Sentencia de Camara Civil y Comercial Federal- Sala Ii, 22 de Noviembre de 2019, expediente CCF 001821/2007/CA002

Fecha de Resolución22 de Noviembre de 2019
EmisorCamara Civil y Comercial Federal- Sala Ii

Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 1821/2007 A.M. DEL VALLE Y OTROS c/ TELECOM ARGENTINA SA Y OTRO s/PROGRAMAS DE PROPIEDAD PARTICIPADA En Buenos Aires, a los días del mes de noviembre de 2019, se reúnen en Acuerdo los señores jueces de la S. II de esta Cámara para dictar sentencia en los autos del epígrafe. Conforme con el orden de sorteo efectuado, el doctor R.V.G. dice:

  1. Vienen las presentes actuaciones con motivo del recurso de hecho deducido por la parte actora contra el pronunciamiento dictado por la S. III de esta Cámara a fs. 457/459, mediante la cual se revocó la sentencia apelada y se acogió a la excepción de prescripción articulada por Telefónica de Argentina S.A., con costas de ambas instancias a la actora vencida. Respecto del Estado Nacional, se confirmó la sentencia apelada que había hecho lugar a la excepción de prescripción, con costas de alzada a la vencida.

    La Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró admisible el recurso extraordinario deducido y revocó la sentencia apelada, remitiéndose a los fundamentos expuestos en los autos “S., C.A. y otros c/

    Telefónica de Argentina S.A. y otros” (causa CCF 7845/2007/1/RH1, sentencia del 10.10.17). Por tal motivo, devolvió la causa para que, por quien corresponda, se dicte un nuevo pronunciamiento de acuerdo a lo allí expuesto (confr. fs. 503/504).

  2. Radicado el proceso en esta S.I., corresponde tratar la cuestión que motivó originariamente la intervención de la Alzada.

    Los actores demandaron al Estado Nacional y a Telecom Argentina S.A. En cuanto al Estado Nacional, reclamaron que se lo condenara a pagar los daños y perjuicios por el dictado del decreto 395/92, cuya declaración de inconstitucionalidad plantearon. Respecto a la empresa telefónica, pretenden que se la condene a pagar los bonos de participación en Fecha de firma: 22/11/2019 las ganancias previstos en el art. 29 de la ley 23.696, por el periodo no Alta en sistema: 26/11/2019 Firmado por: A.S.G.-.E.D.G.-.R.V.G. #16192849#250324817#20191121102438496 prescripto y, en adelante, año a año hasta el dictado de la sentencia definitiva o hasta la extinción del contrato de trabajo de cada actor; ello sin perjuicio de que en lo sucesivo emita los correspondientes bonos de participación (ver escrito de inicio de fs. 11/19 y 35).

    Mediante el pronunciamiento de fs. 353/360 vta., el señor Juez de primera instancia rechazó las excepciones de falta de acción, de legitimación activa y pasiva, de caducidad y de prescripción opuestas por la empresa telefónica. Hizo lugar a la defensa de prescripción opuesta por el Estado Nacional. Hizo lugar parcialmente a la demanda y en consecuencia condenó a la licenciataria a pagarle a los accionantes las sumas que resulten de la liquidación a practicarse conforme a las pautas que indica el fallo, con más los intereses. Impuso las costas en la relación procesal actores-empresa telefónica a esta última y en la relación actores-Estado Nacional, las distribuyó en el orden causado.

    Para así decidir, en relación a la prescripción estimó que el plazo debía ser decenal según lo dispuesto por el art. 4023 del Código Civil. En tal sentido, respecto al Estado Nacional, tomó como hito inicial para el comienzo del cómputo de dicho término el día de entrada en vigencia del Decreto N°

    395/92, es decir el 10.03.92, siendo que desde esa fecha hasta la interposición de la demanda (conf. cargo de fs. 19 vta., 9.3.07) transcurrió el plazo indicado.

    Por el contrario, respecto a la concesionaria, entendió que la acción no se encontraba prescripta, en atención a que la misma corre a partir de que la obligación se hace exigible y tratándose del derecho a percibir los bonos de participación, nace en cada ejercicio societario en el que se reparten ganancias.

    De allí que la acción para percibirlos no se encuentra prescripta respecto de las ganancias repartidas en los ejercicios societarios cerrados durante los diez años anteriores a la interposición de la demanda.

    En consecuencia, la demanda prosperó sólo contra Telecom Argentina S.A., con relación a las ganancias liquidadas y distribuidas a partir del 9/3/97 (o desde la fecha de ingreso de cada actor, en el caso que fuere posterior), hasta el día de la sentencia o hasta la desvinculación laboral que se haya producido en cada caso, sin perjuicio de su ulterior ampliación por los periodos que devenguen en la etapa de ejecución de sentencia. Fijó la cuantía Fecha de firma: 22/11/2019 del resarcimiento conforme a las pautas que estableció.

    Alta en sistema: 26/11/2019 Firmado por: A.S.G.-.E.D.G.-.R.V.G. #16192849#250324817#20191121102438496 Poder Judicial de la Nación CÁMARA NACIONAL DE APELACIONES EN LO CIVIL Y COMERCIAL FEDERAL – SALA II Causa n° 1821/2007

  3. La sentencia mereció la apelación de los actores y de la empresa telefónica. A fs. 383/390 expresaron agravios los actores y a fs.

    391/400 hizo lo propio la concesionaria. Corrido el traslado, sólo los actores lo contestaron a fs. 402/407.

    Las quejas de la actora se centran en: a) El juez yerra en declarar que la demanda está prescripta para el Estado Nacional cuando el pedido de inconstitucionalidad del Decreto N° 395/92 es imprescriptible; b) No corresponde que el plazo decenal del art. 4023 del Código Civil se inicie para el Estado Nacional desde el Decreto N° 395/92, dado que debería correr año a año, desde cada momento que no se recibió la participación en las ganancias; c)

    Hace referencia a la responsabilidad de ambas demandadas; d) Considera que a los trabajadores le corresponde el 10% de las utilidades brutas; y e) Los actores no sólo reclamaron el pago de una suma de dinero retroactiva, sino que también pidieron el pago de los bonos para los actores que mantienen la relación de empleo.

    La empresa telefónica cuestiona: a) Que el a quo no haya admitido la excepción de prescripción deducida por su parte cuando la demanda fue promovida después de haber transcurrido diez años desde el dictado del decreto que se achaca de inconstitucional; b) El Magistrado de la anterior instancia erróneamente declara inconstitucional el Decreto N° 395/92; c) Se agravia del porcentaje participable de las ganancias establecido por el sentenciante; d) Del método de cálculo para establecer el porcentaje de participación, en la medida que manda a que se utilice la fórmula matemática definida en el art. 29 de la ley 23.696, teniendo en cuenta a su vez la cantidad total de personal que en promedio se desempeñara en cada uno de los períodos, cuando el PPP tiene un número limitado de integrantes que tiende a reducirse hasta desaparecer; e) El rechazo de la falta de legitimación activa; y f) La tasa de interés aplicada.

  4. A los fines de resolver la cuestión planteada, es oportuno comenzar por señalar que el Tribunal sólo se ocupará de los aspectos decisivos Fecha de firma: 22/11/2019 Alta en sistema: 26/11/2019 Firmado por: A.S.G.-.E.D.G.-.R.V.G. #16192849#250324817#20191121102438496 de la controversia, sin entrar en consideraciones innecesarias para resolverlas, pues los jueces no están obligados a tratar cada una de las argumentaciones que desarrollan las partes en sus agravios, sino sólo aquellas que sean conducentes para la solución del caso (Fallos: 262:222; 278:271; 291:309; 308:584 y 331:2077).

  5. Así planteada la cuestión, previo a expedirme sobre la prescripción, trataré el tema de la legitimación activa cuestionada por la concesionaria telefónica. En el caso concreto del programa de propiedad participada de la empresa demandada, los sujetos legitimados para recibir la transferencia de acciones fueron los empleados de ENTEL que pasaron a desempeñarse en Telecom Argentina S.A. Conforme surge del informe pericial a fs. 206/229vta., en el detalle de la fecha de ingreso en la empresa demandada consta que C.P.G. ingresó a trabajar el 1/12/1993 –ver Anexo III, fs. 213-, por lo cual se encuentra excluido del universo de trabajadores con derecho a acceder a los beneficios del programa de propiedad participada. Ello así pues lo decidido por la Corte Suprema en el precedente “Gentini” (Fallos 331:1815) no puede disociarse de la naturaleza publicista que ese...

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