Accesos especialmente legislados

AutorLuis R. Carranza Torres
Páginas215-231
Capítulo III
ACCESOS ESPECIALMENTE LEGISLADOS
1. LOS DERECHOS A LA INFORMACIÓN ESTATAL
ESPECÍFICOS DE LAS LEYES 8835 Y 8836
Como parte de la reforma del Estado provincial, encarada en el año 2000, se
dictaron, entre otras, las leyes 8835 y 8836, que en la materia que nos ocupa han
venido a reglamentar o especificar aún más, en determinadas áreas, el derecho a
acceder a la información estatal por parte de los ciudadanos o personas que se
hallen por cualquier causa en nuestra provincia.
En las mismas se fija como objetivo, a los fines de promover y asegurar la
participación y los controles ciudadanos, y la transparencia de la gestión pública,
dar desde la Administración la información que sea de necesidad o se le requiera,
de forma amplia y oportuna, así como imponer a los funcionarios la obligación de
efectuar una constante rendición de cuentas de los actos realizados en sus
funciones (arts. 1º, ley 8835, y 1º, ley 8836).
Procurar información permanente a las personas sobre la gestión estatal y los
gastos públicos a través de un sistema informatizado amplio, preciso, transparente,
actualizado y de fácil acceso (art. 2º, inc. e, leyes 8835 y 8836), se instituye como
política respecto de la materia que analizamos en virtud de las antedichas normas.
Lo establecido en las mismas resulta de aplicación (art. 3º) a los poderes
Legislativo, Judicial, a la Defensoría del Pueblo, al Tribunal de Cuentas y —en el
ámbito del Poder Ejecutivo— a: a) la Administración centralizada, desconcentrada
y descentralizada; b) las entidades autárquicas; c) los bancos, empresas, sociedades,
sociedades del Estado y sociedades de economía mixta del Estado provincial; d) los
entes en los cuales el Estado provincial sea titular de la participación total o
mayoritaria del capital o posea el poder de decisión, y e) las personas que reciban
de la autoridad competente el título habilitante de su actividad de prestación
pública.
Se establece asimismo que dichas leyes se aplicarán a todos los organismos,
actividades, entidades, empresas o sociedades mencionadas precedentemente,
aunque sus estatutos, cartas orgánicas o leyes especiales establezcan o exijan una
inclusión expresa para su aplicación.
Las mismas, en materia de acceso a la información, han especificado y trazado
cauces particulares de ejercicio frente a situaciones concretas, que no son un
catálogo de promesas y esperanzas (aunque el no ejercicio por parte de los
ciudadanos, y el no control de la autoridad estatal de su cumplimiento por sus
dependientes, lleve precisamente a ello), sino que tienen una sustantividad
indiscutible con la consiguiente ampliación de los derechos reconocidos, y la
correspondiente reducción de los derechos no enumerados o implícitos en la
materia.
2. DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA
DE EDUCACIÓN
Art. 5° (ley 8835) - Derecho a la educación
Todas las personas en la Provincia tienen derecho a:
[…]
b) Conocer el nivel de calidad educativa de las escuelas de la provincia a través
de los estándares establecidos.
c) Acceder los padres o responsables a todo tipo de información que los
establecimientos escolares tengan sobre el desarrollo educativo de sus hijos o representados y,
en su caso, a solicitar el traslado a otra escuela si estimara insuficiente el nivel de la función
educativa prestada, lo que deberá asentarse en los antecedentes de la escuela y valorarse en
oportunidad de hacerse la evaluación del estándar de calidad.
El derecho a la educación resulta uno de los más esenciales para el
mantenimiento a futuro de un Estado de Derecho. Se halla garantizado en el art.
14 de la Constitución Nacional, y en el art. 19, inc. 4, de nuestra Constitución
Provincial. Guarda relación, asimismo, con el art. 25, que establece la
responsabilidad preventiva y subsidiaria del Estado respecto de la niñez.
La educación de los menores es, por principio, una responsabilidad de sus
padres o de la persona bajo cuya guarda o responsabilidad se hallen. Las normas
antes citadas apuntan a procurar a las personas que estuvieran a cargo de los
menores la información necesaria para garantizar el ejercicio a conciencia de los
derechos, tanto los propios como guardianes del menor, como los de éstos por la
representación que invisten.
Vemos aquí, y será una constante en los accesos específicos que trataremos, que
la información no es a los fines prácticos, un derecho que se agota en sí mismo, sino
que resulta el primer peldaño o el presupuesto para el efectivo ejercicio de otros
derechos. Ello es así pues el conocimiento es requisito previo necesario del ejercicio
de cualquier elección de modo real, y no simplemente formal.
3. DERECHO A LA INFORMACIÓN EN MATERIA
DE SALUD
Art. 6° (ley 8835) - Derechos a la salud
Todas las personas en la Provincia tienen derecho a:
[…]
c) Conocer el nombre, apellido, cargo y función de los profesionales de la salud
que lo atiendan.
d) Obtener información adecuada de sus derechos en cuanto paciente y cómo
ejercerlos.
[…]
g) Respeto a su intimidad mientras permanezca en el hospital público y a que
se trate, confidencialmente, toda la información y documentos sobre su
estado de salud.
h) Recibir información completa sobre el diagnóstico, tratamiento y pronóstico
de su enfermedad, en lenguaje sencillo y entendible, siempre que ello no
altere su equilibrio psicosocial.
[…]
j) Re cibir la información necesaria para autoriza r, con conocimiento de causa,
todo tratamiento que pretenda aplicársele.
[…]
k) Participar en las decisiones relacionadas con su tratamiento y a solicitar al
hospital la entrega documentada del plan terapéutico a observar luego del
alta médica.

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