Acorralados y hostigados por cuestionar el 'relato'

En la Argentina de hoy, hay ciudadanos que han llegado a considerarse "desaparecidos civiles". No se puede menos que justificarlos, si se considera que han sido objeto de vigilancia constante, despedidos de sus trabajos, acosados y discriminados de mil formas, y todo eso por no coincidir "con el proyecto" político gubernamental, osar diferenciarse o denunciar graves irregularidades en los organismos del Estado en los que estaban trabajando, la mayoría de ellos, funcionarios de carrera.

Como consecuencia de ese brutal maltrato, a muchos ni siquiera llegaron a despedirlos, pues se fueron antes, por propia decisión, hartos del profundo desprecio por sus opiniones y de la constante degradación a la que eran sometidos.

La visibilidad les llega ahora, que han decidido crear una ONG que se llama Juntos por el Trabajo en Libertad, con el objetivo de denunciar todos esos casos de acoso, violencia, discriminación o persecución en el ámbito laboral estatal, provincial o municipal. Algunos de estos integrantes de la nueva ONG ya habían conocido una súbita y nada buscada celebridad, como es el caso de Graciela Bevacqua, ex directora del Índice de Precios al Consumidor del Indec. Bevacqua había sido desplazada en 2007 por el entonces secretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno, y finalmente se vio obligada a renunciar, en 2009, después de haber pedido licencia médica y de haber sido designada para la biblioteca del Ministerio de Economía, es decir, relegada a un puesto que nada tenía que ver con su especialidad.

Otro caso más reciente es el de Silvina Martínez, quien, como se recordará, fue echada de su cargo de directora del Registro Nacional de Sociedades de la Inspección General de Justicia (IGJ) por haber denunciado que ese organismo negó información sobre el caso Ciccone. Además de Bevacqua y Martínez, también son fundadores de la ONG María Laura Haag, que trabajó 13 años en la Secretaría de Energía; Fernando Scanavino, ex inspector de la IGJ; Sandra Votta, despedida de la Cancillería por sus jefes de La Cámpora; María Alicia Córdoba y Griselda López Viegas, también echadas del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Más o menos conocidos, todos ellos han sufrido situaciones parecidas y con métodos cuasi mafiosos que llegan hasta extremos nunca vistos: por ejemplo, quitarles el ventilador en verano o anotar en un cuaderno con quiénes mantenían conversaciones. Es decir, humillaciones constantes e insoportables, más dignas de figurar en una novela...