España y el aborto.

• Autor: Mirador Internacional

EL PRESIDENTE CARLOS DIVAR NO SE PRONUNCIA, DE MOMENTO

Un segundo informe del Poder Judicial da “luz verde” al anteproyecto del aborto

Tal y como se esperaba y en contra del dictamen emitido semanas atrás por el Consejo Fiscal, la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó ayer, por tres votos a favor y dos en contra, un segundo informe que considera constitucional el anteproyecto de ley del aborto libre, conocido como “Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE)” . Diametralmente opuesto a un primer dictamen que planteaba la probable inconstitucionalidad del proyecto, este nuevo informe, del que ha sido ponente Margarita Uría, hace algunas recomendaciones al Gobierno como informar mejor a las mujeres que quieran abortar y que los padres sean informados cuando sus hijas menores de edad soliciten abortar, aunque no sea necesario su consentimiento. El dictamen, preceptivo pero no vinculante, ha sufrido algunas modificaciones de "carácter técnico" respecto al original presentado por la ponente, Margarita Uría, designada por el Partido Nacionalista Vasco, pero el texto tendrá que ser ahora debatido el próximo 23 de julio por los 21 miembros del pleno del CGPJ, en el que podría sufrir de nuevo algún cambio o incluso ser rechazado. En todo caso, es previsible que entonces se añadan los votos particulares al texto de quienes se oponen a su contenido y que irían en línea con un primer informe que fue elaborado y rechazado por la Comisión de Estudios y que planteaba la inconstitucionalidad del sistema de plazos así como criticaba que las menores de 16 años pudieran abortar sin consentimiento ni conocimiento paterno, según las mismas fuentes. Por el momento, ha recibido el aval de la Comisión gracias al apoyo de la propia Uría, y los dos vocales progresistas, José Manuel Gómez Benítez y Margarita Robles, frente al voto en contra de los vocales designados a propuesta del PP Concepción Espejel y Claro José Fernández.

Precisamente este último vocal fue el ponente del citado informe previo que apuntaba que diferentes aspectos de la ley presentan problemas de encaje constitucional. Su dictamen fue rechazado en una sesión anterior de la Comisión de Estudios, en la que se designó ponente a Uría, más favorable a las tesis del Gobierno...

Sin consentimiento, pero con conocimiento paterno...

El informe que irá al pleno, recomienda que se reconozca el derecho de los padres a ser informados de la solicitud para abortar de una menor, aunque no requiera su consentimiento, según se desprende del texto. En este sentido, reconoce que así se contribuye a conciliar el derecho a decidir de la mujer que es suficientemente madura, con las facultades de orientación y consejo que derivan de la patria potestad y tutela. "No obstante, circunstacias excepcionales debería poder fundamentar la no información en beneficio de la menor", recoge.

En cualquier caso, el CGPJ no considera necesario el consentimiento paterno cuando la menor de edad, sea mayor o menor de 16 años, tenga la suficiente capacidad intelectual y emocional para comprender el alcance de la intervención y las consecuencias que se derivan de la misma. "De ese modo --continúa el dictamen-- se produce una mejor acomodación con la sistemática general del ordenamiento civil, y se refuerza la garantía de madurez respecto de la mujer que ha de consentir". En el caso de que el representante legal se opusiera a prestar el consentimiento, el CGPJ considera "adecuado" que se diseñe un procedimiento judicial con la finalidad de autorizar el IVE "siempre que así lo aconseje el interés de la menor".

No es un derecho subjetivo pero si una garantía de igualdad...

Por otra parte, el informe considera constitucional el anteproyecto del Gobierno y señala que "no configura un derecho subjetivo" al aborto, sino que "garantiza la igualdad en el derecho de acceso a la prestación sanitaria de la misma". También apunta que el sistema de plazos "no supone la desprotección penal de la vida del nasciturus" y sí "una renuncia a castigar penalmente durante un plazo determinado, concreto y limitado".

Además, recoge que la información que deba darse a la gestante debe ser "exhaustiva, completa e individualizada, pudiendo extenderse a la información clínica detallada sobre su estado y proceso de gestación". Asimismo, pide que se describa "rigurosamente" el desarrollo del feto y que se informe sobre los riesgos que para la madre representa la práctica de un aborto a nivel físico y emocional.

En cualquier caso, advierte de que la información necesaria para prestar el consentimiento "no puede convertirse en un acto protocolarizado, que no atienda a las circunstancias específicas". La información así ofrecida no cumpliría con la función prevista en la ley, y el consentimiento así prestado no serviría al efecto previsto", añade. En los supuestos de riesgo inmediato y grave para la salud de la madre, apunta que se debería ampliar la posibilidad de prescindir del consentimiento de la embarazada tal y como se actúa ante cualquier intervención médica. "De ese modo, se mantendría un régimen jurídico uniforme", agrega.

También considera oportuno que se explique y justifique en la Exposición de Motivos del anteproyecto ley las razones por las cuáles se ha optado por fijar los plazos en 14 y 22 semanas. Sobre la objeción de conciencia, recomienda que se prevea el procedimiento y efectos de la declaración del objetor, así como la creación de un

Registro de Objetores de Conciencia de Profesionales Sanitarios.

Carlos Divar no quiere adelantar su postura

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar Blanco, ha anunciado en Granada que el informe consultivo, no vinculante, que el Gobierno ha pedido a este órgano sobre la futura Ley del Aborto estará concluido "muy pronto" por lo que considera una "imprudencia y una falta de respeto total a sus compañeros" avanzar posturas "personales y no las colegiales" sobre esta resolución. Asimismo, el presidente del GGPJ ha recordado que aún no se analiza la futura Ley del Aborto, sino un "anteproyecto que hace el prelegislador", que es el Gobierno, documento sobre el que tendrán que emitir su informe. No obstante, Dívar ha insistido en que el dictamen que el Consejo General del Poder Judicial emita sobre ente anteproyecto no será vinculante para la actuación del Gobierno.

Los vocales del Poder Judicial designados por el Partido Popular, respaldados por el presidente Carlos Dívar, impidieron un dictamen favorable al aborto libre

En un fiel reflejo de la fractura social provocada por el Gobierno con su ley del aborto libre y de la servidumbre de los magistrados hacia los partidos que los designaron, el Consejo General del Poder Judicial no pudo ayer sacar adelante ninguno de los dos dictámenes que había elaborado tras largas semanas de deliberaciones, uno a favor y otro en contra, por lo que tomó el acuerdo de no remitir al Gobierno ningún informe, hecho que se produce por primera vez en la historia del Poder judicial.

Como se recordará, el informe elaborado por la primera ponencia de dos magistrados designada por la Comisión de Estudios del CGPJ, que declaraba contrario a la Constitución el anteproyecto de “Ley de Salud Sexual y Reproductiva e Interrupción Voluntaria del Embarazo”, fue rechazado por los otros tres miembros, lo cuales designaron a la nacionalista vasca Margarita Uría para elaborar otro dictamen. Este segundo documento, favorable a las tesis del Gobierno aunque hacía algunas recomendaciones sobre la oportunidad de informar a los padres de menores de 18 años, fue aprobado con el voto en contra de los dos ponentes del primer informe.

Así las cosas, el pleno del Consejo, integrado por 21 miembros –y que había solicitado dos prórrogas para poder alcanzar un acuerdo- se reunió ayer para votar uno de los informes, sin alcanzar la mayoría necesaria. Los nueve vocales designados por el Partido Popular, junto con el presidente se inclinaron en contra del primer informe presentado por la ultima ponencia mientras los nueve designados por el PSOE, más la ponente del PNV, Margarita Uría, votaron a favor. Ante este empate podría haber tenido efecto el voto de calidad del presidente, Carlos Divar, cuya postura en favor de la vida y la dignidad humana, pero no pudo ser así al haberse abstenido en la votación el vocal designado por Convergencia y Unión, Ramón Camp.

A juicio de la portavoz del Consejo, Gabriela Bravo, "el CGPJ ha desarrollado un trabajo técnico, ha procurado hacer un informe pero no se ha conseguido consensuar una posición", declaró tras recordar que la reforma de la Ley del Aborto es una cuestión que "genera polémica y posiciones doctrinales encontradas".

De este modo, la institución...