Sentencia de Sala “A”, 27 de Junio de 2012, expediente 4.409-P

Fecha de Resolución27 de Junio de 2012
EmisorSala “A”

Poder Judicial de la Nación Nº 15 /P/Def Rosario, 27 de junio de 2012.

Vistos en acuerdo de esta Sala “A” el expediente nro. 4409-P “ALVIS OMAR ALBERTO c/ AFIP-DGI s/

demanda contenciosa” (expte. nro. 87/11 del Juzgado Federal N°4

de esta ciudad).

La Dra. L.A. dijo:

Vienen los autos a consideración de esta instancia en virtud del recurso de revocatoria con apelación en subsidio, deducido por la actora a fs. 11/13, contra lo resuelto por el juez a quo a fs. 10 en tanto sostuvo que,

teniendo en cuenta que en el expediente nro. 773/01A de entrada por ante el Juzgado Federal N°3 –que en fotocopias corre por cuerda- ha quedado firme la declaración de caducidad oportunamente dictada, luego de notificado el 20/09/2010 a la parte actora el Acuerdo de Cámara nro. 224/10 obrante a fs. 84

(cédula a fs. 86), deviene extemporánea la deducción de la nueva demanda presentada en fecha 18/02/2011, en función de lo establecido en el art. 82 de la ley 11.683.

Por su parte la actora sostiene que la declaración de caducidad no significa que la sanción haya quedado firme y que conforme el artículo 82 de la ley 11.683 la demanda deberá presentarse en el término perentorio de quince días a contar de la notificación de la resolución administrativa. En ese orden de ideas, efectúa una interpretación que considera “armonizante” y explica que si el proceso judicial es declarado caduco se torna aplicable el art.

318 del CPCCN que autoriza la deducción de nueva acción en la medida en que no se haya extinguido, y que pese a ello el a quo, erróneamente, sostiene que ha perimido el plazo para articular una nueva demanda contenciosa, cuando ni siquiera se ha computado el plazo de prescripción de la acción. En tal sentido sostiene que el rechazo de la demanda debe ser revocado ya que consiste en un exceso ritual manifiesto que lo descalifica como acto jurisdiccional válido.

Concedido subsidiariamente el recurso de apelación interpuesto (fs. 14) se elevó el expediente a esta instancia (fs. 18), practicado el sorteo correspondiente quedan los autos en estado de ser resueltos.

Y considerando que:

Sin perjuicio de las manifestaciones de la actora debe advertirse que la primer demanda contenciosa –

idéntica a la presente- se interpuso el 10/10/2001 y el 20/05/09 por resolución nro. 536 se declaró operada la caducidad de la instancia, dado que el último acto que diera impulso a la causa databa del mes de junio de 2003 (fs. 63).

Apelada tal resolución, por acuerdo de Cámara nro. 224 del 15/09/2010 se resolvió declarar desierto el recurso. Con posterioridad el 03/03/2011 se entabló nuevamente esa demanda,

que fuera rechazada por extemporánea por el a quo.

En tal sentido debe señalarse que conforme es criterio de esta Cámara de Apelaciones, a partir del Acuerdo Plenario nro. 01/08, para este tipo de casos se imprime el trámite de juicio ordinario (ver en tal sentido el decreto de fs. 13 del expediente agregado por cuerda) y que por tanto deben las partes ajustar sus actuaciones a dichas normas y hacerse cargo de los impulsos del proceso. En tal sentido la caducidad de la instancia declarada quedó firme.

Asimismo, en ese orden de ideas, al referirse a la Constitucionalidad de la Caducidad de la instancia O.G. en su obra “Código Procesal Civil y Comercial de la Nación Comentado y Anotado T. II Ed. La Ley)

sostiene que: “La doctrina se ha planteado sobre la constitucionalidad de la caducidad de la instancia, analizando para ello el efecto inmediato que produce en el derecho de defensa en juicio, y en el de acción representado por el derecho de peticionar a las autoridades. Sin embargo, la perención no violenta dichos principios porque su eficacia solamente se extiende al proceso donde se declara. No ataca al derecho sustancial que, en todo caso, se puede replantear salvo que el tiempo para hacerlo hubiera prescripto.”. En el caso así

ocurre, dado que desde la fecha de la notificación de la resolución administrativa, hasta la fecha de inicio de la presente acción han transcurrido más de nueve años; debiendo recordar que, para casos como el presente, la ley 11.683

establece un plazo perentorio de 15 días a contar de la notificación de la resolución administrativa.

En efecto, los plazos de caducidad para ejercer acciones administrativas, son en el derecho de que aquí

Poder Judicial de la Nación se trata el equivalente a la prescripción en el derecho privado, y siendo que el legislador ha fijado para el caso el de quince días, la eventual...

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