Acceder a la Justicia, el desafío que perdura para las personas con discapacidad

El caso Próvolo, con denuncias por abusos sexuales y torturas a chicos sordomudos en un instituto católico, planteó un desafío para la Justicia, que debió tratar con 16 víctimas con esa discapacidad, entre ellas, un chico que había sido criado por los sacerdotes acusados, abusó de sus compañeros y luego fue declarado inimputable por no poder comprender la gravedad de sus actos."La discapacidad es un concepto que evoluciona porque es el resultado de la deficiencia física más las barreras que produce la discapacidad, y las barreras son culturales. Cuando se hacen las adecuaciones para las necesidades de cada uno, esas barreras se van rompiendo", explica Mabel Remón, directora del Programa Nacional de Asistencia para las Personas con Discapacidad en sus Relaciones con la Administración de Justicia (Adajus). Fue creado en 2011 y tiene un equipo interdisciplinario que, en promedio, recibe 200 casos por mes, aunque algunos sean consultas. Remón afirma que las principales barreras están vinculadas con la comunicación y la falta de especialistas para abordar los casos.Según el Indec, el 10,2%, de la población tiene algún tipo de discapacidad. Es un universo amplio, que al momento de acceder a la Justicia presenta dificultades propias de la discapacidad y otras vinculadas a un sistema que no está preparado."En el caso Próvolo hubo muchos avances y sobre la marcha se enderezaron muchas cosas. El primer acto en este sentido fue una decisión que tomó el Ministerio Público, y fue hacer que las víctimas declararan en cámara Gesell. Además, todos fueron derivados a los servicios de salud mental más cercanos a donde vivan para darles un tratamiento interdisciplinario. Muchas declaraciones se produjeron después de que los chicos fueron abordados por el equipo de psicólogos", explicó Oscar Barrera, abogado querellante del Próvolo de Mendoza."Nahuel es sordo. Tiene 17 años y estuvo en el Próvolo desde los cinco. Cuando fue a tribunales no quiso entrar en el edificio porque estaban los abusadores y le producía mucho dolor. Hubo que acompañarlo con psicólogos e intérpretes para que pudiera declarar en cámara Gesell", dijo Mariana Díaz, su madre.Un caso distinto es el de Ricardo González: tiene una discapacidad intelectual y trabaja en una cadena de comida rápida desde 1998. En 2013, con la muerte de sus padres, quedó a cargo de un familiar que, sin autorización, le cambió la clave de la cuenta en la que recibía su sueldo y le sustrajo el DNI para que no...