Sentencia de CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES, 1 de Junio de 2021, expediente FCT 004025/2014

Fecha de Resolución 1 de Junio de 2021
EmisorCAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

E.. N° FCT 4025/2014/CA1

En la ciudad de Corrientes, a un día del mes de junio de dos mil veintiuno, estando

reunidos los Señores Jueces de la Excma. Cámara Federal de Apelaciones, D.. Mirta

Gladis Sotelo de Andreau, S.A.S. y R.L.G., asistidos por

la Sra. Secretaria de Cámara, Dra. C.O.G. de Terrile, tomaron conocimiento

del expediente caratulado: “Ahumada, R.A. c/ Gendarmería Nacional y/o

E.N.A. y/o (Ministerio de Seguridad y/o Q.R.R. s/ Amparo Ley 16986”, E.. N° FCT

4025/2014/CA1, proveniente del Juzgado Federal N° 1 de esta ciudad.

Efectuado el sorteo para determinar el orden de votación, resultó el siguiente: D.. Selva

A.S., M.G.S. de Andreau y R.L.G..

SE PLANTEAN LAS SIGUIENTES CUESTIONES:

¿SE AJUSTA A DERECHO LA SENTENCIA APELADA?

¿QUÉ PRONUNCIAMIENTO CORRESPONDE DICTAR EN AUTOS?

A LAS CUESTIONES PLANTEADAS LA DRA. SELVA A.S. DICE,

CONSIDERANDO:

1. Que la parte actora interpuso recurso de apelación para impugnar el fallo que no

hizo lugar a la acción de amparo impetrada por cuanto la no aplicación de la Ley 26578 en

el caso particular no reviste el carácter de manifiestamente arbitraria ni ilegal; impuso las

costas a la vencida y reguló los honorarios profesionales.

2. Se agravia la recurrente sosteniendo que el fallo atacado le ocasiona un perjuicio

irreparable, e importa una vulneración a su derecho subjetivo, colocándolo en una situación

desventajosa, resultando éste proceso el único camino válido para obtener su reparación.

Indica que le causa gravamen el hecho de que el a quo afirme que el accionar de la

contraria no constituya un acto manifiestamente arbitrario ni ilegal, y que su incapacidad

no guarde relación “en y por actos de servicio” lo que torna inaplicable la Ley 26578.

Expone que por las pruebas aportadas y el reclamo administrativo formulado surge claro

que fue pasado a retiro obligatorio conforme art. 87, inc. f) de la Ley 19349 el 01/08/84,

Fecha de firma: 01/06/2021

Firmado por: R.L.G., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: M.G.S., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: SELVA A.S., JUEZ DE CAMARA

Firmado por: C.O.G. DE TERRILE, SECRETARIA DE CAMARA

Poder Judicial de la Nación CAMARA FEDERAL DE CORRIENTES

que la fractura de rodilla derecha se produjo debido a una caída producida mientras

practicaba adiestramiento físico, en cumplimiento del plan de instrucción de la Jefatura de

Región II Córdoba, y que por tanto el accidente fue declarado que guarda relación con los

actos del servicio, con una disminución de su capacidad laboral del 42,5%, ello derivado

de la Junta Médica donde se lo declaró ITS (inútil para todo servicio). Dice que desde ese

momento fue reconocida su discapacidad al decir que “la enfermedad fue causada por

actos del servicio”. Cita el precedente del Alto Tribunal “Ortega Arturo c/ Estado Nacional

– Min. del Interior – Policía Federal y otro s/ Personal Militar y Civil de las FFAA y de

Seg.”.

Refiere que existe arbitrariedad manifiesta al ser la demandada quien reconoce que

la enfermedad es causada por actos de servicio. Por tanto ello encuadra en la Ley 26578,

debiendo el a quo haber valorado las circunstancias que provocaron su incapacidad, sin

sujetarse a una interpretación literal de la ley, y vulnerando sus derechos de defensa y de

propiedad. Asimismo, destaca que el magistrado olvidó que se trata de una cuestión

previsional, por lo que se exige una interpretación amplia en beneficio de los particulares.

Continúa manifestando que el magistrado se limitó a realizar una lectura de lo

expuesto por la demandada y una interpretación literal de la norma en crisis, sin atender al

contexto en que dichos términos fueron establecidos en la ley.

3. Concedida la apelación, y corrido el traslado de ley, la parte demandada contestó,

en lo esencial, que el fallo es acorde al espíritu de la Ley 26578, tomando en consideración

el mensaje de elevación que hace el Poder Ejecutivo Nacional, el cual se dirige al

Honorable Congreso de la Nación, y en el cual expresa claramente el sentido rector de la

norma, siendo el otorgamiento a aquellos miembros de las Fuerzas de Seguridad de la

Nación y sus derechohabientes que resultaren gravemente incapacitados o fallecidos en

actos propios y estrictos del servicio de la función policial en procura de la protección de la

ciudadanía. Expresa que la norma busca compensar dentro del ámbito previsional, a

aquellos miembros que contrajeren discapacidad o fallecen, en actos propios de arrojo en

momento de buscar la neutralización del delito. Refiere al “flagelo de delito”, entendiendo

que las actividades de maestranza, administrativa, de adiestramiento físico, de educación,

capacitación, entre otras, quedan excluidas de la función policial, la cual consiste en

patrullar desde la...

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