Acuerdo Reglamentario Nº 1067 - Serie “a”

BOLETÍN OFICIAL

CÓRDOBA, 1º de agosto de 2011

1ª

AÑO XCIX - TOMO DLVIII - Nº 142

CORDOBA, (R.A.), LUNES 1º DE AGOSTO DE 2011

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SECCIÓN

PUBLICACIONES DE GOBIERNO

TRIBUNAL SUPERIOR de JUSTICIA

Acuerdo Reglamentario Nº 1067 - Serie “A”.

En la ciudad de Córdoba, a veintiséis del mes de julio de dos mil

once, con la Presidencia de su Titular Dr. Domingo Juan SESIN,

se reunieron para resolver los señores Vocales del Tribunal

Superior de Justicia, Doctores María Esther CAFURE de

BATTISTELLI, Aída Lucía Teresa TARDITTI, Luis Enrique

RUBIO, Armando Segundo ANDRUET (h), María de las M.

BLANC G. de ARABEL y Carlos Francisco GARCÍA

ALLOCCO, con la intervención del señor Fiscal General de la

Provincia, Doctor Eugenio Darío VEZZARO y la asistencia del

señor Administrador General del Poder Judicial, Dr. Gustavo

Argentino PORCEL DE PERALTA, y ACORDARON:

Y VISTO: lo establecido en los artículos 80 a 91, correlativos y

concordantes del Código Electoral de la Provincia, Ley Nº 9571,

en relación a los Fiscales Públicos Electorales.

Y CONSIDERANDO: Que por Ley Nº 9571 y en el marco de

la Reforma política electoral llevada adelante en la Provincia, se

crea la figura del Fiscal Público Electoral para actuar como

colaborador de la Justicia Electoral en la organización y

fiscalización de los comicios convocados en la Provincia de

Córdoba para renovación de autoridades provinciales, como

así también para elegir convencionales constituyentes y a los

fines de lo dispuesto en la Ley Nº 7811 que el ejercicio de los

institutos de la democracia semidirecta en la Provincia.

Que en ejercicio de las atribuciones conferidas por el artículo

166 inc. 1° de la Constitución Provincial, corresponde a este

Tribunal Superior de Justicia reglamentar aquellos aspectos que

resulte necesario a los fines de tornar operativas las disposiciones

incorporadas por el legislador en el texto de la Ley Nº 9571,

tales como procedimiento de selección, causales de excusación,

excepción y justificación, forma de hacer efectiva la remuneración

contemplada, como así también la constancia en el legajo per-

sonal de quien desempeñe la función, expedición de certificado

y puntaje a asignar a los fines de la carrera judicial, entre muchos

otros.

Por ello,

SE RESUELVE: Artículo 1.- Definición. El Fiscal Público

Electoral (en adelante, e indistintamente “FiPE”) es el funcionario

designado por la Justicia Electoral para auxiliar a ésta en la

organización y fiscalización de toda elección general convocada

en la Provincia de Córdoba para renovación de autoridades

provinciales, para elegir convencionales constituyentes y a los

fines de lo dispuesto en la Ley Nº 7811 que regula el “Régimen

de la Iniciativa, Referéndum y Consulta Popular”.

Artículo 2.- Clases. La designación como Fiscal Público Elec-

toral tendrá por objeto el desempeño de alguno de los siguientes

roles:

a) Fiscal Público Electoral de Establecimiento de votación (FiPE

Establecimiento). Tiene bajo su estricta responsabilidad, las

funciones y deberes establecidos en el artículo 83 de la Ley Nº

9571.

b) Fiscal Público Electoral de Enlace (FiPE Enlace). Tiene bajo

su estricta responsabilidad, las siguientes funciones y deberes:

- Representar a la Justicia Electoral ante los responsables del

despliegue y repliegue de urnas;

- Acompañar y controlar a quien tiene a su cargo el Operativo

Electoral, en el despliegue y repliegue de urnas, según lo previsto

en los respectivos planes aprobados por la Justicia Electoral;

- Hacer entrega de las urnas a su cargo y demás documentación

electoral, al FiPE Establecimiento o a otro FiPE Enlace, según

corresponda;

- Hacer conocer e instrumentar las órdenes que la Justicia

Electoral le imparta durante el desempeño de su función;

- Recibir del FiPE Establecimiento, o de otro FiPE Enlace, según

corresponda, las urnas cerradas y las copias de las actas de

escrutinio suscriptas por las autoridades de mesa y los fiscales

partidarios actuantes;

- Controlar y velar por el cumplimiento de todas las disposiciones

de la Ley Nº 9571, en el ámbito de su desempeño.

c) Fiscal Público Electoral Supervisor (FiPE Supervisor). Tiene

bajo su estricta responsabilidad, las siguientes funciones y

deberes:

- Representar a la Justicia Electoral ante los responsables del

Centro de cómputos instalado a los fines del denominado

“Escrutinio provisorio”;

- Resolver las incidencias que se presenten en la carga de los

certificados de escrutinio provisorio;

- Hacer conocer e instrumentar las órdenes que la Justicia

Electoral le imparta durante el desempeño de su función.

- Controlar y velar por el cumplimiento de todas las disposiciones

de la Ley Nº 9571, en el ámbito de su desempeño.

d) Fiscal Público Electoral para Orientación ciudadana (FiPE

Orientación ciudadana). Tiene bajo su estricta responsabilidad,

las siguientes funciones y deberes:

- Representar a la Justicia Electoral ante los ciudadanos que

formulen consultas durante el día de los comicios;

- Atender las consultas y evacuar las dudas que formulen los

ciudadanos durante el día de los comicios, bien sea informática o

telefónicamente, o en forma personal, en la sede de la Justicia

Electoral, en las sedes del Poder Judicial de la Provincia o en

lugares de masiva concurrencia de público que la Justicia Elec-

toral disponga.

- Hacer conocer e instrumentar las órdenes que la Justicia

Electoral le imparta durante el desempeño de su función;

- Controlar y velar por el cumplimiento de todas las disposiciones

de la Ley Nº 9571, en el ámbito de su desempeño.

e) Fiscal Público Electoral Auxiliar (FiPE Auxiliar). Tiene bajo

su estricta responsabilidad, las siguientes funciones y deberes:

- Auxiliar y/o sustituir a los Fiscales Públicos Electorales de

cualquier otra categoría que falten o deban ser reemplazados;

- Hacer conocer e instrumentar las órdenes que la Justicia

Electoral le imparta durante el desempeño de su función;

- Controlar y velar por el cumplimiento de todas las disposiciones

de la Ley Nº 9571, en el ámbito de su desempeño.

Artículo 3.- Requisitos. Podrán ser designados Fiscales

Públicos Electorales los funcionarios y empleados del Poder Ju-

dicial y los profesionales o estudiantes de las carreras de

Abogacía, Ciencia Política o Ciencias Económicas que reúnan

las calidades exigidas por el art. 82 de la Ley Nº 9571, y hayan

recibido -preferentemente- la capacitación pertinente para el

proceso electoral en que habrán de cumplir la función, sin que

ello configure un requisito esencial.

Los señores Magistrados en general, y los integrantes de los

cuerpos directivos de la Asociación de Magistrados y Funcionarios

del Poder Judicial de la Provincia de Córdoba y de la Asociación

Gremial de Empleados del Poder Judicial de la Provincia de

Córdoba (A.G.E.P.J.), podrán ser designados ad honorem por

la Justicia Electoral, cuando así lo requirieran voluntariamente,

en calidad de Fiscales Públicos Electorales Auxiliares a los fines

de prestar apoyo a los demás Fiscales Públicos Electorales, en

las condiciones y bajo las instrucciones que al efecto imparta la

Justicia Electoral.

Artículo 4.- Selección. Para su designación, serán

seleccionados observando los siguientes criterios:

- Calidad de funcionario o empleado del Poder Judicial de la

Provincia.

- Ofrecimiento voluntario para el desempeño de la función.

- Inscripción en el Registro Provincial de Aspirantes a Fiscales

Públicos Electorales.

- Desempeño anterior en la función.

- Capacitación cumplida, sin que ésta configure requisito esencial.

Artículo 5.- Designación. Los Fiscales Públicos Electorales

serán designados, previa selección en virtud de los antecedentes

e informes recabados de las áreas pertinentes y con expresa

indicación del rol a cumplir por cada uno de ellos, por Resolución

de la Justicia Electoral notificada en forma electrónica a la dirección

oficial de correo electrónico y/o en papel, indistintamente, en el

domicilio particular y/o laboral del designado, con acuse de recibo.

La Justicia Electoral podrá disponer, además de los recaudos

previstos en el art. 89 de la Ley Nº 9571, su publicación por un

día en el Boletín Oficial de la Provincia.

Artículo 6.- Excusación, excepciones y justificación. La

excusación de quienes resulten designados se formula dentro

de los tres (3) días de notificados y únicamente pueden invocarse

razones de enfermedad o de fuerza mayor, debidamente

justificadas. Transcurrido este plazo sólo pueden excusarse por

causas sobrevinientes, las que son objeto de consideración es-

pecial por la Justicia Electoral.

Son causales de excepción:

- Desempeñar funciones de organización o dirección de un

partido, alianza o confederación política;

- Ser candidato en la elección de que se trate;

Cuando los dos cónyuges y/o convivientes se desempeñen en

el Poder Judicial y se encuentren en condiciones de ser

designados Fiscales Públicos Electorales, se afectará sólo al

varón, salvo expresa manifestación de voluntad en contrario de

ambos, bien sea por la afectación de la mujer o de ambos.

Las dos primeras causales de excepción se acreditarán

mediante certificación de las autoridades del respectivo partido,

alianza o confederación.

La justificación por razones de enfermedad que les impide

concurrir al acto electoral, se hará en la forma ordinaria que para

la justificación de ese tipo de inasistencias tiene establecido el

Poder Judicial. Éstas serán confrontadas con sus antecedentes

y -en caso de resultar procedentes- asentados en su legajo

personal y en su historia clínica laboral como un registro más a

todos los efectos.

En el caso de Fiscales Públicos Electorales que no se

desempeñen como empleados o funcionarios del Poder Judicial

de la Provincia, se efectuará mediante certificado extendido por

médicos de la Oficina de Personal y Medicina laboral del Poder

Judicial, y en su defecto, por médicos de establecimientos oficiales,

preferentemente provinciales.

Si se comprueba falsedad en cualquiera de las causales

invocadas, pasan los antecedentes a lo Oficina de Sumarios

Administrativos a los fines que hubiere lugar, considerándose, a

tal efecto, falta grave, sin perjuicio de las sanciones previstas en

la Ley Nº 9571.