator”
did not constitute “clea[r] and unmistakabl[e]” evidence sucient to override an indisputably ap-
plicable presumption that a court was to decide whether the parties had agreed to arbitration. Id.,
at 944, 946. e question here, by contrast, is whether that presump tion attaches to begin with—
that is, whether the local litigation re quirement was a condition on Argentina’s consent to arbitrate
(which would trigger the presumption) or a procedural condition in an already binding arbitration
agreement (which would not). at Argentina ap parently took the latter position in arbitration is
surely relevant evidence that the condition was, in fact, not one on its consent.
227
Jurisprudencia
When there is no express agreement between the host country and an investor, the y must form
an agreement in another way, before an obligation to arbitrate arises. e Treaty by itself cannot
constitute an agreement to arbitrate with an investor. How could it? No investor is a party to that
Treaty. Something else must happen to create an agreement where there was none before. Article
8(2)(a) makes clear what that something is: An investor must submit his dispute to the courts of the
host country. After 18 months, or an unsatisfactory decision, the investor may then request arbitra-
tion.
Submitting the dispute to the courts is thus a condition to the formation of an agreement, not
simply a matter of performing an existing agreement. Article 8(2)(a) constitutes in eect a unilateral
oer to arbitrate, which an investor may accept by complying with its terms. To be sure, the local
litigation requirement might not be absolute. In particular, an investor might argue that it was an
implicit aspect of the unilateral oer that he be aorded a reasonable opportunity to submit his
dispute to the local courts. Even then, however, the question would remain whether the investor
has managed to form an arbitration agreement with the host country pursuant to Article 8(2)(a).
at question under Article 8(2)(a) is —like same question under Article 8(2)(b)— for a court, not
an arbitrator, to decide. I respectfully dissent from the Court’s contrary conclusion.
I
e majority acknowledges —but fails to heed— “the rst principle that underscores all of our
arbitration decisions: Arbitration is strictly ‘a matter of consent.’” Granite Rock Co. v. Teamsters, 561
U. S. 287, 299 (2010) (quoting Volt Information Sciences, Inc. v. Board of Trustees of Leland Stanford
Junior Univ., 489 U. S. 468, 479 (1989)); see ante, at 7. We have accordingly held that arbitration “is
a way to resolve those disputes —but only those disputes— that the parties have agreed to submit
to arbitration.” First Options of Chicago, In c., supra, at 943. e same “rst principle” underlies ar-
bitration pursuant to bilateral investment treaties. See C. Dugan, D. Wallace, N. Rubins, & B. Sa-
bahi, Investor-State Arbitration 219 (2008)(Dugan); J. Salacuse, e Law of Investment Treaties 385
(2010); K. Vandevelde, Bilateral Investment Treaties: History, Policy, and Interpretation 433 (2010).
So only if Argentina agreed with BG Group to have an arbitrator resolve their dispute did the arbi-
trator in this case have any authority over the parties. e majority opinion nowhere explains when
and how Argentina agreed with BG Group to submit to arbitration. Instead, the majority seems to
assume that, in agreeing with the United Kingdom to adopt Article 8 along with therest of the Treaty,
Argentina thereby formed an agreement with all potential U. K. investors (including BGGroup) to
submit all investment-related disputes to arbitration. at misunderstands Article 8 and trivializes
the signicance to a sovereign nation of subjecting itself to arbitration anywhere in the world, solely
at the option of private parties.
A. e majority focuses throughout its opinion on what it calls the Treaty’s “arbitration clause,”
ante, at 1, but that provision does not stand alone. Rather, it is only part —and a subordinate part
at that— of a broader dispute resolution provision. Article 8 is thus entitled “S ettlement of Disputes
Between an Investor and the Host State,” and it opens without so much as mentioning arbitration.
1765 U. N. T. S. 37. Instead it initially directs any disputing investor and signatory country (what the
Treaty calls a “Contracting Party”) to court. When “an investor of one Contracting Party and the
other Contracting Party” have an investment-related dispute that has “not been amicably settled,”
the Treaty commands that the dispute “shall be submitted, at the request of one of the Parties to the
dispute, to the decision of the competent tribunal of the Contracting Party in whose territory the
investment was made.” Art. 8(1), id., at 37-38. (emphasis added). is provision could not be clea-
rer: Before taking any other steps, an aggrieved investor must submit its dispute with a Contracting
Party to that Contracting Party’s own cour ts.
ere are two routes to arbitration in Article 8(2)(a),and each passes through a Contracting
Party’s domestic courts. at is, the Treaty’s arbitration provisions in Ar ticle 8(2)(a) presuppose that
the parties have complied with the local litigation provision in Article 8(1). Specically, a party may
request arbitration only (1) “after a period of eighteen months has elapsed from the moment when
the dispute was submitted to the competent tribunal of the Contracting Party in whose territory the
investment was made” and “the said tribunal has not given its nal decision,” Art. 8(2)(a)(i), id., at
228
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
38, or (2) “where the nal decision of the aforementioned tribunal has been made but the Parties are
still in dispute,” Art. 8(2)(a)(ii), ibid. Either way, the obligation to arbitrate does not arise until the
Contracting Party’s courts have had a rst crack at the dispute.
Article 8 provides a third route to arbitration in paragraph 8(2)(b)—namely, “where the Con-
tracting Party and the investor of the other Contracting Party have so agreed.” Ibid. In contrast to the
two routes in Article 8(2)(a), this one does not refer to the local litigation provision. at omission
is signicant. It makes clear that an investor can bypass local litigation only by obtaining the Con-
tracting Party’s explicit agreement to pro ceed directly to arbitration. Short of that, an investor has no
choice but to litigate in the Contracting Party’s courts for at least some period.
e structure of Article 8 conrms that the routes to arbitration in paragraph (2)(a) are just as
much about eliciting a Contracting Party’s consent to arbitrate as the route in paragraph 8(2)(b).
Under Article 8(2)(b), the requisite consent is demonstrated by a specic agreement. Under Article
8(2)(a), the requisite consent is demonstrated by compliance with the requirement to resort to a
country’s local courts.
Whereas Article 8(2)(a) is part of a completed agreement between Argentina and the United
Kingdom, it constitutes only a unilateral standing oer by Argentina with respect to U. K. investors—
an oer to submit to arbitration where certain conditions are met. at is how scholars understand
arbitration provisions in bilateral investment treaties in general. See Dugan 221; Salacuse 381; Brief
for Practitioners and Professors of International Arbitration Law as Amici Curiae 4. And it is how BG
Group itself describes this investment treaty in particular. See Brief for Petitioner 43 (the Treaty is a
“standing oer” by Argentina “to arbitrate”); Reply Brief 9 (same).
An oer must be accepted for a legally binding contract to be formed. And it is an “undeniable
principle of the law of contracts, that an oer . . . by one person to another.
Imposes no obligation upon the former, until it is accepted by the latter, according to the terms
in which the oer was made. Any qualication of, or departure from, those terms, invalidates the
oer.” Eliason v. Henshaw, 4 Wheat. 225, 228 (1819) (emphasis added). is principle applies to
international arbitration agreements just as it does to domestic commercial contracts. See Dugan
221-222; Salacuse 381; Schreuer, Consent to Arbitration, in e Oxford Handbook of International
Investment Law 830, 836-837 (P. Muchlinski, F. Ortino, & C. Schreuer eds. 2008).
By incorporating the local litigation provision in Article8(1), paragraph 8(2)(a) establishes that
provision as a term of Argentina’s unilateral oer to arbitrate. To accept Argentina’s oer, an investor
must therefore rst litigate its dispute in Argentina’s courts—either to a “nal decision” or for 18
months, whichever comes rst. Unless the investor does so (or, perhaps, establishes a valid excuse
for failing to do so, as discussed below, see infra, at 17), it has not accepted the terms of Argentina’s
oer to arbitrate, and thus has not formed an arbitration agreement with Argentina. (38)
Although the majority suggests that the local litigation requirement would not be a “condition
of consent” even if the Treaty explicitly called it one, the Court’s holding is limited to treaties that
contain no such clear statement. See ante, at 11-13. But there is no reason to think that such a clear
statement should be required, for we generally do not require “talismanic words” in treaties. Me-
dellín v. Texa s, 552 U. S. 491, 521 (2008). Indeed, another arbitral tribunal concluded that the local
litigation requirement was a condition on Argentina’s consent to arbitrate despite the absence of
the sort of clear statement apparently contemplated by the majority. See ICS Inspection & Control
Servs. Ltd. v. Argentine Republic, PCA Case No. 2010-9, Award on Jurisdiction, ¶262 (Feb. 10, 2012).
Still other tribunals have reached the same conclusion with regard to similar litigation requirements
in other Argentine bilateral investment treaties. See Daimler Financial Servs. AG v. Argentine Repu-
blic, ICSID Case No. ARB/ 05/1, Award, ¶¶193, 194 (Aug. 22, 2012); Wintershall Aktiengesellschaft v.
Argentine Republic, ICSID Case No. ARB/04/14, Award, ¶116 (Dec. 8, 2008).
In the face of this authority, the majority quotes a treatise for the proposition that “‘[a] substan-
tial body of arbitral authority from investor-state disputes concludes that compliance with proce-
(38) To be clear, the only question is whether BG Group formed an arbitration agreement with
Argentina. To say that BG Group never formed such an agreement is not to call into question the
validity of its various commercial agreements with Argentina.
229
Jurisprudencia
dural mechanisms in an arbitration agreement (or bilateral investment treaty) is not ordinarily a ju-
risdictional prerequisite.’” Ante, at 16 (quoting 1 G.Born, International Commercial Arbitration 842
(2009)).But that simply restates the question. e whole issue is whether the local litigation require-
ment is a mere “procedural mechanism” or instead a condition on Argentina’s consent to arbitrate.
BG Group concedes that other terms of Article 8(1) constitute conditions on Argentina’s consent
to arbitrate, even though they are not expressly labeled as such. See Tr. of Oral Arg. 57 (“You have to
be a U. K. investor, you have to have a treaty claim, you have to be suing another party to the treaty.
And if those aren’t true, then there is no arbitration agreement” (emphasis added)). e Court does
not explain why the only other term —the litigation requirement— should be viewed dierently.
Nor does the majority’s reading accord with ordinary contract law, which treats language such
as the word “after” in Article 8(2)(a)(i) as creating conditions, even though such language may not
constitute a “clear statement.” See 13 R. Lord, Williston on Contracts §38:16 (4th ed. 2013). e ma-
jority seems to regard the local litigation requirement as a condition precedent to performance of
the contract, rather than a condition precedent to formation of the contract. Ante, at 8-9; see 13
Lord §§38:4, 38:7. But that cannot be. Prior to the fulllment of the local litigation requirement,
there was no contract between Argentina and BG Group to be performed. e Treaty is not such
an agreement, since BG Group is of course not a party to the Treaty. Neither the majority nor BG
Group contends that the agreement is under Article8(2)(b), the provision that applies “where the
Contracting Party and the investor of the other Contracting Party have so agree d.” An arbitration
agreement must be formed, and Article 8(2)(a) spells out how an investor may do that: bysubmitting
the dispute to local courts for 18 months or until a decision is rendered.
Moreover, the Treaty’s local litigation requirement certainly does not resemble “time limits, no-
tice, laches, estoppel,” or the other kinds of provisions that are typically treated as conditions on the
performance of an arbitration agreement, rather than prerequisites to formation. Revised Uniform
Arbitration Act of 2000 §6(c), Comment 2, 7 U. L. A. 26 (2009). Unlike a time limit for submitting a
claim to arbitration, see Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., 537 U. S. 79, 85 (2002), the litigation
requirement does not simply regulate the timing of arbitration. As the majority recognizes, ante, at
15-16, the provision does not simply require the parties to wait for 18 months before proceeding to
arbitration, but instead requires them to submit their claims for adjudication during that period.
And unlike a mandatory pre-arbitration grievance procedure, see John Wiley & Sons, Inc. v. Livings-
ton, 376 U. S. 543, 556-559 (1964), the litigation requirement sends the parties to court —and not just
any court— but a court of the host country.
e law of international arbitration and domestic contract law lead to the same conclusion:
Because paragraph (2)(a) of Article 8 constitutes only a unilateral standing oer by the Contracting
Parties to each other’s investors to submit to arbitration under certain conditions, an investor can-
not form an arbitration agreement with a Contracting Party under the Treaty until the investor ac-
cepts the actual terms of the Contracting Party’s oer. Absent a valid excuse, that means litigating its
dispute in the Contracting Party’s courts to a “nal decision” or, barring that, for at least 18 months.
B. e nature of the obligations a sovereign incurs in agreeing to arbitrate with a private party
conrms that the local litigation requirement is a condition on a signatory country’s consent to ar-
bitrate, and not merely a condition on performance of a pre-existing arbitration agreement. ere
are good reasons for any sovereign to condition its consent to arbitrate disputes on investors’ rst
litigating their claims in the country’s own courts for a specied period. It is no triing matter for a
sovereign nation to subject itself to suit by private parties; we do not presume that any country—in-
cluding our own—takes that step lightly. Cf. United States v. Bormes, 568 U. S. ___, ___ (2012) (slip
op., at 4) (Congress must “unequivocally express [ ]” its intent to waive the sovereign immunity of
the United States (quoting United States v. Nordic Village, Inc., 503 U. S. 30, 33 (1992); internal quota-
tion marks omitted)). But even where a sovereign nation has subjected itself to suit in its own courts,
it is quite another thing for it to subject itself to international arbitration. Indeed, “[g]ranting a priva-
te party the right to bring an action against a sovereign state in an international tribunal regarding
an investment dispute is a revolutionary innovation” whose “uniqueness and power should not be
overlooked.” Salacuse 137. at is so because of both the procedure and substance of investor-state
arbitration.
230
R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
Procedurally, paragraph (3) of Article 8 designates the Arbitration Rules of the United Nations
Commission on International Trade Law (UNCITRAL) as the default rules governing the arbitration.
ose rules authorize the Secretary-General of the Permanent Court of Arbitration at e Hague to
designate an “appointing authority” who —absent agreement by the parties— can select the sole ar-
bitrator (or, in the case of a three-member tribunal, the presiding arbitrator, where the arbitrators no-
minated by each of the parties cannot agree on a presiding arbitrator).UNCITRAL Arbitration Rules,
Arts. 6, 8-9 (rev. 2010 ed.). e arbitrators, in turn, sele ct the site of the arbitration (again, absent an
agreement by the parties) and enjoy broad discretion in conducting the proceedings. Arts. 18, 17(1).
Substantively, by acquiescing to arbitration, a state permits private adjudicators to review its
public policies and eectively annul the authoritative acts of its legislature, executive, and judiciary.
See Salacuse 355; G. Van Harten, Investment Treaty Arbitration and Public Law 65-67 (2007). Con-
sider the dispute that gave rise to this case: Before the arbitral tribunal, BG Group challenged mul-
tiple sovereign acts of the Argentine Government taken after the Argentine economy collapsed in
2001—in particular, Emergency Law 25,561, which converted dollar denominated taris into peso-
denominated taris at a rate of one Argentine peso to one U. S. dollar; Resolution308/02 and Decree
1090/02, which established a renegotiation process for public service contracts; and Decree 214/02,
which stayed for 180 days injunctions and the execution of nal judgments in lawsuits challenging
the eects of the Emergency Law. Indeed, in awarding damages to BG Group, the tribunal held that
the rst three of these enactments violated Article 2 of the Treaty. See Article 8, a Contracting Party
grants to private adjudicators not necessarily of its own choosing, who can meet literally anywhe-
re in the world, a power it typically reserves to its own courts, if it grants it at all: the power to sit
in judgment on its sovereign acts. Given these stakes, one would expect the United Kingdom and
Argentina to have taken particular care in specifying the limited circumstances in which foreign in-
vestors can trigger the Treaty’s arbitration process. And that is precisely what they did in Article 8(2)
(a), requiring investors to aord a country’s own courts an initial opportunity to review the country’s
enactments and assess the country’s compliance with its international obligations. Contrast this
with Article 9, which provides for arbitration between the signatory countries of disputes under the
Treaty without any preconditions. Argentina and the United Kingdom considered arbitration with
particular foreign investors to be dierent in kind and to require special limitations on its use.
e majority regards the local litigation requirement as toothless simply because the Treaty does
not require an arbitrator to “give substantive weight to the local court’s determinations on the mat-
ters at issue between the parties,” ante, at 9; see als o ante, at 15-16, but instead provides that “[t]he
arbitration decision shall be nal and binding on both Parties,” Art. 8(4), 1765 U. N. T. S. 38. While it
is true that an arbitrator need not defer to an Argentine court’s judgment in an investor dispute, that
does not deprive the litigation requirement of practical import. Most signicant, the Treaty provides
that an “arbitral tribunal shall decide the dispute in accordance with … the laws of the Contracting
Party involved in the dispute.” Art. 8(4), ibid. I doubt that a tribunal would give no weight to an
Argentine court’s authoritative construction of Argentine law, rendered in the same dispute, just
because it might not be formally bound to adopt that interpretation.
e local litigation requirement can also help to narrow the range of issues that remain in con-
troversy by the time a dispute reaches arbitration. It might even induce the parties to settle along the
way. And of course the investor might prevail, which could likewise obviate the need for arbitration.
Cf. McKart v. United States, 395 U. S. 185, 195 (1969).
None of this should be interpreted as defending Argentina’s history when it comes to internatio-
nal investment. at history may prompt doubt that requiring an investor to resort to that country’s
courts in the rst instance will be of any use. But that is not the question. Argentina and the Uni-
ted Kingdom reached agreement on the term at issue. e question can therefore be rephrased
as whether it makes sense for either Contracting Party to insist on resort to its courts before being
compelled to arbitrate anywhere in the world before arbitrators not of its choosing. e foregoing
reasons may seem more compelling when viewed apart from the particular episode before us.
II
Given that the Treaty’s local litigation requirement is a condition on consent to arbitrate, it fo-
llows that whether an investor has complied with that requirement is a question a court must decide
231
Jurisprudencia
de novo, rather than an issue for the arbitrator to decide subject only to the most deferential judi-
cial review. See, e.g., Adams v. Suozzi, 433 F. 3d 220, 226-228 (CA2 2005) (holding that compliance
with a condition on formation of an arbitration agreement is for a court, rather than an arbitrator,
to determine). e logic is simple: Because an arbitrator’s authority depends on the consent of the
parties, the arbitrator should not as a rule be able to decide for himself whether the parties have in
fact consented. Where the consent of the parties is in question, “reference of the gateway dispute to
the court avoids the risk of forcing parties to arbitrate a matter that they may well not have agre ed to
arbitrate.” Hows am, 537 U. S., at 83-84.
is principle is at the core of our arbitration precedents. See Granite Rock Co., 561 U. S., at 299
(questions concerning “the formation of the parties’ arbitration agreement” are for a court to decide
de novo). e same principle is also embedded in the law of international commercial arbitration.
2 Born 2792 (“[W]here one party denies ever having made an arbitration agreement or challenges
the validity of any such agreement, … the possibility of de novo judicial review of any jurisdictional
award in an annulment action is logically necessary”). See also Restatement (ird) of U. S. Law of
International Commercial Arbitration §4-12(d)(1) (Tent. Draft No. 2,Apr. 16, 2012) (“a court deter-
mines de novo . . . the existence of the arbitration agreement”).
Indeed, the question in this case —whether BG Group accepted the terms of Argentina’s oer
to arbitrate— presents an issue of contract formation, which is the starkest form of the question
whether the parties have agreed to arbitrate. In Howsam v. Dean Witter Reynolds, Inc., we gave two
examples of questions going to consent, which are for courts to decide: “whether the parties are
bound by a given arbitration clause” and “whether an arbitration clause in a concededly binding
contract applies to a particular type of controversy.” 537 U. S., at 84. In both examples, there is at least
a putative arbitration agreement between the parties to the dispute. e only question is whether the
agreement is truly binding or whether it covers the specic dispute. Here, by contrast, the question
is whether the arbitration clause in the Treaty between the United Kingdom and Argentina gives rise
to an arbitration agreement between Argentina and BG Group at all. Cf. ante, at 2 (SOTOMAYOR,
J., concurring in part) (“Consent is especially salient in the context of a bilateral investment treaty,
where the treaty is not an already agreed-upon arbitration provision between known parties”).
e majority never even starts down this path. Instead, it preempts the whole inquiry by con-
cluding that the local litigation requirement is the kind of “procedural precondition” that parties
typically expect an arbitrator to enforce. Ante, at 8-9. But as explained, the local litigation require-
ment does not resemble the requirements we have previously deemed presumptively procedural.
See supra, at 8. It does not merely regulate the timing of arbitration. Nor does it send the parties to
non-judicial forms of dispute resolution.
More importantly, all of the cases cited by the majority as examples of procedural provisions in-
volve commercial contracts between two private parties. See ante, at 9. None of them —not a single
one— involves an agreement between sovereigns or an agreement to which the person seeking to
compel arbitration is not even a party. e Treaty, of course, is both of those things.
e majority suggests that I am applying “a dierent kind of analysis” from that governing private
commercial contracts, just because what is at issue is a treaty. Ante, at 15. at is not so: e key point,
which the majority never addresses, is that there is no completed agreement whatsoever between Ar-
gentina and BG Group. An agreement must be formed, and whether that has happened is —as it is in
the private commercial contract context— an issue for a court to decide. See supra, at 12-13.
e distinction between questions concerning consent to arbitrate and mere procedural requi-
rements under an existing arbitration agreement can at times seem elusive. Even the most munda-
ne procedural requirement can be recast as a condition on consent as a matter of technical logic.
But it should be clear by now that the Treaty’s local litigation requirement is not a mere formality,
not in Buenos Aires, not in London. And while it is true that “parties often submit important matters
to arbitration,” ante, at 11, our precedents presume that parties do not submit to arbitration the
most important matter of all: whether they are subject to an agreement to arbitrate in the rst place.
Nor has the majority pointed to evidence that would rebut this presumption by showing that
Argentina “‘clearly and unmistakably’” intended to have an arbitrator enforce the litigation require-
ment. Howsam, supra, at 83 (quoting AT&T Technologies, Inc. v. Communications Workers, 475 U. S.
643, 649 (1986)). As the majority notes, ante, at 14, the Treaty incorporates certain arbitration rules
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R F, V. VI N° 1 N S II (2015) 193-232
that, in turn, authorize arbitrators to determine their own jurisdiction over a dispute. See Art. 8(3).
But those rules do not operate until a dispute is properly before an arbitral tribunal, and of course
the whole question in this case is whether the dispute between BG Group and Argentina was before
the arbitrators, given BG Group’s failure to comply with the 18-month local litigation requirement.
As a leading treatise has explained, “[i]f the parties have not validly agreed to any arbitration agree-
ment at all, then they also have necessarily not these circumstances, provisions in institutional rules
cannot confer any [such] authority upon an arbitral tribunal.” Ibid.
I also see no reason to think that arbitrators enjoy comparative expertise in construing the local liti-
gation requirement. Ante, at 14. It would be one thing if that provision involved the application of the ar-
bitrators’ own rules, cf. Howsam, supra, at 85, or if it were “intertwined” with the merits of the underlying
dispute, John Wiley & Sons, 376 U. S., at 557. Neither is true of the litigation requirement at least as well as
an arbitrator can. Given the structure of Article 8 and the important interests that the litigation require-
ment protects, it seems clear that the United Kingdom and Argentina thought the same (39).
III
Although the Court of Appeals got there by a slightly dierent route, it correctly concluded that
a court must decide questions concerning the interpretation and application of the local litigation
requirement de novo. 665 F. 3d 1363, 1371-1373 (CAD C 2012). At the same time, however, the court
seems to have simply taken it for granted that, because BG Group did not submit its dispute to the
local courts, the arbitral award in BG Group’s favor was invalid. Indeed, the court addressed the
issue in a perfunctory paragraph at the end of its opinion and saw “‘only one possible outcome’”:
“that BG Group was required to commence a lawsuit in Argentina’s courts and at 1373 (quoting
Stolt-Nielsen S. A. v. AnimalFeeds Int’l Corp., 559 U. S. 662, 677 (2010)).
at conclusion is not obvious. A leading treatise has indicated that “[i]t is a necessary impli-
cation from [a unilateral] oer that the oer or, in addition, makes a subsidiary oer by which he or
she promises to accept a tender of performance.” 1 Lord §5:14, at 1005. On this understanding, an
oeree’s failure to comply with an essential condition of the unilateral oer “will not bar an action,
if failure to comply with the condition is due to the oeror’s own fault.” Id., at 1005-1006.
It would be open to BG Group to argue before the Court of Appeals that this principle was incor-
porated into Article 8(2)(a) as an implicit aspect of Argentina’s unilateral oer to arbitrate. Such an
argument would nd some support in the background principle of customary international law that
a foreign individual injured by a host country must ordinarily exhaust local remedies, unless doing
sowould be “futile.” See Dugan 347-357. In any event, the issue would be analyzed as one of contract
formation, and therefore would be for the court to decide. I would accordingly vacate the decision
of the Court of Appeals and remand the case for such an inquiry.
I respectfully dissent.
(39) JUSTICE SOTOMAYOR contends that “Argentina’s conduct conrms that the local litigation
requirement is not a condition on consent, for rather than objecting to arbitration on the ground that
there was nobinding arbitration agreement to begin with, Argentina actively participated in the con-
stitution of the arbitral panel and in the proceedings that followed.” Ante, at 4 (opinion concurring in
part). But as the arbitral tribunal itself recognized, Argentina did object to the tribunal’s jurisdiction
to hear the dispute. App. to Pet. for Cert. 99a, 134a, 143a, 161a-163a. And we have held that “merely
arguing the arbitrability issue to an arbitrator” —say, by “ling with the arbitrators a written memo-
randum objecting to the arbitrators’ jurisdiction”— “does not indicate a clear willingness to arbitrate
that issue, i.e., a willingness to be eectively bound by the arbitrator’s decision on that point.” First
Options of Chicago, Inc. v. Kaplan, 514 U. S. 938, 946 (1995). e concurrence contends that Argentina
“apparently” argued its jurisdictional objection in terms of procedure rather than consent, ante, at 4,
n., but the one piece of evidence cited —a negative inference from the arbitrator’s characterization of
Argentina’s argument on a subsidiar y issue— hardly suces to distinguish First Options.
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