Amparo por mora

• Autor: Luis R. Carranza Torres
• Cargo del Autor: Abogado (U.N.C.). Doctorando en Ciencias Jurídicas (U.C.A.).
• Páginas: 460-463

460 LUIS R. CARRANZA TORRES

Art. 19 [ley nacional 16.986] - La presente ley comenzará a regir

desde el día de su publicación en el Boletín Oficial.

Art. 19 [ley provincial 4915] - Ídem.

Art. 20 [ley nacional 16.986] - Comuníquese, publíquese, dése a la

Dirección Nacional del Registro Oficial y archívese.

Art. 20 [ley provincial 4915] - Comuníquese, etcétera.

3. AMPARO POR MORA

3.1. Nacional (art. 28, ley 19.549, mod. 21.686)

Art. 28. Amparo por mora de la Administración. El que fuere parte en

un expediente administrativo, podrá solicitar judicialmente se libre orden

de pronto despacho. Dicha orden será procedente cuando la autoridad

administrativa hubiere dejado vencer los plazos fijados y en caso de no

existir éstos, si hubiere transcurrido un plazo que excediere de lo razona-

ble sin emitir el dictamen, o la resolución de mero trámite o de fondo que

requiera el interesado. Presentado el petitorio, el juez se expedirá sobre su

procedencia, teniendo en cuenta las circunstancias del caso, y si lo estimare

pertinente requerirá a la autoridad administrativa interviniente que, en

el plazo que le fije, informe sobre las causas de la demora aducida. La de-

cisión del juez será inapelable. Contestado el requerimiento o vencido el

plazo sin que se lo hubiere evacuado, se resolverá lo pertinente acerca de

la mora, librando la orden si correspondiere para que la autoridad admi-

nistrativa responsable despache las actuaciones en el plazo prudencial que

se establezca según la naturaleza y complejidad del dictamen o trámites

pendientes.

Art: 29. La desobediencia a la orden de pronto despacho tornará apli-

cable lo dispuesto por el art. 17 del decreto-ley 1285/58.

3.2. Provincial (ley 8508 de acción de amparo por

mora de la Administración)

Artículo 1º - Procedencia. Legitimación activa. Toda persona

tiene derecho a interponer Acción de Amparo por Mora de la Administra-

ción contra Funcionarios, Reparticiones o Entes Públicos Administrati-

vos que no hubieran cumplido debidamente dentro de un plazo determinado

un deber concreto impuesto por la Constitución, una ley u otra norma,

siempre que la omisión afecte un derecho subjetivo o un interés legítimo.