Administradores de consorcios, en la mira

 
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El gobierno porteño dio de baja al 44 por ciento de los 8000 administradores de consorcios inscriptos en el registro oficial que los habilita a ejercer la actividad y les impidió volver a anotarse por un año, lapso en el que no deberán ofrecer sus servicios a propietarios de inmuebles de la ciudad.La medida, publicada en el Boletín Oficial y que incluye a 3549 administradores, fue adoptada por el director general de Defensa del Consumidor, Juan Gallo, luego de que aquéllos no cumplieron con la obligación de reempadronarse.Según fuentes oficiales, en algunos casos la falta de adhesión al reempadronamiento -que originalmente vencía a fines de 2010, pero que se prorrogó por tres meses- puede obedecer a que algunos abandonaron sus funciones o bien se habían inscripto tentativamente. No obstante, se sospecha que la mayoría no se presentó a la convocatoria porque trabaja al margen de la normativa vigente.En 2009, la Legislatura porteña endureció los requisitos para esa prestación, labor que históricamente despertó objeciones y duras críticas entre copropietarios, a raíz de numerosas estafas cometidas por no pocos administradores en perjuicio de los dueños de departamentos de renta horizontal. Según el censo 2010, el 65,5% de los porteños vive en edificios afectados a ese régimen.Entre otros puntos, la norma estableció para los administradores la obligación de inscribirse en el registro público y de presentar ante el consorcio el certificado de acreditación de esa condición anualmente. Para anotarse, deben demostrar que no están inhabilitados para ejercer operaciones comerciales y que no tienen fallos en su contra. Se determinó que su mandato sólo dura un año y su renovación debe evaluarse en asamblea; antes, el mandato no tenía duración prefijada y los vecinos se enfrentaban a serias dificultades para poder reemplazar a un administrador.También se les exigió realizar una declaración jurada para informar sobre los pagos de aportes y contribuciones previsionales, las pólizas de seguros, el pago de servicios, impuestos y tasas de las partes comunes, medidas de seguridad obligatorias y la contratación de personal matriculado en los casos que corresponda.Con el fin de actualizar la información respecto del universo de administradores sobre los que se aplicaría la ley, la Dirección General de Defensa del Consumidor llamó a mediados de 2010 a un reempadronamiento.Como se dijo, de los 8000 administradores inscriptos 3549 no realizaron el trámite y fueron dados de baja...

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