Sentencia Definitiva de SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA, 21 de Junio de 2018, expediente B 64512

PresidenteSoria-Kogan-Negri-de Lázzari-Genoud
Fecha de Resolución21 de Junio de 2018
EmisorSUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA PROVINCIA

A C U E R D O

En la ciudad de La Plata, a 21 de junio de 2018, habiéndose establecido, de conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 2078, que deberá observarse el siguiente orden de votación: doctoresS.,K., N.,de L.,G.,se reúnen los señores Jueces de la Suprema Corte de Justicia en acuerdo ordinario para dictar sentencia definitiva en la causa B. 64.512, "Abriata, L.F. contra Municipalidad del Partido de General Pueyrredon. Demanda contencioso administrativa".

A N T E C E D E N T E S

  1. El señor L.F.A., por su propio derecho y con patrocinio letrado, promueve demanda contencioso administrativa contra la Municipalidad de General Pueyrredon, con el objeto de que se declare la nulidad e inconstitucionalidad de los decretos 494/2002 y 1693/2002 dictados con fecha 22-II-2002 y 2-VII-2002, respectivamente.

    Por el primero de los citados actos, el Intendente municipal decidió dar por finalizadas, a partir del 1-III-2002, las funciones que desempeñaba hasta esa fecha en la Administración comunal. Por el otro, se confirmó esta decisión al denegarle el recurso de revocatoria interpuesto contra el anterior.

    Por consecuencia de la nulidad pretendida requiere el restablecimiento del derecho a la estabilidad en el nivel escalafonario alcanzado conforme lo dispuesto en la ley 11.757 y el decreto municipal 700/1996.

    Asimismo, solicita se lo reincorpore al cargo que desempeñó hasta su cese y se le abonen las remuneraciones dejadas de percibir desde el 28-II-20002 en que se le notificó el decreto 494/2002 hasta el día en que sea efectivamente reintegrado al cargo y funciones antes ejercidos. Ello con más intereses y la actualización monetaria que pudiera corresponder conforme a la legislación que se dicte en la materia.

    Pide, también, el pago de las vacaciones no gozadas correspondientes a los años 2000 y 2001, además del sueldo anual complementario, considerando a tal efecto que en dicho lapso revistió en el cargo de Contador del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

    Para el supuesto de encuadrar el cese en el art. 9 inc. "b" de la ley 11.757, solicita el pago de la indemnización contemplada en el art. 24 de la misma, con más intereses y actualización monetaria.

    Por último, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.

  2. A fs. 72 la parte actora denuncia como hecho nuevo que el día 30 de diciembre del año 2002 el Concejo Deliberante de General P. sancionó la Ordenanza 9394 -cuya copia acompaña- por la que se dispuso crear nuevamente el Ente Municipal de Deportes y Recreación que había sido disuelto a fines del año 2001.

    Sostiene que la continuidad y perdurabilidad que denota la disolución y subsiguiente creación de un organismo descentralizado de idéntica caracterización respecto a su misión y función constituyen fundamento suficiente del carácter permanente no sólo del Ente Municipal de Deportes y Recreación sino también de la existencia de una planta de personal permanente con la que desarrollaba su actividad el organismo en cuestión.

    Postula que la transitoria disolución del referido ente comunal no constituye una circunstancia suficiente para enervar el carácter permanente que poseían los agentes que habían sido designados simultáneamente con su creación ni tampoco el derecho a la estabilidad adquirido por quienes integraban su planta de personal permanente.

    Afirma que la "recreación" del Ente municipal en el que desarrolló sus tareas en forma ininterrumpida constituye una circunstancia de sustancial trascendencia, por lo que solicita el dictado de una medida cautelar que ordene la reincorporación al cargo que poseía hasta el dictado del decreto 494/2002, o un cargo de similar nivel escalafonario dentro de la planta del ente municipal recreado y/o de la Municipalidad de General Pueyrredon.

  3. Mediante resolución del 26-V-2004, este Tribunal rechazó la medida precautoria solicitada en atención a que de las constancias de la causa y tal como habían sido planteadas las pretensiones del actor, no resultaba acreditado el peligro en la demora así como la presencia de un perjuicio de improbable reparación ulterior (arts. 230 inc. 2°, CPCC; 22, ley 12.008 -texto según ley 13.101-).

  4. Corrido el traslado de ley, se presenta a juicio la Municipalidad de General Pueyrredon, contesta la demanda y, con fundamento en la legitimidad de los actos administrativos cuestionados, solicita el rechazo de la acción.

    V.A. las actuaciones administrativas, glosados el cuaderno de pruebas de la parte actora (v. fs. 101/277) -único formado- y los alegatos presentados por las partes (v. fs. 283/290 -actora- fs. 280-282 -demandada), la causa quedó en estado de pronunciar sentencia, decidiéndose plantear y votar la siguiente

    C U E S T I Ó N

    ¿Es fundada la demanda?

    V O T A C I Ó N

    A la cuestión planteada, el señor J. doctorS. dijo:

    I.El actor relata que por decreto municipal 447/1996 fue designado, a partir del 1-II-1996, en el cargo de Contador del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

    Agrega que se desempeñó en esa posición hasta el 31-XII-2001. Precisa que mediante decreto 123 del 18-I-2002 el Intendente municipal dispuso dar por finalizadas las funciones desarrolladas en el referido cargo y designarlo, a partir del 1-I-2002, como "Profesional en Ciencias Económicas" en el Departamento Rendición de Cuentas.

    Apunta que mediante decreto 494/2002 se ordenó su cese a partir del 1-III-2002. Señala que contra esta decisión interpuso recurso de revocatoria que fue rechazado por el decreto 1693/2002.

    Impugna el mencionado acto por presentar vicios en el elemento causa que, según dice, determinan su ilegitimidad.

    Afirma que mantenía con la comuna demandada una relación de empleo público permanente cuya vigencia y continuidad fue garantizada por el decreto 123/2002, toda vez que, ante la disolución del Ente Municipal de Deportes y Recreación, lo nombró en la planta de personal permanente de la comuna en el cargo de Profesional en Ciencias Económicas I.

    Manifiesta que el carácter provisorio con que se lo designó en este último cargo es inválido, en la medida que se opone a la naturaleza y esencia de la propia decisión, esto es, el pase y reubicación de un agente como consecuencia de las necesidades del servicio emergentes de la disolución del referido ente comunal.

    Asevera que, conforme lo dispuesto en la ley 11.757, los agentes municipales adquieren estabilidad a los doce meses de ser nombrados. De ahí que postula que el tiempo transcurrido desde su designación efectuada por decreto 447/1996 ha determinado que a la fecha en que fue cesado en sus funciones, ya gozara de estabilidad en el vínculo de empleo público municipal.

    Por ello, sostiene que los decretos 494/2002 y 1693/2002 presentan vicios en el elemento objeto al desconocer el derecho a la estabilidad consagrado en el Estatuto del Empleado Municipal -ley 11.757-. Afirma que tal deficiencia determina su ilegitimidad y consecuente nulidad.

    Finalmente, alega la violación al derecho a la igualdad toda vez que el decreto 494/2002 creó dos categorías diferenciadas entre los agentes municipales designados con carácter provisional y sin concurso previo: aquellos que fueron confirmados en su cargo por decreto 2891/2001 y los que fueron limitados en sus funciones.

  5. Al contestar la demanda, la Municipalidad de General Pueyrredon realiza una pormenorizada negativa de los hechos y circunstancias relatados por el actor.

    Señala que por decreto 447/1996 el señor L.F.A. fue designado Contador del Ente Municipal de Deportes y Recreación.

    Agrega que por decreto 123/2002 y, en virtud de la disolución del citado ente, se dan por finalizadas las funciones que desempeñaba como C. y se lo designa, a partir del 1-I-2002, con carácter provisional en el cargo Profesional de Ciencias Económicas I en el Departamento Rendición de Cuentas.

    Pone de resalto que este decreto devino un acto firme y consentido por el aquí accionante.

    Explica que en base a lo informado por la Junta de Ascensos y Calificaciones, por decreto 494/2002 se dieron por finalizadas, a partir del 1-III-2002, las funciones que desempeñaba el Contador Abriata.

    Postula que si el agente se sometió voluntariamente y sin reservas a un régimen estatutario que no le garantiza la estabilidad en su empleo, no puede luego reclamar derechos emergentes de esa garantía de estabilidad sin violar el principio que impide a un sujeto contravenir sus propios actos anteriores, libres y jurídicamente relevantes.

    Asimismo, sostiene que la circunstancia de haber ocupado un cargo por un lapso de tiempo más extenso que el establecido por el art. 7 de la ley 11.757, no genera por sí el derecho a la estabilidad sino que, según dice, a tal efecto corresponde atenerse a los términos del acto de designación. Al respecto, apunta que ninguno de ellos le otorgó a la accionante una relación de empleo público con estabilidad.

    Manifiesta que si bien el nombramiento del actor resulta ser un acto regular en virtud de contar el Departamento Ejecutivo con competencia y atribuciones suficientes para así hacerlo, no es posible que a partir del mismo se obtenga el derecho a la estabilidad, pues aduce que no respetó el procedimiento de concurso para acceder al cargo ni la carrera administrativa.

    Finalmente, refuta que la actuación municipal haya incurrido en violación del derecho a la igualdad, y sostiene, con cita de doctrina de esta Corte, que el dictado del decreto 2893/2001 no posee fuerza vinculante para la Administración.

    Por último, ofrece prueba y formula reserva de caso federal.

  6. De la prueba producida surgen los siguientes elementos útiles para la resolución de la presente causa:

    III.1. Por decreto 447/1996 del 11-III-1996, el Intendente municipal designó, a partir del 1-II-1996, al señor L.F.A. como Contador del Ente Municipal de Deportes y Recreación (v. fs. 130).

    III.2. Por decreto 2893 del 24-IX-2001, el Intendente confirmó a los agentes mencionados en el Anexo I, en los cargos que en cada caso se consignan, dándoseles de baja en los cargos que poseían en el...

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