Acceso a la Justicia, derecho humano preeminente

Autor:Mónica Graciela Andrieu
Cargo:Abogada
RESUMEN

La Justicia da fundamento a la existencia del Estado y es el Estado el que debe garantizar el acceso a la Justicia

 
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I - Constitución, acceso a la justiciacomo deber general de cumplimiento. Realidades y responsabilidadespúblicas

La Justicia da fundamento a la existencia del Estado y es el Estado el que debe garantizar el acceso a la Justicia, tal como lo reconoce en forma preeminente el Preámbulo de nuestra Constitución Nacional cuando habla de “afianzar la justicia” como uno de los objetivos más significativos, expresados por el Constituyente.

Hablar de acceso a la Justicia importa la elaboración de un concepto complejo que reúne múltiples variables de compromiso: Sociales, políticas, jurídicas y también económicas. Involucra sin lugar a dudas, no sólo al Poder Judicial.

Acceder a la Justicia, es obtener Justicia in concreto, llegar a unarespuesta, que comience y finalice exaltando la dignidad del hombre 1.

Siguiendo un orden lógico y cronológico el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva comprende ab initio, el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir a ser parte en un proceso actuando la función judicial. Función que entendemos, no siempre comenzará en el momento de acceder a los órganosdel Poder Judicial.

Muchas de las veces, ya sea como habitantes, como ciudadanos, o desempeñando tareas en algunas de las administraciones públicas, o por vínculos con ellas, serála Administración la que tendrá la primer palabra en el acceso a la justicia y deberá encontrarse en ella, también una justa respuesta.

Se ha pensado que el acceso a la justicia es atributo de uno de los poderes o funciones vertebrales del Estado, del Poder Judicial, mirando que éste es el único ámbito en donde se habrá de buscar y encontrar respuesta válida.

Sin embargo el acceso a la justicia debe de ser garantizado por todos los poderes del Estado, tanto para acceder a respuestas participativas en nuestras legislaturas, como al requerir con interés, aun en el de simple habitante, ante las Administraciones Públicas 2.

Los que desempeñan la función administrativa tienen también el deber jurídico público de hacer justicia, no otra cosa es el acatamiento de la Administración al Derecho. Se trata de la instancia inicial del ejercicio del derecho a obtener justicia, en el que la protección debe ser garantizada plenamente, ya que de su justo recorrido dependerán las instancias posteriores.

No basta con la proclama. Es necesario viabilizar los instrumentos eficientes para hacer su acceso posible para todos y con el mismo nivel de calidad y respuesta. También hacer cierta la igualdadde trato, en este derecho.

No sólo hay que pensar que se cumple con él, a través de la única posibilidad de ejercicio de la petición o de la acción, su plena realización se logra en la medida quesu marco de actuación y aplicación se dilata en las funciones del Estado.

Llegar a la Justicia, a la obtención de una verdadera respuesta reparadora e integradora en el marco de las interacciones humanas, debe permitir una mirada incesante de la realidad, de los hechos en que transita la sociedad, y la consecuente adopción de medidas preventivas para atender las muchas veces silentes realidades indeseadas,darles una respuesta previo facto, evitando eventuales conflictos sociales aun sin esperar, del reclamo o de la protesta, de la agresividad social entre iguales, sin olvidar que el error forma parte del actuar humano y que la venganzanza no es la justa recomposición ante las desigualdades.

Es responsabilidad del Estado el bien común, al que debe llegar a través de un diagnóstico y de programas que razonable y sustentablememente sean cuestión de Estado. Medidas convenidas entre todos los protagonistas políticos y sociales, y especialmente desde los centros de la más alta política institucional.

En lo judicial, acciones que a través del principio rector de in dubio pro actione 3; acobije la amplia legitimación; el pleno ejercicio de la defensa y brinde posibilidades ciertas de amplia realización de las pruebas – acceso real a los medios de pericia por quienes carecen de recursos- cuerpos periciales o convenios convenientes con los organismos especializados que colaboren en el proceso-; arribar a decisiones que respondan esencial y básicamente en tiempo oportuno, órganos especializados para los cuales se requiere una regular educación especializada, justicia constitucional efectiva, que atienda conplenitud a los planteos de las partes, a las realidades, preservando siempre la dignidad del hombre en cualquiera de las acciones posibles.

Hacemos referencia puntualmente a los derechos sociales garantizados por nuestros textos constitucionales. Recuérdese las situaciones derivadas de los derechos de las comunidades aborígenes de la Provincia de Buenos Aires, su reclamo de tierras y de multiculturalidad; los derechos de la franja etaria de adultos abandonados y hacia quienes se disponen medidas judiciales de internación en hospitales por largos períodos de sus vidas, por falta de albergues sociales suficientesy a los que se los expone a la adquisición de enfermedades, y al costo de que ocupen una camaen reemplazo de quien por enfermedad, la requiere. No resulta suficiente lo hecho hasta ahora, sin duda. Piénsese en los temas ambientales que los más, sin exponerse, pero de obligación para cualquier Estado que debe ser omnipresente, imponen día a día un costo a las generaciones, presentes y futuras. En esta última problemática, la obtención de una sentencia indemnizatoria no logra la finalidad de la justicia.

La separación de funciones de Montesquieu buscó equilibrio, hoy debe de ser repensada en su contenido social, en el que la coordinación se inserte en pos de la busqueda incesante de la dignidad del hombre. Articular políticas conjuntas por parte de los poderes del Estado en el logro de dignidad para y del hombre. La obtención de una justicia efectiva.

La independencia e imparcialidad en el hacer “lo justo” esta en la formación ontológica del hombre, en la adquisición por la educación, en la aprehensión de la diaria tarea de educar, en la acción social,para generar consecuencias sociales.

Según lo explicara Mauro Capeletti, las palabras, “acceso a la justicia” sirven para enfocar dos objetivos básicos del sistema jurídico, por el cual las personas pueden hacer valer sus derechos y resolver sus diferencias bajo el auspicio del Estado de Derecho 4. Estos dos principios son:

  1. -Que debe ser igualmente accesible para todos.

  2. - Que debe generar resultados, individual y socialmente justos. A éstos últimos apuntamos que no son de resorte exclusivo del Poder Judicial.

De tal manera que bajo este enfoque el “acceso a la justicia” no se satisface con solo invocarse sino con hacer, tal como se expresó antes, diariamente, en pos de su efectividad. Y se desliza como exigencia para el hombre otrora llamado burocracia de cuello blanco y para el que se engancha con su necesidad a un cable de algun servicio local.

¿Es posible mantener la doble visiónsobre el “acceso a la justicia”, la visión del ciudadano-habitante y la del Estado?

Recordemos las palabras de aquel hombre de nacionalidad italianaque ante las desprogramación de vuelos, expreso: ¡A la Argentina no vuelvo más!.

¿La de los profesionales que egresan de nuestras universidades y la del resto de la comunidad? ¿Se irá a la conquista del otro?. No con el otro.

La respuesta la debemos encontrar en el propio contenido del derecho. En la plena vigencia de los derechos humanos. Vivir en democracia es hacerlos ciertos desde nuestra conducta y compromiso, y en consecuencia, vivir en plenitud la vigencia de la Constitución, no atenderla como un texto, menos parcializada.

II - Los problemas de laigualdad de oportunidadesde los ciudadanos: Justicia eficiente. El Estado participativo

El acceso a la justicia, derecho reconocido constitucionalmente, se encuentraen el centro del debate, expresamente reconocido en el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que expresa:

“La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienescarezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo y judicial. Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave”.

No sólo con su reconocimiento como un derecho humano se satisface el cumplimiento de la mandaconstitucional.

Este derecho tiende a aliviar una de las expresiones más dramáticas de la pobreza, la «pobreza legal» producto de la ignorancia iuris de amplios sectores de la ciudadanía, que les impide hacer uso material de la ley y de sus instituciones 5.

Este derecho exige, en su concreción, que no sólo se proporcione una asistencia judicial que garantice un debido proceso por la vía de la igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos, sino que además se entregue un servicio formativo e informativo que permita a las personas adquirir el conocimiento jurídico necesario para comprender el alcance de sus derechos.

La Facultad de Ciencias Jurídicasy Sociales de nuestra Universidad ha iniciado este imperioso derrotero, con una marcada concurrencia de asistencia y de participación en cursos dictados a la población en general. También se advierte una impronta que se desea se amplie en cuanto parece al menos ceñirse a perfiles académicos desde la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires. La Justicia, por su parte, en la época del entonces Procurador General, Eduardo de la Cruz, realizó una apertura significativa a la sociedad, intentando acercar, a los diversos protagonistas, científicos, Ong...

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