Sentencia de Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii, 11 de Marzo de 2022, expediente CNT 045549/2019/CA001

Fecha de Resolución11 de Marzo de 2022
EmisorCámara Nacional de Apelaciones del Trabajo - Sala Vii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES DEL TRABAJO

- SALA VII

CAUSA Nº 45549/2019

SENTENCIA DEFINITIVA Nº 57136

CAUSA Nº 45.549/2019 - SALA VII - JUZGADO Nº 8

En la ciudad de Buenos Aires, a los 11 días del mes de marzo de 2022, para dictar sentencia en los autos: “ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE

INGRESOS PÚBLICOS C/ VALDEMOROS, OMAR LUIS S/ EXCLUSIÓN DE

TUTELA”, se procede a votar en el siguiente orden:

LA DOCTORA P.S.R. DIJO:

  1. La sentencia de la anterior instancia, que hizo lugar parcialmente a la acción sumarísima de exclusión de tutela sindical promovida contra O.L.V., viene apelada por la parte actora, con réplica de la contraria, conforme se visualiza en el estado de actuaciones del sistema de gestión Lex100.

    A modo de síntesis, cabe puntualizar que el organismo actor solicitó

    en su demanda la exclusión de las garantías de estabilidad previstas en la ley 23.551 de las que goza el demandado, a los fines de cursarle la intimación que prevé el art. 252 de la L.C.T. para que inicie los trámites jubilatorios, a la par que peticionó que se considere extinguido el vínculo a partir del 31 de marzo de 2021, fecha en la que, según señaló, opera el vencimiento de la tutela gremial de VALDEMOROS quien, además, cuenta con la edad y los años de servicios necesarios para acceder al beneficio previsional.

    Por su parte, el trabajador accionado, en su responde, refirió que por haber sido electo Secretario de Organización de la comisión interna seccional Buenos Aires de la Unión del Personal Superior de la Administración Federal de Ingresos Públicos (U.P.S.A.F.I.P.), la que cuenta con inscripción gremial en todo el territorio de la República Argentina, no puede ser intimado a jubilarse sino hasta que se encuentre vencido el período de protección de un año que otorga la ley una vez cumplido el mandato, circunstancia que, según señaló, recién operaría el 31 de agosto del corriente año, debido a las prórrogas de los mandatos dispuestas por el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación en virtud de la situación sanitaria imperante.

    En el pronunciamiento apelado, la Sentenciante resolvió hacer lugar parcialmente a la demanda incoada y, así, decretó la exclusión de la tutela sindical de la que goza el demandado con el único y exclusivo fin de posibilitar a la accionante la remisión de la intimación prevista en el art. 252

    Fecha de firma: 11/03/2022

    Firmado por: G.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.B.Q., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: P.S.R., JUEZ DE CAMARA

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    de la L.C.T., siempre que el plazo que allí se estipula venza con posterioridad a la finalización de la tutela gremial y “…con la salvedad de que el contrato de trabajo no podrá extinguirse hasta el vencimiento de la protección prevista en la ley 23.551 que, en el caso, ocurriría el 1/3/23 conforme Resolución MTSS 133/2021…”. Para así decidir, la Sentenciante entendió que “…la protección mencionada implica una prórroga del plazo establecido en el art.

    91 LCT y que, en consecuencia la facultad conferida al empleador en el art.

    252 LCT debe prorrogarse hasta el vencimiento del período de tutela a fin de no tornar ilusoria la garantía constitucional al representante sindical que se manifiesta principalmente en la defensa de los trabajadores…”.

    La apelante, en su recurso, señala que, contrariamente a lo expuesto en el pronunciamiento de grado, la tutela gremial de la que goza el demandado se encuentra controvertida, habida cuenta que VALDEMOROS

    no pertenece a una entidad que cuente con personería gremial. Asimismo,

    cuestiona el decisorio en cuanto supeditó la extinción de la relación laboral al vencimiento del año posterior a la fecha de finalización del mandato y no así

    hasta el cumplimiento del plazo estipulado en el art. 252 de la L.C.T.

    Sostiene que no puede considerarse el año de tutela posterior al de finalización del mandato para el caso de intimación a iniciar los trámites jubilatorios, puesto que ese modo de extinción de la relación laboral no resulta ser un despido, ni mucho menos un despido sin causa. Se queja,

    también, por la forma en la que fueron impuestas las costas y porque considera exiguo el monto de los honorarios regulados a su representación letrada, de acuerdo a las disposiciones de la ley 27.423.

    A tenor de la índole del planteo, se solicitó la opinión del Fiscal General Interino, quien se expidió mediante el Dictamen Nro. 3409/2021.

  2. Así las cosas, anticipo que, por mi intermedio, la queja que formula la accionante ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS, ha de recibir favorable resolución.

    Sobre el particular, en primer lugar señalaré que, según llega firme a esta Alzada, el demandado O.L.V. nació el 11 de febrero de 1949 y resulta ser dependiente del organismo actor desde el 30 de mayo de 1983, por lo que reúne los requisitos que la ley establece para acceder al beneficio de la jubilación ordinaria. También llega firme que el nombrado fue electo para ejercer el cargo de Secretario de Organización de la Unión del Personal Superior de la A.F.I.P., con mandato vigente -en principio- desde el 31 de marzo de 2017 y hasta el 31 de marzo de 2021, con más las prórrogas Fecha de firma: 11/03/2022

    Firmado por: G.C., JUEZ DE CAMARA

    Firmado por: M.B.Q., SECRETARIA DE CAMARA

    Firmado por: P.S.R., JUEZ DE CAMARA

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    dispuestas por la autoridad de aplicación en virtud de la situación sanitaria desatada por la pandemia Covid19.

    Las consideraciones que se vierten en el memorial de agravios como “cuestión preliminar”, en cuanto aseveran que la tutela gremial del accionado se encuentra controvertida en estos autos puesto que la entidad sindical a la que pertenece no cuenta con personería gremial, desde mi opinión y tal como lo expuso el Fiscal General Interino en su dictamen, no autorizan a entender que VALDEMOROS no se encuentra alcanzado por la garantía de estabilidad que establece el art. 48 de la Ley de Asociaciones Sindicales, a tenor de la doctrina sentada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en Fallos 331:2499 “A.T.E.” y en Fallos 332:2715, “R., A.M., en los que el Alto Tribunal declaró la inconstitucionalidad de determinados preceptos de la Ley de Asociaciones Sindicales y estableció las condiciones mínimas de legitimidad de todo el sistema. Así, en el referido precedente “R., la C.S.J.N. declaró la inconstitucionalidad del art. 52 de la ley 23.551, “...en la medida en que excluye a la actora del goce de la tutela otorgada por este último a los representantes de asociaciones con personería gremial, por ser un representante (presidenta) de una asociación sindical, la cual, no obstante comprender en su ámbito a la relación de trabajo de dicha representante, tiene el carácter de simplemente inscripta y existe otro sindicato con personería gremial en ese ámbito...”. Para así

    decidir, el Supremo Tribunal señaló, con argumentos que, en mi opinión, se proyectan sobre la situación que aquí se analiza, que “...al limitar a los representantes gremiales de los sindicatos con personería gremial los alcances de la protección prevista en su art. 52 de la ley 23.551 -

    reglamentaria de la libertad sindical constitucionalmente reconocida- ha violentado, de manera patente como injustificada, la...

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