El amparo colectivo

Autor:Ángela C. Pinacchio
 
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Pinacchio, El amparo colectivo
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El amparo colectivo*
Por Ángela C. Pinacchio
1. Introducción
El amparo de los derechos individuales está reconocido cuando toda persona
física o jurídica y, no existiendo otro medio más idóneo, se encuentre con que un acto
u omisión de cualquier autoridad pública (administrativa, legislativa, judicial) o de par-
ticulares hubiera producido, en forma actual o inminente, una lesión a un derecho
suyo. Otra cuestión muy distinta, es el amparo de los derechos de incidencia colectiva;
pues, es respecto de intereses que no son particulares y privativos de un sujeto de-
terminado y preciso.
Sobre las exigencias objetivas del amparo colectivo, entendemos, como lo hace
Bidart Campos, que no cabe postular una excesiva incomunicación entre ambos pá-
rrafos del art. 43 de la Const. nacional. La posibilidad de realizar un control judicial-
constitucional, su interposición frente a actos u omisiones de autoridades públicas y
de particulares, como también, la trinidad de fuentes constitución-tratados-ley y la con-
figuración de arbitrariedad o ilegalidad manifiesta, que amenace derechos humanos,
son todas coordenadas comunes a ambas especies de amparo (individual y colectivo).
2. Reparto de competencias, organización y paz social
Desde el principio, el Preámbulo de la Constitución nacional, enseña que un ob-
jetivo es “afianzar la justicia”. Esta meta señalada por los constituyentes de 1853, en
la obertura, conjuga con los arts. 18 y 116 de la Const. nacional. El primer artículo
citado (art. 18), obra como garantía, al asegurar la defensa en juicio de la persona y
de los derechos, por lo que, el sistema judicial tiene el deber de conocer y decidir en
toda causa que verse sobre puntos regidos por la Constitución y los tratados (arts. 30
y 75, incs. 12, 22, y 24).
Los conflictos que puedan surgir en la sociedad civil deben encontrar una forma
de ser resueltos. El conflicto jurídico, como una pugna de intereses contrapuestos,
puede ser encausado por la acción que insten los particulares o el Estado en el deseo
de proteger sus intereses y garantizar la paz social que debe prevalecer.
El amparo, en la Argentina, nace por creación jurisprudencial y legislativa. En un
primer momento, se fundamentó su regulación en el derecho a la jurisdicción.
Recordamos el fallo “Köt” donde se sostuvo que el amparo es una acción subsi-
diaria ante remedios judiciales o administrativos menos idóneos, como también, una
acción supletoria y de excepción ante la inexistencia de otra vía procesal. Posterior-
mente, se sancionaría la ley 16.986 donde se exigió como requisito de admisibilidad
del amparo la inexistencia de otra vía más idónea.
* Bibliografía recomendada.
Pinacchio, El amparo colectivo
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A continuación, me referiré al reparto de competencias que a partir de la re-
forma constitucional de 1994 se delinea en materia de política ambiental en el país.
Las relaciones de coordinación, subordinación y de inordinación, no serán mate-
ria de estudio en este trabajo; pero me detendré sólo por un momento en las prime-
ras. Según Esain, antes de la reforma constitucional de 1994, “toda la faz de poder de
policía pertenece al ámbito local en esos tiempos las únicas normas ambientales dic-
tadas por el Congreso preveían la adhesión provincial, porque el Congreso en materia
de policía sólo podía legislar sobre los territorios nacionales…, porque ese poder no
había sido delegado por las provincias expresamente a la Nación… ahora posee la
facultad de legislar los presupuestos mínimos no sólo en los territorios de jurisdicción
nacional sino en todo el país”. Coincido que, en materia de competencia ambiental,
hubo un antes y un después a dicha reforma. Ahora, Esain recuerda que la mayoría
de los autores coincidía en que la competencia era concurrente entre la Nación y las
provincias.
Con excepción de aquellos asuntos que debían ser regulados por los códigos de
fondo o el comercio interprovincial; las provincias tenían una atribución general y de
carácter administrativo.
Antes de la reforma constitucional de 1994 se hace referencia al recurso hídrico
del país, en relación a la navegación y al comercio. Una parte mayoritaria de la doc-
trina señaló que el art. 33 de los derechos no enumerados propende, también, a la
remisión legal sobre materia ambiental; pero debemos remontarnos hacia 1853 para
develar la formas de vida de la población en general y el avance tecnológico de la
época, los medios de transporte característicos de ese entonces, las problemáticas
ambientales instaladas (si las hubo) y a la conciencia ecológica de ese entonces. Ha-
bía razones históricas para referirse directamente a la navegación de los ríos interio-
res, a la prohibición de aduanas interiores y a la regulación del comercio.
Podemos, entonces, repasar artículos tales como: 1) “en todo el territorio de la
Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las cuales regirán las tarifas que
sancione el Congreso” (art. 9); 2) “los buques destinados de una provincia a otra, no
serán obligados a entrar, anclar y pagar derechos por causa de tránsito” (art. 12); 3)
el mismo art. 14 señala que todos los habitantes tienen el derecho de “navegar y co-
merciar”; 4) “la navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las
banderas” (art. 26). En la parte orgánica, el Congreso ya tenía una serie de atribucio-
nes en materia de reglamentación de la libre navegación de los ríos interiores, habili-
tación de puertos y de creación o supresión de aduanas, reglar el comercio con las
naciones extranjeras y entre las provincias, entre otras. También, en este contexto,
hay una especial atención a la organización territorial en materia de límites y fronteras.
Es decir, se observa que ya desde 1853 hay una distribución de competencias
entre la Nación y las provincias. Además, dentro de las atribuciones del Congreso de
la Nación, se encuentra el poder legislar en materia de comercio interprovincial e in-
ternacional, dictar los códigos de fondo, de proveer lo conducente al adelanto y bie-
nestar de las provincias mediante leyes protectoras, fijas los límites interprovinciales
y aprobar los tratados que el Poder Ejecutivo celebre (los que deben ser acatados por
las provincias en que el recurso natural se encuentre).

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