Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 4 de Junio de 2014, expediente P 111088

PresidenteKogan-Pettigiani-Genoud-de Lázzari-Soria
Fecha de Resolución 4 de Junio de 2014
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 4 de junio de 2014, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresde Lázzari, S., P., G., K.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa P. 111.088, "Altuve, C.A. -Fiscal de Casación-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 36.056 y acum. 36.052, seguida a C.V.P. y H.P.A.. Tribunal de Casación -Sala I-" y su acumulada P. 111.661, "T., M.C.; T., J.A. y De Los Santos, M.R. -ParticularesD.-. Recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en causa nº 36.056 seguida a P., C.V. y A., H.P.. Tribunal de Casación -Sala I-".

A N T E C E D E N T E S

La Sala Primera del Tribunal de Casación mediante el pronunciamiento dictado el 23 de febrero de 2010, en lo que aquí interesa, hizo lugar al recurso homónimo interpuesto por la defensa de C.V.P. contra la sentencia dictada por el Tribunal en lo Criminal nº 6 del Departamento Judicial Morón que lo había condenado a la pena de cinco años de prisión y multa de quince mil pesos por encontrarlo autor penalmente responsable de los delitos de privación ilegítima de la libertad coactiva y usura agravada por ser el autor prestamista habitual -tres hechos- todos en concurso real entre sí. En consecuencia, casó el fallo impugnado, revocó la condena y absolvió al nombrado (fs. 183/195 vta.).

El señor F. ante ese órgano (fs. 236/245 vta.) y los particulares damnificados (fs. 251/260 vta.), dedujeron recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, los que fueron concedidos por esta Corte (fs. 287/288).

Oído el señor S. General a fs. 290/296 vta., dictada la providencia de autos (fs. 298) y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar las siguientes

C U E S T I O N E S

  1. ) ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley interpuesto por el señor F. ante el Tribunal de Casación?

  2. ) ¿Lo es el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley también deducido por los señores Particulares Damnificados?

V O T A C I Ó N

A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor de L. dijo:

  1. a. El recurrente en primer término denunció la errónea aplicación del art. 34 inc. 2 del Código Penal y la inobservancia de los arts. 142 bis y 175 bis, párr. 1º y 3º del mismo cuerpo legal (fs. 237).

    b. En lo que respecta al art. 34 inc. 2 del digesto sustantivo señaló que no concurren en la especie los extremos previstos en la causal de justificación que aplica ela quo, esto es el estado de necesidad exculpante. Indicó que lo resuelto es arbitrario.

    Explicó que para que se dé la causal de inculpabilidad en cuestión se "requiere una situación en la que el sujeto se vea reducido en su ámbito de autodeterminación, de tal manera que no le haya resultado exigible otra conducta distinta a la tipificada en la norma" y que "de las constancias de la causa surge además que la ‘emergencia no era tal’, ya que el obrar de P. no se podía condecir con la de un sujeto que obrara en situación apremiante o inminente..." (fs. 240 vta./241).

    Agregó a ello que "en el geriátrico se hallaba la enfermera que días antes había sido contratada para colocar y controlar la vía, sin dejar de resaltar que momentos antes lo había realizado el doctor E., que era el profesional que evaluaba la necesidad del método utilizado. Entonces, en modo alguno podría afirmarse que P. enfrentó la insalvable diyuntiva de cometer el delito para, de esa forma, evitar la producción de un mal mayor y únicamente evitable con la conducta que hoy se le reprocha, desde que no se ha logrado acreditar la situación real de emergencia y menos aún, el ‘peligro de muerte’ o de ‘daño irreversible’ que justificara su accionar" (fs. 241).

    Añadió a ello que "[p]areciera que el Tribunal intenta cargar toda la responsabilidad en la conducta de la víctima, no logrando demostrar que el citado profesional haya incumplido algunas de las obligaciones impuestas a su cargo, menos aún haber descuidado sus deberes de humanidad de asistencia" (fs. 241 vta.).

    c. En segundo lugar, en relación al delito de usura agravada por ser el autor prestamista habitual, luego de transcribir lo resuelto por el órgano intermedio, indicó que "claramente la conducta de Poplavsky encuadra en el delito de ‘usura’, desde que suscribía con los deudores el contrato de mutuo, donde estipulaba el crédito, la forma de pago y los intereses -que teniendo en cuenta el momento de la suscripción y el mercado financiero eran por demás usurarios- siendo que en el contrato antes mencionado se creaba la obligación de pago de los damnificados, dicha obligación era a su vez reclamable en sede comercial por incumplimiento contractual. Así, el recaudo o garantía extorsiva fue la de hacerle suscribir a los damnificados un documento ejecutable -pagaré- por la totalidad de la deuda y sus intereses, siendo el mismo innecesario desde que por la obligación mutuaria aseguraba su posibilidad de reclamo, sin dejar de resaltar que previo a la concesión de los créditos certificaba que todos los deudores fueran propietarios, siendo dicha garantía totalmente prescindible" (fs. 244 vta.).

    Agregó a ello que "la garantía extorsiva tuvo proyecciones patrimoniales desproporcionadas sobre los damnificados, ya que la obligación crediticia era única y se les cobraba parcialmente por el muto y totalmente por los pagarés, concretándose de esta forma el ‘peligro patrimonial’ que defiende el bien jurídico protegido tutelado por la figura" (fs. cit., últ. párr.).

  2. El señor S. General al emitir su dictamen aconsejó que se haga lugar a la queja interpuesta (fs. 290/296 vta.).

  3. El recurso es parcialmente procedente.

    a. El primer tramo del recurso fiscalista, vinculado al delito de privación ilegal de la libertad coactiva, debe prosperar. En mi opinión, el Tribunal del recurso para absolver al imputado, se ha desentendido por completo de los fundamentos y conclusiones del tribunal de grado, así como de las constancias del proceso merced a las cuales sus integrantes formaran su convicción, y de ese modo aplicó erróneamente el art. 34 inc. 2 del Código Penal

    i. Llega firme a esta instancia que "El día 24 de mayo de 1999, a la hora 15:30, mientras que E.E.M. se hallaba desempeñando su labor como médico clínico en el consultorio sito en la calle Balcarce 392 de la localidad y partido de M. de esta provincia, irrumpieron en el lugar dos sujetos varones, momentos en que uno de ellos a los gritos, lo tiró al piso, lo levantó tomándolo de sus prendas, y a empujones y levantándolo en el aire lo sacó de su consultorio, lo obligó a subir a la camioneta que había dejado estacionada en la vereda, y con dicho vehículo lo trasladó hasta el geriátrico ubicado en la calle Burgos nº 788 de la citada localidad, donde continuando con la violencia intentó obligarlo a que le coloque el suero a la paciente E.M. de Poplavsky" (fs. 37 vta./38).

    Ahora bien, ante el recurso casatorio de la defensa que se agraviaba de la no aplicación de la eximente prevista en el art. 34 inc. 2 del Código Penal -descartada por el tribunal del debate-, la Casación hizo lugar al mismo y absolvió al imputado.

    Para así resolver, luego de indicar que "el documento jurisdiccional sub-examine aparece, en una primera lectura, como una totalidad sistémica desprovista de fisuras. En otras palabras, como una cadena de silogismos cuyas conclusiones están exentas del vicio de absurdo. Incluso luce pormenorizado, abundando en la transcripción de detalles o aspectos de la cuestión, correlacionándolos con la fuente de la cual, respectivamente emanan" (fs. 186), señaló lo que sigue: inicialmente adujo que "comprobado que el profesional médico víctima fue conducido coaccionado al lugar donde se encontraba la enferma, deben desatarse las consecuencias penales. Y acerca de tal extremo no existen fisuras que maculen de irrazonable la conclusión obtenida" (fs. 187). Agregó a ello que "cabría añadir desde la óptica formal otro motivo más de rechazo, que consiste en que el recurrente no introduce, respecto de la justificante del art. 34 inc. 2 del C.P., un nuevo argumento sino se acude al mismo que motivara la respuesta de los jueces de grado. O sea que se halla ausente, en lo fundamental, la indispensable crítica al pensamiento del juez de grado" (fs. 187 vta.).

    Seguidamente justificó la conducta del imputado. Inicialmente dio por acreditada "una negligencia profesional" del médico víctima -fs. 188 vta.-, y explicó que "el tribunal de grado ha descuidado el elemento causal de todo, que es el estado de la paciente al momento de ocurrir el hecho" -fs. 189-.

    Fundó ello en el testimonio de la enfermera que se hallaba al cuidado de la anciana y adujo que "quien realiza las tareas de enfermería en el instituto geriátrico en el cual se hallaba internada E.M., afirmó sin ambages ni cortapisas que esta se hallaba ‘deshidratada y ... (corría) peligro de vida’. No obstante esa situación advierto:

    1. El profesional médico tratante se retiró para atender su consultorio. b) La persona encargada por dicho galeno de llevar a cabo la utilización de vías parenterales como recurso para hidratar, encontró obstrucciones que imposibilitaban el buen éxito del tratamiento, lo cual inexorablemente conducía a una crisis terminal con el transcurso de las horas. c) El único profesional médico responsable para superar la encrucijada y llevar adelante el tratamiento a la anciana era, precisamente, quien resultaba víctima de las coacciones" (fs. 189/189 vta.).

    Adunó a ello que "En tren de manejar posibilidades que la propia sentencia debió...

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