Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 13 de Julio de 2016, expediente P 126211

PresidenteKogan-Pettigiani-de Lázzari-Soria
Fecha de Resolución13 de Julio de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 13 de julio de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresP., S., de L., K.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 126.211, "Altuve, C.A. -Fiscal-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa n° 62.040 del Tribunal de Casación Penal, S.V., seguida a Z.G., J.F.".

A N T E C E D E N T E S

La Sala Sexta del Tribunal de Casación Penal, mediante el pronunciamiento dictado el 10 de marzo de 2015, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa particular de J.F.Z.G. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal n° 3 de M. que lo había condenado a la pena de diecinueve años de prisión, accesorias legales y costas, por resultar autor responsable de los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante reiterado -dos hechos- en concurso real, los que concurren idealmente con el delito de corrupción agravada por el empleo de violencia (arts. 5, 12, 29 inc. 3, 40, 41, 45, 54, 119 -primer y segundo párrafo- y 125 -último párrafo- del Código Penal). En consecuencia, casó la sentencia recurrida, absolvió al nombrado J.F.Z.G. en orden a los ilícitos mencionados por los que fuera condenado en la instancia anterior y ordenó su inmediata libertad, bajo caución (fs. 183/205 vta. y 264/269).

El señor F. ante esa instancia, doctor C.A.A., articuló recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 273/286), el que fue concedido por el Tribunala quoa tenor de la resolución dictada a fs. 300/303.

Oído el señor S. General a fs. 324/328 vta., quien se expidió sosteniendo el recurso del representante de la vindicta pública (arts. 21 inc. 8°, ley 14.442 y 487 del C.P.P.); dictada la providencia de autos (fs. 341) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley deducido?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor Juez doctor P. dijo:

  1. Contra la sentencia reseñada en los antecedentes el Fiscal ante el Tribunal intermedio interpuso recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 273/286), en el que denunció que el fallo cuestionado transgredió los arts. 18 y 75 inc. 22º de la Constitución nacional; 19 y 34 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño; 106, 210 y 373 del Código Procesal Penal (fs. 273 vta.,in fine/274, 278, 281 vta. y 286).

    En fundamento de su queja, alegó que el vicio de arbitrariedad por fundamentación aparente y déficit en la motivación quedó evidenciado en tanto el tribunal revisor en su pronunciamiento afirmó: a) la existencia de un estado de duda en orden a la demostración de la materialidad ilícita correspondiente a los ilícitos en reproche (fs. 278 vta., aps. 1."a" y "b"); y b) la falta de nitidez en la presencia de los medios comisivos previstos en el art. 119 -primer y segundo párrafo- del Código Penal que había sido aplicado al caso en la instancia originaria en oportunidad de encuadrar legalmente la conducta del imputado (fs. cit., ap. 2).

    1. Respecto del primer agravio mencionado, señaló que la Casación arribó al aducido estado de duda en razón de haberse apartado arbitrariamente tanto de las constancias de la causa como de la real motivación que contenía el fallo condenatorio dictado en la instancia de origen, limitando su faena revisora a sustituir el criterio decisorio vertido por el tribunal que intervino en el debate oral con el suyo propio (fs. 278 vta. y 281 vta.).

      Resaltó, que la conclusión a la que llegó el tribunal del juicio en torno a la existencia del ilícito en reproche se encontraba sustentada -principio de inmediación mediante- en un riguroso análisis de la consistencia, credibilidad y congruencia del testimonio vertido en el transcurso de la audiencia de debate por parte de la víctimaL.E.F. y que obtuvo corroboración, además, en el dictamen de los peritos psicólogos que lo asistieron (fs. 279/vta.) y en las declaraciones de sus padres y de su hermana (fs. 280). Frente a ese plexo probatorio de cargo que, a su criterio, avala y otorga credibilidad a los dichos del imputado, calificó de dogmática la postura asumida en la instancia revisora de contrarrestar la declaración de la víctima con la versión exculpatoria del acusado en la medida que tal proceder significó sopesar "cantidades" de prueba en desmedro de la "calidad" que puede extraerse de ella (fs. 279 vta./281).

      C., que un análisis conglobado de las probanzas reunidas conduciría a tener por acreditada la materialidad ilícita correspondiente a los dos hechos investigados y la autoría responsable del procesado en los mismos, destacando -en particular- la conclusión a la que arribó la pericia psicológica practicada al damnificadoF. que fuera valorada en el fallo de condena, en cuanto expuso que "no advierte en su análisis indicadores psicopatológicos que indique organicidad ni una estructura personalizada que permita denunciar un hecho falso contra una persona para hacerle daño" -negrita presente en el original- (fs. 281,in fine/vta.).

      Cuestionó, también, que la Casación restara entidad incriminante a la declaración brindada por la víctimaF. en el entendimiento de que ésta habría incurrido en diversas contradicciones a lo largo del proceso, siendo evidencia concreta de éstas las constancias obrantes a fs. 10/11 vta., 15/17 vta. y 187 vta./192 (v. fs. 281 vta., ap. "B" y su remisión fs. 268, ab initio). Apoyó este planteo haciendo mención a que:i) las piezas mencionadas no fueron incorporadas por lectura al debate, por lo que no debieron ser tenidas en consideración como prueba (fs. 281 vta./282);ii) descartada la situación anterior, el sentenciante debió valorar el contenido de la declaración testimonial solo a partir de la narración efectuada durante la audiencia de debate (fs. 282) yiii) no fueron mencionadas las supuestas inconsistencias en que habría incurrido la víctima, siendo que -en todo caso- ese tópico fue tratado en extenso y descartado por el tribunal originario en razón de los fundamentos provenientes de las pericias psicológicas efectuadas a la víctima y de la propia valoración del testimonio brindado -bajo el principio de inmediación- por esta última (fs. 282 vta./283 vta.), todo lo anterior condujo al dictado de una sentencia arbitraria por contener un fundamento aparente en razón de las afirmaciones dogmáticas, abstractas y genéricas allí vertidas (fs. 281 vta./282).

      Destacó, que los testimonios brindados en la audiencia de debate por los peritos psicólogos X.A.O. y K.A.L., que trataron a la víctima bajo un enfoque interdisciplinario, coadyuvaron -entre otros elementos de prueba- a formar convicción favorable en la sentencia condenatoria recaída en la instancia de origen respecto de la existencia de los hechos investigados y la autoría responsable de Z.G. en los mismos, habiendo el Tribunal intermedio sin respaldo probatorio sustituido el criterio del juzgador de origen por un fundamento aparente (fs. 283/284).

      Expuso, que aunque el contenido del recurso casatorio articulado en su oportunidad por la defensa particular sea interpretado con la mayor amplitud -v. fs. 225/248 vta.-, permitiendo así la revisión integral de la sentencia condenatoria en los términos establecidos por la Corte federal en el caso "Casal" (Fallos 328:3399), debería en ese análisis quedar excluida la ponderación de la prueba recibida oralmente y no registrada dada la imposibilidad fáctica de hacerlo, especialmente lo atingente a la impresión personal que los testigos puedan causar en el tribunal que intervino en el debate oral y en la medida que la opinión expuesta por el sentenciante que intervino en esa instancia respecto de la prueba haya sido debidamente fundada, requisito este último que -a su modo de ver- fue "sobradamente abastecido en el caso" (fs. 282 vta.).

    2. En otra parcela de la queja, el recurrente cuestionó por vía de la arbitrariedad de sentencias la conclusión a la que arribó el Tribunala quoen torno a que no se encontraban acreditados "ninguno de los métodos comisivos" que exige el art. 119 -texto según ley 25.087- del Código Penal de acuerdo a las probanzas reunidas en el caso (fs. 278 vta. y 284/vta.).

      En esa línea de análisis, bifurcó su exposición al manifestar -de un lado- que debido a que se encuentra acreditada respecto del primer hecho (año 2005) que la edad de la víctima del abuso sexual era de 12 años, "no existe consentimiento posible de ésta, puesto que la ley establece iure et de iure que la conducta [atribuida al imputado] es abuso sexual" (fs. 284 vta.) y -del otro- en lo que concierne al segundo ilícito (año 2007) que integró el pronunciamiento de condena en la instancia inicial, que se halla demostrada "la violencia desplegada por Z.G. sobre el menorF. , con el fin de abusar sexualmente de él", por lo que debería descartarse -a su juicio- la insuficiencia probatoria postulada por el órgano revisor al haber "fragmentado en forma arbitraria" las declaraciones testimoniales efectuadas en el debate (fs. 285/vta.).

  2. El dictamen de la Procuración General aconsejó hacer lugar al recurso deducido por el F. y que, en consecuencia, se proceda a reimplantar la calificación legal asignada en la instancia de origen (fs. 324/328 vta.).

  3. En mi opinión, y tal como dictaminó el señor S. General al sostener el recurso fiscal (fs. cit.), el mismo debe prosperar.

    1. En efecto, el tribunal de origen tuvo por acreditado que "corriendo el año...

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