Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 16 de Diciembre de 2020, expediente B 62278

PresidenteSoria-Torres-Kogan-Pettigiani-Genoud-de Lázzari
Fecha de Resolución16 de Diciembre de 2020
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

La Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires, de conformidad con lo establecido en el art. 4 del Acuerdo n° 3971, procede al dictado de la sentencia definitiva en la causa B. 62.278, "A., R.R. contra Municipalidad de S.F.. Demanda contencioso administrativa", con arreglo al siguiente orden de votación (Ac. 2078): doctoresS., T., K.,P.,G.,de L..

A N T E C E D E N T E S

  1. El señor R.R.A., por apoderado, promovió demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de S.F. a efectos de que se declare la nulidad de los decretos 1.645/00, 2.292/00 y 2.869/00 dictados por el Intendente de dicho partido en el expediente administrativo 4.353/99.

    Por el primero de los actos mencionados se aplicó al actor la sanción de cesantía por haber incurrido en lo previsto en los arts. 60 incs. "b" y "e" y 64 inc. 6 de la ley 11.757, de consuno con lo prescripto en el art. 62 inc. II apartado "d" del mismo ordenamiento. El decreto 2.292/00 rechazó el recurso de revocatoria deducido por el interesado contra el antecedente y el 2.869/00 denegó el recurso jerárquico deducido en subsidio.

    Por consecuencia de la nulidad pretendida, solicita que se ordene su reincorporación al cargo que ocupaba al tiempo de disponerse el cese y el pago de la totalidad de los salarios caídos más una indemnización por el daño moral que, según afirma, la sanción impugnada le irrogó.

  2. Corrido el traslado de ley, se presentó a juicio la Municipalidad de S.F., contestó la demanda, argumentó en favor de la legitimidad de las decisiones atacadas y solicitó el rechazo de la acción (v. fs. 262/265).

  3. Agregadas las actuaciones administrativas (v. fs. 134/260) y los cuadernos de prueba (v. fs. 319/365 -actora- y fs. 366/523 -demandada-), glosado el alegato presentado por la demandada (v. fs. 526/530), no habiendo hecho uso de ese derecho la actora (v. fs. 533), y encontrándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

    C U E S T I O N E S

    1. ) ¿Es fundada la demanda?

      En caso afirmativo:

    2. ) ¿Corresponde reconocer un resarcimiento por el daño material? ¿En qué medida?

    3. ) ¿Debe indemnizarse el daño moral?

      V O T A C I Ó N

      A la primera cuestión planteada, el señor J.d.S. dijo:

  4. El actor relata que se desempeñó como médico en la Municipalidad de S.F. desde el año 1989, en un primer momento como J. de Centro (36 horas semanales, categoría 15) en el Centro de Salud "B.M.I.. Manifiesta que desarrolló las tareas a su cargo con empeño, dedicación e idoneidad profesional.

    Apunta que hacia el año 1995 se sucedieron en el ámbito del Departamento Ejecutivo municipal y en el seno del Partido Justicialista de S.F. una serie de conflictos que derivaron en la renuncia del entonces jefe comunal. Señala que participó como candidato a Intendente en las elecciones internas del mencionado partido, resultando electo su contrincante el señor G.O.A..

    Continúa narrando que, en ese contexto, por decreto 30.961 de 30-VI-1995 se le limitó la función y disminuyó su categoría, medida esta última que también afectó -según dice- a otros agentes municipales. Reconoce que en esa oportunidad no impugnó la decisión.

    Dice que posteriormente, el 16 de diciembre de 1998, se ordenó la instrucción de un sumario administrativo para deslindar su responsabilidad por la supuesta firma de dos recetas incompletas. Comenta que este procedimiento culminó con un llamado de atención que, según asevera, fue aplicado arbitrariamente al no haberse probado el hecho denunciado.

    Manifiesta que para esa época ya se había alejado del Partido Justicialista y había ingresado al FRE.PA.SO. Narra que siendo inminentes las elecciones generales del año 1999, el 6 de septiembre se labró un acta notarial en la que se dejó constancia de que se habían detectado en el sistema informático del Centro de Salud "Dr. H.B." documentos ajenos al quehacer de esa unidad sanitaria.

    Observa que en dicho instrumento no se detalló ni describió el contenido de los archivos supuestamente extraños a la actividad médica. Agrega que tampoco se indicó el nombre de la empresa prestadora de servicios informáticos que habría dado con los documentos en cuestión.

    Señala que, como consecuencia de ello, el Intendente ordenó la instrucción de otro sumario a fin de deslindar la responsabilidad que le pudiera caber en el desempeño de sus funciones, en atención a la denuncia a la que se acompañó la aludida acta notarial y que diere origen al expediente 4.353/99.

    Se agravia ya que el 10 de julio de 2000, a través del decreto 1.645/00, se le aplicó la sanción de cesantía por haber incurrido en lo establecido en los arts. 60 incs. "b" y "e" y 64 inc. 6 de la ley 11.757, en consonancia con lo prescripto en el art. 62 inc. II apartado "d" del mismo plexo. Agrega que esta sanción fue confirmada por los decretos 2.292/00 y 2.869/00 que rechazaron los recursos incoados contra la medida segregativa.

    Asegura haber sufrido reiteradamente "medidas y sanciones arbitrarias y de corte netamente persecutorias".

    Asevera que durante el procedimiento disciplinario a que refiere esta acción, la Administración no demostró la autoría del documento "Alianza. Objetivos políticos en S.F.". Desconoce que se encuentre probado fehacientemente que haya operado el ordenador para su redacción. Por ende, alega que la autoridad administrativa incurrió en absurda valoración de la prueba.

    Por otra parte, reconoce ser el autor del documento agregado a fs. 10/14 del expediente administrativo, titulado "Incremento de pacientes con hipertensión asintomática arterial en la posmenopausia". Sin embargo, niega haberse arrogado impropiamente facultad alguna con relación a la agente municipal a quien, en forma particular y fuera del ámbito laboral, le encargó la confección del documento informático a cambio de una remuneración.

    Asimismo, sostiene que el acto administrativo impugnado incurrió en arbitrariedad y exceso de punición, en tanto reputa que no existió adecuada proporcionalidad entre la sanción impuesta y las faltas imputadas.

    Por último, pretende que se fije una indemnización por el daño material y moral que, según afirma, la medida segregativa le irrogó.

  5. Al contestar la demanda, la Municipalidad de S.F. explica que la empresa de servicios informáticos contratada en aquella época tenía a su cargo el control del mantenimiento de las computadoras de los centros de salud. Señala que su uso era exclusivamente para el sistema de administración sanitario. Apunta que el Director de Centros de Atención Primaria había solicitado que le informaran cuando advirtiesen anomalías en el empleo de aquellas. Continúa diciendo que fue de este modo que personal de la empresa observó que había documentos del utilitario WRITE que ocupaban espacio y que no se vinculaban al quehacer del sistema informático implementado en el nosocomio.

    Recuerda que ante esta situación se labró un acta notarial en la que se dejó constancia de la existencia de tales archivos, los que fueron grabados en un diskette en el mismo acto. Agrega que los documentos luego fueron desgrabados, surgiendo de su contenido que no se vinculaban con la actividad de los centros de salud. Comenta que sobre la base de tales irregularidades se ordenó la instrucción de un sumario administrativo.

    Asevera que el doctor A. tuvo plena participación en el referido sumario y pudo ejercer su derecho de defensa. Pone de resalto que no obstante ello, el actor no acreditó las circunstancias por las que se desliga de responsabilidad; esto es, que contrató a una agente municipal para que pasara en computadora uno de los documentos a cambio de recibir una suma de dinero.

    Se excusa de no haberle tomado declaración a los testigos propuestos por el doctor A. en el hecho de que ni los testigos ni el imputado se presentaron a la audiencia previamente fijada y notificada, ni tampoco el segundo acompañó el interrogatorio en tiempo y forma, ni citó a los testigos.

    Sostiene que los hechos imputados resultan acreditados con el acta notarial que el interesado no cuestionó mediante redargución de falsedad.

    Niega que la sanción sea desproporcionada con relación a las faltas imputadas. Considera que la conducta reprochada fue "gravísima". Afirma que el accionante ya había sido sancionado con un llamado de atención por haber firmado recetarios en blanco los cuales salieron de su órbita de control, siendo completadosa posterioripor terceras personas.

    Advierte que, por ser médico, director y más adelante, interventor distrital del PAMI, no podía desconocer el alcance de sus facultades y obligaciones; entre ellas: saber que jamás debía utilizar en beneficio propio las máquinas o el personal a su cargo.

    Finalmente, destaca que la agente D., en su declaración indagatoria, reconoció como de autoría del doctor A. los documentos agregados a fs. 4/14, y que él le había pedido como un favor que se lo pasara en computadora. En este sentido, razona que los empleados del centro de salud pudieron sentirse intimidados y no tener el valor suficiente para cuestionar la orden impartida por quien era su superior.

  6. De la prueba producida en autos resultan los siguientes hechos relevantes para decidir el caso sometido a decisión:

    III.1. Expediente administrativo 5.630/98:

    III.1.a. Mediante decreto 254/99 se ordenó la instrucción de sumario administrativo a fin de investigar la actuación del doctor A. con relación a la denuncia de haberse hallado dos recetas incompletas suscriptas por el mencionado profesional (v. fs. 140).

    III.1.b. El 15 de diciembre de 1999 el Secretario de Salud Pública decidió aplicar al doctor A. un llamado de atención por los hechos referidos en el apartado anterior (v. fs. 154).

    III.2. Expediente administrativo 4.353/99:

    III.2.a. Escritura 264 - Acta de constatación (v. fs. 158 y 385/398).

    III.2.b. Nota sin fecha dirigida al senador provincial R.V. en cuyo cierre se consigna "Saluda afectuosamente R.R.A. (v. fs. 159).

    III.2.c. Documento "Tipo de estado actual en la...

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