Un aluvión que complica el plan defensivo de Cristina

 
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Los funcionarios de Mauricio Macri están complicando la estrategia judicial del kirchnerismo. Podrían alegar que no los mueve el interés político, sino la obligación institucional. No sólo la titular de la Oficina Anticorrupción, Laura Alonso, pidió unificar la investigaciones de los sobreprecios de obra pública con la de los presuntos sobornos que la familia Kirchner recibiría bajo la forma de alquileres pagados a Hotesur. El titular de Vialidad Nacional, Javier Iguacel, amplió ayer su denuncia sobre las irregularidades en la asignación de contratos a las empresas de Lázaro Báez. La presentación entorpece el plan defensivo de la ex presidenta y los funcionarios involucrados en esta trama escandalosa: encapsular la situación de Báez en un caso de lavado de activos, que termine navegando sin luces por el fuero penal-económico. La denuncia de Iguacel corroe ese propósito porque vincula el fenomenal progreso económico de Báez con el origen de sus fondos: el fraude cometido contra el Estado en licitaciones amañadas.

Los jueces se resistieron durante mucho tiempo a vincular ambos delitos. Es una reticencia inexplicable. Báez no desarrollaba una actividad ilegal, como podrían ser el narcotráfico o el contrabando. ¿Para qué, entonces, generar dinero negro a través de facturas apócrifas o compras simuladas? ¿Y para qué, después, volver a blanquearlo por la vía de alquileres? Simple: sólo así podía sobornar a quienes le adjudicaron las obras. ¿Declarará Báez hoy en esta dirección? Penalistas que analizan su situación conjeturan que podría aliviar su trance acogiéndose a la figura del imputado colaborador. Alguien que, sin auto-incriminarse como un arrepentido, aporta pruebas a la pesquisa. Por ejemplo, la participación de los funcionarios en la gestación del negocio. El kirchnerismo tiene suspendida la respiración frente a esta hipótesis. Lo único seguro, hasta anoche: Báez va a presentar un escrito en el que salpicará a Julio De Vido y al empresario kirchnerista Gerardo Luis Ferreyra, de Electroingeniería.

Recién el jueves pasado los camaristas Jorge Ballestero y Eduardo Freiler ordenaron a Daniel Rafecas abandonar la causa Hotesur para remitirla a Julián Ercolini. Este parsimonioso magistrado también está a cargo de la denuncia de Iguacel. El director de Vialidad aportó infinidad de detalles que corroboran el negociado a través de las empresas del presunto testaferro Báez. La denuncia surgió porque...

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