Sentencia de Camara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV, 10 de Diciembre de 2019, expediente CAF 021227/2012/CA001

Fecha de Resolución10 de Diciembre de 2019
EmisorCamara Contencioso Administrativo Federal- Sala IV

Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL –SALA IV–

Expte. Nº 21227/2012/CA1 “ABRIGO, I.C.–.– c/

GCBA y otros s/ Daños y Perjuicios”

En Buenos Aires, a 10 de diciembre de 2019, reunidos en acuerdo los señores jueces de la S. IV de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal, a efectos de conocer de los recursos interpuestos en los autos “ABRIGO, I.C.–.– c/ GCBA y otros s/ Daños y Perjuicios” contra la sentencia de fs. 983/998vta., el Tribunal estableció la siguiente cuestión a resolver:

¿Se ajusta a derecho la sentencia apelada?

El señor juez de Cámara M.D.D. dijo:

  1. ) Que la señora juez de primera instancia, en lo que aquí

    interesa y es materia de agravios, hizo lugar parcialmente a la demanda contra el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (en adelante “GCBA”), A.M.F., G.T., F.F. y el Estado Nacional –citado como tercero por el GCBA– y, en consecuencia, reconoció el derecho de la actora a la percepción de $ 200.000, en concepto de daño moral. Ello, a fines de obtener la reparación de los daños y perjuicios sufridos en el incendio ocurrido en el local “República Cromañón”, el 30 de diciembre de 2004, en ocasión de haber concurrido al recital de la banda “Callejeros”.

    Señaló que las sumas adeudadas devengarían intereses que deberían ser calculados a la tasa pasiva promedio mensual que publique el Banco Central de la República Argentina, desde el momento que se produjo el hecho dañoso (30/12/04) y hasta su efectivo pago.

    Por otro lado, rechazó la indemnización solicitada en carácter de daño y tratamiento psíquico, y desestimó la responsabilidad de A.I. en el caso.

    Impuso las costas a cargo de los demandados y el tercero citado condenados en este pleito.

    Para así decidir, sostuvo que:

     Mediante sentencias condenatorias dictadas por las S.s III y IV de la Cámara Federal de Casación Penal, con fechas 20 de abril de 2011, 17 de octubre de 2012, 21 de septiembre y 17 de noviembre de 2015, en la causa nº

    11684 “C., O.E. y otros s/ recurso de casación” (reg. 473/11, 1470/12, Fecha de firma: 10/12/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA #10996466#252019455#20191209143403198 2773/2015.4 y 2173/2015) se impusieron penas –las cuales se encontraban firmes– a quienes fueron considerados penalmente responsables por la tragedia de marras. Así, fundó la responsabilidad de los sujetos demandados y citados en estos autos en las mentadas condenas.

     En cuanto a la responsabilidad del GCBA, se tuvo por probado que, para el momento de los hechos, el control de los locales de baile clase “C”, derivado del ejercicio del poder de policía, estaba en cabeza de la Subsecretaria de Control Comunal y de la Dirección General de Fiscalización y Control con asistencia de la Dirección General Adjunta, y que sus titulares se encontraban en posición de garantes de la evitación del resultado de incendio típico.

     A.M.F., F.F. –cuya excepción de falta de legitimación pasiva fue desestimada por el a quo– y G.T., eran responsables por tener a su cargo el ejercicio del poder de policía en materia de seguridad, salubridad e higiene de los comercios habilitados en la Ciudad de Buenos Aires, además de los deberes de inspección y control de la totalidad de los locales.

     A.I. no tenía conocimiento de las deficiencias e irregularidades en cuestión, por lo que no podía predicarse la existencia de nexo causal entre su conducta y la tragedia.

     El pronunciamiento afectaría a los terceros citados de la misma manera que a los litigantes principales, siempre que se encontrasen debidamente notificados, no hubiesen sido desistidos, y que se acreditase su responsabilidad en el hecho de autos.

     El Estado Nacional –cuya excepción de falta de legitimación pasiva, opuesta al contestar su citación como tercero, fue rechazada–

    era responsable en el caso, por cuanto en sede penal se tuvo por acreditada la calidad de autor del delito de cohecho pasivo del subcomisario de la Policía Federal Argentina (en adelante “PFA”), C.R.D., en concurso real con su participación necesaria en el delito de incendio seguido de muerte. Indicó que en dicha causa se tuvo por probado que D. recibía sumas de dinero a cambio de omitir numerosas contravenciones del local “República Cromañón”, que habrían dado lugar a la clausura preventiva del establecimiento y evitado la producción del hecho.

     Respecto de la indemnización por daño psíquico solicitada por la actora, si bien la pericia psicológica arrojaba una incapacidad psíquica del 10 %, el informe elaborado por el Cuerpo Médico Forense indicaba que no existía “repercusión cerebral orgánica” (fs. 995vta.). En la misma línea, descartó el resarcimiento para llevar adelante un tratamiento de esa índole, teniendo en cuenta Fecha de firma: 10/12/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA #10996466#252019455#20191209143403198 Poder Judicial de la Nación CAMARA CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL –SALA IV–

    Expte. Nº 21227/2012/CA1 “ABRIGO, I.C.–.– c/

    GCBA y otros s/ Daños y Perjuicios”

    los subsidios percibidos por la accionante como parte del “Programa de Atencion Integral a las Víctimas del 30/12”.

     El daño moral debe tenerse por configurado in re ipsa, toda vez que el evento dañoso constituyó una fuente de angustia y padecimientos espirituales que corresponde reparar judicialmente, por lo que fijó su quantum en la suma de $ 200.000.

     Por último, correspondía distribuir los porcentajes de responsabilidad en (i) un 35% a cargo del GCBA, incluidos sus funcionarios; (ii)

    un 35% a cargo del Estado Nacional; y (iii) el 30% restante, a cargo del grupo de particulares conformado por todas las personas físicas y jurídicas que hubiesen sido notificadas y no desistidas, y hubiesen sido condenadas en autos, que no fuesen el Estado Nacional y la Ciudad de Buenos Aires.

  2. ) Que, contra ese pronunciamiento, tanto la parte actora como el GCBA interpusieron sendos recursos de apelación a fs. 1000 y a fs. 1002, que fueron concedidos en forma libre a fs. 1001 y a fs. 1014, respectivamente.

    Puestos los autos en la Oficina, el GCBA expresó sus agravios a fs. 1019/1026vta., que fueron contestados por su contraria a fs.

    1052/1055.

    Por su parte, la accionante presentó su memorial a fs.

    1028/1050vta., que fue replicado por la codemandada a fs. 1057/1062.

  3. ) Que, el GCBA se agravia, en primer término, de la procedencia y cuantía del monto otorgado en concepto de daño moral. Al respecto, manifiesta que no surge de los elementos colectados en autos que la actora haya padecido una lesión espiritual seria que merezca tal resarcimiento, el cual no puede constituir una fuente de un beneficio inesperado ni de un enriquecimiento injusto. Cita jurisprudencia y refiere a un fallo de esta S. donde se concedió una suma menor por dicho rubro, en el marco del mismo hecho.

    Por otro lado, expresa su desacuerdo con que la sentencia haya establecido la responsabilidad solidaria de los condenados cuando, a su entender, debió ser concurrente. En ese sentido, en cuanto a la proporcionalidad con que los referidos condenados deberían soportar la carga de indemnizar, alega que es necesario responsabilizar en mayor medida al Estado Nacional por cuanto Fecha de firma: 10/12/2019 Firmado por: M.D.D., JUEZ DE CAMARA Firmado por: J.E.M., JUEZ DE CAMARA #10996466#252019455#20191209143403198 sus funcionarios fueron condenados por delitos dolosos, mientras que los del GCBA por delitos culposos.

    Finalmente, se agravia de la falta de aplicación de las disposiciones de la ley 189 y el artículo 22 de la ley 23.982, con relación al pago de la condena.

    S., en subsidio, la imposición de costas por su orden.

  4. ) Que, la accionante aclara que las cifras reclamadas en el escrito de inicio no constituyen un límite indemnizatorio en cuanto, si bien se solicitaron montos determinados, se agregó la expresión “con lo que en más o en menos resulte de la prueba a producirse”.

    Sobre tal base, se agravia del rechazo del resarcimiento solicitado en concepto de daño y tratamiento psicológico. Sostiene que el magistrado de grado confundió los conceptos de daño psicológico, daño orgánico, daño psiquiátrico, y su tratamiento. En este sentido, indica que no se puede prescindir de la duración de este proceso a efectos de la valoración del perjuicio, siendo que, a catorce años del hecho, padece y lleva consigo un daño psíquico permanente. Por lo demás, señala que el subsidio percibido no puede ser invocado para compensar rubro indemnizatorio alguno, por cuanto ello no surge de ninguna de las normas que los disponen y pretender hacerlo implicaría una violación a la buena fe y los actos propios del estado local.

    Respecto del daño moral, se queja esencialmente del quantum del monto indemnizatorio concedido. Sostiene que el pronunciamiento de grado no brinda fundamentos suficientes que...

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