Evolución del amparo en el derecho argentino

• Autor: Luis R. Carranza Torres
• Cargo del Autor: Abogado (U.N.C.). Doctorando en Ciencias Jurídicas (U.C.A.).
• Páginas: 17-18

PRÁCTICA DEL AMPARO17

4 Vgr., “Benedicta Dora Flores s/ inscripción en padrón electoral-1930”.

2. EVOLUCIÓNDELAMPAROENEL DERECHOARGENTINO

Podemos distinguir cuatro momentos en este tema: a) El de

desconocimiento, hasta 1957. En tal período, la Corte Suprema

había sentado posición a través de sus fallos en el sentido de no

admitir acciones que no estuvieran reguladas legalmente. Sin

olvidar su función de ser la última esfera de protección de los de-

rechos constitucionales, tal protección debía ser requerida en

forma excluyente a través de las acciones o recursos instituidos

por la ley4; b) El judicial o pretoriano, de 1957 a 1966. En el caso

“Siri” la Corte realiza un cambio copernicano en materia de

protección de derechos. Frente al hecho de la clausura del dia-

rio “Mercedes” por autoridad policial, que no adujo motivo alguno

para realizar tal medida, recepta el principio de que las garan-

tías individuales consagradas constitucionalmente (en este

caso, la libertad de imprenta y de trabajo) existen y protegen a

los individuos en forma independiente de la existencia de leyes

reglamentarias. Un año después, en el caso “Kot” se plantea un

caso de amparo contra particulares, concretamente un grupo de

obreros que ocupaban el establecimiento fabril de la parte

actora. Se fundaba el accionante invocando la libertad de traba-

jo, de propiedad y de libre actividad. La Corte Suprema no en-

contró motivos para circunscribir la protección de derechos

constitucionales tan sólo contra actos de autoridad, extendiendo

de esta forma la materia del amparo también a las agresiones en

los derechos constitucionales provenientes de sujetos no esta-

tales; c) El legislativo, de 1966 a 1994. En esta etapa se sanciona

la ley nacional 16.896, que reglamenta a la acción de amparo, en

medio de críticas cruzadas de la doctrina sobre si este instituto

debía ser o no objeto de tal regulación. La ley de amparo es con-

cebida con un criterio restrictivo para el uso de la acción, en el

temor de que paralice la actividad estatal o lleve al desconoci-

miento de la autoridad pública. El amparo contra actos de par-

ticulares fue incluido en el Código Procesal Civil y Comercial de

la Nación, y en posteriores ordenamientos se fueron introdu-