Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V, 6 de Julio de 2017, expediente CNT 001925/2012/CA001

Fecha de Resolución 6 de Julio de 2017
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala V

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO -

SALA V Expte. Nº CNT 1925/2012/CA1 SENTENCIA DEFINITIVA 80392 AUTOS: “ALARCON ERTA NATALIA C/ METROVIAS S.A. Y OTROS S/

DESPIDO” (JUZGADO Nº 13).

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, a los 6 días del mes de julio de 2017 se reúnen los señores jueces de la Sala V, para dictar la sentencia en esta causa, quienes se expiden en el orden de votación que fue sorteado oportunamente; y EL DOCTOR E.N.A.G. dijo:

La sentencia definitiva de fs. 482/486 vta. ha sido apelada por las codemandadas Bayton Servicios Empresarios S.A. y Metrovias S.A. a tenor de los memoriales obrantes a fs. 496/503 vta. y fs. 505/515 vta. La parte actora contestó agravios (v. fs. 519/526 y fs. 528/535). A su vez, el perito contador y los Dres. L.J.B., S.E.A., Y.P.M., M. de las M.A., S.P. y L.V.V. –todos por derecho propio- se quejan porque consideran reducidos los honorarios regulados en su favor (v. fs. 488 y fs. 490).

2) La codemandada “Bayton” se queja porque la señora jueza a quo aplicó el art. 29 LCT al considerar que existió una intermediación fraudulenta. Afirma que la sentenciante efectuó una valoración errónea de la prueba producida en autos.

Cuestiona el rechazo de la excepción de prescripción opuesta. Critica la condena a abonar la indemnización prevista en el art. 2 de la ley 25.323 y la contenida en el art. 80 de la LCT. Apela la condena a entregar las certificaciones previstas en el art. 80 de la LCT. Apela la condena con sustento en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013 y la tasa de interés fijada en el decisorio de grado. Por último, apela los honorarios regulados a la representación letrada de la parte actora y al perito contador por considerarlos elevados.

Por su parte, Metrovías se queja porque la magistrada de grado la consideró empleadora de la trabajadora de conformidad con lo normado en el art. 29 LCT. Sostiene que Metrovías no tiene nada que ver con la tarjeta monedero y que no contrató los servicios de B. ni de P.. Sostiene que la tarjeta M. no fue explotada por ella. Se agravia por la procedencia de las multas previstas en los arts. 8 y 15 de la ley 24.013. Apela la condena dispuesta con fundamento en el art. 2 de la ley 25.323.

3) La señora juez a quo receptó los reclamos iniciales y condenó a las demandadas en forma solidaria en los términos de los arts. 14 y 29 LCT al considerar que la prueba testimonial rendida acreditaba que la actora se desempeñó como promotora en forma ininterrumpida para la empresa Metrovías S.A. desde el 22/1/2008 y que B. y Pertenecer asumieron la apariencia formal de empleadoras pero Fecha de firma: 06/07/2017 Alta en sistema: 13/07/2017 1 Firmado por: E.N.A.G., JUEZ DE CÁMARA Firmado por: L.M.D.'ARRUDA, SECRETARIO DE CAMARA Firmado por: G.E.M., JUEZ DE CÁMARA #20950107#183322182#20170706115415759 interponiéndose sólo con el fin de destinar a la señora A. a Metrovías quien dirigió

el trabajo, utilizó sus servicios personales y se benefició con ellos. Concluyó que, en consecuencia, careció de legitimidad el contrato por tiempo determinado invocado por B., la renuncia de la actora y la posterior contratación a través de Pertenecer ya que no revestían el carácter de empleadoras.

Para así decidir la magistrada de grado analizó en forma pormenorizada los testimonios de S. (fs. 188), Cenedese (fs. 190), P. (fs. 192) y concluyó que estas declaraciones acreditaban que la actora efectuaba tareas de promotora de la tarjeta monedero para M. y que personal de esa empresa era quien le daba las órdenes y efectuaba la capacitación. Asimismo contempló la postura asumida por B. en el responde y la falta de exhibición del contrato a plazo fijo invocado.

La codemandada B. se limita a decir en el memorial recursivo que ella contrató a la actora para que prestara servicios en Metrovías y que la trabajadora renunció a su trabajo pero no controvirtió el análisis que efectuó la sentenciante de grado de la prueba testimonial rendida ni tampoco la valoración que efectuó de la falta de agregación del contrato a plazo fijo. En efecto, sólo afirmó en forma genérica que la señora jueza a quo había valorado en forma errónea la prueba rendida sin controvertir –

reitero- el análisis de las declaraciones testimoniales ni las conclusiones a las que se arribó en función de ese medio probatorio.

La expresión de agravios no constituye en este punto una crítica concreta y razonada de los fundamentos brindados en el decisorio de grado pues llega firme a la alzada el análisis de los testigos y las conclusiones que de esa prueba se deriva (conf. art.

116 L.O) resultando el memorial recursivo tan sólo una mención dogmática de la posición adoptada por B. en la contestación de demanda.

Lo mismo sucede respecto del agravio vertido por Metrovías quien se limita a decir que no está probado que la tarjeta monedero hubiera sido explotada por ella ni la vinculación con P. y B. pero no controvierte la prueba testimonial rendida en autos que da cuenta precisamente que la actora se desempeñó para esa empresa a través de la interposición de Bayton y Pertenecer para la venta y promoción de la tarjeta monedero.

Así, los testigos fueron coincidentes en señalar que primero se desempeñaron para B. y luego pasaron a Pertenecer pero aclararon que las actividades que desarrollaban eran siempre para Metrovías. Explicaron que vendían tarjetas magnéticas y hacían recargas a través de un sistema –Pectra- que pertenecía a...

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