Clasificación y agrupamiento de acreedores en categorías

Autor:Gacio, Marisa

Clasificación y agrupamiento de acreedores en categorías

Por Marisa Gacio

1. Antecedentes comparados

El instituto constituye un reclamo doctrinal desde hace tiempo. El tema se analizó en la Exposición de Motivos de la ley 22.917 pero no pudo tener consenso para someterlo a un texto concreto.

En el Proyecto de Unificación Civil y Comercial del año 1987 se facultaba al concursado a categorizar sus acreedores en vista al ofrecimiento de propuestas diferenciadas para las distintas categorías de acreedores.

En el Proyecto de la Comisión Especial del Ministerio de Justicia se establecía la categorización forzosa de acreedores debiendo preverse como mínimo clases diferentes para los acreedores quirografarios. Los acreedores con privilegio general y los acreedores con privilegio especial y posibilitaba al deudor efectuar mas de una propuesta respecto de cada clase.

Tal como aparece el instituto en la ley positiva vigente reconoce su fuente en el capítulo 11 del Bankruptcy Uniform Code, cuyo tema central es el Plan de Reorganización. Establece que este plan debe dividir los créditos de los acreedores y los intereses de los accionistas en clases, especificando como será tratada cada clase, y negociar con cada una equitativamente.

Cada clase de acreedores tiene oportunidad de aceptar o rechazar el plan propuesto. Una clase acepta el plan si el mismo recibe la conformidad de acreedores que poseen por lo menos dos tercios del capital y más de la mitad de los créditos de cada clase. La aceptación del plan por clases de interés como accionistas requiere la aceptación de tenedores de por lo menos dos tercios del monto de la clase.

Si una clase no ha sido incluida en el plan, se presume de pleno derecho que ha aceptado el mismo. Básicamente, significa que a los mismos acreedores se les ha mantenido inalterados las derechos legales equitativos y contractuales en los cuales cada crédito de esa clase ha sido contraído[1].

También la categorización se encuentra en la ordenanza alemana de insolvencia a través de la conformación de grupos que se encuentran en diferente situación jurídica. En dicho régimen, según Vaiser[2], surgen como obligatorias las categorías de acreedores con "derecho de ejecución separada", los acreedores quirografarios y los acreedores subordinados. Los acreedores quirografarios de origen laboral, cuando intervengan con créditos "no irrelevantes". Con carácter facultativo pueden formarse grupos especiales de pequeños acreedores. Dentro de cada categoría pue-

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den distinguirse subgrupos que reúnan a los acreedores "con intereses económicos homogéneos".

Para la aprobación del plan debe reunirse la conformidad de los acreedores que representen la mayoría simple del capital, extremos computables dentro de cada una de las categorías conformadas.

2. Concepto a) Fundamento y finalidad

En el Mensaje de elevación del proyecto del Poder Ejecutivo al Honorable Congreso de la Nación de fecha 12 de mayo de 1994, en el punto 3, "Amplitud del régimen de propuesta para acuerdo preventivo", se expresaba: "Siguiendo el ejemplo de otros países, se admiten las propuestas por categorías de acreedores y las propuestas diferenciadas por cada una de ellas, conteniendo la normativa, inclusive, la posibilidad de otorgar opciones dentro de la misma categoría, a las cuales pueden adherirse los acreedores, según su conveniencia, y la capitalización de créditos laborales en acciones o programas de propiedad participada.

Con ello se pretende recoger normativamente la realidad de que la pars condicio creditorum es un concepto genérico en una situación ideal que debe limitarse en cuanto a su aplicación efectiva, toda vez que en la realidad del desenvolvimiento dinámico, económico y financiero de la empresa, dicha igualdad en el fondo del crédito sufre distorsiones en el aspecto funcional, ya que no gravitan del mismo modo en la posibilidad de una solución, proveedores, acreedores financieros, trabajadores o acreedores de pequeño o gran monto, que representan especies diferenciadas que justifican, en cierta forma, la posibilidad de un tratamiento también diferenciado en el acuerdo que el deudor ofrezca para superar la crisis.

De igual modo, la libertad de elección entre un menú de opciones para los acreedores de una misma categoría, a más de no vulnerar el concepto de igualdad permite armonizar y canalizar preferencias individuales entre aquellos acreedores que prefieren por ejemplo una quita en lugar de mayores plazos, o tasa fija en lugar de tasa flotante, conforme se utiliza en las reestructuraciones financieras de las empresas y aun de los países.

Sin perjuicio de ello, en la normativa que se propicia, la propuesta debe ser aprobada por todas las categorías, aunque se ha fijado un nivel de mayorías menos exigentes que el de la ley actual...".

En opinión de Iglesias, "La categorización atiende a una realidad propia de la gestión empresaria, en la cual la administración del endeudamiento contempla las diferentes idiosincrasias sectoriales. Es evidente, por ejemplo, que la deuda comercial asuma un diverso significado y tratamiento que la financiera. También puede discernirse un distinto enfoque en la dinámica de la deuda fiscal o laboral. Si esto acontece en la realidad cotidiana, resulta plausible contemplarlo en ocasión de crisis empresarial"[3].

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El gran acierto de la reforma pasa precisamente por permitir que el deudor formule distintas propuestas adaptadas desde luego a la realidad de cada tipo de acreedor. Así, el plazo de pago que puede esperar el acreedor laboral (convengamos que dada la naturaleza alimentaria de las deudas laborales, este plazo es nulo), no se verá perjudicado por el mayor tiempo que pueden conceder los acreedores financieros que se encuentran, por su naturaleza, en mejores condiciones para conceder plazos más largos de pago[4].

Pero lo importante y trascendente es, precisamente, que se permiten innumerables propuestas de pagos y combinaciones con los acreedores, todo lo cual, en definitiva redundará en beneficio de ellos mismos y del concursado.

En esta reglamentación la ley busca que de alguna manera se clasifiquen los acreedores del deudor ya que pretende evitar que sean puestos todos en una misma bolsa, y de allí la exigencia imperativa de la categorización. La ratio de la ley es la realidad económica ya mencionada.

En otras palabras, si el espíritu de la nueva normativa es un replanteo total de la empresa en crisis, y una información fundamental para su solución es saber los diferentes tipos de acreedores que existen en la masa, este dato es necesario para conocer las posibilidades ciertas de la reconversión de la empresa. No hay que dejar de señalar la idea fundamental que tiene en su esencia este instituto, según lo manifiesta Colombres Garmendia "Téngase presente que el principio de la categorización de los acreedores es el presupuesto necesario para la segunda gran novedad de la ley, cual es la posibilidad de realizar diferentes tipos de propuestas concordatarias a cada una de las categorías"[5].

Por lo tanto, podemos decir que la categorización no es un fin en sí mismo, es un mero instrumento para ofrecer propuestas diferenciadas.

Equidad, no quiere decir que son todos iguales, equidad implica dar a cada uno lo que le corresponde. Eso apunta a resolver la crisis empresaria.

b) ¿Altera la ley 24.522 el principio de la pars condicio creditorum?

La pars condicio creditorum constituye un principio clásico del derecho de la quiebra. Consiste en el tratamiento igualitario que el deudor debe dispensar a todos sus acreedores de rango quirografario común.

El principio de trato igualitario entre los acreedores constituyó una característica fundamental de los procesos concursarles, entendiéndose durante centurias que la insatisfacción que aparejaba la insolvencia del deudor a los acreedores debía determinar sacrificios parejos para éstos.

Sobre tales bases se estructuraron los juicios universales que dieron forma a nuestra tradición legislativa, incluso los mecanismos de represión para el deudor y los propios acreedores que transgredían el denominado pars condicio creditorum.

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La ley 19.551, siguiendo el criterio que el derecho concursal argentino sostuvo desde siempre hacia la omnia pars condicio creditorum, un principio monolítico en lugar de una finalidad deseable. La rigurosa igualdad de los acreedores frente al concursado del deudor se parecía mas a un dogma de fe que a un fin de justicia al que debió propender la normativa falimentaria. Esta igualdad importaba necesariamente la posibilidad de una única propuesta de acuerdo para todos los acreedores, con la obvia excepción de los privilegiados. Pero si la ley hacia de la igualdad de acreedores un culto, la práctica concursal demostraba a las claras que todos los acreedores no eran efectivamente iguales. Podría concluirse que todos los acreedores son iguales, pero algunos son más iguales, que otros. Y las propuestas de pago, que se ofrecían a los acreedores, aún durante el imperio de la ley 19.551, obviamente no eran iguales. El verdadero acuerdo (no el "oficial") con un acreedor bancario o con un acreedor esencial para la continuidad del giro comercial del concursado, en modo alguno se parecía al arreglo que este mismo deudor llegaba con un pequeño acreedor. Por lo general los acreedores "desamparados" se veían sometidos al acuerdo aprobado en la junta y homologado por el juez, en tanto que los acreedores importantes habían alcanzado acuerdos diferenciales que por lo general se instrumentaban mediante un pago que un tercero le efectivizaba al acreedor como contrapartida, la cesión del crédito verificado.

En el Mensaje de elevación de la ley 24.522 se recoge normativamente, siguiendo el ejemplo de otros países, la realidad que la pars condicio creditorum es un concepto genérico en una situación ideal que debe limitarse en cuanto a su aplicación efectiva. Empero, en el desenvolvimiento...

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