Acuerdo Reglamentario N° 1475 'A'

• Emisor: Tribunal superior de justicia
• Fecha de la disposición: 8 de Marzo de 2018

LEGISLACIÓN Y NORMATIVAS

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BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

AÑO CV - TOMO DCXXXIX - Nº 47

CORDOBA, (R.A.) JUEVES 8 DE MARZO DE 2018

BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE CORDOBA

OPS, 9 de noviembre de 1990-;Consenso de Panamá -OMS/OPS 7 y 8 de

octubre del año 2010-, Convención Interamericana para la erradicación de

todas las formas de discriminación contra las personas con discapacidad

–O.E.A., 06 de julio de 1999- y Convención sobre los Derechos de las Per-

sonas con Discapacidad –O.N.U, 13 de diciembre de 2006-), el abordaje

de situaciones en las que convergen conictos penales con este aspecto

de los sujetos, ha generado la necesidad de nuevas articulaciones en el

terreno de las prácticas.

Y CONSIDERANDO: I) Que este contexto normativo revela que la inter-

nación es un recurso terapéutico de ultima ratio, improcedente para so-

lucionar situaciones de vulneración social y/o para neutralizar el riesgo

procesal, en el que la defensa debe tener garantido un rol activo desde el

inicio del trámite (contacto directo y personal con su asistido/a). En este

sentido, la internación provisional (conf. art. 287 C.P.P.) sólo es una medida

coercitiva que implica el encierro involuntario del/la paciente, pero que no

pierde por ello su fundamento terapéutico.

II) Que en función de ello, desde el año 2012, se instauró un proceso de

adecuación hacia el interior de la estructura judicial que ha dado como

resultado, entre otras cosas, la aprobación de varios Acuerdos Reglamen-

tarios del T.S.J. dirigidos a canalizar nuevos paradigmas en Salud Mental

(como ocurrió a su turno con el Acuerdo Reglamentario nº 1122, Serie “A”

del año 2012 y con el Acuerdo Reglamentario nº 1301 Serie “A” del año

2015).

III) Que al mismo tiempo, la creciente judicialización de la salud mental en

el fuero penal motivada, entre otras cosas, por el considerable aumento de

las problemáticas vinculadas con el consumo de sustancias tóxicas, tornó

necesario generar un ámbito de coordinación entre las diversas esferas

judiciales y extrajudiciales implicadas, que, al mismo tiempo, pudiera arro-

jar cierta claridad con la unicación de las prácticas en congruencia con la

normativa de rigor.

IV) Que con este espíritu, se creó dentro de la órbita del Poder Judicial, la

Ocina de Coordinación de Internaciones Judiciales Involuntarias (Acorda-

da nº 1441, serie “A” del 22/08/2017), hallándose entre sus funciones, la “…

coordinación, apoyo técnico operativo y comunicación interinstitucional ne-

cesarias para la consecución de sus objetivos”, y el “…diseño de un proto-

colo de actuación y buenas prácticas para Magistrados, Fiscales, Asesores

Letrados y demás operadores judiciales y extrajudiciales involucrados en

la tramitación de pericias e informes, internaciones judiciales involuntarias,

medidas de seguridad y externaciones; procurando la adecuación de las

prácticas forenses y extrapoder relacionadas en esta materia a los actuales

lineamientos normativos e institucionales.”

V) Que a raíz de la información recabada por la Ocina desde su puesta

en marcha, se advierte la necesidad y la urgencia de inaugurar un proceso

que gradualmente permita los reacomodamientos operacionales que inte-

grarán un efectivo protocolo de actuación y buenas prácticas.

VI) Que por ello, como una primera aproximación que contenga estos cam-

bios pragmáticos, se torna necesario la elaboración - para el fuero penal

y las órbitas del sistema de salud que articulan con éste- de una guía de

actuación frente a conictos penales que involucren decididamente el as-

pecto mental de la salud humana (inimputables con internación provisional,

conf. art. 287 C.P.P., inimputables sobreseídos con medida de seguridad

curativa, conf. art. 34 inc. 1º C.P., imputables internados), en concordancia

con la legislación y los principios convencionales y constitucionales hoy

vigentes.

Por ello y lo dispuesto por los Arts. 166 inc. 2° de la Constitución Provincial

y 12 incs. 1° de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Provincia N° 8435;

RESUELVE: 1) Aprobar la siguiente “Guía de Adecuación Práctica de Inter-

naciones Involuntarias dispuestas en Sede Penal” que se establece como

Anexo Uno se establece como Índice; como Anexo Dos se reere a Decreto

y Resoluciones, y como Anexo Tres se reere a Ocios, que se adjuntan

al presente, la cual será comunicada a cada uno de los operadores invo-

lucrados - sean éstos del Poder Judicial o Ejecutivo- a n de que inicien el

proceso de implementación y la que comenzará a regir a partir del primero

de abril del corriente año.

2) Encomendar a la Ocina de Coordinación de Internaciones Judiciales

Involuntarias “OCIJI” el acompañamiento de aquellos que resulten convo-

cados a ejecutar dicha guía, con el objeto de facilitar su aplicación y brindar

el apoyo necesario al respecto.

3) Facultar a la Secretaría Penal del Tribunal Superior de Justicia a n de

que dicte los instructivos necesarios para la implementación de la presente

guía.

4) Publicar en el Boletín Ocial de la Provincia. Incorporar en la página

WEB del Poder Judicial y dar la más amplia difusión periodística.

5) Comunicar a la Fiscalía General de la Provincia, la Federación de Co-

legios de Abogados, Colegio de Abogados de la Ciudad de Córdoba, Aso-

ciación de Magistrados y Funcionarios Judiciales, Asociación Gremial de

Empleados del Poder Judicial al Ministerio de Salud- Secretaría de Salud

Mental- al Ministerio de Justicia, Policía de la Provincia de Córdoba, Di-

rección de Derechos Humanos dependiente de la Provincia y Colegios de

Abogados de las distintas jurisdicciones.

Con lo que terminó el acto que previa lectura y raticación de su contenido,

rman la Señora Presidente y los Señores Vocales del Tribunal Superior

de Justicia, con la asistencia del Señor Administrador General del Poder

Judicial, Lic. Ricardo J. ROSEMBERG.-

FDO: DRA. AIDA L. TARDITTI, PRESIDENTE / DR. LUIS ENRIQUE RUBIO, VOCAL

/ DRA. MARIA MARTA CACERES DE BOLLATI, VOCAL / DR. SEBASTIAN CRUZ

LOPEZ PEÑA, VOCAL / LIC. RICARDO JUAN ROSEMBERG, ADMINISTRADOR

GENERAL

ANEXO: https://goo.gl/wn34Rg

ACUERDO REGLAMENTARIO NÚMERO MIL CUATROCIENTOS SE-

TENTA Y CINCO. SERIE “A”. En la Ciudad de Córdoba, a un días del mes

de marzo del año dos mil dieciocho, con la Presidencia de su Titular Dra.

Aída Lucía TARDITTI, se reunieron para resolver los señores Vocales del

Tribunal Superior de Justicia, Dres. Luis Enrique RUBIO, María Marta CA-

CERES de BOLLATI y Sebastián Cruz LOPEZ PEÑA, con la asistencia

del Señor Administrador General del Poder Judicial, Lic. Ricardo Juan RO-

SEMBERG y ACORDARON:

Y VISTA: La problemática planteada en torno a las Cámaras en lo Criminal

y Correccional del Centro Judicial Capital, que se encuentra parcialmente

desintegrada por vacancia de alguno de sus miembros.

Y CONSIDERANDO: 1) Que el Sr. Secretario General del Tribunal Superior

de Justicia, Dr. Luis María Sosa Lanza Castelli, ha puesto en conocimiento

a este Alto Cuerpo, que ha sido anoticiado por los Sres. Vocales de las

Cámaras en lo Criminal y Correccional del Centro Judicial Capital que se

encuentran completas en su integración, que han recibido, procedentes de

la Cámara Novena en lo Criminal y Correccional, diversas causas colegia-

das en las que su Presidente se apartó de intervenir conforme la aplicación