Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 28 de Diciembre de 2010, expediente B 65639

PresidentePettigiani-Negri-Genoud-Soria
Fecha de Resolución28 de Diciembre de 2010
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 28 de diciembre de 2010, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresP., N., G., S.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en la causa B. 65.639,"Amarilla, T. contra Provincia de Buenos Aires (Servicio Penitenciario). Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. Timoteo Amarilla, por apoderado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Provincia de Buenos Aires, impugnado las resoluciones del Ministerio de Gobierno III-269/93 y III-31/2003, recaídas en el expediente administrativo 2200-12682/93 y 21.200-4110/01.

    Por la primera de ellas se promovió al grado de Inspector General del Escalafón General a los I.M.J.E.G. y J.O.R., resultando el actor excluido del ascenso a dicho grado.

    Por la resolución III-31/2003 se rechazó el recurso de revocatoria incoado contra la anterior.

    Por consecuencia de la nulidad solicitada, pide se ordene su ascenso al grado de I. General del Escalafón General del Servicio Penitenciario Bonaerense a partir del 1-I-1993; y se abonen las respectivas diferencias de haberes desde la fecha antes indicada y hasta el efectivo pago con más los intereses de ley y actualización monetaria.

    Asimismo formula reserva a fin de convertir la suma condenada en la cantidad de dólares estadounidenses equivalentes a la paridad vigente al momento del pago.

  2. Corrido el traslado de ley se presenta a juicio la Fiscalía de Estado, contesta la demanda y solicita su rechazo.

  3. Agregadas las actuaciones administrativas sin acumular a estos autos, el cuaderno de prueba de la actora y glosados los alegatos de ambas partes, la causa quedó en estado de dictar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor J. doctorP. dijo:

  4. Relata el actor que es agente en situación de retiro del Servicio Penitenciario Bonaerense con el grado de I.M. delE. General.

    Refiere que mediante la resolución ministerial III-269/1993 se promovió, a instancia de la Jefatura del Servicio Penitenciario, al grado inmediato superior a los I.M.J.E.G. y J.O.R..

    Señala que el 7-V-1993 interpuso recurso de revocatoria contra dicho acto destacando que fue rechazado mediante resolución ministerial 31 del 5-III-2003.

    Sostiene que la resolución que por esta acción ataca lo excluyó ilegítima y arbitrariamente de dicha promoción, en razón de realizar una errónea interpretación del decreto ley 9578/1980 y su decreto reglamentario 342/1981.

    Se agravia al señalar que dicho acto desconoce el derecho que le asiste, conforme el art. 34 inc. b) del decreto ley 9578/1980 reglamentado por el decreto 3432/1981, al progreso en la carrera.

    Postula que la mentada resolución resulta discriminatoria y atenta contra el principio constitucional de igualdad ante la ley.

    Reconoce que los ascensos al grado de Inspector General se efectúan por selección que realiza la Jefatura del Servicio conforme facultades discrecionales que a tal efecto le atribuye la reglamentación. Sin embargo, advierte que en tal cometido el J. del Servicio debe respetar las pautas establecidas en el art. 120 del decreto 342/1981 que dispone que se entenderá por selección "... el procedimiento en virtud del cual se determine entre dos o más postulantes de igual jerarquía y calificación al agente que tenga mayor idoneidad para ser promovido sea por: a) sus antecedentes; b) méritos; c) rendimiento; d) condición de mando; e) preparación profesional; f) cultura general; g) aptitudes intelectuales".

    Asevera que en el procedimiento de selección que impugna se ha incurrido en una grosera violación al principio y doctrina que dimana del aludido art. 120, ya que los agentes de igual jerarquía a los del actor no se encontraban en igualdad de condiciones respecto de él.

    Puntualiza que el agente G. fue calificado con 9,86 y 10 en los períodos 1990/1991 y 1991/1992, respectivamente; al tiempo del ascenso desempeñaba el cargo de Subdirector de organismo y no cumplía función alguna, por lo que sostiene que debió quedar eliminado del acto de selección por no reunir los más mínimos requisitos exigidos por la ley.

    Respecto al agente R. señala que tanto en el período 1990/1991 como 1991/1992 obtuvo como calificación 10 y cumplía funciones de Subdirector de Organismo.

    Por su parte, destaca que también obtuvo calificación de 10 puntos en ambos períodos, además de estar al frente de la Dirección Trabajo que, de acuerdo al Organigrama del Servicio integra el grupo de organismos de conducción de la misma.

    Afirma que mientras cumplía los requisitos exigidos por el indicado art. 120 para ser ascendido, el señor G., en ese momento no los reunía.

    Advierte lo expresado por el Director de Institutos Penales en cuanto estima que, conforme lo dispuesto en el mencionado art. 120, "se encuentra siempre en primero o segundo lugar". Correlativamente descalifica los dictámenes de Asesoría General de Gobierno y de la Dirección de...

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