Acceso a la Justicia. Derechos humanos y realidad.

Autor:Mónica Graciela Andrieu
Cargo:Titular de la Sala de Asuntos Constitucionales y Contencioso administrativos de la Procuración General de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires
RESUMEN

Acceder a la Justicia, es obtener Justicia in concreto, llegar a una respuesta, que comience y finalice exaltando la dignidad del hombre (...)

 
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Publicado en Anales UNLP 2007

I - La Constitución como deber general de cumplimiento. El acceso a la justicia y el Estado. Lo constitucional, las realidades y las responsabilidades

Acceder a la Justicia, es obtener Justicia in concreto, llegar a una respuesta, que comience y finalice exaltando la dignidad del hombre 1.

Siguiendo un orden lógico y cronológico el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho de acceso a la jurisdicción, es decir a ser parte en un proceso actuando la función judicial. Función que no siempre comienza accediendo a los órganos del Poder Judicial.

Muchas de las veces, ya sea como habitantes, como ciudadanos, o desempeñando tareas en algunas de las administraciones públicas, o por vínculos con ellas, será la Administración la que tendrá la primer palabra en el acceso a la justicia y deberá encontrarse en ella, también una justa respuesta.

Se ha pensado que el acceso a la justicia es atributo de uno de los poderes o funciones vertebrales del Estado, del Poder Judicial, mirando que éste es el único ámbito en donde se habrá de buscar y encontrar respuesta válida.

Sin embargo el acceso a la justicia debe de ser garantizado por todos los poderes del Estado, tanto para acceder a respuestas participativas en nuestras legislaturas, como al requerir con interés, aun en el de simple habitante, ante las Administraciones Públicas 2.

También a los que desempeñan la función administrativa les corresponde el deber jurídico público de hacer justicia, no otra cosa es el acatamiento de la Administración al Derecho. Se trata de la instancia inicial del ejercicio del derecho a obtener justicia, en el que la protección debe ser garantizada plenamente, ya que de su justo recorrido dependerán las instancias posteriores.

No basta con la proclama. Es necesario viabilizar los instrumentos eficientes para hacer su acceso posible para todos y con el mismo nivel de calidad y respuesta. También hacer cierta la igualdad en este derecho.

No sólo hay que pensar que se cumple con este derecho a través de la única posibilidad de ejercicio de la petición o de la acción, su plena realización se logra en la medida que su marco de actuación y aplicación se dilata en las funciones del Estado.

Llegar a la Justicia, debe permitir una mirada incesante de la realidad, de los hechos en que transita la sociedad, y la consecuente adopción de medidas preventivas para atender las realidades silentes sociales, para darles respuesta, evitando los eventuales conflictos sociales aun sin esperar, del reclamo o de la protesta, de la agresividad social entre iguales.

Es responsabilidad del Estado el bien común, al que debe llegar a través de un diagnóstico y de programas que razonable y sustentablememente sean cuestión de Estado. Medidas convenidas entre todos los protagonistas políticos y sociales, y especialmente desde los centros de la más alta política institucional.

En lo judicial, acciones que a través del principio rector de in dubio pro actione 3; acobije la amplia legitimación; el pleno ejercicio de la defensa y brinde posibilidades ciertas de amplia realización de las pruebas – acceso real a los medios de pericia por quienes carecen de recursos- cuerpos periciales o convenios convenientes con los organismos especializados que colaboren en el proceso-; arribar a decisiones que respondan esencial y básicamente en tiempo oportuno, órganos especializados, justicia constitucional efectiva, que atienda con plenitud a los planteos de las partes, a las realidades, preservando siempre la dignidad del hombre en cualquiera de las acciones posibles.

Hacemos referencia puntualmente a los derechos sociales garantizados por nuestros textos constitucionales. Recuérdese las situaciones derivadas de los derechos de las comunidades aborígenes de la Provincia de Buenos Aires, su reclamo de tierras y de multiculturalidad; los derechos de la franja etaria de adultos abandonados y hacia quienes se disponen medidas judiciales de internación en hospitales por largos períodos de sus vidas, por falta de albergues sociales suficientes y a los que se los expone a la adquisición de enfermedades, y al costo de que ocupen una cama en reemplazo de quien por enfermedad la requiere. No resulta suficiente lo hecho hasta ahora, sin duda. Piénsese en los temas ambientales que también imponen día a día un costo a las generaciones futuras. En esta última problemática, la obtención de una sentencia indemnizatoria no logra la finalidad de la justicia.

La separación de funciones diseñada por Montesquieu no atendió a la articulación de políticas conjuntas por parte de los poderes del Estado para lograr una justicia efectiva.

Según lo explicara Mauro Capeletti, las palabras, “acceso a la justicia” sirven para enfocar dos objetivos básicos del sistema jurídico, por el cual las personas pueden hacer valer sus derechos y resolver sus diferencias bajo el auspicio del Estado de Derecho4. Estos dos principios son:

  1. - Que debe ser igualmente accesible para todos.

  2. - Que debe generar resultados individual y socialmente justos. A éstos últimos apuntamos que no son de resorte exclusivo del Poder Judicial.

De tal manera que bajo este enfoque el “acceso a la justicia” no se satisface con solo invocarse sino con hacer, tal como se expresó antes, diariamente, en pos de su efectividad.

¿Es posible aun mantener la doble visión sobre el “acceso a la justicia”, la visión del ciudadano y la del Estado?

¿La de los profesionales que egresan de nuestras universidades y la del resto de la comunidad?

La respuesta la debemos encontrar en el propio contenido del derecho. En la plena vigencia de los derechos humanos, en hacer cierta la democracia y la vigencia de la Constitución.

II - Los problemas de la igualdad de oportunidades de los ciudadanos: Justicia eficiente. El Estado participativo

El acceso a la justicia, derecho reconocido constitucionalmente, se encuentra en el centro del debate, expresamente reconocido en el artículo 15 de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires, que expresa:

“La Provincia asegura la tutela judicial continua y efectiva, el acceso irrestricto a la justicia, la gratuidad de los trámites y la asistencia letrada a quienes carezcan de recursos suficientes y la inviolabilidad de la defensa de la persona y de los derechos en todo procedimiento administrativo y judicial. Las causas deberán decidirse en tiempo razonable. El retardo en dictar sentencia y las dilaciones indebidas cuando sean reiteradas, constituyen falta grave”.

No sólo con su reconocimiento como un derecho humano se satisface el cumplimiento de la manda constitucional.

Este derecho tiende a aliviar una de las expresiones más dramáticas de la pobreza, la «pobreza legal» producto de la ignorancia iuris de amplios sectores de la ciudadanía, que les impide hacer uso material de la ley y de sus instituciones5.

Este derecho exige, en su concreción, que no sólo se proporcione una asistencia judicial que garantice un debido proceso por la vía de la igualdad de las partes en el ejercicio de sus derechos, sino que además se entregue un servicio formativo e informativo que permita a las personas adquirir el conocimiento jurídico necesario para comprender el alcance de sus derechos.La Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra Universidad ha iniciado este imperioso derrotero, con una marcada concurrencia y participación.

La calidad del profesional jurídico se medirá no sólo por sus habilidades de gestión, sino también de acuerdo a su desempeño como formador de una conciencia jurídica y practicante en las realidades sociales, colaborando con cada ciudadano a que sea capaz de adoptar decisiones informadas y responsables en aquellos temas que le afecten y encuentre en el abogado un componedor social sea cual fuere el rol que le corresponda desempeñar en la sociedad.

Es necesario aumentar la asistencia gratuita jurídica y lo es también en esta nueva expectativa social la de convocar al mundo universitario y no sólo a la abogacía a desarrollar sus capacidades para transmitir el conocimiento a través de un lenguaje claro y accesible al público, y aprender a actuar interdisciplinariamente. Las diferentes unidades académicas universitarias también tienen un destino en común: El Hombre, su dignidad. Hay problemáticas sociales que atraviesan horizontalmente al conocimiento y merecen la mejor respuesta.

A las instituciones de investigación públicas y privadas que redoblen sus esfuerzos y donen su excelencia en pos de los más necesitados a los fines de...

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