Alberto Nisman, un crimen de Estado

 
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Mañana se cumple el segundo aniversario de la muerte del fiscal Alberto Nisman. En el voluminoso expediente sobran elementos que abonan la hipótesis del asesinato. Hay tantas pruebas e indicios que resultan escandalosos el tiempo perdido y las maniobras intentadas para que este crimen de Estado no sea investigado.

Mucho se ha hablado sobre las circunstancias previas que podían anticipar el asesinato del fiscal en vísperas de presentar una grave denuncia contra el poder político. Había recibido numerosas amenazas de muerte, incluso del propio régimen teocrático iraní, y se le había quitado deliberadamente toda protección.

Son tantos y tan contundentes los elementos argumentales que cuesta ordenarlos. Se discute sobre la empuñadura del arma, la posición en que se encontró el cuerpo en el baño de su departamento, las manchas de sangre, el origen del disparo, etcétera. Lo que sí está claro es que fueron muchas y probadas las irregularidades que rodearon el caso. El fiscal federal Eduardo Taiano denunció a Sergio Berni, ex secretario de Seguridad de la Nación, y a su antecesora en la investigación, la fiscal Viviana Fein, ya jubilada, por no haber seguido los más elementales protocolos en materia de preservación de las pruebas y del lugar donde se halló muerto al fiscal que investigaba el atentado contra la AMIA. En palabras de uno de los abogados de las hijas de Nisman, la nueva denuncia es reconfortante y abona la tipificación de un encubrimiento por parte de funcionarios públicos. Por su parte, la jueza Sandra Arroyo Salgado, madre de las hijas de Nisman, ha expresado su preocupación frente al desvío de los recursos necesarios para la investigación dirigidos a estas nuevas denuncias.

El fallo de la Cámara en lo Criminal denunció numerosas irregularidades cuando ordenó el pase de la causa a la justicia federal. Luego, la sentencia de la jueza de la Cámara de Casación, María Laura Garrigós de Rébori, fundadora y titular de Justicia Legítima, cambió su jurisprudencia particularmente para este caso al sostener que correspondía la intervención de la justicia de instrucción.

Un párrafo aparte merecen las innumerables irregularidades procesales que rodearon la cuestión. Para empezar, en lugar de dar intervención a un fiscal claramente independiente y de probada capacidad como Carlos Rívolo, se omitió toda intervención de la justicia federal, como hubiera correspondido frente a tamaño magnicidio. Tampoco correspondía que Berni, entonces...

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