Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 19 de Octubre de 2016, expediente L. 118677

PresidenteNegri-de Lázzari-Kogan-Pettigiani-Soria-Hitters-Genoud
Fecha de Resolución19 de Octubre de 2016
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 19 de octubre de 2016, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresN., de L., K., P., S., H., G.,se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 118.677 "Alarcón, A.G. contra Provincia A.R.T S.A. Enfermedad profesional".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal de Trabajo n° 3 del Departamento Judicial San Isidro hizo lugar a la acción promovida, imponiendo las costas a la demandada (fs. 509/517 vta.).

La actora a fs. 526/529 y la accionada a fs. 533/538 vta. dedujeron sendos recursos extraordinarios de inaplicabilidad de ley, concedidos por el citado tribunal (fs. 554/555 vta.).

Dictada a fs. 580 la providencia de autos, sustanciados los traslados que, por razón de la entrada en vigencia del nuevo Código C.il y Comercial de la Nación (conf. leyes 26.994, BO del 8-X-2014 y 27.077, BO del 16-XII-2014), se ordenaron a fs. 585 y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte resolvió plantear y votar las siguientes

C U E S T I Ó N E S

  1. ¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley de fs. 526/529?

    En su caso:

  2. ¿Qué pronunciamiento corresponde dictar respecto del deducido a fs. 533/538 vta.?

    V O T A C I Ó N

    A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

    1. El tribunal de grado admitió la demanda que A.G.A. inició contra Provincia Aseguradora de Riesgos del Trabajo SA, condenando a esta última a abonarle el monto de $ 71.403 en concepto de prestación por incapacidad laboral permanente parcial (art. 14 ap. 2 inc. "a", ley 24.557), más la tasa activa del Banco de la Provincia de Buenos Aires conforme lo establecido por la ley 14.399.

      Para así decidir, en el veredicto determinó que el actor sufrió un accidente de trabajo el 18 de diciembre de 2008, que le provocó una lumbociatalgia crónica con déficit neurológico periférico deficitario, que le genera un 20% de incapacidad de la total obrera (vered., fs. 509/512).

      En la sentencia, tras declarar la inconstitucionalidad del tope previsto en la Ley de Riesgos del Trabajo, fijó el importe de la prestación correspondiente en la suma indicada precedentemente, a la que ordenó adicionarle la referida tasa.

    2. Contra dicho pronunciamiento, la actora se alza mediante recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley en el que denuncia violación del art. 17 inc. 6 de la ley 26.773 y, en subsidio, plantea la inconstitucionalidad del art. 17 inc. 5 de la citada ley.

      1. En concreto, postula que el tribunal de mérito soslayó aplicar al caso el índice RIPTE previsto en la ley de referencia. En este orden, entiende que no resulta aplicable en autos el criterio que emerge del art. 17 inc. 5, que se encuentra restringido -según afirma- para los supuestos de accidentes de trabajo o enfermedades profesionales que se produzcan luego de la entrada en vigencia de la mencionada ley. Cita en su apoyo un fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo (fs. 527 vta./528).

      2. En subsidio, plantea la inconstitucionalidad del citado art. 17 inc. 5 por considerar que viola los derechos de igualdad ante la ley y de propiedad del recurrente (arts. 16 y 17, C.itución nacional), privándolo de los beneficios de la seguridad social.

      Argumenta que el precepto se aparta del principio general consagrado en el art. 3 del anterior Código C.il, que establece que las leyes resultan aplicables a las consecuencias de los actos o situaciones preexistentes. Además, afirma que el régimen de riesgos del trabajo es de seguridad social, por lo que debe aplicarse a los beneficios que se vienen gozando (art. 14 bis, C.itución nacional).

      Para finalizar, menciona un precedente de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo vinculado al decreto 1694/09 (fs. 528in fine).

    3. El recurso no ha de prosperar.

      1. En reiteradas ocasiones ha declarado esta Suprema Corte que no puede traerse a consideración en la instancia extraordinaria la pretensión que no fue llevada a conocimiento del tribunal de grado, deviniendo en una cuestión novedosa y, por ende, inatendible (conf. causa L. 94.114 "Iturriaga", sent. de 29-XII-2008; entre muchas otras).

        Precisamente esto es lo que sucede con el planteo que la impugnante recién formula en su postulación con relación a la aplicabilidad de ley 26.773, puesto que bien pudo someterlo a examen dela quodurante el trámite del proceso una vez vigente la nueva ley a fin de abrir la bilateralidad del debate sobre el particular (art. 18, C.itución nacional). A., además, que tampoco requirió la aplicación del decreto 1694/09 pese a que dicha norma se encontraba vigente al momento de la interposición de la demanda (v. fs. 82 y vta.).

        En razón de lo expuesto, sin abrir juicio sobre los motivos que fundan la petición introducida por la actora recurrente en esta sede de casación, la crítica constituye una cuestión novedosa y, por ello, no susceptible de ser abordada por este Tribunal.

      2. Los fundamentos expuestos en el apartado anterior por conducto de los cuales propicio el rechazo del principal agravio que porta la impugnación, me eximen del tratamiento del planteo de inconstitucionalidad del art. 17 inc. 5 de la citada ley 26.773.

        Ello así, pues, en el contexto definido en el apartado anterior, su análisis resulta abstracto (conf. causas L. 103.560 "Harismendi", sent. de 17-VIII-2011 y L. 118.030 "L., sent. de 26-VIII-2015), sin que obste a esta conclusión mi opinión relativa al examen oficioso de la congruencia constitucional de las normas vertida, entre otras, en las causas L. 78.229 "Medinilla", sent. de 14-IV-2004 y L. 96.791 "Santecchia", sent. de 31-VIII-2011.

      3. Por otro lado, debo señalar que la denuncia de quebranto de garantías constitucionales no importa adecuado sustento del recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley si previamente no fue demostrada la transgresión de las normas legales pertinentes (conf. causas L. 92.430 "G., sent. de 20-VIII-2008; L. 118.684 "M., res. de 8-VII-2015 y L. 118.740 "M., res. de 26-VIII-2015).

      4. Para finalizar, resta puntualizar que los fallos de otros tribunales de justicia no constituyen doctrina legal en los términos establecidos por el art. 279 del Código Procesal C.il y Comercial (conf. causas L. 114.396 "N., sent. de 25-IX-2013 y L. 110.732 "B., sent. de 1-VII-2015).

    4. Por lo expuesto, debe desestimarse el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley traído, con costas (art. 289, CPCC).

      Voto por lanegativa.

      Los señores jueces doctoresde L.yK.,por los mismos fundamentos que el señor Juez doctor N., votaron la primera cuestión también por lanegativa.

      A la primera cuestión planteada, el señor Juez doctor P. dijo:

      A. al voto de mi distinguido colega doctor N., con excepción del segundo párrafo del punto III.2.

      Con el alcance indicado, voto por lanegativa.

      Los señores jueces doctoresS., H.yG.,por los mismos fundamentos que el señor J.d.P., votaron la primera cuestión también por lanegativa.

      A la segunda cuestión planteada, el señor Juez doctor N. dijo:

    5. En su recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 533/539 vta.), la aseguradora denuncia violación de la doctrina legal emergente del precedente L. 108.164 "A., sent. de 13-XI-2013 y otros más que cita (fs. 537/vta.).

      Cuestiona la tasa de interés cuya aplicación se ordenó en la sentencia de grado, solicitando la revocación de este tramo de la decisión y el cálculo de los accesorios conforme la que paga el Banco de la Provincia de Buenos Aires.

      Tacha de inconstitucional a la ley 14.399 que sirvió de sustento ala quopara fallar del modo en que lo hizo, por considerar -en lo sustancial- que legisla sobre una materia de derecho común reservada a la legislación nacional.

    6. El recurso no ha de prosperar.

      1. De modo preliminar, cabe señalar que el valor del litigio, representado por la diferencia entre la tasa aplicada y la pretendida por la impugnante, no supera -como bien señaló el tribunal de origen al conceder el remedio (fs. 554/555 vta.)- el monto mínimo establecido por el art. 278 del Código Procesal C.il y Comercial (texto según ley 14.141; Acordada 3658/13).

        En este marco, el medio de impugnación debe examinarse a la luz de la vía excepcional prevista en el art. 55 primer párrafoin finede la ley 11.653, limitado a constatar la violación -o no- de la doctrina legal que se denuncia en el recurso.

      2. Ahora bien, la respuesta a este reproche no puede escindirse del análisis de las prescripciones de la ley provincial 14.399 (B.O., 12-XII-2012), modificatoria del art. 48 de la ley 11.653, cuya invalidez constitucional ha sido planteada por la recurrente a fs. 536/537.

        1. Debe decirse, en primer lugar, que de conformidad con lo establecido en el art. 3 del anterior Código C.il, y en línea con la interpretación de este Tribunal (conf. causas L. 35.909, "G. de C.; L. 35.251, "M."; L. 35.908, "S. de S.; todas con sents. de 4-XI-1986, en "Acuerdos y Sentencias", 1986-III-580), el mencionado texto legal debe aplicarse en forma inmediata a partir de la fecha de su entrada en vigencia -esto es, el 21-XII-2012- respecto de aquellos créditos cuyo reconocimiento resulte aún materia de controversia, de modo que ante la persistencia de la mora a la fecha de la entrada en vigencia de la nueva ley, la regulación que ésta contiene -captando las consecuencias de la situación pendiente- resulta aplicable respecto del tramo ulterior de ésta.

        2. Sentado esto, corresponde analizar el planteo de inconstitucionalidad introducido por la accionada.

          1) La reforma, destinada a regular sobre el interés moratorio, fija la alícuota que por tal concepto deberán adicionar los tribunales de trabajo y genera -de suyo- el interrogante relativo a si una ley local puede establecer los intereses por la mora en el pago, en el caso concreto, de créditos de índole laboral.

          2) Aun en su limitada especificidad (se refiere al cálculo de...

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