Amparo. Jorge Berman

RESUMEN

I. . Introducción. El artículo 20 inciso 2° de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires regula la acción de amparo y señala:

 
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"2. La garantía de Amparo podrá ser ejercida por el Estado en sentido lato o por particulares cuando por cualquier acto hecho decisión y omisión proveniente de autoridad pública o de persona privada se lesione o amenace en forma actual o inminente con arbitrariedad o ilegalidad manifiesta el ejercicio de los derechos constitucionales individuales y colectivos. en las diversas expresiones que actualmente admite nuestro ordenamiento legal a nivel nacional y la doctrina especialista en la materia.

El Amparo procederá ante cualquier juez siempre que no pudieren utilizarse por la naturaleza del caso los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable y no procediese la garantía de Habeas Corpus.

No procederá contra leyes o contra actos jurisdiccionales emanados del Poder Judicial.

La ley regulará el Amparo estableciendo un procedimiento breve y de pronta resolución para el ejercicio de la garantía sin perjuicio de la facultad del juez para acelerar su trámite mediante formas mas sencillas que se adapten a la naturaleza de la cuestión planteada.

En el caso el juez podrá declarar la inconstitucionalidad de la norma en que se funde el acto u omisión lesivos ".

El amparo en la Provincia de Buenos Aires encuentra su principal antecedente en la ley 7.166 publicada en el Boletín Oficial el 231265 (N° 15.562) que ha sido modificada parcialmente por los Decreto ley N° 726166 N° 742568 y por la ley 13.001. Su última versión reglamentada es el Decreto N° 106795.

Este año 1 la Provincia de Buenos Aires sancionó la ley 13.928 promulgada por el Decreto N° 3.34408 y estableció un nuevo régimen legal respecto a la acción de amparo. Esta ley trae particularidades por cuanto existen diversos artículos que han sido vetados por el Poder Ejecutivo Provincial y mantiene subsidiariamente el régimen anterior de la ley 7.166 2 para cuestiones que no están previstas en la actual legislación. Lamentablemente como habré de notar en este aporte si bien ambas regulaciones en algunos aspectos se complementan en otros presentan discrepancias que alientan una pronta corrección en el corto plazo a fin de evitar futuros conflictos de interpretación.

  1. Contenido de la ley 13928 y régimen de la ley 7166.

    1. Concepto legal del amparo.

      El artículo 1° de la ley 13.928 no define la acción de amparo sino que se remite "será admisible y con los alcances" al texto del artículo 20 inciso 2º de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires donde se encuentra previsto . La norma constitucional comprende tanto los actos públicos como el de particulares por lo que más allá del rango legal de jerarquía que mantiene respecto a la regulación de la ley 7.166 3 es claro que mantiene una definición más aggiornada a nuestra época conforme a la doctrina imperante y a la jurisprudencia actual .

    2. Procedencia de la acción.

      El artículo 2° de la ley 13.928 a diferencia de la ley 7.166 4 no define abiertamente en que supuestos procede la acción sino que se limita a mencionar de forma excepcional cuando resulta improcedente manteniendo el criterio amplio que la doctrina y la jurisprudencia ha predicado sobre la materia. Así señala que la acción de amparo no procederá:

      1. Cuando pudieran utilizarse por la naturaleza del caso los remedios ordinarios sin daño grave o irreparable 5.

      2. Cuando sea procedente la garantía del Habeas Corpus.

      3. Cuando lo que se pretenda sea la mera declaración de inconstitucionalidad de normas de alcance general .

      4. Contra actos jurisdiccionales emanados de un órgano del Poder

      Judicial 6.

    3. Competencia.

      La ley 13.928 en su artículo 4º mantiene el principio de territorialidad que contiene la ley 7166 7. De allí que cualquier Juez o Tribunal letrado de primera o única instancia con competencia en el lugar donde el hecho acto o omisión cuestionados tuviere o hubiese de tener efectos es el que entenderá en el caso. Cuando por el mismo hecho acto u omisión se hubieran iniciado varias acciones entenderá el primer Juez o Tribunal prevenido (acumulando así los procesos en razón de la conexidad en la materia).

      La rapidez que requiere la acción de amparo conduce a que las controversias por cuestiones de competencia sean desalentadas y excepcionales. De allí que en la Provincia de Buenos Aires rija la Resolución Nº 13582006 del 14.06.06 de la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires 8 para la distribución y asignación de los amparos.

    4. Legitimación activa.

      El actual 4º de la ley 13928 mantiene una redacción más clara y resumida que la prevista en la ley 7166 9. Se encuentran legitimados por esta ley para interponer una acción de amparo el Estado toda persona física o jurídica que se encuentre "afectada en sus derechos o intereses individuales o derechos de incidencia colectiva" 10 y las asociaciones que sin revestir el carácter de personas jurídicas justificaren mediante la exhibición de sus estatutos que no contrarían una finalidad de bien público.

    5. Plazo de interposición.

      El artículo 6º de la ley 13928 en forma similar a la ley 7166 11 establece un plazo de caducidad para iniciar la acción que es dentro de los 30 días a partir de la fecha en que el o los afectados hayan tomado conocimiento del acto u omisión que consideran violatorio del derecho o garantía conculcada.

      Sin embargo la actual redacción contiene un agregado significativo "dicho plazo no será interrumpido por intimaciones particulares o presentaciones en sede administrativa" y "en el supuesto de actos u omisiones lesivas periódicas el plazo comenzará a computarse respecto de cada uno de éstos". De allí que se trate de un plazo de caducidad que en principio no admite suspensión ni interrupción.

    6. Procedimiento para el trámite.

      El artículo 5° de la ley 13928 establece para el trámite de la acción el procedimiento que fija la propia ley y supletoriamente el procedimiento sumarísimo previsto en el Código de Procedimientos Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires. Sin perjuicio de ello la norma faculta a los jueces a establecer un trámite más rápido según la naturaleza de la cuestión planteada y aclara expresamente que las normas de procedimiento no pueden ser interpretadas de manera restrictiva o dilatoria para la tramitación expedita del proceso. La ley 7166 12 resulta complementaria de estas disposiciones.

    7. Requisitos de la demanda.

      El artículo 7° de la ley 13928 contiene una nueva redacción respecto a los requisitos de la demanda que se diferencia con la primigenia ley 7166 13 estableciendo en algunos casos otros requisitos (que se destaca con letra cursiva). La demanda deberá interponerse por escrito y contendrá:

      1) Nombre apellido razón o denominación social domicilio real y constituido del accionante.

      2) La justificación de la personería invocada conforme las leyes en vigor.

      3) La individualización en lo posible del autor del acto y omisión.

      4) La relación circunstanciada de los hechos actos y omisiones que hayan producido o estén en vías de producir la lesión del derecho o garantía cuyo amparo se pretende.

      5) Ofrecimiento de toda la prueba de la que intente valerse adjuntando la prueba que obrare en su poder.

      6) La petición en términos claros y precisos.

      Asimismo esta disposición aclara "Será admisible todo tipo de prueba que no se contraponga con los principios de celeridad y economía procesal . En caso de amparo colectivo además de los requisitos anteriores deberá identificarse el grupo afectado indicando la relación o situación jurídica que los une".

    8. Medidas Cautelares

      El artículo 9º de la ley 13928 completa esta disposición al señalar que con la interposición de demanda o en cualquier estado del proceso las partes podrán solicitar el dictado de medidas cautelares previstas en el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires siguiendo para ello las disposiciones de ese cuerpo normativo y las del Capítulo IV de la ley 12008 en lo que fueran pertinentes.

      Esta solicitud debe resolverse juntamente con la resolución acerca de la admisibilidad de la acción o en un plazo máximo de un (1) día si el pedido se realizare en cualquier estado del proceso. Entendemos que esta disposición se complementa con la regulación específica que tiene la ley 7166 14 .

    9. Examen de la demanda.

      El artículo 8º de la ley 13928 dispone que una vez examinada la demanda el Juez deberá expedirse inmediatamente acerca de los requisitos de admisibilidad de la acción. Si la acción fuese manifiestamente inadmisible el Juez mediante acto fundado la rechazará sin sustanciación ordenando el archivo de las actuaciones.

      Así como lo dispone la ley 7166 15 la ley 13928 prevé la posibilidad de apelar la resolución...

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