Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III, 18 de Abril de 2018, expediente CNT 043301/2017/CA001

Fecha de Resolución18 de Abril de 2018
EmisorCÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO - SALA III

Poder Judicial de la Nación SENTENCIA INTERLOCUTORIA. CAUSA Nº CNT 43301/2017/CA1–“ALVAREZ, M.S. c/ OMINT ART S.A.

s/ACCIDENTE - LEY ESPECIAL” JUZGADO Nº 45-

En la ciudad de Buenos Aires, capital de la República Argentina, a 12/04/2018, reunidos en la S. de Acuerdos los señores miembros integrantes de este Tribunal, a fin de considerar el recurso deducido contra la sentencia apelada, se procede a oír las opiniones de los presentes en el orden de sorteo practicado al efecto, resultando así la siguiente exposición de fundamentos y votación:

La Dra. D.R.C. dijo:

  1. Las presentes actuaciones llegan a consecuencia de los recursos interpuestos por la parte actora a fs. 29/30, y fs. 33/38vta.

    Observo que el presente, es un particular caso que se suscita a partir de los artículos 1, 2 y 14 de la Ley 27348, respecto a la obligatoriedad de agotar la vía administrativa ante las Comisiones Médicas Jurisdiccionales, sobre lo cual fue solicitada por la parte actora la tacha de inconstitucionalidad.

    Así, la mencionada particularidad obedece a la ingeniosa solución que propugna la Sra. Magistrada de la primera instancia.

    En efecto, como veremos seguidamente, la a quo considera, por un lado, constitucional la jurisdicción administrativa, y en lugar de archivar la causa, decide que el actor inicie las actuaciones ante las comisiones y a partir de allí se suspenda el trámite judicial por el plazo que la ley prevé para agotar dicho procedimiento administrativo, bajo apercibimiento, de que en caso de no cumplir con dicha intimación, se tenga por no presentada la demanda –

    RESUELVO: 1) Denegar el planteo incoado por la actora y conforme lo prescripto por el art. 67 L.O. intímasela para que en el plazo de 10 días hábiles acredite haber dado inicio al trámite precedente, con la respectiva constancia adjunta por escrito, bajo apercibimiento de tener por no presentada la demanda (arts. 65 y 67 L.O). 3) Asimismo, se le hace saber que una vez acreditado el mentado inicio, los autos se mantendrán en letra por el plazo de 90 días hábiles administrativos en el entendimiento que, salvo la existencia de alguna presentación durante ese período, se presumirá agotado el objeto del presente en la instancia administrativa, procediéndose al archivo de la causa. 4) NOTIFÍQUESE. “ (lo puesto de resalto me pertenece)-

    La parte, ante esta resolución (fs. 27/28), presenta recurso de revocatoria con apelación en subsidio. Así, desestimado el primero, se concede la apelación con efecto diferido en atención al artículo 110 de la L.O. Luego, toda vez que cumplido el plazo de los diez días, sin que el actor acreditara el inicio del trámite administrativo se tuvo por no presentada la demanda (fs. 32), lo que dio lugar a la revitalización de la apelación interpuesta en función del artículo 112 de la LO (fs. 33/38vta.)

    Fecha de firma: 18/04/2018 A. en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación

    II.- La Sentenciante de anterior grado, como lo anticipé, sostiene que el artículo 1 de la Ley 27348 en lo atinente al procedimiento administrativo previo de carácter obligatorio y excluyente, no merece objeciones constitucionales.

    La a quo arriba a tal conclusión sosteniendo que “no existe norma constitucional alguna que prohíba los trámites administrativos ni que estén vedados. Por el contrario, al amparo de la misma Constitución la casi totalidad de los juicios ordinarios se encuentran sujetos a una instancia previa, tal el caso que venía desarrollándose por ante el Seclo de la ley 24.635.”

    Por las razones que sean, parece que el legislador ha entendido preferible la existencia de una instancia previa a la judicial y ha adoptado decisiones que redundan en un requisito formal, adicional a los que puedan encontrarse en las normas procesales específicas, para el inicio de prácticamente cualquier demanda.

    Este trámite administrativo previo ante las Comisiones Médicas incluye la posibilidad de conciliación con asistencia letrada (ante el Servicio de Homologación, regulado por el primer párrafo del art. 3º y el anexo I de la ley 27.348) y la atribución de facultades homologatorias a organismos administrativos que, por lo demás, ha sido dispuesta por distintas normas y en distintos momentos, sin cuestionamientos constitucionales que modificaran el panorama legal.

    Más allá de la gran cantidad de decisiones sobre temas conexos al de las Comisiones Médicas, no existe un pronunciamiento en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se haya expedido, de modo llano y sin lugar a interpretaciones divergentes, sobre la constitucionalidad o la inconstitucionalidad del conjunto del sistema de Comisiones Médicas.

    A mi ver, resulta determinante que a partir de las modificaciones introducidas por la ley 27.348 el trámite administrativo transcurre con asistencia letrada y con un lapso impuesto para expedirse.

    Entiendo, así, que el límite constitucional establecido en la norma se encuentra salvaguardado y las Comisiones Médicas mantenidas por la reforma, las cuales, además, cabe presumir imparciales por su carácter público y sus propias características funcionales.

    Al respecto comparto el criterio de justificación de este tipo de sistema, que podría encontrar apoyo en la función antes médica que jurídica, ya que la determinación de criterios consistentes, uniformes y generalizados sobre la incapacidad que cabe asignar a distintas patologías y daños en la salud contribuye, incluso, a que las normas sobre reparación se apliquen, en la práctica, en condiciones de igualdad (16 C.N.)

    En el contexto analizado, la posibilidad de iniciar una acción judicial no se contradice con la obligatoriedad de un trámite administrativo previo. A ello adiciono, como dije, que se encuentra limitado a sesenta días hábiles administrativos, que estimo razonable, ya que sesenta de tales días equivalen a aproximadamente tres meses en tiempo judiciales, Fecha de firma: 18/04/2018 por lo que, reitero, no se evidencia agravio constitucional, incluso A. en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación considerando la posibilidad de una prórroga habilitada por la propia ley y limitada a los casos donde el debate gira sobre la propia existencia del hecho que pretende identificarse como causa de la incapacidad.

    (Lo puesto de resalto me pertenece)

    Por su parte, el apelante afirmó, que debía ser declarada la tacha toda vez que este requerimiento de la ley implica una injustificada restricción del acceso a la justicia para el actor, así como una modificación de la competencia territorial que tiene como efecto la discriminación y desprotección del trabajador.

    Específicamente, en lo relativo al procedimiento administrativo obligatorio, sostiene que “las Comisiones médicas se disfrazan como judiciales, sin embargo son dirigidas por médicos que vienen a sustituir a los Jueces laborales (…) las atribuciones importan un verdadero contencioso jurídico (…)”

    Cuestiona la amplitud de las facultades atribuidas a las comisiones médicas y sostiene que “un órgano compuesto por médicos cuyo aporte técnico es esencial en el dictamen de los aspectos que hace a su profesión, pero que no están formados para dictar resoluciones sobre la naturaleza jurídica y laboral de los accidentes o enfermedades profesionales (…)”

    Asimismo, destaca que “la ley fue dictada para reducir la litigiosidad para desalentar los reclamos, sin analizar en ninguna medida la posibilidad de que esa elevada litigiosidad guarde relación con un elevado grado de incumplimiento de las ART y los empleadores” (Lo puesto de resalto me pertenece). Agrega, que tener como objetivo final disminuir la litigiosidad, sin atender las causas que generan el reclamo de los trabajadores, es inconstitucional.

    Insiste en que sostener el requisito del procedimiento administrativo obligatorio es “inútil y dilatorio”, y que lesiona el derecho de peticionar ante las autoridades de un sujeto de preferente tutela, puesto que debería ser una opción voluntaria del trabajador, toda vez que “no cualquier controversia puede ser válidamente deferida al conocimiento de órganos administrativos”. Al respecto, cita el fallo de la CSJN “Á. Estrada”.

    Asimismo, afirma que tal procedimiento fue declarado inconstitucional en relación a la Ley 24557 en los precedentes “Castillo”, “V., “M. y “Obregón.”

    Resalta que en el fallo “Obregón”, la Corte Suprema declaró la inconstitucionalidad de las comisiones médicas, admitiendo que “imponer a la víctima el paso por una vía administrativa previa significa retrasar injustificadamente el acceso a la justicia civil”.

    La parte refiere, que se trata de “una inconstitucionalidad absoluta aplicable a todos los casos con carácter general ya que, dada su materia, no resulta pensable que las CCMM sean constitucionales a veces sí y a veces no, según las singularidades de cada caso.” (lo puesto de Fecha de firma: 18/04/2018resalto me pertenece)

    A. en sistema: 21/05/2018 Firmado por: D.R.C., JUEZ DE CAMARA Firmado por: N.M.R.B., JUEZ DE CAMARA Firmado por: M.L.G., SECRETARIA Firmado por: A.H.P., JUEZ DE CAMARA #30083461#203452989#20180418101338700 Poder Judicial de la Nación Finalmente, del relato surge que la parte fundamenta la tacha del procedimiento administrativo obligatorio y excluyente ante las CCMM por violentar la finalidad de los artículos 14 in fine, 14bis, 16, 18, 116bis, 26 de la Convención Americana de Derechos Humanos, y 2.1 del PIDESC.

  2. Antes de abordar la cuestión traída a decisión, corresponde aclarar el motivo por el cual no se envía en vista al F. General la causa, a fin de tratar una supuesta cuestión de competencia.

    Es central entender que los conflictos...

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