Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil - Camara Civil - Sala J, 14 de Diciembre de 2020, expediente CIV 014845/2015/CA001

Fecha de Resolución14 de Diciembre de 2020
EmisorCamara Civil - Sala J

Poder Judicial de la Nación CAMARA CIVIL - SALA J

Expte N° 14845/15 “A.H.C. c/ T.sportes Lope de Vega SA s/ Daños y Perjuicios” (Acc. T.. c/ Lesiones o muerte) Juzg N° 96

En la Ciudad de Buenos Aires, Capital de la República Argentina, a los días del mes de Diciembre del año dos mil veinte,

reunidas en acuerdo las señoras juezas de la S. “J” de la Excma.

Cámara Nacional de A.aciones en lo C.il, para conocer en los recursos de apelación interpuestos en los autos caratulados “A.H.C. c/ T.sportes Lope de Vega SA s/ Daños y Perjuicios” respecto de la sentencia de fecha 5 de Febrero de 2020, el tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿ES JUSTA LA SENTENCIA APELADA?

Practicado el sorteo, arrojó como resultado que la votación debía realizarse en el siguiente orden: señoras juezas de cámara doctoras G.M.S.A..

A la cuestión propuesta la Dra. G.M.S. dijo:

I.- La sentencia de primera instancia dictada con fecha 5 de Febrero de 2020 hizo lugar parcialmente a la demanda condenando en consecuencia, a T.sportes Lope de V.S., a abonar al accionante la suma de $ 132.000 (pesos ciento treinta y dos mil) con más sus intereses, que se liquidarán desde la fecha del accidente hasta su efectivo pago, según la tasa activa, cartera general (préstamos)

nominal anual vencida a 30 días del Banco de la Nación Argentina,

haciendo extensiva la condena a Argos Mutual de Seguros del T.sporte Público de Pasajeros, en los términos del art. 118 de la ley Fecha de firma: 14/12/2020

Firmado por: MARIANO CARLOS GIGLI, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: B.A.V., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: G.M.S., JUEZ DE CAMARA

17.418; con costas a la vencida y difiriendo la regulación de honorarios para su oportunidad.

Contra el decisorio apela y expresa agravios a fs. 197/200 la parte actora y a fs. 198/205 la parte demandada. Corrido el pertinente traslado de ley luce con fecha 19/11/2020 el responde de la demandada a los agravios de su contraria.

En el marco de las Acordadas 31/20 y concs de la CSJN, se dictó el llamamiento de autos, providencia que se encuentra firme,

quedando de esta manera los presentes en estado de dictar sentencia.

II. Como previo y con relación al derecho aplicable, si bien a partir del 1 de agosto de 2015 ha entrado en vigor el nuevo Código C.il y Comercial de la Nación, los hechos ventilados en el sub lite (y por ende, la constitución de la obligación de reparar) han acaecido durante la vigencia del Código C.il derogado. Por consiguiente –y con excepción de ciertas normas puntuales de la nueva legislación que resultan inmediatamente aplicables, según se expondrá en cada caso-,

la cuestión debe juzgarse a la luz de la legislación derogada, que mantiene ultraactividad en este supuesto (art. 7 Código C.il y Comercial de la Nación, vid. R., P., Le droit transitorite.

C. des lois dans le temps, D., Paris, 2008, p. 188/190;

K. de C., A., “La aplicación del Código C.il y Comercial a las relaciones y situaciones jurídicas existentes”,

Rubinzal-Culzoni, Santa Fe, 2015, p. 158).

III. Hechos Motiva el inicio de las presentes actuaciones, el accidente padecido por el accionante, el día 4 de Abril de 2014,

aproximadamente a las 8.15 hs, cuando se encontraba subiendo a un colectivo de transporte público de la Línea 91, operada por la Fecha de firma: 14/12/2020

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demandada, en la Av. F.R. y Soldado de la Frontera,

sobre la parada del M., en el barrio de Villa Lugano.

Señala el demandante que en dicha ocasión quedó como último pasajero para ascender a la unidad y cuando el chofer, cerró

intempestivamente la puerta de la unidad, su mano derecha quedó

aprisionada por la misma, sufriendo los daños y perjuicios por los cuales acciona.-

IV. Agravios Se agravia la parte actora básicamente por los exiguos montos indemnizatorios otorgados por daño físico, moral y gastos médicos de farmacia y traslado.

A su turno la demandada cuestiona la responsabilidad endilgada en la instancia de grado, atento no existir certeza que corrobore que el evento en cuestión existió y que las pretendidas consecuencias hayan ocurrido en ocasión del pretendido transporte.

Así también regaña por mendaz el testimonio por el cual el Sr.

Juez “a quo”, imputa responsabilidad en el pretendido evento a la demandada y citada en garantía y subsidiariamente se agravia que el sentenciante considere inoponible al damnificado la franquicia denunciada, citando jurisprudencia del fuero C.il y del Máximo Tribunal. Funda su queja asimismo en la tasa de interés fijada en el decisorio, solicitando en esta instancia, la aplicación de una tasa de interés puro del 6% anual, desde el día del hecho dañoso y hasta la fecha de la sentencia definitiva y de allí en adelante conforme la jurisprudencia Plenaria.

V. Responsabilidad La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha enmarcado claramente el contrato de transporte público dentro de la órbita de los Fecha de firma: 14/12/2020

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derechos del consumidor. Así, ha sostenido que “La interpretación de extensión de la obligación de seguridad que tiene su causa en un contrato de transporte de pasajeros integrada con lo dispuesto por el -entonces vigente- art. 184 del Código de Comercio, debe ser efectuada teniendo en cuenta el derecho a la seguridad previsto en la Carta Magna para los consumidores y usuarios.

Ha afirmado, asimismo, que la seguridad debe ser entendida como un valor que debe guiar la conducta del Estado así como a los organizadores de actividades que, directa o indirectamente se vinculen con la vida o la salud de las personas, ya que la incorporación de este vocablo en el art. 42 de la Constitución Nacional, es una decisión valorativa que obliga a los prestadores de servicios públicos desempeñar conductas encaminadas al cuidado de lo más valioso que existe: la vida y la salud de sus habitantes, sosteniendo, por otra parte,

que “los usuarios y consumidores son sujetos particularmente vulnerables a los que el constituyente decidió proteger de modo especial, y por lo tanto no corresponde exigirles la diligencia de quien celebra un contrato comercial” (conf. C.S.J.N., 22/04/2008,

L., M.L. c. Metrovías S.A.

, Fallos 331:819; L. L.

2008-C, 562 y 704)

Los daños personales sufridos por el viajero se rigen por el anterior art. 184 del Código de Comercio, por lo que al actor incumbe la prueba del hecho y su relación de causalidad con el daño sufrido,

mientras que para eximirse de responsabilidad la demandada debe acreditar la existencia de fuerza mayor, culpa de la víctima o de un tercero por quien no debe responder (C.S.J.N., Fallos: 313:1184;

316:2774; 321:1462; 322:139; 323: 2930 y 327:5082)

El transportador es responsable por el daño que sufran los pasajeros durante el viaje, en razón del deber de seguridad que le impone el contrato, en virtud del cual debe transportar o conducir a la persona sana y salva al lugar convenido. Y si algún daño sufre durante Fecha de firma: 14/12/2020

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el transporte, nace la obligación de indemnizarla por parte del porteador, sin que pueda exonerarse alegando y probando que no hubo culpa de su parte o de sus dependientes o subordinados (Conf.

B.A., J., "Teoría General de la Responsabilidad C.il", pág. 319).-

De ahí que, frente al caso concreto, luego de sentar los principios que deben regir la solución de una litis dada, el juzgador debe comenzar por analizar en primer lugar si se dan los requisitos necesarios para que funcionen las presunciones de causalidad y responsabilidad esto es, daños ocasionados a la persona del viajero, y que los mismos se hayan producido durante el transporte.

Ello importará inicialmente la demostración de la calidad de pasajero. La segunda prueba a cargo de la víctima consistirá en probar que los daños han sido experimentados mientras era transportada, o sea, la relación de causalidad adecuada entre el hecho y el daño.-

A partir de la producción de ambas pruebas, entrará a jugar la posición procesal del transportador, en cuanto a la eventual demostración de haberse producido la ruptura del nexo causal, esto es,

caso fortuito, culpa de la víctima o la de un tercero por quien la demandada no deba responder.

Aun cuando los hechos presumidos quedan al margen del objeto de la prueba, no ocurre lo mismo con los que configuran la base de la presunción, los que deben demostrarse si no han sido admitidos (Conf. Palacio, Lino, "Derecho Procesal C.il", Tomo IV,

pág. 343).-

Las presunciones de responsabilidad o de causalidad creadas por la ley para favorecer a las víctimas de un acto ilícito hacen que queden relevadas de la prueba de la culpa, pero ello no implica que concurra idéntica dispensa en cuanto a la acreditación de los hechos que le dan nacimiento (Conf C. S. G, “ Rusca, Mirta Celia c.

T.sporte Plaza S.A.C.

I. y otro s/daños y perjuicios” del 25/4/08).-

Fecha de firma: 14/12/2020

Firmado por: MARIANO CARLOS GIGLI, SECRETARIO DE CAMARA

Firmado por: B.A.V., JUEZ DE CAMARA

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Ahora bien, para analizar los presupuestos de la responsabilidad civil, es indispensable determinar si las consecuencias imputadas fueron producidas por la acción u omisión de la demandada, vale decir, la existencia misma del hecho y la relación causal cuya demostración incumbe a la actora en todos los casos, no como un vínculo solamente posible, sino la efectiva comprobación de la atribución del daño al hecho (conf...

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