Crisis económica y abolición de la pena de muerte. Un argumento poco convencional

AutorJosé Sáez Capel

FUENTE: ELDIAL.COM

Días pasados, el gobernador Martin O´Malley, en su informe de gestión ante la Legislatura de Maryland, con un argumento poco convencional propuso la abolición de la pena de muerte en ese Estado, considerando el costo que ella supone y que resulta difícil de soportar por su administración, debido a la crisis económica.

No se me escapa que O´Malley -político demócrata y católico practicante- no es partidario de este tipo da sanción, pero cierto es que ajusticiar a un condenado es tres veces más caro que mantenerlo de por vida en prisión, pero no es el primero, ya en 2007 el gobierno de New Jersey la derogó por esos mismos problemas presupuestarios.

Igual argumentación ha sido utilizada en las legislaturas estaduales de Colorado, Nebraska1, New Hampshire y Kansas2, porque el costo de la ejecución es de aproximadamente tres millones de dólares, un millón novecientos mil dólares más que recluir de por vida al condenado3.

Legisladores locales han argumentado, por cierto con criterio utilitarista, que están ante una grave situación de déficit, por lo que desde esta nueva postura deben solucionar sus problemas fiscales.

Importantes argumentos no jurídicos, si tenemos en cuenta que la interpretación judicial hoy imperante en USA acerca de la constitucionalidad de la pena de muerte data de 19764 en que, por siete votos a dos5, magistrados de la Corte Suprema resolvieron que la pena de muerte tenía plena cabida en el sistema constitucional estadounidense.

Se modificaba así el precedente de cuatro años antes: Furman v. Georgia6, que si bien no sostuvo la inconstitucionalidad de esta pena en sí, una mayoría de cinco votos refirió a la inconstitucionalidad de su aplicación práctica a la luz de las legislaciones estaduales en vigencia, tachada entonces por arbitraria y discriminatoria por motivos raciales; con lo que la pena quedó en suspenso durante varios años en el orden estadual, hasta que poco a poco fueron modificando las legislaciones locales para adaptarlas a las exigencias de la Corte Suprema Federal, introduciendo así límites y garantías en cuanto a su aplicación.

Stephen F. Smith7 refiere que esta sentencia convirtió a la pena de muerte en objeto directo del debate político norteamericano, en un momento que estaba en un franco declive, pues como señala David Garland8, los Estados Unidos iban a la vanguardia de los países abolicionistas, y en parte el fallo fue recibido como una invitación a reformar las leyes y no a abolir la pena de muerte, además de provocar la reacción de sectores conservadores, que vieron a Furman como una extralimitación de la...

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