Accidente de trabajo. Reajuste por RIPTE

 
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I.-Contra la sentencia de primera instancia se alza la parte demandada a tenor del memorial obrante a fs. 196/201, mereciendo réplica de su contraria según constancia de fs. 212/213vta.

  1. En el primer y segundo agravio, la apelante cuestiona la sentencia de primera instancia en virtud de que la misma dispone que la suma objeto de condena deberá ajustarse conforme el RIPTE (art. 17 de la ley 26.773).

    Sostiene que la vigencia de la ley citada “es posterior a los hechos constitutivos de la relación jurídica entre las partes” y, por ende, su aplicación al caso sub examine implica vulnerar los principios del art. 18 de la Constitución Nacional y art. 3 del Código Civil.

    En tal sentido, manifiesta que el “a quo” realiza una interpretación errónea del art. 17 inc. 6 de la ley 26.773, y efectúa consideraciones acerca de la lógica de su articulado y de la irretroactividad de la ley, citando doctrina y jurisprudencia a los fines de sustentar su postura.

    En tercer lugar, la apelante se agravia en virtud de considerar que la aplicación de la ley 26.773 implica alterar la ecuación económico financiera, toda vez que al momento de celebrar el contrato de seguro con la empleadora del actor su parte se obligó a las prestaciones expresamente previstas por la ley 24.557, por lo que el daño concreto en su patrimonio surge de comparar la suma que hubiera correspondido al actor conforme la LRT, y la que corresponde de acuerdo con la interpretación que realiza el “a quo” respecto de la ley 26.773.

    Manifiesta, asimismo, que “de haberse contratado el seguro para el pago de las prestaciones de la ley 26.773 muy distinta hubiera sido la alícuota que la ART le hubiera cobrado al empleador afiliado”; y que “para hacer frente a las nuevas prestaciones (…) con lo cobrado en concepto de alícuotas antes del decreto (…) la ART debería desproteger a sus afiliados (y sus trabajadores), ya que lo recaudado no sería suficiente para hacer frente a las nuevas prestaciones”.

    Al respecto, adelanto que de conformidad con el criterio sostenido por este Tribunal en precedentes similares, los agravios bajo análisis no habrán de prosperar.

    Así las cosas, corresponde liminarmente señalar que en cuanto al ámbito temporal de aplicación de la ley 26.773, el ap. 5º de su art. 17 establece que: “Las disposiciones atinentes a las prestaciones en dinero y en especie de esta ley entrarán en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y se aplicarán a las contingencias previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, cuya primera manifestación invalidante se produzca a partir de esa fecha”. Por su lado, el ap. 6º del mismo artículo expresa: “Las prestaciones en dinero por incapacidad permanente, previstas en la ley 24.557 y sus modificatorias, y su actualización mediante el decr. 1694/09, se ajustarán a la fecha de entrada en vigencia de la presente ley conforme al índice RIPTE (Remuneraciones Imponibles Promedio de los Trabajadores Estables), publicado por la Secretaría de Seguridad Social, desde el 1º de enero del año 2010” (conf. esta Sala, in re: “Rodriguez Piriz Miguel c/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A. s/ accidente – ley especial”, Expte. N° 11.422/2011, S.D. N° 18.514 del 30/04/2013; ídem “Cruceño, Santos Martín c/ Mapfre Argentina A.R.T. S.A s/ accidente – acción civil”, S.D. nº 18.543 del 14-05-13, entre otros).

    Conforme lo establecido en dichos precedentes, y como bien lo señala Formaro, “La existencia de dos preceptos diferentes está demostrando que en materia de ajuste (índice RIPTE) la ley no ha seguido el criterio general de aplicación ceñida a las contingencias cuya primera manifestación invalidante se produjera luego de su publicación, sino que dispone su directa operatividad sobre las prestaciones adeudadas (es decir que juega sobre contingencias ocurridas con anterioridad).

    De otro modo la diferenciación no tendría sentido práctico ni jurídico. Máxime cuando el ap. 5º se refiere a las prestaciones de “esta ley” (que son las que se aplican hacia el futuro, sin perjuicio de la posibilidad de plantear su vigencia inmediata o su consideración en equidad),… y el ap. 6º remite a las prestaciones de la originaria ley 24.557 y las mejoras del decr. 1694/09 (lo que demuestra su aplicación a las contingencias anteriores, que se calculan sobre la base de dichas normas). Coadyuva en este mismo sentido la consideración de la finalidad de la norma, que ha sido la de intentar ajustar los importes a la realizada en función de una injusticia manifiesta...

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