Acordada 21.

• Fecha de disposición: 26 Agosto 2016
• Fecha de publicación: 26 Agosto 2016
• Sección: Avisos Oficiales

Acordada 21/2016

23/08/2016

En Buenos Aires, a los 23 días del mes de Agosto del año dos mil dieciséis, los señores Ministros que suscriben la presente,

CONSIDERARON:

1. Que mediante el decreto ley 11.925 nuestro país ratificó el Convenio para la Represión de la Trata de Personas y de la Explotación de la Prostitución Ajena, aprobado en la 264 Sesión Plenaria de la IV Asamblea General de las Naciones Unidas por Resolución 317 del 2 de diciembre de 1949. Luego, a través de la ley 25.632 se aprobó la Convención Internacional contra la Delincuencia Organizada Transnacional y su Protocolo Complementario para Prevenir, Reprimir y Sancionar la Trata de Personas, especialmente Mujeres y Niños (Protocolo de Palermo).

   En el año 2008 se sancionó y promulgó la Ley 26.364 de Prevención y Sanción de la Trata de Personas y Asistencia a sus víctimas, modificada posteriormente por la ley 26.842 del año 2012.

   Conforme al artículo 6 de la Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (con jerarquía constitucional, conforme al artículo 75, inciso 22 de la Constitución Nacional), el Estado Argentino asumió el compromiso internacional de tomar "todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas las formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer.".

   Que así, en este marco, en el año 1992, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) estableció en la Recomendación General n° 19, sobre "la violencia contra la mujer", que "i) Se prevean procedimientos eficaces de denuncia y reparación, incluida la indemnización" (párrafo 24).

2. Que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha sido pionera en la construcción de mecanismos concretos para la remoción de los obstáculos tendientes a que las personas que se encuentran en especial situación de vulnerabilidad puedan acceder a justicia.

   Así, en diciembre del año 2006, creó la Oficina de Violencia Doméstica con el fin de asegurar el efectivo acceso a justicia de los peticionarios y proveer a los jueces de los recursos necesarios para ejercer su labor jurisdiccional (Acordada n° 39/06) y en diciembre de 2007, la Comisión Nacional de Acceso a Justicia (Acordada n° 37/07).

   Mediante la Acordada n° 5/2009 el Tribunal adhirió a las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de las Personas en Condición de Vulnerabilidad, aprobadas por la Asamblea Plenaria de la XIV Edición de la Cumbre Judicial...