Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 15 de Julio de 2015, expediente L 107293

PresidenteGenoud-Negri-Kogan-Hitters-de Lázzari
Fecha de Resolución15 de Julio de 2015
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 15 de julio de 2015, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctores G., N., K., Hitters, de L., se reúnen los señores jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para pronunciar sentencia definitiva en la causa L. 107.293, "A., M.A. y otra contra G., G. y otros. Despido".

A N T E C E D E N T E S

El Tribunal del Trabajo n° 1 del Departamento Judicial Mar del Plata hizo lugar parcialmente a la demanda promovida, imponiendo las costas del modo que especificó (fs. 565/583).

La parte actora dedujo recursos extraordinarios de nulidad (fs. 618/627) e inaplicabilidad de ley (fs. 598/617). Concedidos en la instancia de grado (fs. 638 y vta.), esta Corte, mediante resolución de fs. 678/679, denegó el primero de ellos.

Dictada la providencia de autos (fs. 685), sustanciados los traslados que –en razón de la entrada en vigencia de la ley 14.399- se ordenaron a fs. 692 y vta. y hallándose la causa en estado de pronunciar sentencia, la Suprema Corte decidió plantear y votar la siguiente

C U E S T I Ó N

¿Es fundado el recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley?

V O T A C I Ó N

A la cuestión planteada, el señor J. doctorG. dijo:

  1. a. El tribunal de origen admitió parcialmente la demanda interpuesta por M.A.A. y D.N.S. y condenó a M.A.G., A.M.G., G.A.G. y M.C.G., en su carácter de herederos de M.A.G., al pago de las indemnizaciones por antigüedad, sustitutiva de preaviso, integración del mes de despido, las contempladas en los arts. 1 y 2 de la ley 25.323, 10 y 15 de la ley 24.013, 132 bis de la Ley de Contrato de Trabajo (según art. 43 de la ley 25.345), asignación no remunerativa instrumentada por el decreto 1273/2002, vacaciones, sueldo anual complementario y salarios adeudados.

    En cambio, en lo que aquí interesa por constituir materia de agravio, desestimó la pretensión dirigida en forma personal a los accionados.

    Dispuso, igualmente, la aplicación de la tasa de interés que abona el Banco de la Provincia de Buenos Aires en los depósitos a treinta días, sobre los rubros que prosperaron.

    Con motivo de la aclaratoria interpuesta por la parte actora (fs. 587/588 vta.), en lo relevante, dejó sin efecto la condena dispuesta respecto de M.C.G. por no revestir la calidad de heredera de la causante (v. res. de fs. 589/590).

    b. Para así decidir, el órgano de grado estimó demostrado que M.A.A. y D.N.S. trabajaron en el jardín de infantes "San Cristóbal" en relación de dependencia de M.A.G., y que desempeñaban tareas de Directora de Tercera ­la primera- y como personal de maestranza -la segunda-.

    Asimismo, por conducto de la valoración de las copias certificadas del proceso sucesorio de M.A.G. (fs. 474 y sigtes.), juzgó probado que a raíz de su fallecimiento -acaecido el 4 de junio de 2002- le sucedieron en carácter de herederos sus hermanos G.A.G., M.A.G., A.M.G. y M.E.G.. También, que el primero de ellos fue designado administrador provisorio de los bienes sucesorios y que en tal condición rindió cuentas de su gestión, habiendo comunicado el cierre del jardín de infantes a fines de febrero del año 2002 -fs. 480/481 y 527- (veredicto, primera cuestión, fs. 565 vta.).

    Sostuvo el a quo que de las constancias de dicha causa surgía que todos los actos realizados por el administrador de la sucesión con relación al precitado establecimiento educacional fueron cumplidos como parte integrante del acervo hereditario y no a título personal. Extremo que, además, consideró corroborado por las declaraciones de los testigos recibidas en la audiencia de vista de la causa (veredicto, primera cuestión, fs. 565 vta./566).

    En la etapa de sentencia, expuso que -de acuerdo a lo determinado en el veredicto- con posterioridad al deceso de M.A.G. las accionantes continuaron prestando tareas en las mismas condiciones en que lo habían hecho hasta ese momento, bajo las órdenes de los derechohabientes pues el jardín de infantes formaba parte del acervo hereditario. Añadió que no fue probada la alegada transferencia del establecimiento en forma personal a los herederos -arts. 225, 228 y concs. de la Ley de Contrato de Trabajo- (sent. primera cuestión, fs. 569 vta.).

    En función de ello, en tanto estimó legítimo el despido indirecto dispuesto por las actoras en los términos del art. 242 de la Ley de Contrato de Trabajo, condenó a los demandados al pago de las indemnizaciones y conceptos de naturaleza salarial reclamados en su carácter de herederos de M.A.G. y rechazó la acción incoada a título individual contra los mismos, en los términos del art. 499 del Código Civil (sent., fs. 570 y vta. y 579 vta.).

  2. Contra dicho pronunciamiento se alza la parte actora con recurso extraordinario de inaplicabilidad de ley (fs. 598/617), en el que denuncia absurdo y la violación de los arts. 499, 1195, 3319, 3324, 3326, 3327, 3341/43, 3415, 3417, 3418 del Código Civil; 225, 228, 249 de la Ley de Contrato de Trabajo; 39, 44 inc. d), 47 de la ley 11.653; 384 del Código Procesal Civil y Comercial y de la doctrina que cita.

    Expone los siguientes agravios:

    1. Plantea su disconformidad con el rechazo de la petición de condena a título personal de los codemandados G.A.G., A.M.G., M.A.G. y M.C.G.. Sobre el particular:

      a. Alega que el sentenciante transgredió los arts. 47 y 44 inc. d) de la ley adjetiva, dado que, por un lado, simplificó las cuestiones planteadas en la demanda soslayando valorar la actuación individual que tuvo cada uno de los accionados en el jardín de infantes. Por el otro, aduce que apreció en forma absurda la prueba producida y prescindió de elementos esenciales que -en su opinión- demostraron la responsabilidad personal de los demandados.

      En ese sentido, afirma que el a quo los trató a todos como herederos de M.A.G., cuando M.C.G. no revestía tal carácter y fue demandada por su desempeño individual en el jardín de infantes luego del deceso de su titular. De esa forma, estima violado el principio de congruencia.

      Agrega que la responsabilidad laboral de aquélla emerge del art. 23 de la Ley de Contrato de Trabajo, en cuanto estatuye la presunción de la existencia del contrato de trabajo.

      Respecto de los restantes codemandados, manifiesta que aún cuando tuvo por probado que las actoras trabajaron bajo las órdenes de "los herederos" (sent. primera cuestión, fs. 569 vta.), no diferenció la situación de cada uno en particular, sino que los englobó en la figura de G.A.G..

      b. Acerca de la intervención de éste último, sostiene que al reputar que realizó todos los actos en calidad de administrador del acervo hereditario, el sentenciante incurrió en absurda valoración de la prueba informativa y testimonial.

      Ello así, atento que del proceso sucesorio surge que recién se le asignó esa función el 7 de febrero de 2003, luego del cierre del establecimiento. En lo atinente a la prueba testimonial, asevera que los declarantes no podían saber a que título efectuaba cada acto, siendo que, además, no había sido nombrado en el cargo.

      c. Por otra parte, denuncia que el a quo soslayó la apreciación de pruebas que, a su modo de ver, resultaban esenciales para demostrar la responsabilidad personal de los demandados, entre las que refiere los informes producidos por: (i) D.I.P.R.E.G.E.P. (fs. 170) que acredita que C.G.C. fue la directora del jardín de infantes durante el ciclo Junio/Diciembre de 2002 y que la verdadera fecha de su cierre fue en febrero de 2003; (ii) S.A.D.O.P. (fs. 293) conforme la cual figuraba como titular del establecimiento, M.A.G.; (iii) La dueña del local, señora I. (fs. 253) que informó que desde junio de 2002 hasta el 9 de febrero de 2003 -fecha en que devolvieron la propiedad-, los señores M.C.G. y G.G. continuaron pagando el importe de los alquileres.

      Asimismo, al no concurrir M.C.G. a formar cuerpo de escritura para la realización de pericia caligráfica, entiende que corresponde atribuir a la misma la autoría de los recibos de haberes de M.A. durante el período junio/diciembre de 2002, los recibos de cuotas de matrícula de 2003 y la colonia de verano de ese año, entre otra documentación que indica.

      Añade que omitió valorar que de la contestación de demanda de M.A.G. (fs. 95) surge que la administración fue hecha en forma personal por los restantes codemandados. Igualmente, la rendición de cuentas efectuada por G.A.G. a fs. 167 del expediente sucesorio, constata las afirmaciones contenidas en la demanda respecto de lo actuado por M.C.G..

      d. Endilga al tribunal interviniente que prescindió analizar la conducta desplegada por los demandados, habida cuenta que omitieron abonar los haberes de las actoras, rechazaron las intimaciones cursadas por éstas y cerraron abruptamente el establecimiento, comportamientos que, a su juicio, los responsabilizan en forma directa y solidaria, trascendiendo ampliamente la figura del administrador del sucesorio que, además, recién fue designado en febrero de 2003, no habiéndoseles notificado a las accionantes tal circunstancia.

      e. Denuncia transgredidas las normas del Código Civil que determinan que el heredero continúa la persona del causante y llega a responder con su propio patrimonio (art. 3417 y sigtes.) y las relativas a la aceptación tácita de la herencia (arts. 3324 y 3325).

      Controvierte la conclusión basada en que las actoras no probaron la alegada transferencia del contrato de trabajo, en los términos de los arts. 225 y 228 de la Ley de Contrato de Trabajo.

      Al resolver de ese modo, señalan que el sentenciante soslayó infundadamente la aplicación del art. 249 del precitado régimen, en cuanto dispone la continuidad de la relación laboral con los herederos cuando la explotación prosiga, circunstancia que, en el caso, el juzgador tuvo por probada a fs. 569 vta.

      En esa línea, reputa infringida la doctrina sentada por esta Corte en el precedente "D." (L. 72.979; sent. del 28-II-2001).

    2. Aduce que al tener por probado, con soporte en lo...

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