La agenda del diálogo social

Autor:Villarroel, Amalia B.
RESUMEN

En el desarrollo de la vida política y social de una Nación, aparecen tiempos de contradicciones y conflictos (...)

 
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I Introducción

En el desarrollo de la vida política y social de una Nación, aparecen tiempos de contradicciones y conflictos, en general afincados en la disputa por el acceso a bienes que siempre resultan escasos.

Argentina no escapa a las reglas del juego del conjunto de América Latina, signada por un fuerte desarrollo económico e incremento de la riqueza que no alcanza correlato en una distribución justa de la misma.

Las sociedades se estructuran cada vez más bajo la forma de una pirámide achatada en su base y mínima en su cima que , expresada en términos de apropiación de las riquezas que produce el trabajo humano, es exactamente inversa en su configuración.

De este modo, la distribución justa del producto del trabajo en estas sociedades, pasa a convertirse en el problema central a resolver a través de la política pública.

Ya la Declaración de Filadelfia del 10 de mayo de 1944, que fija los fines y objetivos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), subraya el principio fundamental según el cual una paz duradera no puede establecerse más que sobre la justicia social.

Y la Cumbre Mundial sobre Desarrollo Social celebrada en Copenhagen en 1995 colocó en primer plano la necesidad de los países llamados "en desarrollo" o "emergentes" de asumir decidida y urgentemente los desafíos del desarrollo social y de la superación de la pobreza.

Consideramos que el diseño y aplicación de políticas sociales coherentes y eficaces, como las propiciadas por la Cumbre, requiere superar el impedimento que resulta de la ausencia de diálogo y compromiso interno para definir y aplicar acciones programáticas realistas y sustentables en el tiempo.

II La coyuntura

Hoy, más de una década después, encontramos una Argentina demandante de canales de diálogo que atiendan a este imperativo social, asentando las políticas en un proceso genuino de desarrollo sostenido, que permita, a su vez, superar las crisis cíclicas, necesidad que podrá desarrollarse solamente bajo ciertas premisas: en primer lugar, la existencia de un Estado fuerte, orientador de las grandes prioridades nacionales, inductor de la competencia y el crecimiento económico, pero básicamente responsable del equilibrio social a través de políticas activas destinadas a superar las injusticias y la desigualdad.

En los hechos, este rol quedó desdibujado el marco del proceso de globalización y transferencia de decisiones económicas, así como por las políticas de reforma y ajuste propias de la última década del Siglo XX, con sus secuelas en términos de acrecentamiento de la pobreza y el desempleo, así como por la ausencia de actores en representación de los intereses diversos dispuestos, no sólo a presentar sus demandas sectoriales, sino a involucrarse directamente en el proceso de elaboración, puesta en marcha, control y seguimiento de las políticas públicas con vistas al bien común.

III El Estado

Hacia el presente, el aumento de las demandas ciudadanas sobre el Estado, producto de la última "década perdida", dejó al descubierto sus falencias al momento de encarar la puesta en marcha de nuevas políticas, lo que obligó a intentar formas de diálogo en general restringidas a ejes determinados, o de alcance territorial limitado.

Este fenómeno se ha registrado no sólo en Argentina, sino también en otros países de América (México, Perú, Brasil, Uruguay, Chile, Costa Rica) en los períodos en que resultó imperativo afrontar situaciones de crisis política y económica con fuertes repercusiones sociales.

Hoy, a la luz de una reaparición del concepto y características del modelo Keynesiano , que se muestra como alternativa válida frente al endiosamiento del mercado propio de los 90´s, se impone pensar en la reconstrucción de un Estado que debe plantearse la necesidad de rever las relaciones con la comunidad y, en particular, los mecanismos de diseño y gestión de políticas económicas y sociales a fin de lograr como objetivos prioritarios, la eficiencia, eficacia y transparencia ineludibles en estos procesos; debe instalarse el concepto estratégico de "Planes" y "Programas" económicos que superen el alcance de las medidas de contingencia apresuradas e inconsultas.

Este tema no estaba tan claro en el pasado. Hoy no se puede tener un diálogo social restringido sólo a lo social, sin considerar lo económico. Ambos son inseparables. Ello significa que no se puede caer en un "voluntarismo social", pero tampoco en el "determinismo económico". Los dos ámbitos tienen que interactuar y ésta es, quizás, una de las contribuciones importantes que puede aportar el conjunto social al resto del sistema.

IV Los actores

Obvio es decir que los actores de la sociedad civil deben aportar una cuota de conocimiento y manejo de la realidad que le permita sumar esfuerzos en pos del bien común, dejando de lado concepciones corporativas que no aportan a la superación de las coyunturas.

El mejoramiento de los perfiles de los representantes para que puedan participar activamente en estos procesos de cambio es fundamental: esto supone la capacidad de las partes de saber relacionar, organizar e integrar las informaciones.

En otras palabras, las partes deben tener la capacidad de procesar la información que obtienen y manejar los datos estratégicamente; es decir, ubicándose en una perspectiva de mediano/largo plazo.

Por lo tanto, la capacidad de planear estratégicamente, además del conocimiento sobre los temas del diálogo, implica competencias de análisis y de síntesis que pueden (y debieran) ser objeto de capacitación 1.

Los actores sociales deben ser autónomos, representativos y altamente informados para poder participar activa y eficazmente en el diálogo social que se debe abrir. Esto significa ser independientes del Gobierno y de los partidos políticos, y estar en condiciones de abordar la agenda del diálogo con el nivel de sofisticación técnica que demanda la discusión.

Existe también la necesidad de ampliar la representatividad, incluyendo a aquellos que no participan en el diálogo social tradicional. En particular, a los informales y a los no sindicalizados o agremiados. Ello constituye un desafío, tanto para los sindicatos como para los empresarios.

Se requiere también enfrentar el bloqueo cultural de los pequeños productores que están acostumbrados a operar de manera individualista y sospechan de cualquier asociación; pero sin ellos, el diálogo social sólo tendrá un valor restringido. Se corre el riesgo además de ser percibido por el resto de la comunidad como un espacio de defensa de intereses corporativos que represente más a grupos de presión, que el beneficiar a la población en general.

El diálogo social, contrariamente a la negociación colectiva, puede implicar, además de los actores tradicionales: empleadores, trabajadores y gobiernos (o simplemente empleadores y trabajadores en el caso de un diálogo bipartito), a otros actores y grupos sociales importantes, tales como las organizaciones de mujeres, jóvenes, jubilados que están comprometidos o interesados en los temas objeto del diálogo y de la concertación social.

Aunque esta práctica no sea muy frecuente, ya que generalmente el proceso de diálogo y concertación es tripartito o bipartito, en principio no se puede excluir la intervención o participación de otras partes que, representativas de intereses relevantes, enriquezcan el diálogo social y, por ende, favorezcan la consolidación o el perfeccionamiento de las democracias y el desarrollo económico con equidad.

Simultáneamente, se plantean nuevos escenarios para el desempeño de los Estados, en el marco de los procesos de integración regional.

Las asimetrías en los desarrollos de cada uno de los países resaltan la necesidad de profundizar en acciones que posibiliten un acortamiento en el tiempo de aquellos procesos de adecuación de los marcos normativos y la edificación de regulaciones compatibles que posibiliten que las instituciones sociolaborales previstas por los procesos de integración puedan concretarse, lo que actuará positivamente en la retroalimentación de la práctica del diálogo en los niveles nacionales: estos procesos se afianzan en la fortaleza de los Estados nacionales a partir del mayor o menor éxito de sus experiencias de...

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